Escrito por Revista Ideele N°276. Diciembre 2017
Perdón, reconciliación, indulto, impunidad, ¿qué significados y usos pueden tener estas palabras? Unos términos pertenecen a la moral, otros al orden jurídico, y todos se hacen presentes en la vida política.
La vida política es el espacio por excelencia de la puesta en juego de poderes, con mayores o menores dosis de debate, de la fuerza, violencia incluida.
Todos estos órdenes definen tipos de conductas calificables de morales/inmorales, legales/ilegales, y conducentes o inconducentes a una vida pacífica. Pocas veces hay premios para los primeros, pero hay sanciones para los segundos, y órganos especiales para administrarlas y aplicarlas. Tras las sanciones hay figuras y procedimientos para aplicarlas que permiten levantar, si no la sanción, sí el castigo.
No siendo abogado ni filósofo, solamente puedo hacer algunas reflexiones desde las ciencias sociales que conozco.
El indulto a Fujimori –es el cuestionamiento principal- no ha sido hecho aisladamente. Ninguna acción lo es, pero siendo una acción política debe ser evaluada por sus consecuencias en ese orden, tanto a corto como a largo plazo. Y las consecuencias dependen en gran medida de los antecedentes. Vale decir, ¿qué pasaba con el tema de la “reconciliación”? ¿Qué políticas había al respecto, y por parte de quiénes, empezando por el Gobierno? ¿Y reconciliación entre quiénes?
En verdad no hay ninguna política digna de ese nombre, pues no se puede considerar “política” el vacío llamado a que unos y otros olviden “sus odios y rencores”, como si estos surgiesen de la nada y pudiesen entonces volver a ella.
Cuando fue establecida la Comisión de la Verdad en julio del 2001 por Valentín Paniagua, alguien propuso que fuese también “de la Reconciliación”, para que no se limitase a remover y establecer hechos, sino que también sus conclusiones sirviesen para el futuro. Aunque no precisó en qué podría consistir y entre quienes, la propuesta fue aceptada, y Alejandro Toledo cambió su nombre, agregando el encargo adicional[1]. A partir de entonces el término ha rondado en la vida política peruana, sin que hasta el momento se haya llegado a mayores precisiones.
El caso de Fujimori es expresamente complejo porque él en su historia concentra una gama de actos y un estilo de actuación que genera tanto adhesiones fervorosas como rechazos que invocan principios de fondo. Como es usual unos ignoran lo invocado por los otros; a veces ambos se refieren a los mismos hechos, pero son juzgados con criterios opuestos. Hay también, especialmente entre los partidarios, quienes reconocen en alguna medida las conductas que otros rechazan, pero invocan a) que fueron actos necesarios, o que b) en el “balance” predominan los primeros.
Una primera cuestión viene a ser el cambiante contenido de los sujetos de la reconciliación. Inicialmente podría haber sido entre agraviados y agraviantes, Básicamente los primeros fueron aquellos victimizados por la violencia política, sobre todo si no participaron en ella, y los segundos quienes los condujeron a esa situación: los grupos alzados en armas y las fuerzas represoras de tales alzamientos.
Pero ni SL ni las FFAA se han reconocido como culpables de lo que la CVR ni los tribunales los acusan. Posteriormente los intentos de SL de incorporarse a la vida política han sido ampliamente rechazados. Los argumentos son importantes porque también están presentes en el caso de Fujimori: el rechazar haber cometido los delitos imputados, y el consiguiente no arrepentimiento ni pedido de perdón.
Luego ni las víctimas ni los victimarios directos han sido protagonistas centrales de la vida política nacional, sino numerosas y muy heterogéneas fuerzas, entre las cuales terminó descollando aquella que se identifica con la figura personal de Fujimori en razón de su régimen, organización impulsada por sus hijos. En los hechos ha tenido un curso electoral ascendente, constituyéndose en el partido político de mayor presencia nacional con alguna organización, aunque perdiendo dos elecciones presidenciales, cuando era casi imposible ser derrotada en la segunda.
La derrota provino en ambos casos de la formación espontánea de una heterogénea corriente anti-fujimorista, que en coyunturas de elecciones presidenciales ha sido capaz de emparejar las fuerzas electorales en el plano nacional, y cuyo común denominador sería la defensa de la “institucionalidad democrática”, paraguas ideológico que abarca intereses más específicos, como los derechos humanos.
Cabe tener en cuenta que este enfrentamiento está lejos de tener un carácter estrictamente ideológico, sea en términos de derecha-izquierda, o socialismo-liberalismo. Se trata más bien, en el caso de los partidarios, de relievar una acción eficaz frente al fracaso de gobiernos anteriores, mientras que en los segundos lo que ponen en juego son consideraciones fundamentalmente ético-morales y humanitarias.
En ese sentido una primera apreciación de conjunto es que el “fujimorismo” se caracteriza por una actuación en la cual el fin justifica los medios, y éstos se utilizan según criterios de costo-beneficio. En el accionar de Alberto Fujimori tuvieron lugar tanto la continuación de la política anti-subversiva de “tierra arrasada”, como un drástico cambio al percibir sus escasos resultados, hacia la búsqueda de aliados entre las poblaciones afectadas, lo cual incluyó la formación de “rondas campesinas” armadas. Derrotado el senderismo el gobierno desarrolló tanto políticas asistencialistas, como prácticas de esterilización forzosa. Es decir, siempre se emplearon los medios que mejor parecían responder al criterio costo-beneficio. Habría pues en el fujimorismo en su conjunto, incluyendo a sus adherentes, un desdén por las formas y por el orden institucional. Si bien el régimen de los años 90 se caracterizó por el legalismo, por buscar contar con un respaldo legal para diversos actos, este respaldo era ad-hoc, y podía ser modificado con suma facilidad[2].
Por su parte los anti-fujimorismos son heterogéneos, y solamente han cobrado vigencia nacional en momentos electorales, o en la coyuntura del indulto a Alberto Fujimori concedido por Pedro Pablo Kuczynski (24/dic/2017). Entre ellos destacan por una parte los familiares de quienes han sido calificados como “víctimas de la violencia política”, y en particular de manos de las FFAA; por otra está un diverso conjunto de redes unidas por temas éticos –la corrupción atribuida a dicho régimen-, y por la defensa de la “institucionalidad democrática”. El fujimorismo, en razón del accionar de dicho régimen, se mostró dispuesto a invadir la jurisdicción de todos los poderes del Estado, la autonomía universitaria de las universidades del Estado, y los medios de comunicación masiva, entre las instancias más importantes[3].
“En ese sentido una primera apreciación de conjunto es que el ‘fujimorismo’ se caracteriza por una actuación en la cual el fin justifica los medios, y éstos se utilizan según criterios de costo-beneficio”.
Un ensayo de reconciliación
Desde que la CVR entregó su Informe Final, ningún gobierno ni candidatura electoral ha ejecutado ni incluido en sus propuestas políticas sistemáticas de reconciliación. Como hemos dicho, su contenido político posible ha ido variando, pero con la experiencia post-fujimorista y en otros países, es claro que ninguna es posible si no hay un reconocimiento de derechos vulnerados, de actos condenables por cada una de las partes, o de aspectos positivos de la parte contraria. Aquí van algunos ejemplos de proposiciones planteadas por cada uno de los bandos, que deben ser respondidos por el otro, deslindando entre lo que se reconozca y lo que no se acepte de ellos.
Para el fujimorismo
| Proposiciones1) El régimen de Fujimori actuó mediante criterios puramente pragmáticos, sin res-petar principios. El fujimorismo se alinea con tal estilo de hacer política.2) El régimen de Fujimori controló todos los poderes del Estado. Sus herederos tienden hacia lo mismo. Son autoritarios e intolerantes. | Respuestas |
Para el anti-fujimorismo
| Proposiciones1) Muchas de las medidas de AF tuvieron que ser dadas por las difíciles circunstancias que se vivían, y no porque se quisiera tomarlas. Si se trataba de buscar soluciones, no había otro camino: golpe de Estado, represión a la población ante un enemigo invisible, jueces sin rostro, etcétera.2) Fue la transformación del Estado y de la economía que se hizo en los años 90 lo que ha permitido vivir desde entonces con tranquilidad económica.3) No se puede hallar soluciones políticas solamente con principios. De esa manera se descalifica de raíz y se elimina al adversario. El AF termina siendo tan o más intolerante que lo que según él sería el fujimorismo. | Respuestas |
Tiene que establecerse un espacio, polarizado pero común. En este caso concreto –el de Fujimori- cualquier diálogo en ese sentido tiene que prescindir del tema del indulto, al menos en su momento inicial. Debe hacerse bajo el supuesto de la inexistencia de Alberto Fujimori, pues se trata de pensar a largo plazo.
El gran problema es que dentro de la actual situación política todos los líderes principales están bajo graves acusaciones de corrupción. La alternativa está entre “salvarlos”, o deslindar con ellos para salvar a lo que tiene sentido salvar: las fuerzas políticas mismas.
La reconciliación imposible
El otro espacio de reconciliación vendría a estar entre el senderismo y el país. Aquí el problema es diferente, en la medida en que el senderismo se aferra al “pensamiento Gonzalo”, una posición hermética que hace imposible todo diálogo. Salvo error u omisión.
[26/diciembre/2017]
[1] La comisión fue creada el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo N°065-2001-PCM del 2001 y debía culminar el 13 de julio del 2003.
[2] Un caso emblemático de esta forma de actuar fueron las tres “leyes Colán”, llamadas así en razón del apellido de quien fuera por entonces Fiscal de la Nación. Las leyes modificaban las atribuciones de la Fiscalía, según los intereses del Ejecutivo.
[3] Durante todo el régimen, salvo en sus meses finales, fue clave para Fujimori la presencia de Vladimiro Montesinos, nombrado como “asesor” del Servicio de Inteligencia Nacional, pero quien en la práctica ejercía su jefatura. Desde el SIN ocurrió un gigantesco desquiciamiento institucional que comprendía a ministerios, a los otros poderes del Estado, así como a medios de comunicación que fueron “comprados”, con todo lo cual se creó –paradójicamente- un orden que funcionaba para los fines del régimen. Obviamente esto implicó una corrupción también gigantesca, pero aquí era el propio gobierno el agente corruptor. Tras la caída del régimen las huellas de este desquiciamiento y el estilo político que dejó han sido sumamente profundos.
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