Escrito por Ricardo Soberón Garrido Revista Ideele N°266. Diciembre 2016

Es usual que cuando ocurre un cambio de Gobierno, se producen cambios de forma y fondo en determinados asuntos de la política nacional. Para el Perú, son muy importantes las estrategias de Lucha contra el Narcotráfico, en la medida que somos primeros productores mundiales de PBC y segundos productores de Hoja de Coca y pasta básica de cocaína. Cuatro meses después, el Gobierno de PPK no ha producido nada de esto, continua haciendo lo mismo que ha conducido al fracaso de Toledo, García y Humala, la misma estrategia y los mismos personajes.

Desde que retornamos a la democracia el 2001, las políticas de los gobiernos se han caracterizado por enfatizar la Reducción de la Oferta basados en la erradicación compulsiva de cultivos de coca, la interdicción en los campos, y, la criminalización del campesino cocalero. A pesar de ello, el narcotráfico basado en la exportación de cocaína ha logreado cambiar sus dinámicas, a pesar de la sustitución de los carteles colombianos a los mexicanos y alterar la suerte de los mercados internacionales. Hoy en día, mientras la demanda de cocaína se ha estabilizado en Europa y en América del Norte, se han abierto importantes mercados para la pasta base y el clorhidrato de cocaína, en América del Sur y en Asia, respectivamente.

Mientras tanto, las capacidades reales de las fuerzas del orden para identificar y desmantelar a las organizaciones criminales nacionales,así como su capacidad para penetrar la política y los asuntos públicos, es ínfima: una UIF sin dientes, una DINANDRO desbordada y una policía cuyo 60% de detenciones anuales por delitos de TID son usuarios, el último eslabón de la cadena. Es evidente la falta de coordinación de la PNP, PJ, MP para sostener prioridades básicas en la conducción de la política criminal y la identificación del desbalance patrimonial y financiero de grupos sospechosos (Sánchez Paredes), así como las capacidades del sistema electoral para detectar el ingreso de capitales sucios (Oscorima, Horna, Gambini), como lo acreditó en su momento la Comisión de Narco política, cuyas conclusiones y recomendaciones cayeron en “saco roto”. El caso paradigmático de la inhabilidad del Ministerio Público para procesar a Joaquín Ramírez (Fuerza Popular) y sus sospechosos vínculos con el lavado de activos, es una muestra palpable.

Ahora bien, como resultado de esta falta de visión, en forma paralela se dan dos grandes negocios en la conducción de las políticas antidrogas, uno en el campo castrense, otra en el campo civil.Mientras tanto, el cultivo de coca (53,000 hás), el procesamiento de droga (285 toneladas de pasta), su traslado por la autopista del Sur hacia Bolivia, y el incremento de la actividad criminal en las costas y fronteras es un hecho.

En el primero, tenemos que el mantenimiento de una situación de emergencia en el VRAEM – y el consiguiente mantenimiento de las estructuras militares y policiales como mayores artífices- les permiten conducir presupuestos secretos, con absoluta falta de control y transparencia del Congreso y la prensa, lo que permite el negocio de insumos químicos, combustible para la aviación, trasiego ilegal de droga y dineros sospechosos, así como el manejo de la conducción de la guerra contra un Sendero Luminoso que hace meses es una amenaza ausente.

Lo más grave ocurre en el campo civil. Tuvimos oportunidad de llegar oportunamente hasta el premier Zavala, para anticiparle de los graves problemas de conducción que significaba volver a entregarle la conducción de DEVIDA (ente rector en materia de drogas) a una persona –Carmen Masías- que ya había tenido dicha responsabilidad entre el 2012 y el 2014, pero que en forma simultánea conduce la ONG que percibe desde hace años fondos del AID (nos referimos a CEDRO y la presencia de la “dupla de oro” Masías, Vassilaqui).  

Para confirmar nuestras sospechas, tuvimos conocimiento de la Denuncia Penal que se había entablado contra esta funcionaria el 25 de Julio ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por negocios incompatibles en la conducción sucesiva de DEVIDA (2012/2014) y de CEDRO (2014/2016), mediante la cual esta última había recibido fondos dirigidos de AID por montos ascendientes a los 8 millones de dólares.

La verdad es que las propias palabras de la Sra. Masías atestiguan del fracaso en la conducción de DEVIDA, como máximo responsable estatal: menos presupuesto para el año fiscal del 2017, el fenómeno de la resiembra en el 92% de las parcelas de coca erradicadas por el CORAH, el mantenimiento de un modelo de “desarrollo alternativo” que no funciona en el VRAEM (el Presupuesto 2017 le ha entregado la conducción de los fondos al MINAGRI). Como lo señalamos en otros artículos, el “cuentazo” de la política de drogas sirve para que malos militares y civiles, conviertan esta importante actividad en un negocio personal.

Así las cosas, PPK muestra una pobrísima capacidad de revisión y reforma, opta por las salidas más cómodas permitiendo que el Ejecutivo caiga en las mismas manos de siempre, permitiendo que el narcotráfico encuentre al Perú en el mejor de los escenarios para su (re) asentamiento y fortalecimiento, esta vez asociado a la minería ilegal, la tala indiscriminada y una profunda corrupción institucional del Estado.