Escrito por Carmen Wurst Revista Ideele N°248. Marzo 2015

Un cuestionamiento que se presenta en el panorama político actual es la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por tortura y violación sexual durante la detención de Gladys Carol Espinoza, condenada por terrorismo, quien actualmente cumple la pena impuesta, y a quien se le debe pagar una indemnización por las vulneraciones de sus derechos.

El fallo sentencia lo siguiente: “La violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, protección de la honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial, así como por el incumplimiento del deber de no discriminar”.

Estas palabras no logran visualizar el dantesco, terrorífico y deshumanizante escenario en el que Gladys Espinoza sufrió agravios inimaginables; lo que ella relató haber padecido muestra el profundo desprecio a la vida humana y la insensibilidad más cruel ante el dolor, que agentes del Estado cometieron contra ella. Estas huellas son irreparables, son secuelas psíquicas de por vida, que la acompañarán cada día y cada noche por el resto de sus días.

Es difícil imaginar que, después de 22 años, estos actos tengan recién un reconocimiento por parte de una instancia supranacional. Muchos medios de comunicación han resaltado con preocupación si el Perú sabe o no defenderse; y no resaltan el hecho de la violación de los derechos de Gladys Espinoza al haber sido torturada y violada durante los 30 días de su detención. Por ello nos preguntamos: ¿Cómo tendría que defenderse el Perú? ¿Aceptando que en nuestro país a los detenidos, terroristas, delincuentes, manifestantes o personas sospechosas las podemos torturar, golpear o vulnerar su dignidad como personas? ¿Es justo que ante hechos tan inhumanos como los sufridos por la sentenciada, algunos peruanos reclamen que el Estado no sabe defenderse? ¿Estas personas no tienen derechos?

Quizás la voz más mesurada en este tema ha sido la del vigente ministro del Interior: “Tenemos que respetar el derecho de todas las personas, y es el mensaje que da el Estado peruano”. Mientras, por otro lado, muchos políticos sopesan la posibilidad del retiro del Perú de esta instancia, por emitir este tipo de sentencias, mostrando así la nula voluntad para hacer cumplir los tratados internacionales en temas como la tortura y violación sexual.

Sin embargo, ¿no sería más democrático y humano, en un Estado de derecho, contar con los instrumentos necesarios para prevenir la tortura, y que garanticen los derechos de todas las personas sin discriminación? Eso nos mostraría ante el mundo como un país que reconoce y acepta los errores de una etapa oscura de nuestra historia, pero que hace los esfuerzos necesarios para que no vuelvan a cometerse. Por ello, la observación al proyecto de ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hecha recientemente por el Ejecutivo, es un paso atrás en este proceso de consolidar nuestra democracia. Así como también no reconocer una sentencia por tratarse de una persona condenada por terrorismo, es también de un paso atrás en la observancia de los derechos de las personas en nuestro país.

Demandemos al Estado el respeto irrestricto de los derechos para todos sin discriminación. La tortura, los malos tratos, la violación sexual, los abusos no deben jamás ser permitidos en nuestro país. Y lo más importante es que sean humanos los derechos.