Escrito por David Joel Berrospi Galarza Revista Ideele N°263. Setiembre 2016

Hace dos meses, una universidad peruana se levantó como nunca en su historia lo había hecho para reclamar por la situación en la que se encontraba, no solo por haber sido multada hace unas semanas con S/ 1’185’000 (300 UIT), ni tampoco exclusivamente porque hace unos meses las firma de las autoridades habían sido invalidadas por su desobediencia (imposibilitando así validar el año académico, los grados y títulos), ni solo porque durante los dos años de vigencia de la nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, no había sido implementada adecuadamente en este universidad. Los estudiantes de las 18 facultades de la Universidad Nacional Federico Villarreal tomaron las instalaciones del rectorado y sus facultades como medida de protesta debido a que un grupo de personas lleva años en el poder originando las situaciones mencionadas así como muchas otras en todo este tiempo, deviniendo en una crisis que imposibilita el desarrollo de la calidad académica en esta universidad, el cual ha sido estancado por décadas, debido a los intereses propios de esta cúpula. 

Esta situación no es ajena a otras universidades en nuestro país, la Universidad Mayor de San Marcos atravesó a inicios de año problemas similares, aunque no tan graves, cuando un grupo de personas también pretendía enquistarse en el poder. Por su parte, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega sancionó con una expulsión a un alumno por formar un Centro de Estudiantes, debido a que ellos no permiten la agremiación de los estudiantes, a fin de que no existan formas de ser fiscalizados. A pesar de ello, diversas autoridades de esta y otras universidad públicas vienen siendo investigadas por contravenir la Ley Universitaria, usando estas universidades para hechos controversiales y hasta delictivos.

En el caso de la Villarreal, la crisis había alcanzado una situación insostenible. A inicios de año, el ex rector José María Viaña Pérez no había querido abandonar su cargo, el cual debía haberlo dejado desde el inicio de la adecuación a la nueva Ley Universitaria, de acuerdo a la Guía para la Adecuación de Gobierno de las Universidades Públicas (RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 002-2015-SUNEDU/CD). La Sunedu dio como plazo máximo el 31 de Diciembre del 2015 para que la adecuación se realice, pero aún así este señor se mantenía en el cargo. Lo mismo pasaba con Pedro Cotillo en San Marcos. Es así que el órgano colegiado que debía realizar la adecuación, la Asamblea Estatutaria, incurría en una serie de vicios debido al accionar de Viaña como de ellos mismos, ya que se conocía abiertamente la estrecha relación que muchos de sus miembros guardaban con este señor. 

Incluso Viaña había intervenido irregularmente en la conformación de esta Asamblea Estatutaria, a través de su injerencia en el Comité Electoral Universitario Transitorio Autónomo (CEUTA) a fin de poner en la mencionada Asamblea a muchos de sus allegados. En noviembre del 2015, la Contraloría emite un informe señalando estas irregularidades en la conformación de la Asamblea Estatutaria (INFORME N° 703-2015-CG/CRLM-AS). La Sunedu, por su parte impone una medida preventiva el 13 de Enero del 2016, desconociendo a Viaña como rector (RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 005-2016-SUNEDU/CD). La procuraduría de la Sunedu manifestó que hizo una denuncia a los miembros de Asamblea Estatutaria así como al rector, por desacato y en este último por usurpación de funciones. 

Es así con estos y otros precedentes más, muchos estudiantes de diversas facultades se levantan y toman el Anexo 8 de la UNFV, ubicado en la av. Colonial. A través de esta protesta es que recién el ex rector Viaña deja su cargo, y a pesar de que trata de intervenir en la designación de los nuevos interinos, queriendo poner a Nancy Olivero, los estudiantes no lo permiten, quedando así Alberto Buitrón como el rector interino. La exigencia de los estudiantes va desde la adecuación a la adecuación a la Ley Universitaria hasta los servicios universitarios adecuados como una buena infraestructura, comedor universitario, seguro universitario, uso de los buses que se encontraban estacionados permanentemente, entre otros.

A pesar de esta primera protesta y de que Viaña había dejado el cargo, los problemas en la Villarreal persistían. La Asamblea Estatutaria daba la contra a la Sunedu y disponía a su antojo, yendo en contra de la legalidad. Las facultades se encontraban gobernadas por decanos escogidos en elecciones irregulares, e incluso algunas por Comisiones de Gobierno, figura que no estaba avalada por la nueva Ley Universitaria. Es así que el 3 de Mayo, la Sunedu emite la Resolución N° 968-2016-SUNEDU-15-15.02 desconociendo a los presidentes de las mencionadas Comisiones de Gobierno y a los decanos. La Asamblea Estatutaria continúa en su necedad, yendo en contra de las disposiciones del ente supervisor, a través de apelaciones y del trámite administrativo. Es así que el 29 de Junio, habiéndose agotado la vía administrativa, el diario E Peruano publica la Resolución en la que Sunedu impone finalmente la multa de 300 UIT a la universidad: 100 UIT por haber creado instancias de gobierno distintas en las Comisiones de Gobierno, 100 UIT por la intromisión de Viaña en la Asamblea Estatutaria y otros 100 UIT por haber designado a docentes en cargos administrativos. 

La situación en la que se encontraba la Villarreal era extremadamente caótica debido a la intransigencia de las autoridades, y la poca efectividad de las medidas de las instituciones como la sanción de 300 UIT, que estaba dirigida a la universidad y no a las personas responsables. Los estudiantes a lo largo de estos meses habían estado comunicándose con diversas instituciones buscando medidas efectivas, así como difundiendo entre más compañeros la trágica situación de nuestra universidad. Es así que el día 5 de Julio se inicia la medida de fuerza en la Facultad de Odontología, la cual es tomada por estudiantes que buscaban una correcta adecuación a la nueva Ley Universitaria y una adecuada calidad universitaria. Al día siguiente se realiza la toma del Local Central y del Anexo 16 por parte de sus respectivos estudiantes, predios que albergaban en total de 7 facultades. 

El 7 de Julio, estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, quienes a lo largo del tiempo habían sido caracterizados por mantenerse al margen de la política universitaria y las otras facultades debido a que la situación no era crítica como las demás, se sintieron indignados por los hechos acontecidos a nivel universidad y que se veían reflejados en la Facultad, incluyendo también a una irregular contratación de docentes y un manejo inadecuado de la misma facultad. Debido a ello, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo fue el cuarto local tomado por sus estudiantes. A lo largo de los días se unieron a la medida de fuerza el resto de facultades, llegando incluso a tomar las instalaciones del rectorado el 19 de Julio. 

La situación en la que se encontraba la Villarreal era extremadamente caótica debido a la intransigencia de las autoridades, y la poca efectividad de las medidas de las instituciones como la sanción de 300 UIT, que estaba dirigida a la universidad y no a las personas responsables.

En este contexto, se formó un Comité de Lucha Contra la Corrupción – UNFV el 9 de Julio con un representante de cada Facultad escogidos y ratificados mediante Asambleas en cada una de sus facultades. Asimismo se tuvo el apoyo de egresados en las distintas facultades, ya que como se había mencionado ellos se veían también perjudicados al no poder tramitar sus grados y títulos, debido a que desde el 2014 estos carecían de validez. En este sentido, los egresados de derecho se organizaron en un Comité Legal, el cual tuvo el respaldo de los estudiantes de pregrado, y fue una agrupación que dio un apoyo técnico y hasta político al Comité de Lucha. Cada representante tuvo que consultar a sus respectivas facultades y se trazaron objetivos como Universidad de acuerdo al caos en el que nos encontrábamos, y enfocándonos en los responsables de esta situación: la Asamblea Estatutaria y su desacato a la Ley.

En este tiempo se da la Primera Marcha Villarrealina el 12 de Julio, la cual tuvo participación de miles estudiantes y egresados de todas las facultades, así como apoyo de estudiantes de otras universidades. En esta marcha los representantes de las facultades tuvimos una conversación con la Sunedu, en la cual le manifestamos a este ente regulador las faltas de nuestra Asamblea Estatutaria y los vicios que se habían cometido desde su conformación inclusive, pidiendo por ello la nulidad de esta. Ellos respondieron limitándose a cuestiones técnicas y señalando que “lamentablemente, para ellos no había evidencia que permita cuestionar la validez de su elección”, debido a cuestiones de la Ley Universitaria misma, vigencia de los reglamentos, entre otros. Insistimos los estudiantes en la cantidad de indicios documentados sobre las irregularidades en su composición, desde el CEUTA mismo al inicio del proceso de adecuación, como ejemplo la inexistencia de documentos que sustenten la participación de los docentes más antiguos, así como de los estudiantes primeros puestos. Evidenciamos el accionar de esta Asamblea Estatutaria y la situación crítica que había originado su incapacidad y su desobediencia, sustentando así el motivo por el que los estudiantes pretendíamos desconocerla. El órgano que debería velar por una educación de calidad en las universidades se limitó en esa fecha a responder con tecnicismos, y no ofrecer soluciones efectivas.

Del resultado de esta difícil reunión, y de acuerdo a los estudiantes que cada uno representaba, se decidió establecer medidas para que la Asamblea Estatuaria se vea obligada a renunciar y que el proceso de adecuación a la Ley se reinicie, sin los vicios que se habían presentado; ya que de lo expuesto por la Sunedu, este era el único camino en el que probablemente se podía anular a esta Asamblea Estatutaria. Se dio a conocer a los estudiantes lo difícil que resultaba este objetivo, debido a que ello había obtenido la legalidad para poder avanzar gracias a vacíos legales y la astucia de estas personas y del grupo de poder que detrás de ella operaba en nuestra Universidad. Explicamos que en trazando esta meta ideal, podría alcanzarse distintos objetivos que permitan resolver o mejorar la situación en la que nos encontrábamos, dependiendo solo de las herramientas que esta medida, política ya, podía llegar a tener: la contundencia de nuestras acciones unidas y la negociación.

Los estudiantes comprendimos que, nuevamente, el origen del mal de nuestra universidad se enfocaba en la corrupción. Esta corrupción que había motivado el accionar del grupo de poder para de esta manera perpetuarse en el poder, a través de la Asamblea Estatuaria que pretendía realizar Elecciones distintas a lo establecido por Ley, con un Comité Electoral que había incurrido en vicios. Esta misma corrupción que no había permitido que los fondos de nuestra Universidad se utilicen para la mejora de la calidad académica o como mínimo para las necesidad básicas de nuestra Casa de Estudios, sino que había sido malversados para satisfacer los caprichos de cierto grupo de personas. Esto se veía reflejado en la infraestructura de muchas facultades, locales hacinados, techos por colapsar, servicios en mal estado, bibliotecas en estado deplorable, falta de laboratorios especializados en muchas facultades, contrataciones de docentes sin transparencia ni objetividad, impedimento de ascenso a docentes para que no puedan llegar a ser autoridades, inutilización de buses para transportar al alumnado, inexistencia de servicios de salud en muchas facultades, falta de un seguro estudiantil, entre muchas otras necesidades mínimas que no habían sido cubiertas parcial o totalmente.

La fuerza que íbamos adquiriendo con el pasar de los días, así como la mejora de la organización estudiantil hizo que distintas instituciones, así como los medios, se fijarán más en nuestra lucha. La Contraloría General de la República de acuerdo a la investigación que había realizado encontró indicios suficientes para cuestionar la administración de la Villarreal, y solicitó al MEF que congele las cuentas. Esto se hace efectivo la tercera semana de Julio. De esta manera, los estudiantes acudimos a esta y otras instituciones para poder encontrar distintas medidas que nos ayuden.
De esta manera, obtuvimos el apoyo de la Defensoría del Pueblo, quienes abogaron por nosotros y nuestras propuestas de mejora. Por otro lado, conversamos con la Contraloría quienes nos indicaron que ellos podían hacer una auditoría integral en nuestra universidad, para evidenciar los malos manejos que se dan en ella. La Sunedu por su parte vio a las instituciones a las cuales habíamos logrado contactar, y ofreció sus instalaciones para mesas de trabajo. Ellos también se contactaron con las autoridades de nuestra universidad: la Asamblea Estatutaria, quienes al ver la presión de nuestra medida de fuerza aceptaron participar de estas reuniones. De esta manera logramos que estos señores se vean obligados, ahora sí, a realizar las acciones de acuerdo a la Ley.

Con toda esta situación, los estudiantes analizábamos el contexto que nos presentaba. Tomamos en consideración nuestra fuerza, así como el apoyo que obteníamos de distintas instituciones, y sus limitaciones también. En las asambleas que se hacían en cada facultad, los estudiantes trazamos nuestras posturas, y como universidad definimos aún más los objetivos de esta lucha. De esta manera nos enfocamos en dos formas para salir de esta crisis y mejorar de nuestra Universidad. Por un lado, evidenciar la corrupción en la Villarreal, utilizando para ello la auditoría integral; y por otro lado, fiscalizar cada proceso de nuestra Universidad y exigir transparencia, como la designación objetiva de las autoridades interinas (rector, vicerrectores, decanos) en el proceso de adecuación a la Ley, las elecciones universales, incluso el Licenciamiento, así como otros procesos que deban darse.

En cuanto a la auditoría integral planteada por la Contraloría, se nos pedía que nuestra medida de fuerza se deponga para que ellos puedan recién empezar con esta auditoría con las autoridades instaladas. Los estudiantes teníamos la certeza que una vez que dejásemos la medida, las autoridades se instalarían y desaparecerían toda prueba documentaria para esta auditoría. Es por ello que el Ministerio Público también fue solicitado a participar de las mesas de trabajo, para que así ellos pudieran resguardar esta documentación necesaria para la Auditoria, y así nosotros poder levantar nuestra medida. Nos reunimos también con el Viceministro de Educación, Flavio Figallo, para exponerle la situación de nuestra Universidad. Por su parte, la Asamblea Estatutaria fue conminada a hacer bien sus funciones, comprometiéndose a iniciar con una adecuada designación de las autoridades interinas para este proceso.

La situación de nuestra universidad aún sigue crítica, pero ya hay un camino trazado.

Nuevamente, distintos funcionaros de las instituciones involucradas obstruían o aletargaban con procesos administrativos nuestras propuestas, sobre todo en el Ministerio Público, que eran de quienes dependía el resguardo de la documentación. Los estudiantes seguíamos recurriendo a los medios que cada vez nos daban menos cobertura, así como a diversas entidades, entre ellos el IDL – Justicia Viva. Ellos nos proporcionaron una entrevista en Ideeleradio, y a través de esta pudimos contactarnos con el Fiscal de la Nación, quien nos dio una cita en la que se nos escuchó y pudo quitarse las trabas que se nos había puesto. Es así que conversando con los fiscales pertinentes se obtuvo una vía para la custodia solicitada.

El 5 de Agosto, un mes después de haber iniciado la medida de fuerza, nos reunimos en la Sunedu representantes estudiantiles con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la ONPE, Proética, el Viceministro de Educación, la Asamblea Estatutaria y el nuevo rector interino. En esta reunión se obtuvo acuerdos vinculantes para que se inicie la auditoría integral de nuestra universidad con el resguardo solicitado, así como la veeduría de los alumnos en el proceso electoral y en el licenciamiento. Se le pidió a la Contraloría que indique en el acta el proceso general de esta auditoría, pero ellos indicaron que recién lo daría cuando se inicie. La Asamblea Estatutaria también se comprometió a solicitar a la Sunedu la aprobación de las nuevas autoridades interinas designada para este proceso en base a criterios objetivos; estas autoridades permitirían el registro de grados y títulos y todo trámite administrativo. Asimismo, se obtuvo el compromiso de que no existan represalias para los estudiantes, y que se realicen los pagos al personal docente y no docente.

Las entidades respectivas se encargarían de supervisar estos dos últimos acuerdos. También las nuevas autoridades de nuestra universidad se comprometían a reconocer a los estudiantes en nuestra asociación gremial, de acuerdo a Ley, la cual se daba en los Centros Federados en cada Facultad, que tenían justamente el carácter de federado a fin de que en el menor tiempo posible podamos formar la Federación de Estudiantes de la Villarreal.

Lamentablemente, las autoridades y las instituciones demoraron en realizar lo acordado. Aún así se inicia la auditoría integral en el rectorado y en la Facultad de Odontología, en este último local se encuentran oficinas importantes como la de logística, el Órgano de Control Interno (a quien la Contraloría había cambiado de Jefe en estos días), entre otros. Los únicos que respetamos el acuerdo, incluyendo las fechas, siempre fuimos los estudiantes. Al iniciarse la auditoría, la Contraloría nos manifestó que sí podían considerar ir a todos los demás locales del resto de facultades. En base a ello, nosotros iniciamos las conversaciones con el nuevo rector interino a fin de lograr las gestiones necesarias para ello. A pesar de que las gestiones se iniciaron, la Contraloría cambió de parecer y se desdijo a través de una explicación que se nos dio recién en ese momento, indicando que la auditoría integral era limitada, que solo veía aspectos económico-financieros, y que según ello solo necesitaban las oficinas a las que ya habían ingresado, que ellos en esta ocasión solo se limitarían a ello y no harían auditorías académicas ni otras.

En este contexto también se dio la segunda marcha Villarrealina, la cual llegó al Congreso. Pero debido a la represión brutal de la Policía Nacional del Perú, muchos estudiantes resultaron heridos, siendo David Rivas el más perjudicado con una lesión en el ojo izquierdo causada por un perdigón. Él, actualmente sigue en tratamiento y puede llegar a perder la visión de ese ojo. Algunos congresistas recién ahí nos escucharon, pero lamentablemente no llegaron a ser efectivos en el Congreso de la República para poder transmitir nuestra voz y nuestras necesidades.

Por otro lado, la Sunedu solo había avalado la elección con criterios objetivos del rector, vicerrectores, y 14 de los 18 decanos. El nuevo rector en diálogo con los estudiantes, así como había intentado hacer las gestiones con la Contraloría, también había empezado a hacer una reestructuración de los cargos administrativos, quitando a los docentes que por Ley no deberían ocupar esos cargos. En este momento la Asamblea Estatuaria indica que acababa de enterarse de que el rector no cumplía con el grado de doctor, e intentaron suspenderlo, originando así un caos en esta última designación. Por su parte, se cuestionó si esta Asamblea Estatuaria, ahora llamada Asamblea Universitaria Transitoria, podía tomar estas decisiones, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de sus miembros sí había renunciado, y al parecer ya no tendrían el quórum suficiente para poder sesionar y disponer cualquier resolución. El rector interino presentó documentación en respuesta para acreditar su doctorado, y este tema aún sigue en controversia. De la misma manera, al parecer la Asamblea Estatuaria habría obviado a algunos docentes para el cargo de decano interino, incumpliendo así la prelación establecida en los criterios objetivos para su designación.

Por su parte, la veeduría de los estudiantes en estas elecciones y en otros procesos tampoco podía iniciarse hasta que la medida se levante por completo. Para poder empezar con ello, a pesar de que la auditoría iniciada era limitada y no abarcaba temas importantes como lo académico, los estudiantes decidimos levantar la medida de fuerza. Es así que en conversaciones con las nuevas autoridades se establece el ingreso a los locales de acuerdo a un cronograma.

El 22 de Agosto, después de 48 días de haberse iniciado esta lucha estudiantil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se ingresa al último predio: la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en Jesús María. Con ello, los estudiantes teníamos claro que nuestra lucha continuaba, ahora desde las aulas, desde nuestro gremio: los Centros Federados en las facultades y la futura Federación Universitaria. Los acuerdos pactados no se han cumplido del todo aún, o no se han podido iniciar, pero ya están establecidos. La situación de nuestra universidad aún sigue crítica, pero ya hay un camino trazado.

Sabíamos que la medida de fuerza no iba a solucionar los problemas de nuestra universidad, pero sí dar inicio a nuestras medidas de lucha, que deben permanecer siempre. Los estudiantes sí debemos interesarnos en cómo se maneja nuestra universidad y sus recursos, porque esto afecta directamente nuestra educación, y lamentablemente no hemos tenido a personas capaces de establecer o iniciar si quiera una mejora en nuestra Casa de Estudios. Para ello, los estudiantes sí debemos participar en la política universitaria, la cual no implica ni si quiera estar en un partido o agrupación, ni las malas maneras como la política es comúnmente utilizada. Debemos participar en esta política, y hacerlo bien, con ética y principios establecidos, porque es a través de ella que justamente se define la calidad de nuestra enseñanza, no solo en nuestra universidad, sino en nuestro país.