Escrito por Giselle Huamaní Ober Revista Ideele N°264. Octubre 2016

Con el Gobierno del Sr. Kuczynski entramos a una nueva etapa política en la historia del Perú y con ella quizá una nueva manera de enfocar y gestionar los conflictos. Con este periodo democrático se renuevan las expectativas para resolverdesde otro enfoqueproblemáticas pendientes, conflictos no resueltos/latentes, y procesos inconclusos. Hemos aprendido de los últimos gobiernos que el manejo de los conflictos no puede hacerse desde la improvisación, es decir, se requiere preparar a los actores, el proceso, y las condiciones en las que se realiza el encuentro. A partir de la casuística en nuestro país, los actores llegan al proceso de diálogo con diferentes capacidades para consensuar, con distintos niveles de conocimiento técnico, de entendimiento de las competencias y funciones de los actores de gobierno, etc. Por tanto, los actores deben prepararse -y hasta capacitarse- antes de arrancar con cualquier proceso de diálogo, negociación o concertación a fin de que todos tengan mejores y equiparables condiciones para participar, y que el proceso sea una experienciaproductiva y reconciliadora para las partes.

Sin embargo, especialmente deben prepararse los funcionarios que van a facilitar, mediar o negociar en representación del Estado para así minimizar la improvisación. Esta se reduce haciendo un trabajo previo: coordinando entre los diferentes actores, unificando los criterios en la participación, manteniendo informados a los tomadores de decisiones, comprobando el cumplimiento de los compromisos, entre otros. En este punto habrá que observar cuán integrados y alineados están los distintos sectores en sus enfoques para el manejo de los conflictos. A pesar de que años atrás hubo una directriz de Gobierno para que todos los sectores desarrollen sus propias capacidades institucionales en el manejo de los conflictos, para julio del 2016 solo algunos Ministerios tenían equipos y capacidades funcionales.

La improvisación se combate teniendo encargados de las oficinas de conflictos y facilitadores con competencias, conocimiento, actitudes, experiencia, y sobre todo, pasión por el diálogo -esto también incluye cualquier puesto de asesor en conflictos-. Hay que señalar que cuando hablamos de los conflictos sociales, estas son situaciones delicadas donde están en riesgo la seguridad, integridad y credibilidad de las personas y del proceso. Por tanto, se requiere de aquellos cirujanos que demuestren dedicación, sensibilidad, y habilidadescomo para realizar una intervención fina, a fin de que el paciente se recupere del estado crítico. La vocación por el diálogo no nace de un manual, ni se garantiza con una credencial, si no que se basa en los principios y compromiso con la paz, lo cual es una ética en sí. En este punto, la designación del Rolando Luque como responsable de la Oficina Nacional de Diálogo ha sido la mejor elección para liderar dicha oficina.

Otra gran lección que ha quedado de nuestra experiencia como país con los conflictos sociales que llegaron a una crisis social y política es que las fórmulas mágicas en el uso de la violencia no funcionan, punto. No podemos tener funcionarios comoValdez quienprometióresolver -por la fuerza- en 3 meses el conflicto Conga, ni políticos comoGarcíaquienordenó tomar el puente Montalvo traicionando el esfuerzo del General Jordán por el diálogo. Coincidentemente los casos de conflictos que han terminado en más violencia han sido el resultado de un manejo inadecuado de la situación por parte del poder político.

El gran tema pendiente para la nueva administración es la aprobación del Sistema de Gestión de Conflictos, que integre toda la información públicasobre los casos; desarrolle procesos de intervención interculturales, integrados e integrales; impulse la complementación de competencias, roles y capacidades para el diálogode los distintos sectores y niveles de gobierno –Gobierno Regional y Locales-; monitoree, de seguimiento y evalúe los procesos de intervención y el cumplimiento de los acuerdos; y que promueva un nuevo relacionamiento en la ciudadanía, y entre esta y el Estado.

Hay cuatro situaciones en las que los conflictos han evolucionado,y que requieren pensar y desarrollar diferentes tipos de estrategias de intervención:

(1) Tenemos la ‘’conflictividad’’ o los innumerables conflictos proveniente de una problemática común –generalizada- que aquejan distintas áreas y regiones del país, y que por tanto, requieren un tratamiento organizado, de política pública, de intervención especializada como la conflictividad generada por la tala ilegal, la minería ilegal, cultivo de coca -además de todos los problemas sociales que generan-.

Estas son problemáticas complejas y aparentemente ‘’no estratégicas’’ a comparación de los grandes proyectos de inversión pública o privada que impactan significativamente en el arca nacional, pero que por el dañoen los ecosistemas, el númerode personas involucradas, el riesgo de extenderse aúnmás, requieren de un plan estratégico, coordinado interinstitucionalmente, para la búsqueda de soluciones integrales.Aquí también se pueden incluir los conflictos por los límites entre comunidades, distritos y provincias, para poder acceder a los recursos provenientes del canon, de las zonas de influencia de un proyecto, etc. Es una conflictividad que se comparte o se replica en varias regiones del país –con su particularidad por supuesto- pero que requiere de una políticapública y el liderazgo de un sector del Estado para tener una visión regional, para hacer los cambios institucionales, y aplicar un enfoque territorial de la gestión dela conflictividad. El involucramiento de los Gobiernos Regionales y Locales como socios en el proceso de diálogo para la búsqueda de soluciones es clave.

(2) Tenemos los casos de conflictos que han quedado latentes debido al enfoque de intervención de “dejar hacer, dejar pasar” delos anteriores gobiernos, y en el que ante la imposibilidad para gestionar el conflicto políticamente, se dejóa la inacción, el cambio de escenario político, el periodo de enfriamiento para retomar el caso en el futuro. Tenemos por ejemplo Conga, TíaMaría, Santa Ana entre otros, en los cuales se ha llegado a un estado de entrampamiento, y sin soluciones, ni avances visibles.

Estos son los casos en los que ha habido un proceso –aparentemente-de suspensión, de inacción política por parte del gobierno, y de falta decierre o de búsqueda de alternativas concretas. Son casos –como se dice criollamente- que no son ni chicha, ni limonada. Varios de dichoscasos han tenido mucha visibilidad política, pero también hay otros de menor impacto. Sin embargo, todosrequieren intervenciones amplias de generación de confianza, de desarrollo participativo de propuestas integrales, de soluciones innovadoras y concertadas a los problemas, de revisión y aclaración de temas técnicos, etc. Curiosamente, los Gobiernos Regionales y Locales que sienten los impactos directos de dichos conflictos, han tenido grandes retos para concertar un proceso de gestión de conflictos con el Gobierno Nacional.

(3) Tenemos los conflictos que surgen poreventoso accidentes, derrames, impactos, que reflejan una problemática más profunda de tremendas fallas técnicas, de ausencia mecanismos de prevención y o monitoreo, ausencia de planes de remediación y limpieza, etc. y que a pesar de que la OEFA y otras instituciones fiscalizadores entren a tallar, estas situaciones nos indican de una problemática en el diseño, gestión, mantenimiento técnico que son recurrentes y se vuelven permanentes. Por ejemplo, tenemos las constantes roturas deloleoducto en la Amazonia, vertimientos urbanos en el mar, la contaminación del lago Titicaca, los miles de pasivos ambientales, etc.

Estos casos requieren la intervención concertada einmediata de las instituciones a fin de mirar en los temas técnicos de fondo y dar confianza a la población, así, como programas de intervención de remediación, ayuda humanitaria, compensación, alternativas concretas de desarrollo, etc. Sin embargo, también se necesita de comisiones investigadoras para detectar las fallas en el Estado en la prevención y gestión de dichas problemáticas. Hay varios conflictos que han quedado pendientes por anteriores incidentes en el tema de derrames petroleros, los cuales, por la inacción se han convertido en casos de urgencia.A pesar de ello, los Gobiernos Regionales y Locales no tienen claridad sobre sus competencias en el la gestión del conflicto, y por tanto, sus intervenciones son espurias.

(4) Tenemos también conflictos que surgen de los espacios y mesa de diálogo, de concertación o de trabajo, y cuyos resultados están siendo cuestionados, criticados, o rechazados por el limitado alcance de los acuerdos o cumplimiento de los compromisos. En el mejor de los casos estos quedan en etapa de latencia, pero la población o actores se mantienen frustrados, perciben que sus expectativas no se cumplen o han sido burladas.

En estos casos, los plazos de funcionamiento propios del Estado, la burocracia e ineficiente manejo interinstitucional, la falta de recursos limita la implementación de muchos de los acuerdos que no pueden ir a la par de las expectativas de la población en términos de rapidez, eficacia, e impactos. Se requiere una re-ingeniería del sistema de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos, con un software especialmente dedicado, y con una política específica para agilizar el cumplimiento de los compromisos, bajo responsabilidad de los funcionarios por incumplimiento de funciones.En ese enfoque, los Gobiernos Regionales y Locales al estar en el lugar de los hechos podrían cumplir un rol importante en el seguimiento y verificación del cumplimientode los acuerdos.

Al nuevo gobierno le corresponde atender a estas situaciones de conflicto y diseñar estrategias para cada uno de estos escenarios y problemáticas con los recursos y limitaciones que ha heredado.Para todo esto, es importante fortalecerelactual liderazgo de paz y transformación de conflictosen la ONDS y en todas las instituciones del Estado. Hemos visto de los anteriores gobiernos, que los enfoques de represión, de procesos interminables de –la mecedora- deldiálogo, de criminalización de la protesta, de ‘’neutralización’’ de la oposición, no han funcionado. Cualquier rezago de dichas prácticas en el Estado debilita la gobernabilidad y pone en jaque nuestra joven democracia.Por el contrario, la inacción, la poca ética, y la visión política cortoplacista han empujado en muchos casos que las problemáticas escalenen conflictos agudos. Hay que recordar que a pesar que hay esperanza, estas son lecciones aun frescas en la memoria de los y las peruanas en muchas regiones.