Escrito por Mariella Villasante Revista Ideele N°276. Diciembre 2017

La crisis que vive actualmente el Perú puede interpretarse como el resultado final de casi 18 años de errores constantes de los gobiernos de turno, de una clase política desastrosa, del silencio de la mayoría de intelectuales y del abandono general de la gran mayoría del pueblo peruano pobre, excluido y con muy poca educación. Para decirlo en una palabra, vivimos actualmente las secuelas políticas de la guerra interna de los años 1980-2000, que no nos hemos atrevido a afrontar hasta ahora, prefiriendo el olvido y la indiferencia apática favorecida por el discurso del dictador Alberto Fujimori desde su golpe de Estado de abril de 1992, y retomada por todos los gobiernos desde el periodo de transición. Ni Alejandro Toledo, ni Alan García, ni Ollanta Humala, ni (menos aún) Pedro Pablo Kuczynski han tenido el coraje político, la honestidad moral, o el patriotismo (el afecto por la patria) indispensables para favorecer una toma de conciencia de la verdad histórica de los hechos de la guerra interna. Para que la extrema violencia no se repita, para que saquemos las enseñanzas de una guerra atroz que ha causado la muerte de más de 70,000 peruanos, sobre todo en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco y San Martín. Ello en medio de la corrupción más importante de toda la historia del país vivida durante el régimen de Alberto Fujimori.

En efecto, la crisis actual pone en relieve el hecho evidente que la verdad histórica develada en el Informe Final de la Comisión de la verdad y la reconciliación en agosto de 2003 es prácticamente desconocida en el Perú, y que las recomendaciones al Estado peruano han sido totalmente olvidadas durante 17 años. Es el momento de recordar algunas de esas verdades que se han dejado de lado durante casi dos décadas y que representan el trasfondo social y político de la aguda crisis de gobernabilidad actual.

• El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) fue el iniciador de la guerra interna y es responsable de 54% de víctimas fatales de la guerra; el Estado peruano, que dirigió a las fuerzas del orden es responsable de 30% de muertes; las milicias civiles (rondas campesinas y nativas) y los grupos paramilitares son responsables de 15% de las muertes; y el Movimiento revolucionario Túpac Amaru (mrta) de 1% de las muertes (Informe final de la CVR, Hatun Willakuy 2004 y 2008).

Estos datos históricos rinden cuenta de la complejidad de la experiencia peruana a nivel latinoamericano; en el Perú no hubo “un enemigo” o “un gran responsable de la violencia” como lo fueron los militares en las dictaduras de Chile y de Argentina; en el Perú; los tres sectores que protagonizaron el conflicto armado cometieron masacres y crímenes contra la humanidad: el pcp-sl, las fuerzas del orden y las milicias civiles. En el Informe Final (accesible por Internet) se encuentran datos muy precisos sobre los crímenes de los dos primeros, aunque faltan informaciones sobre los crímenes de las milicias civiles. Sin embargo, fueron esas milicias, los ronderos, quienes decidieron la derrota militar de Sendero Luminoso, grupo totalitario que lanzó una sangrienta “guerra popular” contra el Estado y contra la sociedad del Perú. Y la cúpula senderista fue capturada por el Gein de la Policía peruana, no por los militares, ni por Fujimori. Esta verdad histórica ha sido manipulada hasta ahora pues la propaganda del “triunfo de la pacificación” del país “gracias a Fujimori” es una falacia admitida por una mayoría del pueblo peruano (basta leer los comentarios dejados por muchas personas en los periódicos en las últimos días y la encuesta de Ipsos que constata que 56% de peruanos apoya el indulto al dictador Fujimori).

• Cuando Alberto Fujimori llegó al poder en 1990, en un momento de gravísimo transe político, económico y militar, difundió un discurso de propaganda, es decir una creencia o una invención que distorsionaba los hechos, según la cual la única manera de afrontar al terrorismo era la estrategia del arrasamiento y de la violencia estatal contra las poblaciones rurales acusadas de apoyar al terrorismo. Como ha sido establecido en el Informe final de la CVR (http://www.cverdad.org.pe/ifinal/, mas de 5,000 paginas), Fujimori aceptó la continuación de la estrategia contrasubversiva con amplio margen de maniobra, lo cual implicaba la impunidad para los responsables militares de violaciones de derechos humanos; aun cuando paralelamente se pusiera en práctica, desde 1989, la nueva estrategia de acercamiento a la población civil en las zonas declaradas en estado de emergencia.

[Ver 2.3. La década de los noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori, http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20III/Cap.%202%20Los%20actores%20polIticos/2.3%20LA%20DECADA%20DEL%2090.pdf y la versión resumida Hatun Willakuy 2004, Capítulo 5].

Desde que Fujimori asumió la presidencia aceptó la continuación de la estrategia dirigida por las Fuerzas armadas, que dejaba un amplio margen de maniobra, incluyendo la impunidad para los militares responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Progresivamente el presidente se deshizo de sus colaboradores, profesionales y muchos vinculados a la izquierda; y creó una camarilla de poder efectivo en la cual Vladimiro Montesinos tenia un rol central, apoyado por su hermano Santiago Fujimori, por Augusto Antonioli y por Absalón Vásquez (Hatun Willakuy 2004: 311-312). La impunidad por los crímenes de la lucha “anti-terrorista” continuó, como en los gobiernos de Belaunde y de García. Las Fuerzas armadas lanzaron el Plan de campaña para la contra subversión, 1990-1995, extendiendo sus acciones militares en los asentamientos de Lima, en las universidades nacionales, en la selva central, y en el nor-oriente (Valle del río Huallaga). Los militares querían eliminar la fiscalización de las instituciones democráticamente electas e instauraron un sistema de impunidad generalizado; la justicia militar prevalecía sobre la justicia ordinaria. A partir de junio de 1991, y sobre todo después del golpe del 5 de abril de 1992, Fujimori gobierna con su brazo derecho Montesinos y logran un control efectivo de la administración nacional (por la vía de los decretos leyes), y de las Fuerzas Armadas, totalmente sometidas a Fujimori y Montesinos. En este proceso, el general Hermoza Ríos jugo un rol central de sumisión de las fuerzas armadas al poder político “oficial” a cambio de la impunidad total por sus acciones ilegales de lucha contra la subversión (Hatun Willakuy 2004: 312 et sqq.)

La Policía estuvo subordinada a los mandos militares en parte, y en también concentrada en un trabajo de inteligencia destinado a capturar a los altos jefes del Pcp-sl y del Mrta. El Grupo especial de inteligencia (gein) de la dircote fue responsable de la captura de Abimael Guzmán y de su cúpula en setiembre de 1992. Ni los militares ni el dictador Fujimori tuvieron que ver con este hecho, contrariamente a la propaganda oficialista difundida ulteriormente.

El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori dió un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el parlamento e inició una era de autoritarismo, de avasallamiento de los principios democráticos y de corrupción al más alto nivel del Estado y de las Fuerzas Armadas. Siguiendo el lema maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”, Alberto Fujimori y sus secuaces crearon el grupo paramilitar Colina dirigido por el Servicio de inteligencia nacional (SIN), en manos de Montesinos, para asesinar y secuestrar a los “terroristas”, en realidad a cualquier persona que se oponía al régimen o incluso que eran un “estorbo” para los mafiosos locales [como en el Caso de Pativilca, como veremos mas adelante]. El 3 de noviembre de 1991 el Grupo Colina asesinó 15 personas, entre los cuales un niño, en una casa de Barrios Altos. El 2 de mayo de 1992, el Grupo Colina asesinó a 9 sindicalistas de Santa. El 10 de julio de 1992, el Grupo Colina asesino a 10 universitarios (9 estudiantes y un profesor) de La Cantuta. En total, los miembros de este grupo paramilitar han sido inculpados por haber asesinado a 27 personas y de haber hecho desaparecer a otras 28 personas.

• Durante diez años, Alberto Fujimori, su brazo derecho Vladimiro Montesinos y sus aliados militares convencieron al pueblo peruano —por medio de la propaganda en los medios “chicha” que ellos controlaban— que “el fin justifica los medios”, y acostumbraron a todo el mundo a considerar que los llamados “excesos” o “errores” son parte de los “daños colaterales” de la guerra.

Durante el fujimorato, las principales masacres cometidas por las fuerzas del orden y por el Grupo Colina fueron: [*Juicio abierto, **Los casos investigados por la CVR, Tomo VII, IF]

—     19 de abril de 1990, Chumbivilcas** (Cusco), 21 campesinos asesinados por los militares, previas torturas y violaciones.

—     21-22 setiembre 1990, Chilcahuayco* ** (Ayacucho), entre 23 y 27 campesinos asesinados, enterrados en fosas comunes.

—     4 de julio de 1991, Santa Bárbara* ** (Huancavelica), 15 campesinos (7 niños), ejecutados.

—     3 de noviembre de 1991, Barrios Altos* **(Lima), el Grupo Colina ejecuta 15 civiles (un niño), ejecutados.

—     19 de enero de 1992, Apiza* **(Huallaga), militares y policías asesinan 32 personas (2 niños), previas torturas y mutilaciones.

—     29 de enero de 1992, Pativilca* (Lima), el Grupo Colina ejecuta 6 personas.

—     2 de mayo de 1992, Santa* **(Ancash), el Grupo Colina ejecuta 6 sindicalistas.

—     6 y 9 de mayo de 1992, Prisión de Castro Castro* **(Lima), la policía y los militares asesinan 42 presos, 2 de ellos ejecutados.

—    18 de julio de 1992, La Cantuta* **, el Grupo Colina ejecuta 9 estudiantes y un profesor, los 10 cuerpos se entierran en diversos lugares.

—     22 de abril 1997, Operación Chavín de Huantar**, militares y policías matan a 14 miembros del Mrta, de los cuales 8 son ejecutados (IF, Tomo VII: 514-520).

El Grupo Colina perpetró además otros crímenes:

—     El 18 de diciembre de 1992: asesinato de Pedro Huilca Tecse, secretario general de la CGTP.

—     El 25 de mayo de 1992: asesinato del periodista Pedro Yauri.

—     El 22 de marzo de 1997, asesinato de Mariela Barreto, miembro del Sin y pareja de Santiago Martín Rivas, capitán del ejército peruano y jefe de facto del Grupo Colina.

Sobre un total estimado de 32 hombres y 6 mujeres del Grupo Colina, 13 han sido procesados y condenados a penas de prisión yendo de 55 años (Jesús Mateo Sosa), à 35 años (Santiago Martin Rivas y Arturo Pino) y el resto de reos a 25 años de cárcel. Vladimiro Montesinos ha sido condenado, junto con otros miembros del Grupo Colina, a 10 años de prisión por la matanza de Barrios Altos y por el asesinato de Pedro Yauri. La sentencia ha sido confirmada —como en el caso de Alberto Fujimori por su autoría mediata en la matanza de Barrios Altos—, por la Corte Suprema.

• Durante el régimen de Alberto Fujimori la violencia extrema se abatió entre los pueblos nativos de la selva central (Ashaninka, Nomatsiguenga y Yanesha), tanto de parte de las Fuerzas armadas y de los ronderos como de parte de Sendero Luminoso. La CVR (IF, Tomo V: 241-277) ha estimado que sobre un total aproximado de 50,000 nativos Ashaninka y Nomatsiguenga (según el Censo de 1993), 10,000 nativos fueron desplazados por la fuerza, y por lo menos 6,000 nativos han muerto de hambre, de enfermedad o de asesinato en lo que he categorizado como “campos de concentración” senderistas (Villasante, 2017, in Revista Ideele n°275, http://revistaideele.com/ideele/content/los-campos-de-concentración-senderistas-y-los-niños-soldados-en-el-perú-desaf%C3%ADos-para-el).

Esta cifra altísima de muertes no ha sido incluida en la estimación total de víctimas de la guerra interna. De otro lado, ni el régimen fujimorista, ni ningún gobierno ulterior, ha apoyado la búsqueda de los responsables militares, civiles y senderistas de las masacres, de las desapariciones forzadas, de las torturas y de las violaciones sexuales en la selva central, hasta la fecha. Citemos las principales masacres en la selva central, que figuran en el IF de la CVR, afectando principalmente campesinos Ashaninka y Nomatsiguenga y en algunos casos a campesinos Andinos instalados en esta región (*Casos no investigados): 

— 14 de marzo de 1990, San Martín de Pangoa (Satipo), senderistas asesinan entre 50 y 150 nativos.

— 15-27 de marzo de 1990, Sannenni (Satipo), ronderos Andinos asesinan 15 nativos.

— 6 de abril de 1990, Alto Paureli (Satipo), senderistas asesinan 21 campesinos andinos.

— 13 de abril de 1990, Naylamp de Sonomoro (Satipo), senderistas asesinan 21 Andinos.

— Mayo de 1990, Puerto Ocopa*, senderistas asesinan 10 Andinos.

— Mayo de 1990, Shanki* (Satipo), militares asesinan 2 campesinos y desaparecen 10.

— 19 de junio de 1990, Marankiari* (Satipo), senderistas asesinan entre 30 y 80 nativos.

— 1991, los Sinchis y los ronderos liberan cerca de 2,800 Ashaninka de los campos de SL.

— 3 de junio de 1991, Alto Chavini* (Satipo), senderistas asesinan 15 ronderos.

— 1992, Tivoriari (Satipo), militares asesinan 29 Ashaninka y lo entierran en una fosa común.

— 3 de abril de 1992, Pichanaki* (Satipo), senderistas asesinan 14 campesinos andinos.

— 11 de agosto de 1993, Satipo*, senderistas asesinan 54 Ashaninka.

— 18-19 de agosto de 1993, Valle Tsiriari (Satipo), ronderos y militares asesinan 72 campesinos (21 Nomatsiguenga, 16 niños).

— 11 setiembre de 1993, Pichanaki (Satipo), ronderos Ashaninka y militares asesinan 10 campesinos andinos.

— 16 de abril de 1994, Monterrico* (Satipo), senderistas asesinan 18 campesinos andinos.

— 6 de julio de 1994, Quenteroni* (Satipo), senderistas asesinan entre 70 y 200 Ashaninka.

— Agosto de 1994, en Anapati (Satipo) se encuentran cerca de 2,000 cadáveres de nativos y de andinos enterrados en fosas comunes por los senderistas, es el sitio de entierro más grande de la guerra interna.

— Setiembre de 1994, en el Río Ene (Satipo), se encuentran cientos de cuerpos de nativos Ashaninka que vivían en los campos senderistas.

— 7 de setiembre de 1994, Tinkaveni* (Satipo), se encuentran cerca de 60 cuerpos de nativos Ashaninka que vivían en los campos senderistas.

— Mayo de 2014, Río Ene (Satipo), se encuentran 102 cuerpos de nativos Ashaninka que vivían en los campos senderistas.

• Como sabemos, el régimen de Fujimori erigió la corrupción en modo banal para obtener licitaciones, puestos de trabajo, o cualquier tipo de servicios estatales y privados. Pero además, la mega corrupción de la empresa brasileña Odebrecht también concernió directamente al régimen fujimorista. Según la comisión parlamentaria que investigó los delitos económicos y financieros durante el fujimorato, presidida por Javier Diez Canseco, que en paz descanse, Odebrecht adjudicó obras al Estado por un total de 450 millones de dólares. Una lista completa de obras de Odebrecht en el Perú entre 1979 y 1999 destaca las 30 obras realizadas durante el gobierno de Fujimori. Es decir, las relaciones mafiosas comenzaron en 1988, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez y no han cesado hasta el día de hoy.

(La Mula: https://redaccion.lamula.pe/2017/01/19/odebrecht-corrupcion-peru-obras-gobierno-alberto-fujimori/jorgepaucar/)

• Según las declaraciones de Marcelo, difundidas por IDL-Reporteros el 30 de diciembre de 2017, ahora sabemos que Odebrecht distribuyó dinero sucio a presidentes en ejercicio (García en 1985, Toledo en 2001, García en 2006, Humala en 2011), y a candidatos como Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kucynski (IDL Reporteros: https://idl-reporteros.pe/testimonio-de-marcelo-odebrecht/)

• Desgraciadamente, una parte importante de nuestro pueblo, con poca o nula cultura política, sobre todo en el espacio rural, admitió y creyó el discurso cínico, deshonesto y populista de Fujimori y de sus secuaces. Mas aun, admitió la practica fujimorista que utilizaba las redes de poder local y regional para sus propios fines de avasallamiento del orden constitucional y democrático. Muy rápidamente, el cinismo, la impudencia, la manipulación, la inmoralidad y la falta de vergüenza ciudadana se volvieron una manera banal de hacer política en el país. La situación actual data de este periodo: la incultura política, la arrogancia, el atropello de los derechos ciudadanos, y la preeminencia de la “ley del más fuerte” son la marca de los adherentes al fujimorismo, largamente expuesta a la ciudadanía en el lamentable Congreso peruano que tiene 71 representantes del fujimorato (sobre 130 congresistas). Según la CVR:

“Los últimos meses del gobierno de Fujimori siguieron la tónica de los años previos. El Sin concentraba su atención y sus recursos en perseguir, espiar y hostigar a los opositores del régimen y en manipular a la opinión pública y, con ese mismo propósito, utilizaba el argumento de la amenaza del terrorismo como elemento disuasivo.” (Hatun Willakuy 2004: 330).

El retorno del dictador a la escena política peruana: de 2006 a 2017

Hagamos un poco de memoria. Contra todo pronostico coherente de la política peruana, el dictador Alberto Fujimori intentó retornar a la escena política del país en 2005 a partir de Santiago de Chile. Por circunstancias familiares, me encontraba en esos días en Santiago y la noticia de su llegada me pareció imposible de creer. Hasta que, por otro concurso de circunstancias inesperado, observé de lejos la primera reunión de sus “socios” japoneses [de extrema derecha] y peruanos en un restaurante del barrio residencial de Vitacura. El resto es historia. El dictador Alberto Fujimori pudo ser extraditado de Chile, procesado en el Perú a partir del 21 de setiembre de 2007. El 7 de abril de 2009, fue condenado a 25 años de prisión por su autoría mediata en los crímenes clasificados como “crímenes contra la humanidad” que él ordeno al Grupo Colina en Barrios Altos (15 muertos) y en La Cantuta (10 muertos), además del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992. También fue condenado por corrupción, por abuso de poder, por robo de fondos del Estado y por la transferencia de 15 millones de dólares a Montesinos. La sentencia fue ratificada el 30 de diciembre de 2009. Fujimori nunca reconoció sus crímenes ni pidió perdón al pueblo peruano.

Montesinos afrontó su primer proceso el 17 de agosto de 2005, fue acusado junto con otros 56 militares del Grupo Colina del asesinato de 35 personas (La Cantuta, Barrios Altos, Santa y Pedro Yauli). El 1ro de octubre de 2010, Montesinos fue condenado a 25 años de prisión, junto con 29 miembros del Grupo Colina. La corte reconoció que se trataban de “crímenes contra la humanidad”.

• El caso Pativilca: El 8 de febrero de 2008, en una sesión judicial, Jorge Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina, declaró que el general del ejército Hermoza Ríos y otros oficiales, les dieron la orden directa de liquidar a 6 personas el 29 de enero de 1992 acusadas de ser “senderistas”. Según consta en el expediente judicial de este caso, un empresario chino que disputaba un terreno en las zonas de Caraqueño y San José de Pativilca, acusó a los ocupantes de “senderismo” y pidió a un familiar cercano al general Hermoza de “darle una mano”. La masacre de 6 personas [John Calderón (18), Toribio Ortiz (25), Felandro Castillo (38), Pedro Agüero (35), Ernesto Arias (17) y César Rodríguez (29)], tenía pues como motivación “prestar servicio” a un empresario chino que quería apropiarse de un terreno por cualquier vía, incluyendo la vía criminal del homicidio con premeditación. Los cuerpos fueron encontrados el 30 de enero, dos cadáveres tenían trazas de tortura, todos habían sido ejecutados por bala.

(La Mula: https://redaccion.lamula.pe/2017/02/23/fujimori-extradicion-pativilca/victorliza/).

El 15 de noviembre de 2011 se formalizó la denuncia contra Alberto Fujimori como autor mediato de la masacre de Pativilca, y también contra Vladimiro Montesinos, Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe, y varios otros militares miembros del Grupo Colina. Basándose en este caso, la justicia chilena ha aceptado un nuevo juicio a Alberto Fujimori por “crímenes contra la humanidad”. El 5 de junio de 2012 comenzó la etapa de instrucción ante el Tercer Juzgado Supraprovincial. Luego el caso fue llevado a la Sala Penal Nacional y está pendiente la emisión de la acusación fiscal para que se inicie el juicio oral (Aprodeh, http://www.aprodeh.org.pe/casos-legal/lima/caso-pativilca-caraqueno/ ).

El 17 de octubre de 2013, la justicia ha abierto otro proceso contra Alberto Fujimori por robo de 122 millones de soles de las Fuerzas armadas, destinados a financiar la propaganda electoral en 1997 y en 2000.

A estos dos procesos pendientes, y que rinden totalmente ilegal un “indulto” como el acordado por el presidente Kuczynski, hay que agregar la demanda de las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el fujimorato (estimadas a 300,000 mujeres y 30,000 hombres).

• En segundo lugar, contra todo pronostico sensato de la política peruana, el dictador Alberto Fujimori logró su cometido de re-crear un partido que lleva su nombre y sobre todo que reivindica su práctica y su discurso delictuoso, vil, inmoral y cínico: su hija Keiko, que creció a su sombra y bajo su dominación intelectual y moral, logró ser investida como lideresa del partido “’Fuerza popular”. Si al inicio no se entendía bien cual podía ser su cometido, sobre todo después de la condena de su padre a 25 años de prisión por sus crímenes contra la humanidad, desde 2011 fue evidente que el discurso-inventado del dictador Alberto Fujimori había podido conservar bases “populares”. Desgraciadamente, estábamos, y estamos aun, en el marco del triunfo de un populismo de derecha extrema en América Latina que apoya un tipo de gobierno de país atrasado que reivindica —sin ningún reparo moral ni intelectual— un poder autoritario sin dignidad y sin democracia. Este populismo (por desgracia muy a la moda en este inicio de siglo XXI) ha convencido a cerca de la mitad del electorado peruano, como hemos podido constatar en las elecciones de 2016. Este es un dato central que no podemos dejar de lado, es preciso comprender las causas para poder avanzar.

El discurso fujimorista de olvido, de indiferencia de inmoralidad política y de rechazo de la vigencia de los derechos humanos

El discurso fujimorista de olvido, de indiferencia, de inmoralidad política y de rechazo de los derechos humanos, asociado en modo absurdo a la posición de una “izquierda caviar” —que existe solamente en la mentalidad de los fujimoristas—, ha insistido en el “olvido” como base de la “reconciliación nacional”. Esta manera de practicar la política —defendida actualmente por el precario y vil gobierno actual— es ajena al desarrollo de la democracia decente los países de América Latina; sobre todo aquellos que han sufrido de las dictaduras militares (Chile, Argentina, Brasil).

• Los gobiernos que han sucedido a la dictadura de Alberto Fujimori habrían podido cambiar, transformar y mejorar el gobierno y el Estado del Perú, siguiendo las recomendaciones precisas del Informe final de la CVR. Pero ninguno de ellos ha tenido el coraje político, patriótico y moral de concretizarlo. Han perdido la ocasión histórica de hacerlo; haciendo creer a los peruanos que las mejoras económicas eran suficientes para “salir adelante”. Craso error. Por ello nos encontramos en este momento de crisis profunda.

• Del mismo modo que en 2011, en 2016, el electorado peruano ha tenido que afrontar otra vez una disyuntiva entre la “peste y el cólera”. Es decir, entre el vil fujimorismo y un candidato de derecha sin partido y que no representa al pueblo peruano. Recordemos en efecto que los años de la guerra interna han implicado la desaparición de los partidos políticos tradicionales, incapaces de proponer alternativas políticas modernas y viables ante el desorden de la guerra y el caos que ello implicaba. El régimen corrupto de Fujimori dió el golpe de gracia a los partidos tradicionales para dejar paso al desarrollo de los grupos de poder local, regional y nacional, comparables a las facciones políticas pre-modernas.

La crisis política actual: un presidente aislado y al margen de la Historia

La llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú ha sido muy sorpresiva. Hemos tenido que escoger, una vez más, entre la peste y el cólera.  De hecho, esta persona representa una parte ínfima del pueblo peruano, tanto por sus orígenes étnicos y de clase, como por su toma de posiciones políticas. En efecto, si durante su campaña electoral, Kuczynski ha demostrado un interés minimalista por la defensa de los derechos humanos, tampoco ha mostrado un conocimiento real de los problemas urgentes del país. Contrariamente a la política adoptada desde el gobierno de Alejandro Toledo, seguida por Alan García y por Ollanta Humala, lo urgente no es la mejora económica, conseguida no por las medidas de los gobiernos peruanos sino por las alzas de las materias primas, que son las únicas “riquezas comercializables” de las cuales dispone el país. Lo urgente, desde noviembre de 2000, es la reconstrucción de la política democrática y de defensa de los derechos humanos abandonados desde 1980.

• Pedro Pablo Kuczynski ha demostrado un desdén total por las secuelas de la guerra interna; probablemente porque él estuvo viviendo lejos de nuestro país después de sus servicios de ministro de Toledo, y también porque ha probado su indiferencia ante los crímenes cometidos durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori. El 6 de diciembre de 2016, cuando se celebraba el 20avo aniversario de la Policía nacional, Kuczynski lanzo un llamado para que los juicios contra policías y militares se terminen rápidamente, agregando que “debemos terminar, dar la vuelta a la pagina, ser un Estado tolerante, apacible, que premia a sus servidores en vez de castigarlos.”

El 8 de diciembre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó un pronunciamiento a las declaraciones del presidente bajo el título: “La justicia es el único camino hacia la reconciliación” (http://derechoshumanos.pe/2016/12/presidente-kuczynski-la-justicia-es-el-unico-camino-a-la-reconciliacion/

Ciertamente, los presidentes Toledo, García y Humala tampoco han reconocido esos crímenes y han tentado de hacer “olvidar el pasado” de la guerra y de la dictadura de Alberto Fujimori, según ellos para afianzar la “reconciliación nacional”. Pero ello es totalmente falso. Para llegar, un día, a la reconciliación nacional en el Perú es indispensable reconocer los crímenes cometidos por todos los responsables civiles y militares, sobre todo los  crímenes contra la humanidad que no prescriben según el derecho humanitario internacional reconocido después de la Segunda Guerra Mundial y que el Perú ha aceptado.

• Pedro Pablo Kuczynski ha demostrado desde el inicio que estaba dispuesto a someterse al fujimorismo que había ganado 48% de votos en julio de 2016, y que le dejaba poco margen de maniobra política. Se le ha criticado esta posición de subordinación que ha costado la salida de varios ministros competentes, pero nadie esperaba que firme el indulto a Fujimori. Esta decisión política publicada el 24 de diciembre no tiene nada que ver con un pretendido “humanitarismo”, como bien lo ha revelado Gustavo Gorriti: Kuczynski estaba “asustado” ante la posibilidad de su vacancia, e intento dos jugarretas paralelas y totalmente opuestas. De un lado, el viernes 22 de diciembre llamó al ex ministro Pedro Cateriano, a Rosa María Palacios y a Gustavo Gorriti para agradecerles por los consejos recibidos, y además “para reafirmarse en las lecciones aprendidas y sostener enfáticamente que no iba a haber indulto a Fujimori. Dos días después Kuczynski cambiaba su discurso en forma que bordea lo psicótico y nos lleva a la realidad actual.” Pero Gorriti precisa algo más grave: hay evidencias de que en modo paralelo a su demanda de ayuda a personalidades democráticas Kuczynski ha negociado el indulto de Alberto Fujimori con su hijo Kenji y con el mismo nefasto dictador (Gorriti, “Del susto al engaño”, Caretas n°2520, 28 de diciembre de 2017: http://caretas.pe/las_palabras/81360-del_susto_al_engano). En una palabra, Kuczynski ha caído en el cinismo más abyecto para mantenerse en el poder presidencial, siguiendo las mismas prácticas inmorales y vergonzosas del fujimorismo: “el fin justifica los medios”.

Implicaciones internacionales del “indulto” a Fujimori

• La tentativa actual de Kuczynski de mantenerse en la presidencia gracias a una alianza vergonzosa con la familia Fujimori explicita la urgencia de reestructurar totalmente el orden político peruano, y paralelamente la obligación de la toma de conciencia por parte del electorado de lo que fue la guerra interna peruana, del rol que jugaron las Fuerzas Armadas y del apoyo que brindaron al dictador Alberto Fujimori, el cual destruyó por completo el orden democrático y moral del país.

• El 26 de diciembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la Oficina regional para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, declaro en Santiago de Chile que es “obligación del Estado investigar, procesar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad.” También recordó que durante su visita al Perú en octubre de 2017, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recalco que “por su gravedad, los crímenes de Fujimori son del interés de la comunidad internacional y que esta debe ser involucrada.” Una posición coherente con las normas internacionales firmadas por el Perú que fueron sin embargo negadas por el canciller Ricardo Luna, conocido por su proximidad con el gobierno de Alberto Fujimori, y que respondió a Al Hussein para decirle que el posible indulto era “un asunto interno”. En fin, Incalcaterra criticó también la falta de empatía hacia las victimas: “No poner la situación de las víctimas al centro de las decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación.” (Gestión del 31 de octubre y del 26 de diciembre de 2017).

• Desde el punto de vista legal, el indulto al dictador Alberto Fujimori no tiene bases para poder ser efectivo. Carlos Rivera (IDL), abogado de las víctimas de La Cantuta y de Barrios Altos, ha presentado un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destinado a anular el “indulto humanitario”. Rivera ha precisado que el procedimiento seguido por el presidente Kuczynski es ilegal (Caretas n°2512, 26 de diciembre de 2017: http://caretas.pe/politica/81332-idl_pide_anular_indulto_a_fujimori ).

La CIDH ha agendado una audiencia extraordinaria el 2 de febrero en Costa Rica para examinar la conexión entre el cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta que estarían dejadas sin efecto a través del indulto a Fujimori. Se ha convocado a representantes del Estado peruano, la CIDH y CEJIL así como los abogados de las víctimas. Según el comunicado de la Corte: “Al suprimir los efectos de sentencias condenatorias referidas a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos en beneficio de Alberto Fujimori, el Estado peruano incumplió con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales.” Además: “El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de amnistías, indultos (…) a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad.” (La República del 29 de diciembre de 2017).

Según las declaraciones de Diego García Sayán, la Corte debería pronunciarse en las semanas siguientes y su sentencia es obligatoria para el Estado peruano pues se trata de un tema de derechos humanos y de un país democrático. De otro lado, el proceso de indulto ha sido demasiado apresurado y no ha tenido en cuenta la obligación de citar a todos los actores, y ha expresado un “perdón” hipócrita y de toda evidencia totalmente falso (ver http://larepublica.pe/politica/1163849-a-estas-alturas-necesitamos-a-un-presidente-que-gobierne ).

Tampoco se ha tomado en cuenta el hecho contraproducente que Alberto Fujimori ni siquiera ha pagado sus reparaciones civiles ni por su responsabilidad en los crímenes de La Cantuta y de Barrios Altos; ni por tres casos de corrupción, una suma que había sido fijada a 27,470,000 millones de soles pero que ha casi doblada por los intereses generados por la no cancelación; el procurador anticorrupción Amado Enco precisó que se trata del allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, la compra de TV y otros, y CTS irregular a Vladimiro Montesinos; los delitos cometidos y por los que fue condenado fueron: cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones. Además, en la resolución judicial de la condena a 25 años de cárcel por autor mediato en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, el reo Fujimori fue condenado a pagar 62,400 soles a favor de cada uno de los herederos legales de las víctimas, así como de 46,800 soles a Gustavo Gorriti y a Samuel Dyer. Hasta el día de hoy, Fujimori no ha pagado nada, y por razones oscuras la procuraduría no ha procedido a los embargos de bienes correspondientes a sus deudas por los crímenes cometidos. Dicho esto, el procurador Enco ha especificado que el “indulto” no lo libra de las reparaciones debidas al Estado y a las víctimas (La República del 29 de diciembre de 2017: http://larepublica.pe/politica/1164069-alberto-fujimori-le-debe-al-estado-51-millones-de-soles-en-reparacion-civil).

• Antes de hablar de un “gabinete de reconciliación nacional” García Sayán sugiere considerar un gabinete de emergencia nacional y de transición que esté en manos del vicepresidente Martín Vizcarra dado que Kuczynski se ha mostrado “ostensiblemente inoperante” (La República del 29 de diciembre de 2017).

•A nivel internacional, los relatores de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, Agnès Callamard (casos de ejecuciones extrajudiciales) y Pablo de Greiff (fomento de la verdad, la justicia y la reparación), han expresado su disconformidad y su consternación y recordaron que las leyes internacionales restringen amnistías, indultos y otras exclusiones de responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos (La República del 29 de diciembre de 2017).

Reflexiones finales

• Durante el régimen de Alberto Fujimori, y con el apoyo de sus aliados civiles y militares, se ha conseguido anclar en la mentalidad popular una creencia totalmente falsa según la cual ellos “vencieron al terrorismo” y “limpiaron el país de los comunistas”. Es esta idea absurda y falsa que es presentada como justificación y como legitimación de la perennidad de la funesta familia Fujimori en la política peruana. La guerra contra la subversión senderista fue ganada militarmente por los ronderos con el apoyo tardío de las Fuerzas Armadas, y fue ganada políticamente por la acción del Gein que logró capturar al sanguinario Abimael Guzmán y a su cúpula de secuaces.

• Recalquemos aquí, informando a aquellos que no lo saben, que los “crímenes contra la humanidad” trascienden el fuero nacional, no prescriben jamás y conciernen, como la expresión misma lo indica, el género humano. Toda la comunidad internacional está concernida por esos crímenes. Por lo tanto el dictador Fujimori, condenado por crímenes contra la humanidad, no puede ser legalmente “indultado” y debe terminar su vida en la cárcel como tantos otros criminales de su especie. Pinochet (Chile) y Ríos Montt (Guatemala) lograron escapar a la justicia, el primero fue liberado de Londres en 2000 por “razones de salud”, tenia 84 años; y el segundo ha sido declarado “enfermo mental” a los 91 años y, aun cuando sea encontrado culpable en el juicio que se le ha abierto en octubre de 2017 por la masacre de 1,770 Mayas ejecutados por las Fuerzas Armadas durante su régimen (1982-1983), no irá a la cárcel. ¿Vamos a permitir que suceda algo similar en nuestro país, reabriendo una fase de impunidad en América Latina?

• El indulto al dictador Fujimori acordado por un presidente débil y asustado es un escandalo político, moral y una gran vergüenza nacional para el Perú; sin embargo, podría traer consigo una toma de conciencia de los crímenes del fujimorato, con una gran campaña informativa a nivel nacional basada sobre el Informe Final de la CVR. Y, paralelamente, se puede considerar seriamente un cambio de gobierno a corto plazo. La juventud y los demócratas peruanos que están manifestando en varias ciudades del país representan una esperanza de transformación estructural real, y de abandono definitivo de las practicas más viles del fujimorismo para destituir a magistrados del Tribunal Constitucional que deben juzgar a militares por haber procedido a ejecuciones extrajudiciales en El Frontón; caso en el cual la responsabilidad mediata recae en el ex presidente Alan García.

• A todo este panorama desolador se añaden los juicios por mega corrupción de la empresa Odebrecht que están enfrentando los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y que seguramente involucrarán en los próximos días a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski. Hemos empezado una nueva era de lucha contra la impunidad que puede durar varios meses, pero el resultado puede ser positivo a mediano plazo para el pueblo peruano y para la afirmación del Estado de derecho.

(REVISTA N° 276, DICIEMBRE DEL 2017)