Escrito por Sinthya Rubio Revista Ideele N°304. Junio-Julio 2022

Domingo 19 de junio, 4:00 pm (hora en que se cierran las urnas en Colombia). Estaba terminando de almorzar en un restaurante y sentía el ambiente tenso. Todos miraban las pantallas para captar los primeros resultados de un proceso electoral dramático. No recuerdo haber presenciado tensión parecida en elecciones presidenciales previas, quizás éramos conscientes de que nos la estábamos jugando toda. Era ahora o nunca.

Debo confesar que, con excepción del día del plebiscito por la paz en 2016, nunca había sentido tanta ansiedad por motivos políticos. Pero la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez reivindicó aquella derrota para quienes siempre hemos creído que la violencia y la confrontación armada deshumaniza y corrompe a la sociedad e impide el desarrollo de cualquier nación.

Y lloré de alegría como nunca lo había hecho. Ver a las poblaciones más excluidas, empobrecidas, discriminadas, muchas de ellas víctimas del conflicto, viajar dos días por los ríos de Colombia o recorrer durante muchas horas caminos y trochas por las selvas y montañas del país para votar por primera vez. Lo hacían porque esta vez sí se sentían representadas, en esta ocasión sí se sentían colombianos y que su voto importaba. Lo gritaban con alegría a los cuatro vientos y bailaban envueltos en una dicha sinigual, eso nunca lo olvidaré.

Cuando has dedicado los últimos quince años a trabajar por la paz y los derechos de las víctimas del conflicto armado y has recorrido todo el país conociendo sus duras experiencias de vida, llorar de alegría por esta histórica elección presidencial no es sentimentalismo, es la confirmación de que, a pesar de la injusticia, la indignidad de la guerra, lo soez de la corrupción, lo inadmisible del racismo y la insensatez del clasismo, todavía tenemos como sociedad una oportunidad de hacer mejor las cosas, que aún es posible actuar de la manera correcta.

La implementación del acuerdo de paz, que prácticamente inició su implementación durante la administración actual, fue puesta en marcha y el panorama de sus avances presenta altos y bajos. Si bien algunos puntos como el de víctimas (y su sistema integral para la paz) y el proceso de reincorporación de excombatientes ha avanzado, a pesar de las dificultades administrativas y políticas propias, el homicidio de 335[1] firmantes de la paz ha oscurecido el proceso y la responsabilidad del Estado frente a su seguridad ha quedado entredicha. Es inconcebible que quienes creyeron en la paz como una segunda oportunidad en su vida, tengan como respuesta la muerte.

Hay preocupaciones sobre la implementación, especialmente porque los primeros cinco años son clave para establecer unas bases sólidas para que las transformaciones que estipuló el acuerdo se cumplan. Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, quien se encuentra haciéndole seguimiento al acuerdo proyectado para quince años, en su más reciente informe sobre el estado de la implementación reconoce que si bien esta no se ha detenido, enfrenta serios obstáculos internos y externos.

En cuanto al nivel de implementación los puntos 3 (fin del conflicto – reincorporación de ex combatientes) y el punto 6 (implementación, verificación y refrendación) son los que han logrado un nivel más alto. Por su parte, los que han sido implementados en menor medida son el punto 1 (reforma rural integral) y el punto 2 (participación política). En relación con los enfoques transversales, el enfoque étnico ha tenido una ejecución limitada, menos de la mitad del promedio de la implementación general. El enfoque de género ha tenido avances en la puesta en marcha de las estipulaciones, pero mientras el 30 % del total de las medidas han sido cumplidas en el acuerdo general, en el tema particular de género solo el 12 %.

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez trae vientos de esperanza. Ya en su programa de gobierno y en la primera alocución como presidente electo, Petro reafirmó el cumplimiento total del acuerdo de paz. Como compromiso del Estado colombiano, este sería un paso consistente para la tan urgente justicia social. Solo queda esperar a que se cumpla y a que la mayoría de la sociedad colombiana también se convenza de lo necesario que esto es.

En mi opinión, hay tres puntos clave para emprender el recorrido firme hacia una paz incluyente: la garantía de la vida como principio irrenunciable, la reivindicación de los derechos de los pueblos étnicos y el desarrollo regional equitativo. Por supuesto, hay muchos más que se podrían agregar, estos puntos no son exclusivos, pero sin ponerle un especial énfasis a estos tres será muy difícil recuperarnos de un gobierno que ha recibido el acuerdo de paz con desdén (por decir lo menos).

Anteponer la vida frente a cualquier circunstancia y tener que hacer un llamado urgente para su protección parecería superfluo en Estado social de derecho. No obstante, en un país como Colombia en donde desde la firma del acuerdo de paz, a finales del 2016, han asesinado a 1326 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos; han perpetrado 318 masacres[2] y el número de homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública durante el gobierno de Iván Duque es de 421[3], reiterar un acuerdo social que tenga la vida como primer requisito se hace imprescindible.

Después de una guerra que ha desangrado al país por más de seis décadas y del llamado popular que demostraron los resultados electorales, en lo mínimo que deberíamos estar de acuerdo como colombianos y colombianas es que la diferencia no se resuelve con la muerte. Desde luego, esto supone enormes retos para una política de seguridad humana.

Por su parte, poner en el centro de la discusión y la acción gubernamental y estatal los derechos de los pueblos étnicos es una deuda histórica que tiene Colombia. En el contexto del conflicto armado, debido a la relación intrínseca de los pueblos étnicos con los territorios que habitan, las vidas de sus miembros y sus territorios fueron afectados de manera desproporcionada por el control que ejercieron los grupos armados en ellos.

Además, de manera histórica se han nutrido imaginarios que han facilitado la violencia en contra de los pueblos étnicos, los cuales que tienen origen en concepciones racistas, coloniales, patriarcales y discriminatorias que deben erradicarse por completo y que requiere una tarea ardua, continuada y de largo plazo, no solamente de la institucionalidad, sino de la sociedad en su conjunto.

Asimismo, Colombia es un país de regiones profundamente desiguales y de un aparato institucional excesivamente centralista. Siempre he pensado que quienes ostentan el poder (un poder concentrado) en Bogotá se relacionan con las regiones con cierta altivez y desprecio. A esto se le suma la corrupción (a nivel nacional, regional y local), un sistema económico, productivo y un modelo de desarrollo que excluyen y depredan el planeta.

Cuando hago referencia a un desarrollo regional equitativo, este implica no solo la redistribución del poder y la riqueza, y los medios para obtenerlos, sino también transformaciones de fondo para combatir el cambio climático y las consecuencias que este produce. El impulso de la autonomía y gobernanza territoriales, junto con la democratización institucional, son esenciales para un desarrollo más equitativo. ¡Basta ya! Buenaventura, Quibdó, Tumaco y el Cauca (así como muchos otros lugares del país) deben dejar de ser estadísticas fatídicas que todos lamentan, que han pasado a ser parte del paisaje y sobre los cuales nadie responde.

Evidentemente, la labor de Gustavo Petro, Francia Márquez y sus equipos no será nada fácil. Les deseo lo mejor. Serán cuatro años decisivos para la implementación del acuerdo de paz. Mi mayor sueño es que en el 2026 haya un consenso nacional para respetar la vida, se haya empezado a hacer justicia a los pueblos étnicos y a sus territorios, y que las poblaciones (especialmente los niños, niñas, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, y personas LGBTIQ) en las regiones tengan mejores condiciones de vida tendientes a garantizar su seguridad humana. Ya es hora, nos merecemos un mejor país, lo necesitamos.

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[1] Cifra de Indepaz, a 10 de julio de 2022.

[2] Cifras de Indepaz con corte a 6 de julio de 2022. Según la misma institución, solo en lo que va del 2022 se han registrado 99 homicidios a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, 52 masacres y el asesinato a 23 firmantes del acuerdo de paz.

[3] Cifras presentadas por la organización Temblores, resultantes de la triangulación entre las fuentes oficiales del Estado colombiano, principalmente Medicina Legal, y la Plataforma GRITA de Temblores.