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La mayoría de peruanos nos estamos preguntando: ¿Cómo así llegamos a esto? En efecto, la escalada de nuestro conflicto político se inició al principio del gobierno de Ollanta Humala y no ha dejado de incrementarse hasta ahora, cuando el país se prepara para enfrentar una nueva coyuntura de vacancia presidencial. La discusión, como siempre, se ha centrado en la superficie: que si el Presidente Kuczynski sabía que sus empresas trabajaron para Odebrecht mientras él se desempeñaba como ministro de Estado; que si la oposición política tiene autoridad moral para vacarlo toda vez que, al parecer, Odebrecht les financió a todos sus campañas presidenciales, etc.

Pero analicemos el tema desde una mirada sistémica. La democracia tiene límites determinados por la Constitución. Esta establece reglas del juego que todos debemos o deberíamos respetar. Dentro de los cauces de una república liberal erigida sobre los derechos del hombre y sobre el equilibrio entre los poderes del Estado, se puede ser de izquierda, centro o derecha. Sin embargo, colocarse extramuros de la Carta Magna implica desafiar el sistema democrático e ir en contra del contrato social que garantiza su vigencia.

Observemos ahora a las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Recién instalada la nueva representación nacional, en 2016, Fuerza Popular contaba con 73 congresistas y la izquierda socialista con 20. Por ello, el gobierno de Peruanos Por el Kambio inició funciones con un parlamento en el que 93 de sus 130 miembros defendían posiciones abiertamente antisistémicas; esto es, fuera del contrato social y en los extramuros de la democracia.

Por una parte, en Fuerza Popular se combinaron la tradición autoritaria del líder fundador Alberto Fujimori, una visión de país básicamente clientelista y asistencial, y la frustración de su lideresa Keiko Fujimori, que hasta hoy parece no haber asimilado su derrota electoral de junio de 2016. Tal y como lo anunciara públicamente, Keiko quiere gobernar desde el Congreso y en buena medida lo está haciendo. Ni el indulto a su padre, ni la nominación ante el Consejo de Ministros de algunas personalidades de su entorno, han atenuado su impaciencia por acortar el mandato de cinco años de Pedro Pablo Kuczynski para, eventualmente, adelantar el inicio del suyo, en lugar de esperar las nuevas elecciones generales de 2021.

Por la otra, el Frente Amplio, en gran performance electoral, colocó 20 parlamentarios, quienes, a pesar de dividirse como es ya tradicional en la izquierda, comparten una concepción socialista de la sociedad y el Estado, en la que la “democracia burguesa” es apenas una transición hacia la “república proletaria”. De allí la terca insistencia en una nueva Constitución: en otras palabras, la izquierda aspira a establecer un contrato social distinto del actual y situado muy lejos de los límites de la república liberal.

En este escenario, en el que por lo menos 93 parlamentarios no creen en la democracia, ¿sorprende realmente que los autoritarios-clientelistas de Fuerza Popular y los socialistas del Frente Amplio + Nuevo Perú se hayan asociado para tumbarse al Presidente de la República? Cierto es que hay otros actores en el tablero; Kenji, el más determinante, es sistémico en tanto que de ello depende la libertad de su padre; otros, a título personal, se han sumado al cargamontón “fujizquierdista”.

Los últimos 18 años, desde que iniciamos la transición con Valentín Paniagua, nos olvidamos de forjar una cultura democrática que defiendan apasionadamente los partidos políticos y la sociedad civil y hoy pagamos las consecuencias de esta terrible omisión. Lo que aún está por verse es si esta nueva ofensiva autoritaria le infligirá la derrota definitiva a las dispersas fuerzas de nuestro alicaído constitucionalismo.

(REVISTA IDEELE N° 277, FEBRERO DEL 2018)