Escrito por Walter Díaz De la Vega Castillo Revista Ideele N°255. Noviembre 2015

En el Perú, a raíz del cambio de las reglas de juego en el campo económico, social y laboral promovido por el Fujimontesinismo y parte del empresariado, se han producido diversas vulneraciones a los derechos de la ciudadanía en general. Una de ellas es el fraude a la ley a través de la desnaturalización de contratos laborales, esta consiste en ocultar una verdadera relación de trabajo a través de la simulación de una supuesta figura jurídica. Desnaturalizar los contratos, se ha convertido en algo común por parte del empresario peruano, se viene demostrando que son miles de ciudadanos lo que sufren las consecuencias de la desnaturalización laboral. A partir de la década de los 90, se masificaron lo que llamaremos “generaciones desnaturalizadas”.  

El destacado profesor uruguayo, Americo Plá Rodriguez, indica que por medio del principio de la primacía de la realidad se comprueba la verdad de las cosas, es decir, los hechos están por encima de lo que pudiera señalarse en un documento. Por ejemplo, si un estudiante con convenio de modalidad formativa, ejecuta sus funciones sin la observancia de un tutor, sin un plan de evaluación, capacitación, y además, realiza funciones similares a las de un trabajador que sí está registrado en planilla, este estudiante se encontraría en un caso de desnaturalización y no debería tener un convenio de aprendizaje, sino un contrato formal. Asimismo,  cuando un trabajador tercerizado realiza sus funciones bajo las órdenes del personal que pertenece a la planilla de la empresa principal, y para realizar su trabajo utiliza los equipos y materiales de esa misma empresa , se trataría de un caso de  desnaturalización, ya que el  el trabajador tercerizado debería estar registrado en la planilla de la empresa principal, y no en la contratista.

Debido a la visible evasión de gran parte de los empresarios, en el año 2008 el Ministerio de Trabajo promovió el Plan Reto (Plan de Registro Obligatorio en Planillas), el cual a través de inspecciones laborales logró que en menos de tres años, más de 45,000 trabajadores fueran registrados en planilla. Curiosamente, después de ello no hubo más noticias sobre el avance de este plan, quizá la Confiep u otra organización empresarial le manifestó su enojo al señor que prometió acabar con las services. Asimismo, en la vía judicial se viene descubriendo y sentenciando el fraude a la ley que comenten grandes empresas, a través de la desnaturalización de contratos. Por ejemplo, en el Expediente N° 00559-2008/PA-TC aplicándose el Principio de la Primacía de la realidad –tal como señaló Pla Rodríguez- se logró descubrir que el empleador simuló una relación laboral, con la de un convenio de formación juvenil. Por ello, al trabajador se le debe otorgar todos los derechos y beneficios que dejó de percibir. ¿Por qué los empresarios a pesar de facturar millones de soles anuales, prefieren simular figuras legales para no registrar en planilla de las empresas principales, a miles de trabajadores? La respuesta radica en la mezquindad y avaricia. De acuerdo a las mismas declaraciones de algunos empresarios, tener en planilla a los trabajadores es muy costoso, ¡ojo con ello! No dicen que van a quebrar, sino que es muy costoso. En términos criollos, si colocan en planilla a los trabajadores tendrán que esperar un poco más para comprarse la camioneta 4×4, u otro departamento en una zona ficha de Lima, la angurria los desespera.

Las consecuencias de la desnaturalización son graves para la sociedad en su conjunto, trabajadores no registrados en planilla o que están bajo un contrato con un empleador ficticio, dejan de percibir derechos y beneficios que les corresponden, se deja de aportar a ESSALUD, al fondo de pensiones, al impuesto a la renta de ser el caso. Estado y ciudadanos pierden, menos los empresarios.

Las prácticas que continúan produciendo generaciones desnaturalizadas deben denunciarse y erradicarse, las empresas que se utilicen con el fin de vulnerar derechos laborales deben ser disueltas, y ello es posible legalmente a través del artículo 410 de la Ley General de Sociedades. Además, los responsables de estos fraudes a la ley, deberían purgar prisión. Vulnerar los derechos laborales, es un delito que no debe quedar impune.