Escrito por Patricia Wiesse Risso, Gerardo Saravia Revista Ideele N°275. Noviembre 2017

El gobierno del presidente Kucsynski ha reiniciado las conversaciones con el consorcio chino Xiamen Ziyin Tongguan para reactivar el proyecto Río Blanco en la sierra de Piura, que hace diez años se paralizó debido a que no obtuvo la licencia social. El retorno de la empresa a la zona ha traído nuevamente la convulsión y actualmente 52 dirigentes están enjuiciados.

A pesar de esta relación entre la empresa y la comunidad, convulsa y enturbiada desde el inicio, los empresarios mineros no han dado su brazo a torcer. Los campesinos se enfrentan a enemigos muy poderosos. Los actuales dueños son el Grupo Zijin, con sede en China, que tiene el 45 % de las acciones. Es la minera más grande de oro en el mercado de valores de China y el segundo productor de cobre y zinc en dicho país. Según Forbes, es la tercera empresa de oro a nivel mundial.

El segundo grupo con mayores acciones en Río Blanco es Tongling Nonferus, con 35% de participación. Ostenta el primer lugar en China y segundo lugar en el mundo por su capacidad en fundición de cobre.

Esta segunda ofensiva empezó en 2013, cuando la empresa contrató a unas personas de la comunidad para que le hagan el trabajo sucio. Las rondas descubrieron en su poder un documento con los datos y movimientos de cada uno de los principales dirigentes: habían realizado un reglaje, ni más ni menos. A partir de ese momento se desataron una serie de hechos que han terminado en los tribunales.

Actualmente 20 dirigentes de Ayabaca y 32 de Huancabamba han sido demandados penalmente por estos excomuneros. Esa cifra crecería si se le agrega el caso de otros 32 comuneros de Yanta que fueron denunciados por otro incidente y que están en un limbo, esperando que una jueza resuelva el pedido de la fiscalía que ha solicitado el sobreseimiento del caso.

Según Osman Mija Carrión, asesor legal de la comunidad Yanta, los demandantes son financiados por la empresa minera y asesorados por el Estudio Payet de Lima. Con una falta de originalidad impresionante utilizan los mismos métodos conocidos para asustar a la población y debilitar a sus organizaciones.

Delincuencia cero

La abundancia de cabuyas y de cabras llaman la atención del que llega por primera vez a la comunidad campesina Yanta, en el distrito y provincia de Ayabaca, en Piura. Sus pobladores viven de la agricultura y de la ganadería. Son pequeños agricultores que cuentan con buena tierra en la parte baja.

Algunos productos como el plátano, el limón, la naranja y el arroz los venden en el mercado; verduras como la yuca, el repollo, el camote y la cebolla son para su autoconsumo. Tienen vacas, burros, chanchos, gallinas y cabras que caminan libremente por la parte urbana de la comunidad. Las caprichosas cabras han hecho mal uso de su libertad y se están metiendo en serios problemas porque ingresan a las casas a comerse lo que encuentren y los comuneros están pensando en encerrarlas nuevamente en sus corrales.

Antes de la reforma agraria Yanta era una hacienda en la que el patrón pedía el diezmo. Los peones debían trabajar gratis una semana al mes. Los arriendos eran de diferentes tipos: a cambio de vivir en la hacienda algunos entregaban una vaca por año y otros ponían diez semanas de trabajo gratuito al año.

Hilario Montalván Pintado es un dirigente de 70 años. Él recuerda que su abuelo era mandadero y lo hacían caminar siete días hasta Piura, descansar un día y luego retornar a la hacienda. Por ese trabajo no le pagaban: él debía llevar su fiambre, su bestia y su alforja; a cambio lo dejaban vivir en esa tierra. Luego fue vaquero en campo libre y sacaba 350 animales a pastar.

Corría el año 1963 y Belaunde Terry empezó una campaña con el lema “la tierra es de todos”. En la hacienda se organizaron para pedir las ocho horas de trabajo. De esa primera gesta surgió el dirigente Bacilio Chanta Grande, que luego se integró a la guerrilla de Luis de la Puente Uceda. Don Hilario recuerda que Chanta tenía su potrero en el Cerro Negro; hasta ahí lo fueron a buscar los policías, le quebraron los pies en el río y lo mataron camino a Ayabaca.

También se acuerda que asistió a varios mítines en la costa en los que Velasco Alvarado era el orador central que proclamaba la reforma agraria. “Yo tenía mi casa, dos hijos, pero no tierras para trabajar. En octubre de 1972 llegó SINAMOS y formamos un comité grande con los 242 vivientes de la hacienda. Cuando íbamos a tomar posesión, los administradores del patrón desorganizaron a la gente. Dijeron que eso era comunismo, que el que tenía más iba a tener que dar sus ganados, y que los hombres debían tener diez mujeres. La gente que tenía más y la que era religiosa tuvo miedo”, relata.

Los psicosociales continuaron por unos meses. Les decían que el gobierno iba a mandar a las tropas. Hasta que sesenta personas decidieron tomar las invernas donde pastaba el ganado. Los trabajadores del patrón intentaron desorganizarlos varias veces a lo largo de los años, solo que no contaron con la llegada de un juez de reforma agraria que se hizo presente para iniciar el proceso de adjudicación de la tierra. Así la hacienda pasó a la categoría de exhacienda.

Don Hilario manifiesta: “Yo era secretario de economía y me metieron al calabozo junto con el presidente y el secretario de vigilancia por gestionar el título de la comunidad. En esa época corría el bolsillito para colaborar con los dirigentes que estaban pedidos en Sullana y Ayabaca. Cuando se los llevaban dábamos cinco soles si era a Ayabaca, y diez si era más lejos”.Tuvieron que pasar 10 años para que la comunidad obtuviera su reconocimiento y ellos tuvieran en sus manos el ansiado título de propiedad.

La tierra fue de todos. En la asamblea general repartieron las parcelas. “El que no tenía pedía un terreno y se le daba para que al menos siembre una lata de maíz”, dice don Hilario. Redactaron sus estatutos: se es comunero a los 18 años. Los ancianos se jubilan a los 65 años pero mantienen sus derechos y pueden hacer uso de las tierras y pastos. Los deberes son asistir a las asambleas, pagar sus cuotas y cooperar en los trabajos comunales.

De esa manera vivieron en paz, salvo por la incursión de los abigeos que empezaron a convertirse en un verdadero problema de seguridad ciudadana. Estos eran por lo general hijos o parientes de los comuneros que habían salido de la comunidad por estudios o trabajo y que habían aprendido los malos oficios. Los rateros se organizaron en bandas y se repartieron el territorio. Actuaban de a dos durante las madrugadas: mientras uno jalaba al animal del corral, el otro lo arreaba. Estaban armados y algunos pobladores que se les enfrentaron fueron asesinados.

Hasta que importaron la organización de las rondas campesinas de Cajamarca. Henry Ramírez Córdova es el presidente de la ronda central de Yanta. Su padre es rondero, así como sus siete hermanos desde que cumplieron los 17 años. Antes de eso, jugaban a ser ronderos, al igual que todos los niños de la comunidad. Se trata de una tradición que se transmite generacionalmente y que se ha vuelto parte de la cultura de toda la región Piura. Las rondas intervienen en caso de robos y de problemas entre vecinos. No ejercen justicia cuando se trata de homicidio, narcotráfico o violencia familar. Esos casos los derivan al Poder Judicial. 

Al principio rondaban todos los días, a partir de las siete de la noche hasta determinada hora de la madrugada. Pero cuando los robos cesaron, la frecuencia se volvió quincenal. Según los dirigentes, los ladrones se fueron hacia la selva y a otros lugares más lejanos.

“Estamos bien organizados. Por ejemplo, la ronda de Yanta tiene ocho bases: Cabuyal, Ania, Jijul, Palcacocha, Ramos, San Sebastián, Portochuelo y Tambo. En el distrito de Pacaipampa hay 10 mil ronderos y en el distrito de Ayabaca somos 15 mil. Ya no hay robos”, asegura Ramírez.

Lo mismo asegura Celso Concha Ruiz, vicepresidente de la comunidad. “No existe la delincuencia. Acá se puede dejar la mochila en cualquier lugar y el que la encuentra se la entregará al presidente de la ronda para que la guarde”.

Por eso es que los animales andan sueltos en esta tierra libre de inseguridad, algo que solo ocurre en los territorios custodiados por las rondas, que son estigmatizadas por algunos sectores citadinos debido a la costumbre que tienen de usar un chicote para castigar al que cometió la falta. Henry Ramírez explica: “Cuando se encuentra a alguien con las manos en la masa se le llama y en la asamblea se le hace ver su falta. Tiene que reconocer su error y prometer que no lo va a hacer más. Luego por mayoría se establece si necesita que se le discipline. Eso significa recibir algunos chicotazos. Es parte de nuestros usos y costumbres que reconoce la Constitución del Perú”.

“Los psicosociales continuaron por unos meses. Les decían que el gobierno iba a mandar a las tropas. Hasta que sesenta personas decidieron tomar las invernas donde pastaba el ganado”.

La función, la vida y las preocupaciones de la ronda han variado. Hace catorce años los ronderos se vieron forzados a asumir la defensa de su territorio, y de vigilantes de la seguridad ciudadana se convirtieron en defensores medioambientales.

El Cerro Negro y el Río Blanco

La comunidad Yanta y la comunidad Segunda y Cajas, que pertenecen a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, tienen una parte alta de cerros cubiertos de neblina casi de manera permanente. El más imponente es el Cerro Negro. Es peligroso llegar a esa zona, sobre todo si no se conoce bien el territorio. Es zona de nacientes de ríos y cuencas a solo cincuenta kilómetros de la frontera con Ecuador.

El año 2002 el gobierno de Alejandro Toledo le otorgó una concesión de casi 28 mil hectáreas a la empresa británica Monterrico Metals Company, que ubicó su proyecto en la naciente del Río Blanco, un frágil ecosistema en el que nacen el río Huancabamba; el río Quiroz, que riega el valle de San Lorenzo, el de los mangos y limones; y el río Chinchipe, que corre hacia Jaén y San Ignacio en Cajamarca, y que luego se dirige hacia el Amazonas.

Los yantinos tenían referencia de la lucha del pueblo de Tambogrande contra la empresa Manhattan, que se instaló en esa área costeña de Piura y que encontró yacimientos de oro, plata y zinc en la fase de exploración exactamente debajo del pueblo, lo que requería de la reubicación de sus 25 mil habitantes. Esta es una zona rodeada de caseríos agrícolas que colindan con el valle frutícola de San Lorenzo, uno de los más ricos y de mayor productividad del país. El municipiorealizó una consulta popular en la que más del 90% de la población votó en contra del proyecto minero. La empresa paralizó sus actividades y se retiró del país.

Por eso es que los ronderos pidieron asesoría a los dirigentes de Tambogrande y capacitación a expertos en medio ambiente, y poco a poco su discurso fue incorporando aspectos relacionados a la importancia de las fuentes de agua, la fragilidad de los páramos y los peligros de la contaminación ambiental.

Don Hilario afirma: “La comunidad de Yanta es la productora de agua porque arriba, a 30 kilómetros, hay lagunas que alimentan el agua de los ríos que bajan a la costa. Al agua la queremos los seres humanos, los animales, los vegetales”. 

Y Henry Ramírez manifiesta: “Estamos de acuerdo con el desarrollo minero que promueve el Estado en lugares donde no afecte la agricultura y ganadería. El lugar donde quieren establecer la mina a tajo abierto es el de las fuentes donde están las lagunas que riegan la parte baja de la costa”.

En abril de 2004 la policía mató al rondero Reemberto Herrera cuando participaba en una marcha de sacrificio que llegó al campamento minero. Fue el comienzo de una serie de enfrentamientos que no han parado hasta hoy. Al año siguiente subieron hasta el río Blanco 15 mil campesinos de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén y fueron recibidos con balas y bombas lacrimógenas. Veintiocho campesinos fueron atacados, detenidos y torturados en una acción conjunta de la DINOES y la empresa de seguridad privada Forza.

Lejos de que se sancione a los culpables, la fiscalía abrió proceso a 107 manifestantes, entre campesinos y autoridades locales. Se les acusó de delitos contra el patrimonio, violencia y hasta terrorismo. Todos fueron absueltos siete años después.

El 30 de setiembre de 2007 en los distritos de Carmen de la Frontera (provincia Huancabamba), y Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca) los gobiernos locales realizaron una consulta popular en la que la población votó mayoritariamente en contra de la minería. El 94.54% marcó el “No”, mientras que el 1.58% marcó el “Sí”.

En ningún momento hubo licencia social. La ley establece que se requiere que las dos terceras partes de la comunidad estén de acuerdo para que se pueda aprobar una exploración minera. Este conjunto de hechos obligó finalmente al gobierno de Alan García y al de Humala a mantener el proyecto en la congeladora, pero luego de unos años el conglomerado chino, que ya era el nuevo dueño del proyecto, mandó trabajadores a la zona para volver a organizar la ofensiva.

Desde 2009 la empresa minera montó un trabajo de inteligencia con expertos de Lima para mapear y seguir a las personas que consideraban contrarias a sus intereses. El excomandante de la PNP Pedro José Vargas Lamela fue el encargado, y el que refirió la estrategia en una radio local, luego de que no le quisieron pagar por sus servicios.

“Yo brindaba seguridad a la ONG Integrando, una institución que abastecía de semillas de trigo a las comunidades campesinas. Esa era la fachada, pero la realidad es que estaban engañando al pueblo para acercarse a Yanta donde está la mina”, revela Vargas.

Otro de los trabajos que le encomendaron fue recolectar firmas para inscribir a un tal Partido Laboral del Norte y buscar a candidatos con el perfil adecuado, es decir, influyentes y que estuvieran de acuerdo con el proyecto minero. La empresa pretendía dar un paso más allá al tener una presencia directa en la política.

Luego del traspié con Vargas, la empresa decidió cambiar de táctica y trabajar con lugareños. Para ello contrató a cuatro excomuneros que prepararon el documento del reglaje en el que clasificaban de radicales y ultraradicales a los dirigentes, especificaban de qué vivían, sus horarios, las distancias entre sus viviendas, cómo se podía llegar a ellas y las zonas de escape que utilizaban. Ellos son Armando Acha, Noé Peña, Manuel Benigno Peña, Artemio Jiménez Ruiz, Gilberto Yacsahuanga y Efraín Yacsahuanga, quienes se reunían en la casa de este último y simulaban participar en un taller sobre el cultivo de mango y mandarina.

Ronald Castillo, de la comunidad Andurco, en Ayabaca, sostiene que a él lo habían clasificado como ultraradical y señalaban dónde vivía y a qué se dedicaba. “Al señor Noé le encontraron planos y fotos. Son promotores que trabajaban de manera encubierta”, añade.

Los ánimos se caldearon cuando los ronderos tuvieron en sus manos el reglaje. Inmediatamente convocaron a estas personas a una asamblea de urgencia. El presidente de la comunidad Yanta Julio Granda Morales sostiene con firmeza que hubo infiltrados. Celso Concha, el vicepresidente, manifiesta que eran 4 familias y que entre todos sumaban 20 personas las que estaban trabajando para la empresa. 

El asesor legal de la comunidad Yanta es Osman Mija Carrión, quien tiene una pequeña oficina en la ciudad de Ayabaca. Él estuvo ese mes de julio de 2013 en la asamblea en la que los promotores encubiertos fueron confrontados, y confirma que aceptaron su responsabilidad y que reconocieron que la empresa le pagaba dos mil soles mensuales a cada uno. Añade: “Por este motivo hubo una sanción de acuerdo a sus usos y costumbres y recibieron los latigazos”. La comunidad decidió descalificarlos por haber cometido una falta grave, anularles sus derechos de posesión e iniciar el proceso de reversión de sus tierras.

Empapelados

Osman Mija sostiene que el estatuto de la comunidad determina que si un comunero comete una falta grave pierde su derecho de posesión. Les dieron un plazo de un mes para que retiren sus pertenencias de esas tierras y comunicaron su decisión a las autoridades de Ayabaca.

“Como los señores no cumplieron con el plazo, se les amplió por 15 días más y luego la comunidad decidió cumplir con el acuerdo. Cuatrocientos comuneros llegaron a las parcelas a impedirles la entrada y se produjo un enfrentamiento”, relata el abogado. En ese momento el profesor Óscar Ruiz Colchero, que apoyaba a los excomuneros, sufrió un ataque de epilepsia, cayó en una alambrada y el golpe le produjo lesiones y arañones.

“La empresa pretendía dar un paso más allá al tener una presencia directa en la política”.

A los seis días estas personas fueron a la comisaría de Ayabaca y sentaron la denuncia por usurpación agravada y lesiones graves, y además por secuestro. “Dijeron que les escupimos, que los colgamos de los huevos y que los secuestramos, que los atacamos con palos y machetes cuando todos saben que solo usamos nuestro chicote”, manifiesta el presidente de la ronda de Yanta Henry Ramírez.

Con la asesoría del mencionado estudio limeño empezaron a demandar de manera compulsiva e indiscriminada a los dirigentes. Treinta y dos comuneros de Yanta fueron demandados por secuestro, relacionándolos a la tragedia ocurrida en las alturas del Cerro Negro, donde la empresa mandó una expedición a cargo del topógrafo Zózimo Pastrana para realizar un levantamiento topográfico y elaborar un plano de las comunidades campesinas ubicadas dentro de las 36 concesiones de la minera.

Esta aventura medio improvisada terminó con la muerte del topógrafo y dos trabajadores. (Leer recuadro). Antes de morir los expedicionarios mandaron a seis de sus guías locales a pedir ayuda. Cuando estos bajaron de la parte alta llegaron a Cabuyal y los ronderos los interrogaron. Los guías les dijeron que eran trabajadores del proyecto Río Blanco, pero en ningún momento les informaron que había un grupo que se había quedado y que corría peligro. La ronda los retuvo y los trasladó a Pacaipampa y de ahí a Piura, ciudad en la que estas personas sientan la denuncia por secuestro.

“Por este caso la fiscalía ha pedido el sobreseimiento al no encontrar causas para armar una acusación, y solo falta que la jueza emita la resolución. Estamos a la espera”, sostiene el abogado.

A estos hay que sumarles los 52 comuneros procesados que ya fueron mencionados. Muchos de los dirigentes tienen dos procesos. Henry Ramírez es uno de ellos, así como Esther María Pintado, que era la presidenta de la ronda cuando se produjo el enfrentamiento en Yanta. “Dicen que soy secuestradora y usurpadora. Eso es falso. Los jueces quieren que nos autoinculpemos y nos presionan. Ya son tres años en estas denuncias. Somos dos mujeres denunciadas. La otra también está sola con su hijo”.

Otro dirigente sectorial de la ronda, Víctor Raúl Acha Jiménez, exclama: “Habíamos acordado que salgan de las parcelas y estos señores necios no lo hicieron. Por eso los hemos despojado y ellos nos han denunciado y calumniado. Actualmente nos tienen intimidados; tanto gasto, tanto maltrato”.

Osman Mija enfatiza que todos los denunciados son dirigentes: el presidente de la ronda, el de la comunidad, los tenientes gobernadores, y que además han dado nombres de algunos de ellos que ni siquiera estuvieron presentes en el hecho. Para Mija el poder económico está comprando jueces, fiscales y policías. “La propia fiscalía solicitó el sobreseimiento de la denuncia por secuestro, pero el Estudio Payet presentó un recurso de apelación a la Sala Penal de Sullana y esta no lo aceptó. Esto es insólito, por decir lo menos”.

Don Hilario dice que formar y mantener la comunidad le ha costado 46 años de lucha, y que a los 70 años está resuelto a entregar su vida por ella. ¿Cómo luchar contra esta convicción? Esta vez no podrán romper la pita porque se trata del lado más fuerte.

Muerte en las alturas Otro hecho que ha echado sombra sobre el proyecto minero  es la muerte de tres de sus  trabajadores. En julio de 2015 fueron encontrados los cuerpos de la periodista Aleida Dávila Montes, el topógrafo Zózimo Pastrana Quezada,  y el cocinero Manuel Tacure Saavedra. La causa de la muerte fue hipotermia por la exposición prolongada a temperaturas tan bajas. La muerte de los trabajadores generó  muchas dudas. La expedición solamente había sido planificada para cuatro días. No era una situación fácil. El terreno a explorar era complicado y se debían contar con las condiciones logísticas adecuadas. ¿Por qué se amplió el número de días? ¿Por qué solamente fue un número reducido de personas quien siguió con la expedición una vez que supuestamente se había cumplido el plazo? ¿Se hizo el chequeo médico a todos los integrantes para saber si estaban en condiciones de soportar las condiciones adversas que implicaban ciertos niveles de resistencia física? ¿Por qué la empresa demoró tantos días en hacer la denuncia de la desaparición si sabía que la comisión  solo iba a durar cuatro días? La fiscalía consideró que había indicios razonables como para abrir una investigación a la empresa por homicidio culposo. El caso fue archivado un año después, sin haberse realizado las pericias encargadas para esclarecer el hecho. De acuerdo a las declaraciones de los demás integrantes de la expedición, el topógrafo Pastrana les había ofrecido un pago extra de cien soles diarios a quienes lo acompañasen. Uno de los que se sumó, el cocinero Manuel Tacure,  sufría del corazón y nunca debió ser considerado en dicha comisión. Al inicio los familiares denunciaron el hecho y apoyaron la investigación de la fiscalía, pero luego desistieron. La empresa actuó con celeridad: indemnizó a las familias, a  algunas les otorgó 180 mil soles  y a otras 270 mil soles. Junto con la reparación firmaron  un acta  en la  que se comprometían a no acusar a la empresa en el futuro. En su defensa la empresa exhibió el contrato que firmó con Pastrana, en el que se precisaba que éste no podía hacer acciones que no estaban establecidas en el plan inicial sin su expresa autorización. De esa manera  querían demostrar  que la ampliación de la expedición fue iniciativa de Pastrana y que la empresa no tenía responsabilidad. Sin embargo, la viuda indicó que la firma que aparecía en el documento no era de su esposo. La fiscalía ordenó que se haga la pericia, pero el examen nunca se llevó a cabo. El periodista Ralph Zapata realizó una investigación periodística para el diario regional “El Piurano”, en la que recoge varios indicios que contradicen la versión oficial. Por ejemplo, la expedición debía durar solo 4 días (del 4 al 8 de julio). Sin embargo, el mismo 8 de julio la empresa le compró a Pastrana un pasaje para el 11 de julio ¿Por qué? Tampoco se explica por qué la empresa denunció la desaparición a destiempo y que no tuviese activado ningún plan de rescate. La investigación de Zapata recoge también los cuestionamientos que tenía, en ese entonces, la viuda de Pastrana: que la minera había  incumplido el reglamento de seguridad y salud ocupacional, el cual  manda suspender las operaciones en áreas que presenten riesgos a la seguridad e integridad de los trabajadores. Este reglamento también señala que  nadie debería ingresar a ambientes abandonados sin antes haber identificado, con medios adecuados, los peligros y riesgos. Si bien los muertos no pueden hablar, los hechos parecen reveladores: el 7 de julio del 2015 debió haber terminado la expedición, el 11 ya se tenía la certeza que estaban perdidos, pero el 15 recién se denuncia. Un año después del valiente impulso fiscal por esclarecer los hechos, la investigación fue archivada por la misma persona que la promovió. El fiscal de Ayabaca Néstor Sosa concluyó que Río Blanco no tuvo responsabilidad por culpa en la muerte de tres trabajadores.

Zanahoria y garrote Río Blanco ha retornado y viene con fuerza. Durante los últimos años ha organizado reuniones con las juntas vecinales y con los comités de festividades, en pueblos como Barrio de Ramón Castilla, el Aterrizaje de Huancabamba, el cacerío Lucho y Tocllapite, que no serán afectadas directamente por el proyecto y donde intentan formar su base social. Aplican la táctica de la de la zanahoria y el garrote. Realizan un nutrido programa de actividades en las poblaciones aledañas, mientras efectúan una sofisticada labor de inteligencia para detectar aquellos a quienes consideran sus enemigos. Celebran el día de la madre, del padre, les proyectan videos que señalan las bondades de la mina y las maldades de los antimineros. Luego de estas reuniones les entregan una canasta con polo, gorra, lapicero, cuaderno y toma todo. La vieja historia de la Conquista: oro por baratijas. Los dirigentes comunales de Yanta señalan que en estas reuniones les hacen firmar unos planillones, y que ese sería el origen de las firmas presentadas, con bombos y platillos, en el mes de setiembre en apoyo a la actividad minera. El trabajo de la empresa ha sido silencioso pero intenso. No creen en intermediarios y tienen, más bien, línea directa con lo más alto del poder político. En una publicidad difundida en su página web- retirada hace poco- exhiben  fotos del presidente Kuczynski y la ministra Mercedes Araoz en cordiales reuniones con sus gerentes. Desde el inicio, la gestión de Kuczynski expresó su voluntad de destrabar proyectos de gran envergadura e impulsar algunos proyectos privados que habían estado dormidos. En febrero de este año, el entonces ministro de economía Alfredo Thorne anunció que se iban a reactivar siete proyectos mineros entre los que se encuentran Tía María y Río Blanco. Ganas de meterse en problemas, definitivamente, no les falta. Pero los contactos con la empresa china venían desde antes. En noviembre del año pasado, durante la APEC, el Gobierno suscribió un convenio de promoción del proyecto minero Río Blanco con el consorcio XiamenZijinTongguan. Y como hemos visto, la preparación para el relanzamiento a partir  de las reuniones en los distintos pueblos de Huancabamba se ha venido haciendo desde hace años. El empeño en este proyecto se explica en términos cuantitativos. Son 2,500 millones de dólares en inversión; 5,000 puestos de trabajo directo en su etapa de construcción; 1,200 puestos durante su operación; 7,000 puestos de trabajo indirecto; 200 millones anuales en impuestos. Se calcula un periodo de vida útil de 20 años. Entre el 2016 y el 2018 tiene prevista la obtención de la licencia social y la construcción de las vías de acceso. Entre el 2018 y el 2019 deben concluir los estudios de factibilidad y la aprobación del Estudio de Impacto ambiental (EIA). Entre el 2019 y 2021 deben construir la mina, la línea de trasmisión eléctrica y la producción piloto. El cronograma que tienen es bien ajustado y ya están jugando contra el tiempo.

(REVISTA IDEELE N° 275, NOVIEMBRE DEL 2017)