Escrito por Pedro Ferradas Mannucci Revista Ideele N°267. Febrero 2017

La  imprevisibilidad

Lo que viene ocurriendo con el clima y los huaicos no solo tiene causas naturales.

El Cambio Climático, asociado con las actividades productivas de la grandes empresas, deviene en un incremento récord de la temperatura global y en la alteración e imprevisibilidad de los fenómenos climáticos, incluido El Niño, nuevamente presente.

El mal manejo de los recursos naturales en las actividades productivas y extractivas, incluida la tala indiscriminada de los bosques y el mal uso del agua para riego, contribuye a la erosión de los suelos que incrementa los flujos de lodo y los caudales de los ríos.

Los huaicos, las lluvias intensas y el incremento de los caudales causan víctimas o destrucción extrema cuando es inexistente o deficiente el manejo de los cauces, o en la medida en que son ocupadas las áreas inundables para viviendas o infraestructura en general. Se estima que más de 480 mil personas viven en zonas inundables o afectables por los huaicos.

La ocupación de los cauces: responsabilidades pública y privada

La ocupación de zonas de alto riesgo está principalmente asociada a la construcción informal del 70% de las viviendas existentes en el país; estas en su mayoría fueron construidas sin mediar una adecuada orientación sobre las características de los terrenos y las técnicas constructivas adecuadas, y posteriormente se les dotó de servicios que facilitaron su consolidación y una nueva ampliación en terrenos de mayor riesgo.

La ocupación informal no solo responde a las necesidades de la población sino, cada vez más, a redes de corrupción que implican a urbanizadoras fantasmas, algunos funcionarios municipales y supuestos comuneros que cobran por los terrenos eriazos. En la quebrada de California en Chosica o en Los Polvorines en Piura, los terrenos son ofertados desde hace ya más de una década por urbanizadoras fantasmas, las que previamente rellenan los cauces de los huaicos o las lagunas destinadas a recibir las aguas de los drenes.

De otro lado, como ocurrió en todas las ciudades afectadas por las inundaciones de 1998, las áreas afectadas fueron nuevamente ocupadas e incluso se expandieron favorecidas por el proselitismo político.

Los riesgos fueron también generados por algunas obras públicas o actividades extractivas. El caso reciente en la Variante de Yuracmayo, en Arequipa, y el de Huaycoloro ponen en evidencia las deficiencias en la ubicación y diseño de tales infraestructuras. En el cerro Tamboraque, una concentración de relaves amenaza con desbordar y contaminar el río Blanco y El Rímac, lo que ha merecido doce declaraciones de emergencia sin que tal amenaza haya sido eliminada o reducida.

La gestión de riesgo

Desde el año 2011, el país cuenta con una nueva legislación que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Se trata no sólo de prepararse para responder a desastres, sino de reducir los riesgos y evitar que se generen; ello implica la participación de los actores del desarrollo y el liderazgo de las instancias más altas de cada sector o institución pública. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de una secretaría, se convierte en el órgano rector, se crea el CENEPRED como organismo técnico para la prevención y reducción de riesgos y el INDECI tiene responsabilidad en la preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Estos cambios incluyeron mecanismos de incentivos y de fomento a la inversión pública y otras iniciativas inconclusas como el seguro agrario catastrófico. Los gobiernos locales y regionales se constituyeron en las instancias responsables en sus jurisdicciones pero evidenciaron muchas debilidades, sea por desinformación, carencia de recursos (en el caso de los municipios más pequeños) o falta de voluntad política.

En contraste con la normativa , las propias autoridades nacionales asumirán protagonismos que ya no les corresponde para afrontar situaciones de desastres o amenazas inminentes.

En el último año de gestión del gobierno anterior se decide transferir el INDECI al Ministerio de Defensa y designar al Ministerio de Agricultura y Riego para liderar la preparación ante el Fenómeno El Niño, para lo que se habría destinado más de 2500 millones de soles. Entre las medidas implementadas destacan la limpieza de cauces de los ríos y quebradas; una campaña de orientación a la comunidad a través  de los medios de comunicación de masas y de simulacros; la dotación de ayuda material en los almacenes adelantados de las principales regiones y, aunque focalizada en las quebradas de Chosica, la instalación de mallas dinámicas que permitan retener las rocas de gran volumen. Adicionalmente los gobiernos regionales y locales accedieron al financiamiento de numerosas obras de mitigación.

¿Estamos preparados?

La sorpresiva ocurrencia de huaicos e inundaciones en diversas regiones del país lleva a poner en marcha un sistema de respuesta con debilidades de articulación. Algunas autoridades locales y regionales tienen diferentes criterios para afrontar las emergencias; en algunos casos se opta por condicionar la ayuda a la reubicación en zonas más seguras, lo que deviene en la resistencia de los afectados o el cuestionamiento de otras autoridades; en otros casos las autoridades no llegan a las zonas aisladas por los desastres. La sensación de desamparo crece ante la ausencia de liderazgos y de mecanismos adecuados de evaluación y atención de necesidades cada vez mayores ante los desastres en numerosas regiones.

El gobierno reacciona con las declaratorias de emergencia, el apoyo de la fuerza armada en las labores de manejo de escombros y de información, y sólo desde febrero con una presencia creciente del Presidente y los Ministros en las zonas afectadas; todo ello sin contar con estrategias de comunicación y movilización social que son indispensables, ni con las personas e instituciones públicas y privadas más experimentadas.

En contraste encontramos algunas experiencias replicables:

1. Alcaldes que lideran la respuesta y se han preparado previamente con la movilización de funcionarios, trabajadores municipales y vecinos, tanto para evaluar daños y necesidades como para tomar decisiones a fin de proteger y/o atender a la población.
2. La organización de brigadas comunitarias a fin de implementar planes de evacuación previamente diseñados, como ocurre en algunos asentamientos de Piura y de la Cuenca del río Rímac.
3. Los Sistemas de Alerta temprana instalados por Soluciones Prácticas o los mecanismos de  información, como son la instalación de cámaras para monitorear los caudales de los ríos y los censores para alertar ante la saturación del suelo y el inicio de los deslizamientos y huaicos.
4. El encausamiento de los flujos mediante la limpieza o habilitación de los causes y canales.

La prevención  y reducción de riesgos

Una agenda mínima debería tener en cuenta lo siguiente:

1. Un mayor conocimiento de los riesgos en las microcuencas y cuencas que sirva para diseñar y ejecutar adecuadamente las medidas para reducirlos.

2. La priorización de medidas de mitigación tales como la estabilización de laderas que incluya la reforestación con especies de raíces profundas; la construcción de más muros disipadores de energía a ser instalados en las quebradas; la instalación de mallas dinámicas que permitan retener las rocas de los huaicos para que no impacten en las poblaciones; los sistemas de drenaje que permiten evacuar el agua de las lluvias y de las inundaciones, tanto los que requieren de diseños e inversión mayores para el caso de las ciudades como los que pueden ser más simples y menos costosos para los asentamientos ribereños.

3. La creación de instancias y mecanismos que aseguren la calidad de la inversión en Gestión de riesgo. Las Universidades y los Colegios Profesionales pueden tener un papel clave en ello.

4. El reasentamiento de las poblaciones en riesgo no mitigable no sólo debe hacerse en el caso de asentamientos ya formalizados; se debe incluir a las poblaciones de reciente formación, ya que su reubicación resulta menos costosa y  traumática.

5. La responsabilidad en la generación de condiciones de riesgo debe ser penada, como lo señala la ley, para lo cual se requiere de la acción del poder judicial y de mecanismos para facilitar las denuncias públicas.

6. La gestión de riesgo no sólo debe ser gubernamental, la sociedad civil, y en particular la población organizada, debe participar a través de plataformas o redes, algunas ya existentes.