Escrito por Hanguk Yun Revista Ideele N°259. Abril 2016

¿Qué perfil define la participación del fujimorismo en los últimos dos Congresos? Un repaso de su labor legislativa, fiscalizadora y representativa muestra que el partido político que acaba de ganar la mayoría absoluta en el Congreso sigue tras la posta ideológica que dejó Alberto Fujimori: profundización del modelo, limitación de derechos políticos, sociales y culturales; y un juego en pared con el Apra que tuvo a la obstrucción como principal bandera.

Digamos que, al imaginar el retrato del fujimorismo en aquella mañana previa a su discurso en Harvard, Keiko Fujimori no distinguió las sombras que penden sobre su partido. Digamos que Keiko sintió que ya no representaban al viejo fujimorismo sino a una facción renovada y distinta. Digamos que creemos en sus gestos políticos y limitémonos a un ejercicio concreto: observemos el desempeño del fujimorismo en los últimos dos Congresos. ¿Qué lo ha definido?

“El fujimorismo es una bancada que normalmente vota en bloque. Hay reuniones sobre todos los temas con Kieko Fujimori y se llega a acuerdos de votación luego de deliberar”, comenta el analista y abogado José Alejandro Godoy.

Ese voto fujimorista se concentra, como indica el sociólogo y analista Sinesio López, en aquellos proyectos que parten de su esencia ideológica: desregulación laboral, educativa y ambiental; profundización del modelo; y endurecimiento de la legislación sobre libertades individuales y colectivas. Esa definición constituye un punto de contacto con su desempeño en los noventa. “Creo que el fujimorismo ideológicamente no entiende lo que son libertades. Son liberales en lo económico pero son autoritarios en lo político”, apunta López.

“Su desempeño es congruente básicamente con lo que es la esencia del fujimorismo. El fujimorismo es liberalizador en lo económico hasta cierto punto (…) y mucho más conservador en temas de derechos políticos, sociales y culturales”, complementa Godoy.

Otro punto de contacto es su gruesa representación de intereses empresariales. Desde el interior del Congreso, Sergio Tejada lo reconoce de inmediato. “El fujimorismo siempre ha presentado proyectos de ley que fácilmente pueden vincularse a lobbies o intereses particulares”, cuenta Tejada.

El último rasgo clave es que juegan siempre con una mano en el termómetro ciudadano: dan vuelta atrás cuando hay malestar popular y atribuyen a otros leyes que ellos mismos defendieron. “Si fuera por los técnicos fujimoristas, privatizan Petroperú mañana, pero saben que políticamente es inviable”, dice Godoy.

En detalle: Congreso 2011-2016
El debate por la Ley Universitaria ha sido un polígrafo para los fujimoristas. En la votación de este proyecto, 29 de los 34 miembros de la bancada votaron en contra. Ninguno votó a favor y ninguno se abstuvo. Luego, presentaron una acción de inconstitucionalidad con 32 firmas de sus congresistas, pero el Tribunal Constitucional la rechazó. Intentaron entorpecer la ley a través de dos anteproyectos pero tampoco lo consiguieron.

¿Qué explicaría su comportamiento? La razón ideológica seria que la Ley Universitaria rompe con la reforma de liberalización educativa que inició Alberto Fujimori y que permitió la creación de universidades negocio. La razón concreta debe estar relacionada con que hay tres congresistas fujimoristas directamente involucrados con el negocio de la educación. De hecho, Joaquín Ramírez, uno de los principales financistas del partido, es dueño de la Universidad Alas Peruanas.

La Ley Pulpín añade un matiz importante: el fujimorismo puede perfectamente votar por proyectos de partidos a los que se opone, si es que estos profundizan el modelo. En la primera votación de esta ley, los votos fujimoristas fueron 19 a favor, cero en contra y cuatro abstenciones. En la segunda votación marcaron 24 a favor, cero en contra y tres abstenciones.

Tras el enorme rechazo popular, los fujimoristas retrocedieron. “Llama la atención la terquedad del presidente [Ollanta Humala] porque (…) hay partidos políticos que estamos en desacuerdo”, dijo Keiko Fujimori. Vale la pena observar dos detalles que contextualizan sus palabras. El primero es que Keiko invirtió el orden: no fue su partido el que se opuso, fue la ciudadanía. Ellos simplemente se sumaron. El segundo es que ellos no querían derogar la ley sino dejarla en el congelador. El 17 de diciembre, según el diario El Comercio, la bancada presentó un proyecto para suspender la norma.

Las leyes del llamado “Paquetazo ambiental” obedecen a la misma lógica. En esta oportunidad, no obstante, la bancada tuvo un cambio de acción que es muy elocuente. La primera votación fue por el proyecto de ley 3627, duramente criticado por la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas. En aquella oportunidad, siete fujimoristas se abstuvieron de votar. Un año más tarde y ante la evidencia de que el rechazo popular no era tan fuerte, el fujimorismo votó por la cuarta ley del paquetazo con un categórico 17 a favor, cero en contra y cero abstenciones. Vale la pena observar que con la exoneración de multas planteada por una de las directivas de la ley, en un año el Estado dejó de cobrar S/. 30 millones en el sector minero y S/. 24 millones en el sector hidrocarburos, según un estimado del portal web Convoca.

Está claro que, vengan de donde vengan, la bancada defiende las reformas que profundizan el modelo que instauró Alberto Fujimori en los noventa. Pero no ocurre lo mismo con otro tipo de libertades. En las votaciones por la unión civil y el aborto en caso de violaciones sexuales, ambas reformas favorables a amplios sectores de la población, los fujimoristas fueron mucho más cautos y, quebrando su usual voto en bloque, dejaron a sus congresistas la libertad de elegir.

Su desempeño es congruente básicamente con lo que es la esencia del fujimorismo. El fujimorismo es liberalizador en lo económico hasta cierto punto (…) y mucho más conservador en temas de derechos políticos, sociales y culturales.

La votación fujimorista sobre la unión civil estuvo dividida, aunque una observación más perspicaz muestra que esa división fue más aparente que real. El proyecto discutido en la Comisión de Justicia recibió siete votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, y fue archivado. De la bancada fujimorista, a favor estuvieron Cecilia Chacón y Pedro Spadaro; en contra votaron José Elías Ávalos y Julio Rosas. El detalle es que ninguno de ellos votó a favor de la moción que planteó Mauricio Mulder, quien pedía que se vuelva a debatir la ley. Extrañamente, a Chacón y Spadaro el interés se les quedó corto.

Pese a que las cifras de aborto derivado de violaciones sexuales son altas, la ley fue dos veces rechazada. Primero lo hizo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde los cuatro fujimoristas votaron en contra, y luego la Comisión de Constitución, donde se volvió a archivar con otros cuatro votos fujimoristas.

Resulta por lo menos paradójico que, en lo relativo a libertades económicas, el fujimorismo se incline por las minorías: los empresarios y no los trabajadores, las empresas mineras y no las poblaciones afectadas, los propietarios de universidades y no los estudiantes. Mientras que en las reformas de libertades individuales, justamente asociadas a minorías vulnerables, defienden intereses de una “mayoritaria” conservadora.

Existen dos reformas adicionales que, vistas en conjunto, terminan de definir el perfil de la bancada. Se trata de las reformas que buscan transparentar los fondos de financiamiento de los partidos y las reformas de seguridad ciudadana. En el primer caso, los fujimoristas son, al igual que la mayoría de partidos, laxos y pro statu quo, lo que en última instancia podría interpretarse como una defensa soterrada de la influencia de actividades ilícitas en la política. En cambio, son estrictos con la delincuencia común. En otras palabras, atacan el problema concreto mientras dejan libre a la madre del cordero. 

La reforma electoral que obtuvo el voto fujimorista, muy criticada por Transparencia, la ONPE y el JNE, es deficiente porque impide la fiscalización de la Unidad de Inteligencia Financiera, mantiene las multas como única sanción pese a que la ONPE no tiene capacidad coercitiva para cobrarlas y convierte en opcional el aporte que puede investigar la Contraloría.

Según Godoy, la razón de su apoyo a esta reforma podría ser que “hay representantes del fujimorismo que pueden responder a otro tipo de economía ilegal o a corporaciones más fuertes frente a las cuales ellos responden (…) Por eso es que son poco proclives a ello [apoyar una reforma fuerte]”.

Para la bancada, los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del medio ambiente no son prioridades. De acuerdo a información de Godoy, en los cinco años que presidieron la Comisión de Pueblos Andinos solo presentaron un proyecto de Ley.

Segundo plano: 2006-2011
La indiferencia de la bancada fujimorista respecto a los pueblos indígenas y la protección ambiental no es reciente. En el anterior Congreso, Keiko Fujimori no tuvo ninguna iniciativa legislativa a favor de las comunidades. En lugar de ello, intentó salvar el Decreto 1090, una de las reformas que desencadenó el trágico “Baguazo”, mediante una suspensión. En momentos en que el país exigía la derogación, Keiko prefirió guardar la reforma. Cierra el círculo la participación fujimorista en la aprobación de la Ley de Consulta Previa. El 19 de mayo de 2010, el fujimorismo votó con tres en contra, tres abstenciones y tres ausentes. En la segunda votación, solo se abstuvo Rolando Souza y el resto, incluida Keiko, votó en contra.

Según un informe del diario La República, en los primeros 100 días la bancada solo presentó 21 proyectos, mientras que las otras cinco agrupaciones poco más de 400, con una media promedio de 80 cada una. El foco de sus proyectos no eran las reformas para el país, sino leyes que beneficiaban a sus cuadros políticos. En agosto del 2006, presentaron dos proyectos clave: uno que buscaba modificar la ley que prohibía que legisladores con procesos penales integren comisiones y una que fomentaba la inmunidad parlamentaria total. La segunda norma fue firmada por congresistas investigados por la justicia: Cecilia Chacón, Carlos Raffo y Keiko Fujimori.

En las mismas fechas presentaron la Ley 27692 o ley contra las ONGs. El proyecto buscaba poner candados a la inversión proveniente de la cooperación internacional. Lograron sacarla adelante con el apoyo del Apra, pero el Tribunal Constitucional la archivó. Un año más tarde, Santiago Fujimori resucitó la norma en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no prosperó. La estrategia fujimorista era clara: querían amarrar a quienes peleaban judicialmente por aquellos que habían sido afectados durante el régimen de Alberto Fujimori. La última muestra de este modus operandi la dio Julio Rosas el año pasado, al citar y exhortar a directivos de la agencia de cooperación a que redoblen la fiscalización a ONGs que promovían la unión civil y el aborto.

Oposicionistas
De la mano del Apra, el fujimorismo se ha mostrado muy activo en la citación, interpelación y cesura de ministros. Muchas de estas medidas no tenían mayor sustento que retrasar y entorpecer las acciones del gobierno. “Ha sido una oposición cerrada al gobierno de Ollanta Humala y han mantenido siempre una alianza muy estrecha con el Apra desde que Alan García fue presidente”, sostiene Sinesio López. 

Durante el gobierno de Ollanta Humala se llegó a la cifra récord de siete gabinetes. Este dato, sumado al hecho de que el fujimorismo no dio su voto de confianza a ninguno de los gabinetes, describe ese papel oposicionista. “Apelaron mucho a la ingobernabilidad. A los últimos [gabinetes] que ya estaban desgastados los censuraron. Y cuando se trataba de dar voto de confianza los tuvieron colgados varios meses”, dice López.

En la mega comisión, Sergio Tejada vio uno de los más claros ejemplos de obstruccionismo y una prueba clara de la alianza. “Creo que [los fujimoristas] filtraron varios documentos reservados al Apra. En varias oportunidades dejaron sin quórum a la comisión para que no se tomen decisiones. Además, presentaron votos secretos con defensas jurídicas del Alan García. Había veces en que, tras mi intervención, [Carlos] Tubino intervenía como abogado defensor”, cuenta.

“Había informes que daban cuenta de negocios conjuntos [entre el Apra y el fujimorismo]. Por ejemplo, Aurelio Pastor con la Universidad Alas Peruanas de la familia Ramírez (…) Otra vinculación era la de Pedro Spadaro, quien trabajaba en la Municipalidad de Lurín con el alcalde aprista Jorge Marticorena, y el hijo de este trabajaba en el Congreso con Spadaro”, añade Tejada.