Escrito por Ariela Luna Florez Revista Ideele N°261. Junio 2016

La política social se encuentra hoy en el centro del debate público. Esto se debe no solo a su centralidad en el marco de la discusión sobre crecimiento económico e inclusión social sino a los avances que ha experimentado en los últimos años. Así, a la par de la suscripción de importantes compromisos internacionales y el inicio de reformas clave, su institucionalización está asociada a la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión en el año 2011. Al crearse el MIDIS, se enfrentó el enorme reto de diseñar una política que ordenara y orientara la política (de inclusión) social.

A fin de responder, el MIDIS diseñó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” que, bajo un enfoque de ciclo de vida, priorizó cinco ejes estratégicos – Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil Temprano, Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión Económica y Protección del Adulto Mayor. Cada uno de estos ejes está asociado a resultados que, por definición, son de naturaleza intersectorial e intergubernamental. El siguiente reto fue operativizar estos ejes. Para ello, se diseñó lineamientos de política específicos que, bajo una lógica de “modelos de producción”, organizaron diversas intervenciones orientadas al logro de resultados prioritarios. A la par de estos esfuerzos, se contó con importantes instrumentos de política. Entre ellos, el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) y el Sello Municipal.

No obstante, el reto mayor fue consolidar los procesos de articulación de la política de inclusión social en donde el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) jugaba un rol central. La articulación de políticas es entendida como “la concurrencia de esfuerzos orientados hacia el logro de resultados prioritarios centrados en la población” (Trivelli y Vargas, 2014). Así, ésta constituye una de las estrategias que permite potenciar los resultados de las intervenciones orientadas a la reducción de la pobreza (monetaria pero también multidimensional) y la inclusión social de las poblaciones vulnerables. En el Perú, a partir de las experiencias de articulación en torno a objetivos de desarrollo infantil temprano (Vargas y Clausen, 2015), son varios los esfuerzos específicos de articulación de políticas sociales que han tenido lugar bajo el liderazgo del MIDIS y han contribuido a la institucionalización del SINADIS.

Institucionalizar dichos esfuerzos es, en la actualidad, uno de los mayores retos que enfrenta la política de inclusión social, en particular en un contexto de cambio en el ciclo político. La institucionalización de dichos espacios en términos normativos, presupuestales y operativos es necesaria para trascender las buenas voluntades y el asegurar el logro de objetivos a tres niveles: (i) Brindar sostenibilidad a los esfuerzos de política social en tanto políticas de Estado y no de gobierno, (ii) consolidar espacios de deliberación pública y rendición de cuentas a la ciudadanía en torno a los resultados de la política social, y (iii) promover espacios de legitimación y aprendizaje cruzado en materia de políticas sociales en el país (Vargas y Clausen, 2016).

En particular, la institucionalización del SINADIS debe ser abordada tomando en cuenta los siguientes aspectos– institucionalidad, territorialidad, gestión de capacidades, instrumentalización y rendición de cuentas. Con base en este modelo, existen hoy opciones de política que se sostienen en tres principios estratégicos: centrar el proceso en el logro efectivo de capacidades y ampliación de oportunidades de las personas, optimizar procesos e iniciativas en marcha con énfasis en la multidimensionalidad de los retos que se enfrentan y garantizar adecuados procesos de comunicación y colaboración con actores claves (i.e., Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores).