Escrito por Mayté Ciriaco Ruiz Revista Ideele N°268. Marzo 2017

Laura Cevedón no podía cambiar de colegio porque el suyo nunca la registró en el sistema del Ministerio de Educación (MINEDU), el colegio de Fernando Cuadros tomaba el nombre de otro al no figurar en dicho sistema, y el de Marypaz López jamás existió para el MINEDU, ella nunca había cursado el primer grado. En 2016, de los 8184 colegios limeños, el 75.5% eran privados. Hoy suman más de 300 los colegios informales, pero solo 30 de aquellos han sido clausurados. Entienda aquí la problemática de los colegios informales en Lima.

En el 2014 Marypaz López se encontraba en segundo grado de primaria. Estaba lista para iniciar el tercer bimestre de su año escolar en un nuevo colegio. Sin embargo, para el Ministerio de Educación (MINEDU) ella no existía como estudiante. Marypaz no había conseguido realizar ninguna de las hazañas que le habían traído tanta alegría en su vida escolar, ¿cómo era esto posible?

Jessica Ruiz, docente del colegio “Arte Angelus” y encargada, allí, del manejo del SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Educativa), menciona que el caso de Marypaz es uno de los tantos que se dan en nuestro país, donde el alumno no figura en dicho sistema creado por el MINEDU porque nadie le generó su código de alumno.

Ruiz contó que la madre de Marypaz, Roxana Portella, no trajo ningún documento y que aquello era ya un mal presagio. No obstante, a un alumno no puede negársele la matrícula, los colegios lo tienen prohibido. La ley indica que el padre cuenta con 30 días  para regularizar la entrega pero, en la práctica, el tiempo puede alargarse mucho más. Incluso, la Defensoría del Pueblo da plazo hasta el fin del primer semestre del año.

A Laura Cevedón, sus padres la matricularon en el colegio “Cristo Redentor”, en Chorrillos, sin entregar un solo documento. “En ese colegio la inscripción fue sin partida, sin nada. Después de un año, llevé yo misma mi partida, es decir estaba ahí como un NN”, asegura Laura. Los padres de familia suelen olvidarse de entregar los documentos restantes y esperan hasta los últimos días para hacer la regularización. Algunos colegios presionan, pero hay otros que no muestran interés en ello y pueden dejar al alumno fuera del sistema. Tal como le sucedió a Laura. Así, todo queda en manos de los padres.

“La UGEL te reclama por no presentar los documentos a tiempo, pero si ellos mismos permiten que matricules a los alumnos sin obligar a sus padres a que te entreguen sus papeles, ¿cómo pretenden que tengas todos los documentos en el tiempo establecido?”, cuestiona Ruiz.

Dos códigos cruciales

Un código de alumno es la identificación del estudiante en el SIAGIE. Por medio de este sistema, un alumno existe ante el MINEDU y se puede registrar su documentación y sus notas, cosa que a Ruiz no le fue posible hacer en el caso de Marypaz. En su opinión, lo que sucede es que los padres no se dan cuenta de lo importante que es cerciorarse del registro desde un inicio, porque nadie les ha explicado qué es un código de alumno ni la importancia que tiene en la vida académica de sus hijos.

En opinión de Milagros Pozo, gerente de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, el problema es la difusión. “Nosotros intentamos llegar a los padres, hacemos campañas, mandamos notas de prensa, incluso ahora tenemos la Radio Indecopi con programas que hablan exclusivamente de la campaña escolar”. Según Pozo, para la institución, lo más importante es que los padres estén informados, “porque con padres informados tenemos menos denuncias, menos llamadas”.

No obstante, según información de Indecopi, solo este año el sector educación (inicial y primaria) tiene ya 6 sanciones y lidera el ranking de sectores sancionados en Lima:

Lisbeth Carbajal, funcionaria de la UGEL 07 (Unidad de Gestión Educativa Local N°07), asegura que habría menos estudiantes afectados si los padres estuvieran prestos a informarse.  “Todo está en la ley, los padres deben leer las leyes”.

Cuando se dio cuenta de que el colegio de donde venía Marypaz, “Medalla del Milagro”, no aparecía en el sistema; Jessica Ruiz le pidió a Roxana Portella que reclamara el código de alumno de su hija. “En ese momento estaba muy preocupada”, asegura Ruiz. Y no era para menos. Si el colegio donde había estado inscrita Marypaz no figuraba, era porque no tenía código modular, es decir era informal. En consecuencia, la niña tampoco debía tener su código.

Para que un colegio pueda crearle un código a un alumno, necesita tener antes su propio código, su código modular. Según explica Jorge Manrique, jefe del área de asesoría jurídica de la UGEL 07, “el código modular es como el DNI de la escuela. Solo si cuenta con código podrá inscribir a sus alumnos en el SIAGIE”. Es decir, si un colegio no tiene código, no podrá otorgar certificados con valor oficial.

Entre los requerimientos básicos para obtener el código están: presentar los planos del local donde funcionará el colegio, la cantidad de alumnos que se pueden albergar en él (siguiendo las normas de Defensa Civil), y un inventario de los equipos y bienes con los que se cuentan. También se debe incluir los nombres del director, el proyecto educativo, la metodología, entre otros importantes puntos que son evaluados y supervisados por instituciones como la Dirección Regional de Educación (DRELM), UGEL, INDECOPI y Defensa Civil.

En teoría debería ser imposible que puedan existir colegios sin código modular. Pero la realidad es distinta.

“Según explica Jorge Manrique, jefe del área de asesoría jurídica de la UGEL 07, ‘el código modular es como el DNI de la escuela. Solo si cuenta con código podrá inscribir a sus alumnos en el SIAGIE'”.

Colegios fantasmas

Era 2011 y Fernando Cuadros tenía solo siete años. “Recuerdo que mientras me dirigía a casa aún seguía pensando en lo que acababa de escuchar”, relató la madre del hoy adolescente, “es que, ¿cómo no me había dado cuenta?”. Aquello era lo último que le faltaba, su hijo ya había tenido muchos problemas en aquel colegio como para que este además no existiera.

A diferencia de Marypaz, Fernando sí tenía código de alumno. Sin embargo, para el sistema del MINEDU, él estaba estudiando en un colegio de Chorrillos, a muchos kilómetros del Jirón Santo Cristo, Mz. A Lote 13, Santiago de Surco, donde realmente se encontraba escuchando su clase.

¿Qué había sucedido?

Su colegio había empleado el “ruleteo”. Esta es una modalidad por la cual un colegio “bamba” utiliza el código de una institución educativa que sí está autorizada, y donde la figura del alquiler podría estar de por medio.

Manrique, de la UGEL 07, resalta que esta práctica es una estafa, pues el padre de familia matricula a su hijo en un colegio y sus certificados salen con el nombre de otro. Lamentablemente, no existe sanción para el colegio que alquile su código modular. No obstante, Janet Gutiérrez, Coordinadora del Equipo de Supervisión del Servicio Educativo de la DRELM, menciona que, desde el año pasado, se viene evaluando un proyecto de ley que permitiría sancionar a todos aquellos que alquilen su código modular. “Esperamos que se apruebe pronto, porque así los casos disminuirían”, acota.

Afortunadamente, la madre de Fernando Cuadros se dio cuenta a tiempo y retiró a su hijo de aquella institución “fantasma”.

Pero no todos los casos acaban igual. Tanto la madre de Laura, como Jessica Ruiz en el caso de Marypaz, tuvieron que realizar una serie de trámites para regularizar la situación de las estudiantes y conseguir que les generasen un código de estudiante.

Para Ruiz las normas no parecen hechas en conjunto. Ella pone de ejemplo el caso de Leonardo Cervantes. El último 6 de noviembre, los padres de este niño ganaron la demanda que habían interpuesto contra el MINEDU, porque el sistema no quería reconocer las notas de su hijo. Leonardo, a pesar de no contar con la edad establecida mediante disposición por dicho Ministerio, había sido matriculado al primer grado en el colegio “Ana Frank” sin que se presentara mayor inconveniente. Sin embargo, en mayo, se les comunicó a sus padres que había problemas para ingresar las notas del menor.

Al parecer, en el caso de Leonardo hubo un error del sistema. “Hay un problema con el sistema, y me parece algo muy grave porque él ganó un juicio que iba contra una ley que el mismo MINEDU ha puesto. ¿Entonces cómo quedamos? Si ha ganado, la ley está por gusto”, acota Ruiz.

Víctor Torres, director académico del colegio los Álamos, coincide con ello y agrega que a pesar de que el sistema ha presentado mejoras aún no es suficiente. Las quejas personales en la UGEL y las que se hacen en redes son continuas, y no reciben respuesta. Comentarios de usuarios como: “siempre es lo mismo con ustedes”, “tengo problemas para ingresar a mis alumnos”, “contesten, aunque sea por respeto” u “otra vez el sistema colgado”, son típicos en la página de Facebook del SIAGIE.

“Medalla del Milagro” era el nombre del colegio que la mamá de Marypaz le dio a Jessica Ruiz. Este no figura en la aplicación que el MINEDU ha creado para verificar códigos modulares: el IDENTICOLE. Este aplicativo pretende que los padres puedan descartar colegios informales para sus hijos. No obstante, la realidad es que aunque la intención es buena, se enfrenta a la poca difusión. Es reducido el número de padres que realmente saben qué es un código de alumno o que todos los colegios deben tener un código modular por nivel educativo y por local.  La mayoría se da cuenta del problema solo cuando van a realizar un traslado o necesitan un certificado.

Laura Cevedón no reparó en la falta de su código de alumno hasta que quiso trasladarse de colegio. La mamá de Fernando nunca denunció al colegio fantasma donde había tenido matriculado a su hijo. Para ella el tema dejó de ser importante cuando pudo trasladarlo. “¿Para qué denunciar y meterse en más problemas?”, cuestiona la madre.

Si bien existen herramientas para que los padres denuncien, la falta de difusión marca el ritmo de su desuso. “Si no lo detecta la UGEL [al establecimiento informal], a través del área de supervisión, es el mismo padre de familia quien debe denunciar. La UGEL hace el control, pero no tiene forma de saber si un colegio A está, por ejemplo, alquilando el código a un colegio B”, sostiene Manrique, jefe del área de asesoría jurídica de la UGEL 07.

“Su colegio había empleado el ‘ruleteo’. Esta es una modalidad por la cual un colegio “bamba” utiliza el código de una institución educativa que sí está autorizada, y donde la figura del alquiler podría estar de por medio”.

Supervisión limitada

Hay 4 entidades encargadas de la supervisión de los colegios privados: la DRELM, la UGEL, INDECOPI y el área de Defensa Civil de la municipalidad pertinente. Pero solo la última tiene el poder de clausurar definitivamente un local informal.

En la DRELM son solo 6 los profesionales encargados de la coordinación de la supervisión de más de 6000 colegios privados; mientras que en la UGEL 07, la que tiene más distritos dentro de su jurisdicción, son 9 los encargados de supervisar más de 2000 colegios privados.

“Imagínate, ahora deben haber unos 2200, 2500 colegios, solo en la UGEL 07, hacer un control a todos ellos es complicado, son 7 distritos. ¿Qué hace la UGEL? Va cuando hay denuncias o agarra una muestra”, acepta el mismo Manrique.

Janet Gutierrez, de la DRELM, sostuvo que más de 300 colegios informales se terminaron de identificar en junio último, para lo cual se necesitó contratar promotoras externas capaces de hacer el mapeo. Sin embargo, hasta ahora solo 30 de aquellos colegios han sido clausurados, un proceso que inició en diciembre y que ha contado también con la colaboración del Ministerio Público.

Aquí puede ver la distribución por distrito de las entidades clausuradas: 

Y, ¿cuándo un colegio es clausurado definitivamente? Si se detecta cierto nivel de informalidad en un colegio, se procede a clausurarlo temporalmente y a multarlo. En caso el colegio sea totalmente informal, es decir no cuente con código modular ni con licencia de funcionamiento, la clausura es definitiva, de acuerdo a las normas y procedimientos de la municipalidad en cuestión (esta le brinda hasta 15 días para levantar observaciones). En estas situaciones, además del cartel de “Clausurado”, los padres de familia encuentran un llamado para que asistan a una charla informativa sobre cómo proceder en el futuro próximo.
En la DRELM, por su parte, afirman que la inversión en movilidad representa una limitación para viajar a lugares alejados, y que por ello optan por lo más accesible. “Es en esos rincones a los que no podemos llegar, que están detrás de cerros y cerros, donde hay más informalidad”, sostiene Janet Gutierrez.

Las municipalidades deberían ser aliadas del MINEDU, según el jefe del Área de Asesoría Legal de la UGEL 07. Los colegios necesitan de una licencia de funcionamiento para sus locales. Para ello, no solo se requiere de una inspección del área de Defensa Civil de la municipalidad, sino también una resolución sectorial del MINEDU.

Zoila Ortiz, Subgerente de Fiscalización municipal de Los Olivos hasta diciembre de 2016, reafirma que es potestad del municipio cerrar definitivamente los colegios informales. Veamos.

Todas las clausuras por temas de infraestructura (como casas acondicionadas en donde las cocinas se han convertido en aulas y no existe un patio ni áreas libres) son temporales, puesto que el objetivo es que el colegio subsane la conducta infractora. “Si logra acreditar que enmendó las observaciones que Defensa Civil le puso en el acta, puede aperturar nuevamente”, acota la subgerente.

Por otro lado, si un colegio es netamente informal (sin código modular ni licencia de funcionamiento) pero quiere ponerse a derecho, debe imponer recursos administrativos ante la municipalidad y acreditar en un plazo de 15 días que ha logrado subsanar la conducta infractora.  Según Ortiz, la mayoría de colegios que fueron clausurados en Los Olivos, el año pasado, presentó un recurso administrativo.

Aquí puede consultar la mayoría de los colegios clausurados en el operativo liderado por la DRELM:

La única ocasión en la que no es posible apelar se presenta cuando una institución educativa está ubicada en una zonificación no apta para albergar colegios. En esas circunstancias, la clausura sí es definitiva. Por ejemplo, en el operativo realizado en Los Olivos, se encontró un colegio en esas condiciones. Además, la Fiscalía solo puede actuar cuando estos colegios vuelven a funcionar a pesar de haber sido clausurados y no haber subsanado sus infracciones.

La explosión de un negocio

Cuando se dio cuenta que el colegio de Marypaz nunca le daría su código de alumna porque ni siquiera este tenía su propio código, Jessica Ruiz decidió ir a la UGEL, una vez más, en busca de una solución. “Ellos me dijeron que la única alternativa era generarle un código”. Finalmente, después de hacer una serie de trámites, Ruiz pudo regularizar la situación de la pequeña.

Hasta el 2014, la UGEL 07 contaba con 1271 colegios, de los cuales 605 se encontraban ubicados en Chorrillos. Solo en dos años esa cantidad estuvo cerca de duplicarse, según sus propios registros.

“Lo que pretenden los dueños de colegios informales es lucrar”, dice Víctor Torres, director académico del colegio Los Álamos. Tal vez por ese motivo el número de colegios está creciendo a ritmo acelerado en Lima. Según Alfredo Aguilar, director técnico de CORPAIDOS, asociación dedicada a la investigación e innovación educativa, solo se necesita de 3750 soles para montar uno (150 soles por cada nivel educativo que se quiera tener, 500 por la inspección técnica, 600 por la elaboración de planos, 1500 por la elaboración de un proyecto educativo y 1000 por un expediente técnico).

Tener un colegio ya no es tanto una labor pedagógica, sino un negocio más (que, con un poco de suerte, no será supervisado). De esta manera, puede que casos como los de Laura, Marypaz y Fernando también sigan en aumento.

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* Mayté Ciriaco estudia Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Elaboró este reportaje a lo largo del Taller de Periodismo de Investigación, en el semestre 2016-2.