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En el último año, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha dejado de hablar del indulto a Fujimori de marera intermitente, pese a que la primer ministra, Mercedes Araoz dice que el tema no está en agenda. Y el sentido de sus palabras siempre ha sido el de “se viene”. Pero su propuesta ha pasado a ser más concreta a partir de que comenzó a referirse, unos dos meses atrás, del “perdón médico”, es decir, perdón por razones de salud. Así se confirmó, cuando dijo que no quería otro presidente que se muriera en la cárcel, refiriéndose a Leguía, pese a las innumerables diferencias que había entre uno y otro caso, como inmediatamente muchos se lo recordaron.

Quiere decir que descartó el indulto común, debido seguro a las muchas voces, nacionales e internaciones, que opinaron que no procedía en el caso de Fujimori, por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad, y por secuestro agravado, delito también excluido de la gracia presidencial a partir de una ley dada por el propio Fujimori.

Se cansó asimismode esperar la ley para que procediera el arresto domiciliario, la misma que prometió que firmaría si el Congreso se la enviara. La mayoría fujimorista se negó a aprobar esa ley, diciendo que ellos querían a un Fujimori libre y no preso, aunque sea en su casa. Pero se interpreta con razón que la verdad es quesu lideresa prefiere mantener a su padre en la cárcel para que no le complique su desempeño político, con miras al 2021.

Ahora, lo paradójico es que, si hay alguien que ha sido determinante para que el indulto a Fujimori por razones médicas no pueda ser considerado mínimamente legítimo, ha sido el mismo PPK.

Hablar de un perdón médico, implica de por sí ponerse al margen de la ley, puesto que la única figura que se contempla legalmente como gracia presidencial por razones de salud es el “indulto humanitario”. Este cambio de denominación podría deberse a que PPK estaría pensando primero en intentar un indulto humanitario por la vía regular, pero si este no sale o tarde mucho, procedería directamente al perdón médico, diciendo que se ha hecho uso de una prerrogativa constitucional, de la que el presidente puede disponer por encima de todo tipo de regulación.

El haber reemplazado en el Ministerio de Justicia a Marisol Pérez Tello, quien estaba visiblemente en contra del Indulto, por Enrique Mendoza, quien está a favor, es otro hecho que demostraría que no se trata de un indulto sustentado verdaderamente en razones médicas, sino arreglado.

Peor aún, si lo primero que hizo el nuevo ministro fue echar a todos los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, cuya función es, precisamente, recomendar al presidente los casos que merecen un indulto, sean comunes o humanitarios, decisión que toma en función de un procedimiento preestablecido y la verificación de determinados requisitos.

Esta Comisión venía trabajando muy bien desde hacía varios años y no había sido criticada por nadie, ni siquiera cuando, en el año 2013, manifestó que el estado de salud de Fujimori no justificaba el indulto humanitario. El ministro sacó a sus integrantes de la peor manera y nombró como presidente de la Comisión a Orlando Franchini Orsi, de 92 años, quien reconoció que no sabía ni por qué ni para qué se le había nombrado, por lo que decidió renunciar. Y, error tras error, al poco tiempo el ministro nombró en el cargo a su viceministro, quien viene de trabajar con él en la Corte Suprema, es decir, cero independencia. Es casi como que el ministro se autonombrara presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Paralelamente, en varias oportunidades se ha hecho referencia a evaluaciones médicas que están en curso. Sin embargo, el procedimiento para evaluar si se recomienda o no un indulto humanitario se inicia ineludiblemente con una solicitud de la persona condenada dirigida a la Comisión de Gracias Presidenciales, a la que le corresponde encargar los exámenes médicos a los profesionales que ella escoge, nada de lo cual ha ocurrido. No existe ni la solicitud ni el trámite previo que llevaría al nombramiento oficial  de peritos médicos.

El hecho de quien haya nombrado a los médicos sea el propio presidente PPK, quien está claro quiere indultar a Fujimori, levanta aún más las sospechas de que el indulto se otorgará sin importar cuál sea realmente el estado de salud de Fujimori. Se dice que los médicos ya están trabajando, pero no se sabe de qué instituciones provienen, lo que produce una sensación de que se quiere actuar en base a una política de hechos consumados.

Si PPK creyera realmente que Fujimori se merece un indulto por razones médicas, sea porque se encuentra con una enfermedad terminal o porque la prolongación de las condiciones carcelarias en que está lo pondría en esta situación, sería muy fácil demostrarlo. Bastaría que se permitiera que la Comisión aludida nombre a médicos de gran nivel profesional y de impecable trayectoria, de los muchos que hay en el Perú, y que se muestren al país los resultados de las exhaustivas evaluaciones realizadas, tal como corresponde.

“Esta Comisión venía trabajando muy bien desde hacía varios años y no había sido criticada por nadie, ni siquiera cuando, en el año 2013, manifestó que el estado de salud de Fujimori no justificaba el indulto humanitario”.

Para darle mayor legitimidad a este proceso se podría aceptar el ofrecimiento que hizo el Relator de Derechos de NNU de colaborar con un proceso de observación, que se limitaría a verificar que los profesionales nombrados cumplan con los requisitos yque los exámenes que se han hecho reúnen las garantías del caso.

Si se procediera así, sería muy difícil oponerse al indulto, aun en el caso de las víctimas que, como es fácil de comprender, tienen una sensibilidad especial frente al tema.

Pero si no se procede en esta línea de sentido común, es porque se sabe que Fujimori no está tan mal, como para que se le libere por razones de salud; ni Kenji ha podido exhibir exámenes médicos de parte como una manera de presionar. Quiere decir, entonces, que las razones por las que PKK quiere indultarlo son otras.

Una primera es que, efectivamente, teme que Fujimori muera en la cárcel, pero no por las razones que justificarían un indulto, sino por muerte natural, producto de su edad y por el desgaste físico y psicológico que produce el solo hecho de estar en prisión durante varios años.

Frente a este temor, es fundamental recordar que si la vida de Fujimori puede estar en riesgo por este tipo de razones, es por su propia responsabilidad. Es él quien cometió los delitos que justificaron una condena producto de un largo juicio.

Sobre este mismo punto, tampoco hay que olvidar que son muchísimos los internos que tienen la misma edad o son mayores y que, habiendo cometido delitos muchos menos graves, tienen la muerte más cerca debido a las pésimas condiciones carcelarias en las que se encuentran.

Si se pretende hacer una diferencia a favor de Fujimori, por el hecho de tratarse de un expresidente, que, además, tendría el mérito de habernos salvado del terrorismo, como dice, por ejemplo, su hijo Kenji, se estaría haciendo una distinción que la ley no contempla y que obviamente sería discriminatoria. En todo caso, debería ser alrevés, pues las máximas autoridades deben ser ejemplos para la ciudadanía, por lo que si cometen un delito tienen una responsabilidad mayor. Por lo demás, bajo ningún punto de vista, para establecer las penas y otorgar beneficios penitenciarios, corresponde hacer una especie de ponderación entre lo malo y lo bueno en la trayectoria de una persona.

La segunda motivación que podría tener PPK es que en realidad él nunca tuvo realmente una posición muy crítica frente al fujimorismo, tal como lo demostró con el respaldo público que le dio a Keiko en el 2011, o en declaraciones recientes, como cuando dijo que Fujimori nos había llevado a la APEC y que sin embargo seguía preso.

La tercera tiene que ver con la Real Politike. El cálculo de PPK consistiría en que un Fujimori libre sería un verdadero dolor de cabeza en términos de liderazgo para Keiko, lo que podría dividir a la bancada de Fuerza Popular y al fujimorismo en general.

Sobre las consecuencias del indulto a este nivel, se pueden barajar diferentes hipótesis, pero el solo hecho de utilizar una figura como el perdón médico o el indulto humanitario para objetivos políticos, resulta absolutamente ilegal, lo que generaría una reacción nacional e internacional contraria. Al tratarse de una maniobra que había sido tramada paso a paso, también sería una práctica reñida con la ética, lo cual le quitaría autoridad moral en general al presidente PPK.

Indudablemente puede haber una suma de las tres motivaciones, pero dado el costo político nacional e internacional que tendría indultar a Fujimori sin respetar mínimamente los requisitos que establece la ley, de hecho la última es la que podría estar inclinando la balanza a favor del indulto, que a estas alturas se cree inminente. Hasta se rumorea que si Perú clasificara para el mundial de Rusia, el presidente aprovecharía ese momento, lo que constituiría una especie de psicosocial que haría del perdón presidencial una medida doblemente criticable. Ojalá que no ocurra, pues sería una medida imperdonable y tal vez suicida.

(REVISTA IDEELE N° 275, NOVIEMBRE DEL 2017)