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A finales de agosto del presente año, el Ministerio Público formalizó una denuncia penal contra Ana Álvarez Rudas, cuyo hijo de cuatro años sufre de convulsiones y es tratado con cannabis medicinal. Se le acusa de delito contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado por el caso relacionado con el decomiso en febrero pasado de 5 kilos de marihuana para la elaboración de aceite medicinal en un laboratorio ubicado en San Miguel.

¿Acaso el Ministerio Público realmente cree que está luchando de manera eficiente contra el tráfico ilícito de drogas? Es cada vez más evidente que la guerra contra las drogas es, en realidad, una guerra contra los más vulnerables. Y así lo sugiere la data disponible sobre el impacto de la aplicación de las leyes de drogas en el sistema penitenciario.

La guerra contra las drogas en Perú, así como en gran parte del mundo, se apoya en el sistema internacional de fiscalización de sustancias establecida en las convenciones y tratados de la ONU de 1961, 1971 y 1988. Dicho sistema prohibicionista establece sanciones criminales para la producción, distribución, posesión y uso de determinadas sustancias psicoactivas y se basa en el ideal utópico de un mundo libre de drogas. La satanización de las drogas declaradas ilegales tuvo un profundo impacto en el imaginario social al considerarlas como la causa principal de inseguridad ciudadana.

Del prohibicionismo nace el mercado ilegal de las drogas. Este capta a personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica a sabiendas que son quienes toman mayores riesgos al ser expuestos al accionar represivo del Estado. Es esencial entonces identificar a quienes conforman la población privada de la libertad por delitos de drogas a fin de entender si las políticas de drogas están bien enfocadas o si, por el contrario, tienen mala puntería.

Queda claro que gran parte de las personas detenidas por delitos de drogas representan los últimos eslabones de la cadena y son además fácilmente intercambiables. Es el caso de los transportistas o burriers dispuestos a arriesgarlo todo para salir de una situación difícil pero cuya detención no afecta en nada las dinámicas del narcotráfico. Es más, se les castiga con todo el peso de la ley en un afán de demostrarle a la ciudadanía que se está luchando contra las drogas con mano dura.

A fin de ilustrar lo mencionado líneas arriba, nos enfocaremos primero en el caso de las mujeres privadas de la libertad. Siete de cada diez mujeres en las cárceles del Perú lo están por delitos de drogas. Sin embargo, muchas se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad: son madres solteras, jefas de hogar a cargo de sus hijos u otros familiares, con bajo nivel de educación, pobres, etc. Las mujeres son particularmente vulnerables y en gran medida invisibles ya que representan una minoría dentro del universo carcelario y, por ende, sus necesidades más básicas son desatendidas. A esto se le suma el hecho de que sufren una doble estigmatización ya que el paso por la cárcel significa que la mujer, además de ser delincuente, no cumplió con su rol de madre, esposa o cuidadora que le asignó la sociedad.

Se sabe muy bien que su detención es un riesgo calculado por los narcotraficantes quienes encontrarán fácilmente a otra persona dispuesta a transportar cierta cantidad de drogas para buscar una salida una situación difícil. Además la amenaza de una sanción severa no previene la comisión del delito (en otras palabras, el continuo aumento de penas no sirve como medida preventiva). Finalmente, el encarcelamiento de estas mujeres tiene un impacto profundo sobre sus familias, sus comunidades y la sociedad en general.

Esta situación de abuso se puede observar también con la persecución policial de usuarios de drogas, a pesar de lo previsto por la ley penal que estipula que la posesión de ciertas cantidades de drogas para el consumo no es punible. Sin embargo, seis de cada diez personas detenidas por la PNP por supuestos delitos de drogas son usuarios. Muchas veces, la PNP detiene de forma arbitraria a usuarios de drogas para iniciar una investigación (basada entre otros en el pesaje de la droga y el examen toxicológico) después de la detención, amparándose en la Constitución, la cual señala que en casos de tráfico ilícito de drogas la detención policial puede ser de hasta 15 días en comparación con 24 horas para otros delitos. El uso excesivo y arbitrario de la detención policial puede tener un impacto profundo sobre las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, tanto a nivel social como económico. Las personas podrían perder su trabajo o ser expulsadas del colegio o de la universidad, ser discriminadas a raíz de su detención, o incluso correr el riesgo de sufrir abusos policiales o ser privadas de libertad siendo inocentes.

El llamado populismo punitivo exacerba las desigualdades, las violaciones a derechos fundamentales y supone una respuesta superficial a un fenómeno sumamente complejo. En este esquema quienes más se benefician de las actuales políticas de drogas son los propios narcotraficantes. Es necesario un cambio de enfoque para considerar el uso recreativo y terapéutico de las sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública y no como un tema meramente penal bajo el lema de “A la droga, dile no”. Esto permitiría implementar acciones concretas de educación, prevención, tratamiento y rehabilitación, así como de reducción de riesgos y daños asociados al uso de sustancias.

A fin de cuentas, la represión penal perpetúa un círculo vicioso de exclusión social para estas personas, lo que a su vez genera más inseguridad y no permite luchar de forma eficiente contra el narcotráfico.

(REVISTA IDEELE N° 274, OCTUBRE 2017)