Escrito por José Robles Montoya Revista Ideele N°257. Febrero 2016

En la presente campaña electoral,  uno de los principales temas en debate es la seguridad ciudadana, sin embargo casi nada se dice de otro tema que es clave: la seguridad nacional. 

En 1776, Adam Smith, padre fundador de los EEUU, señalaba que la educación, la salud, las carreteras y la seguridad de los ciudadanos eran la principal responsabilidad de los Estados. Hoy, 240 años después, la esencia de lo expresado sigue vigente: Por un lado los gobiernos tienen la función de diseñar e implementar políticas que conlleven al cumplimiento de sus responsabilidades; y, los ciudadanos, la función de exigir calidad en el cumplimiento de las mismas, como receptores y beneficiarios de dichas políticas,

Sin embargo, en el Perú actual, enfrascado en una contienda electoral que busca elegir un gobierno capaz de llevarnos eficientemente al Bicentenario, esa esencia conceptual está en la nebulosa. En materia de Seguridad Nacional solo se está mirando el árbol y dejando de lado el bosque. Se percibe, en el común de los ciudadanos, que seguridad es igual a seguridad ciudadana cuando esta es solo una variable, una dimensión más de la misma. A estas alturas de la campaña electoral son más las interrogantes que la claridad de los conceptos en materia de Seguridad Nacional.

Los modernos conceptos de Seguridad Nacional empleados en la región, y los sistemas que buscan ponerlos en práctica, han dejado de priorizar al Estado como el único sujeto receptor de la seguridad de un país, privilegiando la protección de los individuos como el sujeto principal de la misma. Este nuevo enfoque de seguridad, sustentado en la priorización de amenazas, multidimensionales y transnacionales, busca una respuesta por parte del Estado que tenga un carácter integral, multisectorial y multinivel: es decir, que involucre a todo el Estado tanto a nivel de gobierno central (ministerios y organismos públicos), gobiernos sub- nacionales (regionales, provinciales y distritales) y a la sociedad en su conjunto: empleando para ello los diversos instrumentos y herramientas que el marco constitucional y legal nos permite.

En ese sentido, es conveniente resaltar que el enfoque de Seguridad Multidimensional se estructura no como una visión lineal que desarrolla un concepto, sino que es producto de un proceso dinámico donde confluyen múltiples elementos que subsisten, permitiendo y exigiendo que se garantice la seguridad tanto del hombre (de manera prioritaria) como del propio Estado (en tanto se mantienen vigentes las amenazas tradicionales). Ello facilita este enfoque de carácter mixto que hace realidad el nuevo paradigma de la seguridad¹.

Por ello, la multidimensionalidad de la seguridad se sustenta en el enfoque de la seguridad humana y en la indelegable responsabilidad de los Estados de proteger a sus ciudadanos incorporando los conceptos de amenazas, preocupaciones y desafíos establecidos en la Conferencia Especial de Seguridad de México de 2003. En virtud de ello, cada país ha adoptado la definición más conveniente de Seguridad Nacional siguiendo los enfoques existentes de Seguridad y siendo consecuentes con la protección de sus intereses y en función al Poder Nacional y a sus potencialidades como país. Así tenemos que la Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional del Perú define la Seguridad como “…Situación en la que el Estado tiene garantizada su soberanía, independencia e integridad territorial, el Estado constitucional de derecho, la paz social y la protección de sus intereses nacionales; así como la protección de los derechos fundamentales de la persona, mediante la articulación de acciones de Defensa Nacional, Mantenimiento del Orden Interno y Desarrollo Nacional, que permitan hacer frente a las amenazas, preocupaciones y desafíos, con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general…”

Como vemos el Perú adopta y viene implementando el enfoque multidimensional de la Seguridad a través de un marco constitucional (fundamentalmente artículo 44 de la CPP) y legal (Dleg 1129 y Dleg 1131) pero que es necesario fortalecer a futuro; asimismo, debemos precisar que aún se presenta, en los funcionarios encargados de implementar el enfoque, en las autoridades gubernamentales y la sociedad en su conjunto, paradigmas que es necesario romper para implementar adecuadamente el nuevo enfoque de la multidimensionalidad de la seguridad; y que, Ad portas de un nuevo proceso electoral, continúan vigentes.

En ese sentido, observamos con preocupación, la poca claridad sobre los conceptos modernos de la seguridad nacional en los candidatos, tanto así que en las declaraciones a diversos medios de comunicación y en muchos de los planes de gobierno se visualizan paradigmas obsoletos tales como;

• Se confunde conceptualmente Seguridad Nacional con Defensa Nacional, cuando se reconoce ya que la Defensa Nacional es parte integrante de la Seguridad Nacional, y que esta es integral, siendo de responsabilidad del más alto nivel del gobierno nacional con participación de todos los sectores y niveles de gobierno en sus respectivas competencias y no sólo del instrumento militar de la nación; 
• Se propone que la FFAA asuman como responsabilidad, funciones que no solo no se encuentran establecidas como tales en el marco constitucional y legal vigente (ConstituciónPolítica, Acuerdo Nacional, Leyes) sino, fundamentalmente, porque dichas funciones no son parte de la esencia de una fuerza militar en ninguna parte del mundo; 
• Se omite la necesidad de institucionalizar la política de Seguridad Nacional de manera tal que establezca correctamente responsabilidades en el desarrollo de los componentes y subcomponentes de la Seguridad Nacional bajo el enfoque moderno de la multidimensionalidad de la Seguridad.

Frente a ello es necesario establecer, rumbo al Bicentenario, la necesidad de institucionalizar y articular el país en materia de Seguridad buscando romper esos paradigmas a través del diseño, formulación e implementación de una adecuada Política pública de Seguridad, siendo recomendable que se establezca al inicio de cada gobierno, basada en la multidimensionalidad de la respuesta estatal ante las amenazas, externas o internas, que se nos presenten; ante las preocupaciones que podamos tener en su momento que impedirían un normal desarrollo de nuestro país; y, ante los enormes desafíos que como país tenemos. Esta Política de Seguridad debe establecer competencias y responsabilidades a todos los instrumentos y herramientas del Estado y en todos los niveles de gobierno, de manera tal que, como un engranaje, permita ir desarrollando las políticas sectoriales e institucionales que correspondan según las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

En lo referente al sector Defensa; una vez establecida la Política de Seguridad, formular y diseñar una política que permita el cumplimiento, de los objetivos y lineamientos de la política de seguridad nacional mediante el establecimiento de las capacidades necesarias para que la FFAA pueda cumplir con su mandato constitucional. Definido esto, se deberá asignar las responsabilidades específicas para cada componente militar teniendo muy presente que no debemos perder de vista que la FFAA tiene como función primaria la defensa del país, actividad que se debe llevar a cabo de manera conjunta con la política exterior y la labor de un sistema de inteligencia estratégica basado en la aplicación del concepto de anticipación estratégica. Si bien pueden contribuir al esfuerzo de desarrollo, la esencia de toda fuerza militar es estar lista para ser empleada para hacer prevalecer los intereses vitales del país. Aquí es clave el papel del Comando Conjunto de la FFAA. Obviamente, la decisión de su empleo, y la forma que esta revista, corresponde a la más alta instancia del ámbito político, la misma que debe tener un adecuado conocimiento de las capacidades, limitaciones y consecuencias del empleo de ese instrumento de fuerza.

¹Robles Montoya, Jose. Dimensiones y espacios de la Seguridad Multidimensional. El caso peruano. En Alda Mejias, Sonia. La multidimensionalidad de la Seguridad: Retos y Desafíos de la Región para su implementación. Madrid. España. Primera edición. Diciembre 2015.