Escrito por Alberto Frydman Revista Ideele N°268. Marzo 2017

No quiero ser -ni parecer- “General después de la batalla” y ser yo quien juzgue si los departamentos de inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hicieron lo correcto al invertir en la empresa Graña y Montero, sabiendo además que dicha empresa constituye una de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima, y es (era) una empresa tanto con fundamentos sólidos como de reconocida trayectoria. Tampoco puedo atreverme a responsabilizar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) pues no se habría violado subrepticiamente ninguno de los límites de inversión impuestos por la entidad supervisora; ni por emisor, ni por instrumento, ni por grupo económico. Pero si puedo señalar algunos puntos relacionados con este acontecimiento que hubieran ayudado a evitarlo, de eso estoy seguro.

Para empezar, desde mi punto de vista lo ocurrido con las inversiones de las AFP en la empresa constructora es en primera instancia responsabilidad de algunos directores que representan a las AFP (o sea a los afiliados) en las empresas receptoras de fondos. Al parecer dichos directores no habrían estado informados o quizás tenían conflictos de interés que no habían sido declarados: los vínculos que mantenía Graña y Montero con la empresa Odebrecht, -y las suspicacias sobre la legitimidad de esos vínculos- ya habían sido puestos en entredicho por el semanario en Hildebrandt en sus Trece en el año 2010 en dos columnas de opinión[1]. Ahora ya es sabido que por lo menos un director independiente de las AFP mantenía vínculos comerciales con Graña y Montero debido a que la consultora para la que él laboraba prestaba servicios de consultoría para la misma empresa constructora.

El problema de fondo -y de trasfondo-  no es la pérdida de 700 millones de soles por inversiones mal realizadas (según cálculos de la SBS), los problemas son más profundos y anteceden a esa mala decisión; se refieren entre otros a la transparencia del sistema, a los conflictos de intereses, y a la pluralidad de opiniones: Trataré de referirme brevemente a cada uno de ellos en las siguientes líneas.

Conflictos de interés

En diversas oportunidades leo en los periódicos a profesionales que defienden a capa y espada al Sistema Privado de Pensiones, objetando cualquier crítica o cambio positivo que se quiera realizar. Por supuesto no hay problema alguno en dar una opinión, pero cuando dicha opinión no es absolutamente independiente y los opinantes tienen un interés personal o profesional en que dichos cambios no prosperen o que las críticas sean contradichas, lo deben manifestar explícitamente al manifestarla. Es frecuente leer a un articulista que firma como “economista” y no como el presidente de una compañía de seguros,  como director de un fondo de inversión en el que invierten las AFP, o como abogado de un estudio que ha sido contratado por las AFP. Desde mi experiencia es responsabilidad de los medios que aceptan publicar dichas columnas de opinión evitar que esto suceda, y para ello deben exigir que se muestre si el que escribe mantiene o ha mantenido alguna relación económica con el Sistema Privado de Pensiones. Finalmente refleja un comportamiento poco ético y deja dudas sobre la profesionalidad del que opina, pero es el medio de comunicación el que decide relajar sus estándares periodísticos.

Según Franyo Zapatta, autor del libro “Mitos y Realidades del Sistema Privado de Pensiones en Chile” los conflictos de interés configuran la denominada “corrupción privada” o “relajo de la ética empresarial”. Esta es la primera lección que quiero que saquemos para que los medios de comunicación asuman su responsabilidad[2].

Transparencia del Sistema

El Sistema Privado de Pensiones no es precisamente un sistema democrático, una “sociedad abierta” ni es representativo del libre mercado, y acá existe una gran oportunidad de mejora de cara a la confianza que deben tener los afiliados sobre las administradoras de fondos. Hay que democratizar el sistema y poner contrapesos a las propuestas que se dan desde las AFP; las regulaciones que emita la SBS,  no pueden ser el único contrapeso. Los afiliados deben estar representados en los directorios de las AFP, en las comisiones médicas, y en los directorios de las empresas que reciben inversiones de la AFP (las AFP tenían el 30% de Graña y Montero). No basta con que la SBS pre publique las normas; debe discutirlas abiertamente con las asociaciones de afiliados de tal manera que las opiniones e ideas fluyan y se contrasten en vivo, cada minuto invertido en el debate ahorrará millones de soles a los afiliados, además de evitar retrocesos (metidas de pata), cambios a reglamentos, y cambios a cambios de los reglamentos!. Hay que empezar promoviendo la formación de una fuerte asociación de afiliados, con presencia constante en los medios (¿alguna vez ha visto afiliados en los principales programas económicos y políticos? ¡es el colmo!) y mecanismos efectivos para elegir a sus representantes que conozcan el sistema en todos sus ángulos -prestaciones, inversiones, derecho laboral, administración, cálculo actuarial-, así como  elegirlos según méritos académicos y experiencia. Los afiliados están dispersos,  no hay nadie que abogue por ellos y nadie los invita a debatir.

Por otro lado existen fuertes vínculos económicos entre las AFP y las empresas en las que ellas invierten. Fue gracias al portal de investigación IDL Reporteros que los afiliados se enteraron del beneficio de dichos vínculos a través de su brillante reportaje “Ventajas de tener una AFP”[3]. El reportaje habría contribuido a que la SBS acelere y haga de público conocimiento donde invertían exactamente nuestro dinero las AFP[4], información que fue desconocida durante más de dos décadas. Hasta hace unos meses, un afiliado solo podía ver cómo se invertían los fondos de manera conjunta – es decir, cuánto dinero se había invertido de todo el sistema en tal o cual empresa- , mas no la estrategia de inversión de cada AFP en dicha empresa.

Pluralidad de opiniones

En mayo del año 2014 se desarrolló en Cuzco el Congreso Internacional de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AAFP), titulado “Fortaleciendo los Cimientos del Sistema de Capitalización para asegurar su Sostenibilidad” organizado por la asociación de AFP, el cual convocó a los representantes de los sistemas de pensiones privados de todo el mundo, y a directivos del mercado financiero. El objetivo era identificar mejoras en el funcionamiento del sistema sobre la base de la libertad económica y el ahorro individual. Sin embargo, ¿cómo mejorar un sistema en el cual los beneficiarios del mismo no están representados en la discusión?  En dicho Congreso no fueron invitados como ponentes los representantes de los afiliados, de la CGTP, de los distintos colegios profesionales, de las asociaciones de recursos humanos y diversos pensionistas que ya pasaron por todo el suplicio del trámite jubilatorio. Invitar a los stakeholders del sistema ejemplificaría un comportamiento democrático y demostraría ganas por escuchar opiniones distintas de los mismos consumidores que serían beneficiados por las mejoras. Es decir, se realizó un evento para ver cómo mejorar un sistema, escuchando únicamente a los mismos representantes del sistema, más no a los supuestos beneficiarios de las mejoras. ¿Se imagina, señor lector,  una empresa que deseara mejorar un producto y que para ello realice un focus group en el que solo sean invitados sus propios gerentes? Si realmente quiero mejorar un servicio (dar pensiones) debo escuchar, también, a los que recibirán esas pensiones; sus experiencias, sus opiniones, sus problemas, sus deseos y expectativas.

Ahora el gobierno estaría formando una comisión técnica para evaluar los sistemas de pensiones en el Perú, ¿será realmente plural o participarán las mismas instituciones de siempre[5]? Tenemos una oportunidad única para convocar a todos los interesados con la reforma y que tienen mucho que aportar.

Por otro lado, la gran discusión que siempre vuelve estriba en qué tan legítimo es que un estado coacte la libertad de los individuos para ahorrar, y ese es un problema de filosofía política, no de economía. Es un problema que radica en cómo se entiende el liberalismo, el paternalismo; en otras palabras las funciones de un estado en la sociedad. Pero no solo los filósofos políticos deberían ser consultados, el conocimiento sobre la forma de pensar del peruano, el cómo toma decisiones, cómo entiende su entorno y sus problemas, lo tienen los antropólogos, los sociólogos, no los economistas ni los abogados.

Sin embargo, de manera curiosa, la mayoría de personas a las que se le da cabida en la prensa, radio y televisión para opinar son economistas y abogados (eso claramente no es muy plural), relegando de esta manera a personas preparadas para entender los problemas del Perú de manera integral -léase la informalidad, los miedos, las diversas culturas del Perú, las expectativas, las relaciones familiares, el rechazo al estado- y plantear soluciones que conversen con la diversidad nacional. El gran economista Oscar Ugarteche señaló en una entrevista a El Comercio que….”el oficio de economista está hecho para no pensar”[6]. Léalo, es interesante.

Como colofón, las AFP podrían invertir en empresas que no vulneren el medio ambiente o que no estén inmersas en controversias medioambientales y judiciales (o sus socios principales). Acá corresponde a la propia autorregulación de la AFP, de esa manera la AFP se hace socialmente responsable y socialmente aceptada.

[1] Artículos publicados el 11 de Junio del 2010 y el 03 de Septiembre del 2010.

[2] Hay que mencionar también que el principal directivo de Graña y Montero es el principal accionista individual del Grupo El Comercio, el periódico más importante del país. Los medios deberían publicar cuanto reciben de publicidad de las AFP, para así dar el ejemplo de trasparencia.

[3] https://idl-reporteros.pe/las-ventajas-de-tener-una-afp/

[4] Aunque no tengo elementos probatorios, tengo indicios; es más que claro que este reportaje marcó un antes y después en la transparencia de las inversiones de las AFP.

[5] BCR, MEF, SBS, AFP, Ministerio de Trabajo.

[6] http://elcomercio.pe/economia/mundo/oscar-ugarteche-oficio-economista-es…