Escrito por Karina Huaraca Bruno Revista Ideele N°270. Mayo 2017

El 16 de mayo el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral (Grupo de Trabajo) presento su informe ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Sin duda un documento valioso que, por un lado, sistematiza y ordena la actual normativa, y por otro recoge propuestas de los proyectos de ley presentado por el Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y varios congresistas, así como propuestas promovidas desde la sociedad civil como Transparencia y Proética. 

El Congreso, en particular la Comisión de Constitución, se encuentra frente a un gran reto: lograr consenso entre las diferentes bancadas para priorizar medidas que deberían ser aprobadas antes de finalizar el año, a fin de mejorar las reglas electorales para las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Esto no significa de ninguna manera que debamos renunciar al objetivo de tener un Código Electoral integrado, sin embargo, la proximidad de las elecciones 2018 parece indicar que no se tendrá tiempo suficiente para discutir el cuerpo normativo integral en el plazo que se requiere.

Desde nuestro punto de vista es necesario priorizar medidas orientadas a, en primer lugar, promover la integridad de las candidaturas; y, en segundo, fortalecer mecanismos de transparencia en el financiamiento de campañas políticas.

Candidaturas íntegras

Es necesario que nuestra regulación impida que personas condenadas por delitos graves –corrupción, terrorismo, trata de personas, violación sexual y narcotráfico– puedan postular a cargos de elección popular. A modo de ilustrar el actual panorama que nos enfrentamos y la urgencia de aprobar una medida de este tipo, hace poco más de un mes, desde el Blog de TRANSPARENCIA lanzamos un mapa interactivo que presenta “Casos emblemáticos de autoridades sub nacional investigados, procesados o sentenciados”[1].

En dicho mapa, podemos ubicar más de 25 casos de autoridades que estuvieron en funciones los últimos 10 años. En resumen, encontramos que  6 ex autoridades se encuentran en prisión preventiva, 13 condenadas a de prisión efectiva, 3 con condena de prisión suspendida y 6 que integran o integraron el Programa de recompensa del Ministerio del Interior.

Sobre esta medida, hasta el momento, existe consenso respecto a la intención de proteger nuestro sistema democrático de personas con cuestionable hoja de vida. Las distintas propuestas difieren respecto de la aplicación concreta de la restricción. Así por ejemplo, mientras que la iniciativa del ejecutivo brinda una lista de delitos por lo que se impediría la candidatura, el JNE y el Grupo de Trabajo proponen que la restricción sea para condenas de todos los tipos dolosos.

Una medida complementaria es la que se propone en el informe del Grupo de trabajo ampliar el impedimento de postulación a los casos donde la persona se encuentre con medida de prisión preventiva, por ser materialmente imposible que una persona privada de su libertad pueda asumir un cargo público.

Fortalecer medidas de transparencia en el financiamiento de campañas electorales

En campaña electoral las organizaciones políticas tienen la obligación de enviar reportes de ingresos y gastos, de acuerdo al cronograma establecido por la ONPE. En caso de existir incumplimiento se pude establecer dos tipos de sanciones: 1) imposición de multa y/o 2) retirar total o parcialmente el financiamiento público directo. Estas sanciones tienen limitaciones en su aplicación, ONPE tiene la facultad para imponer multas, pero no para cobrarlas. Respecto a la segunda sanción, recién este año se hará efectivo el financiamiento público directo a las organizaciones políticas que tienen representación en el parlamento, no reciben financiamiento las organizaciones que no ganan escaños por lo que en estos casos la sanción tampoco sería efectiva.

El informe del Grupo de Trabajo propone distintas medidas –que coinciden con propuestas de distintos sectores-  para superar las deficiencias actuales en la normatividad de fiscalización a las finanzas partidarias. Primero dotar de facultades coactivas (facultad de cobrar) a la ONPE. Segundo establecer otro tipo de sanciones, quizá las más efectivas sean las políticas suspender o cancelar la inscripción del partido en el registro de organizaciones ante el incumplimiento con la regulación de transparencia.    

Otro de los retos que debe enfrentar la reforma electoral es la opacidad que aún existe sobre el origen de los fondos para realizar actos de campaña electoral. Prohibir aportes anónimos, bancarizar aportes superiores a 1 UIT, establecer topes a los ingresos por actividades proselitistas son algunas de las medidas que también generan consensos mínimos entre las distintas iniciativas y recomendaciones presentadas.   

Fortalecer mecanismos que favorezcan la participación política de la mujer no debe estar ausente en la discusión y priorización de las medidas a aprobar. El Grupo de Trabajo, JNE y el Ejecutivo coinciden en proponer paridad y alternancia para la conformación de listas. Además, se debe discutir figuras como el acoso político hacia las mujeres para enfrentar situaciones de violencia que viven las candidatas especialmente en época electoral.

Uno de los temas en controversia es el porcentaje de 4% exigido para la inscripción de un partido político y establecer años de antigüedad como requisito para participar en procesos electorales. Aunque el informe del Grupo de Trabajo establece que esta exigencia no se aplicaría para los casos en los que ya se haya comprado el Kit electoral para su inscripción, es necesario enfatizar que un elevado porcentaje de firmas o años de antigüedad no debería ser una barrera para el ingreso de nuevas fuerzas políticas. 

Por otro lado, la solo recolección de firmas no garantiza la existencia o vitalidad de un partido político. La reforma electoral nos da la oportunidad para repensar los requisitos que se deberían exigir, por ejemplo, el número de militantes sería un indicador de mayor utilidad y que refleja fortaleza de una organización.

Confiamos que los miembros de la Comisión de Constitución del Congreso realizaran esfuerzos para lograr consensos y priorizar medidas urgentes que pueden ser aplicadas en las elecciones 2018. Es necesario mantener una actitud de diálogo entre distintas bancadas y con la sociedad civil, así como recoger aportes ciudadanos e informar permanentemente sobre el desarrollo del debate.

[1] Es un mapa que está en constante actualización, y que tiene como objetivo mostrar algunos casos de autoridades procesadas.