Escrito por Andrea Parolin Revista Ideele N°267. Febrero 2017

El 4 de diciembre del 2016, los ciudadanos italianos fueron a votar en el referéndum sobre una ley para reformar la Constitución. Esta fue una de las votaciones más importantes en Italia en los últimos años. El triunfo del Sí hubiera significado muchos cambios en la vida política de Italia.

La ley que se votó modificaba 47 artículos de los 139 de la Constitución y planteaba “disposiciones para superar el bicameralismo equivalente, la reducción del número de los parlamentarios, la limitación de los costos de funcionamiento de las instituciones, la supresión del CNEL (Consejo Nacional de Economía y Trabajo) y la revisión del Título V de la Parte II de la Constitución”. ¿Pero qué significaba en realidad este texto?

En Italia tenemos ahora un “bicameralismo perfecto”, es decir,  la función legislativa se ejerce colectivamente tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República. Estas dos cámaras trabajan en una condición de absoluta igualdad, tal como dispone el artículo 70 de la constitución italiana. Ambas están llamadas a aprobar el mismo texto de las leyes, y modificarlo hasta que se llegue a uno de consenso.

Con el referéndum se proponía eliminar esta igualdad, manteniendo las dos cámaras, pero modificando las funciones y la composición del Senado. Este último solo habría podido disponer de competencia en las leyes sobre el tema de las modificaciones  constitucionales, sobre referéndums populares, sobre el sistema electoral de los entes locales y sobre la ratificación de los tratados internacionales. De igual manera, el Senado debería haber disminuido el número de componentes de 315 a 100, que no deberían ser elegidos por sufragio universal, como ahora, sino de manera indirecta por los Consejos Regionales. Un Senado con menos poder, pero que habría mantenido la inmunidad parlamentaria, o sea, que quien sea elegido no pueda ser objeto, sin la autorización preventiva de la Cámara, de inspección, interceptaciones telefónicas, arresto o detención.

Otra de las novedades de la reforma tenía que ver con la democracia directa: se aumentaba de 50000 a 150000 las firmas necesarias para presentar una moción popular, y se le confería al Parlamento la obligación de examinar y deliberar en un tiempo determinado dicha iniciativa.

Por otro lado, el Estado debía volver a hacerse cargo de algunas materias que habían sido trasferidas a las regiones, como energía, infraestructuras estratégicas, turismo y el sistema nacional de protección civil.

Existe un sentimiento muy generalizado a favor de superar el bicameralismo, pero en esta reforma se habría introducido un sistema complicado, que tenía algunos pasajes que no fueron bien definidos y que podrían causar conflictos, tanto en el momento de la selección del procedimiento aplicable como después. La composición del nuevo Senado no habría tenido una efectiva representación democrática ni una capacidad profesional para ejercer efectivamente los poderes que le habrían conferido.

“De esta manera, no se examinaron con prudencia los méritos y deméritos de la reforma y se terminó desvalorizando su importancia. Es como un partido de fútbol en donde lo único importante es ganar y no la calidad del resultado”.

La creencia en que el bicameralismo es el responsable de que el sistema no funcione está muy extendida. Sin embargo, gracias a este sistema mal que bien se pudo corregir muchas leyes aprobadas a la ligera. La eliminación del bicameralismo podría, en ese sentido, empeorar la calidad del sistema legislativo, dada la poca prolijidad en la elaboración y aprobación de leyes.

De un bicameralismo igualitario y perfecto se quería pasar a un sistema legislativo con un diseño precario que abonaba a una centralización del poder por el debilitamiento de los gobiernos regionales. Esto, unido a la nueva ley electoral, daba mucho poder a un solo partido, y en el caso de la victoria de un partido extremista se habría podido llegar a una situación muy complicada.

Esto no significa que no deba haber una modificación del sistema, que podría a su vez mejorar todo el proceso legislativo, pero en este caso el remedio iba a ser peor que el problema. Sobre todo cuando esta reforma sometida a votación no había sido el resultado de un diálogo entre los diferentes partidos políticos, sino que fue tomada, más bien, como una legitimación personal de Matteo Renzi, presidente del Consiglio. De esta manera la votación sobre la reforma se transformó en un referéndum sobre su persona.

De esta manera, no se examinaron con prudencia los méritos y deméritos de la reforma y se terminó desvalorizando su importancia. Es como un partido de fútbol en donde lo único importante es ganar y no la calidad del resultado.

Finalmente ganó el No, y la ley no pasó. Por consiguiente, la Constitución italiana no cambió y Renzi tuvo que dimitir como presidente, en conformidad con sus declaraciones antes del referéndum.

Ahora el Presidente del Consiglio es Paolo Gentiloni, quien ha mantenido casi la misma composición del gobierno anterior, sin hacer los cambios que la mayoría de los partidos habían reclamado.