Escrito por Alan Benavides Romero Revista Ideele N°304. Junio-Julio 2022

A mediados de junio más de un centenar de activistas sociales de diferentes comunidades campesinas e indígenas de todo el país se reunieron en un convento religioso de Magdalena para compartir sus experiencias. Tenían en común la denominación de defensores, una vocación por vigilar el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos en sus localidades, actividad que se ha vuelto de riesgo en el Perú.

Tanto grandes empresas transnacionales con el apoyo de uniformados policiales que buscan imponer megaproyectos mineros en territorios de comunidades agrícolas por un lado, así como mafias locales de mineros ilegales, taladores ilegales y narcotraficantes por otro, tienen en la mira a los defensores ambientales como líderes sociales que se oponen a sus intereses a quienes hay que eliminar social, política o físicamente.

La despensa de Arequipa contra Southern

“Usted como joven ¿Qué haría usted si ve que su padre, su madre, sus tíos, sus primos, sus abuelos salen junto con todo el pueblo a defenderse? Son nuestros jóvenes que salen con todo el ímpetu y que en su creatividad quisieron emular a los espartanos que eran aguerridos” nos cuenta Abigail Torres De Almonte, maestra y agricultora del valle del Tambo en el distrito arequipeño de Cocachacra, sobre los polémicos espartambos, muchachos encapuchados con hondas y escudos que enfrentaban a los policías durante el conflicto social de Tía María en 2015.

La gigante minera mexicana Southern Cooper tiene en la mira el fértil valle del Tambo desde el 2003 donde toneladas de reservas de cobre yace bajo las más de trece mil hectáreas de áreas cultivables de arroz, trigo, azúcar, zapallo, camote, maíz, ají, ajo, cebolla que se consumen en todo el Perú y se exportan hasta Ecuador y Bolivia. Un tajo abierto de cerros dinamitados serviría para extraer el mineral contaminando así la llamada gran despensa de Arequipa, como históricamente se denomina al fértil valle.

“Nuestra protesta social ha sido criminalizada. A la fecha muchos de nuestros compañeros del valle del Tambo están siendo enjuiciados, perseguidos, criminalizados. Incluso encarcelados, hay personas que están con requisitoria y ahora están en la clandestinidad. Jesús Cornejo Reynoso yJaime de la Cruz, el único pecado que han cometido es defender la vida, la tierra, las cuencas de agua” refiere Abigail mientras expone frente a defensores de otras regiones.

En las sucesivas protestas entre 2011 y 2019 han muerto once personas entre campesinos y policías, por enfrentamientos. “Un compañero de otra región me preguntaba: ¿Ustedes han demandado al Estado por esas muertes? ¿Quién ha demandado a Southern? Nadie”.

En 2009 las autoridades municipales del valle organizaron un referéndum local. El resultado: un noventa y dos por ciento de residentes rechazaba rotundamente el proyecto minero. “No lo permitiremos. Tendrán que morir todas estas generaciones. Nuestro valle del Tambo es eminentemente agrícola, próspero. Se mueven millones ¿Puede creer que hay más de veinte ingenios arroceros?” sentencia la docente. “Así a tajo abierto, eso se ve en los países pobres donde no hay ni una forma de vida, cerros, desiertos, acá es verde”.

También muestra su preocupación pues la empresa ha ocupado las llamadas lomas de Cachendo en las alturas de los cerros colindantes al valle. “Estábamos preguntando al asesor del ministerio del Ambiente qué está pasando arriba ¿Por qué el Estado ha permitido a la minera poner cercos? El gobierno regional de Arequipa las ha declarado como ecosistema frágil de flora y fauna silvestre hace como tres años”.

Choropampa no se olvida

En el 2000, último año de la dictadura fujimorista, un camión minero lleno de mercurio perteneciente a la transnacional Yanacocha, sufrió un accidente y se volcó al lado del centro poblado San Sebastián de Choropampa en Cajamarca, cambiando la vida de sus residentes para siempre. “Desde el primer momento nos quedamos con enfermedades, sangrados, ronchas, dolores de cabeza, vómitos, dolores de huesos, pérdida de memoria, de visión, caída del pelo. Hemos notado dolores articulares en niños, adultos. Nacimientos de bebes sin ano. Los niños desde 2004 han empezado a nacer anormales que nunca se había visto en Choropampa. Mujeres que han perdido sus bebés antes del nacimiento” relata Juana Martínez Sáenz, vecina de la localidad.

“En 2004 hubo una protesta en el cerro Quilish, nos movilizamos en Choropampa pero la Policía nos atacó. La balearon a mi compañera pensando que era yo. Me contó que habían dicho ‘Esa no es la Juana’ porque le iban a dar otro balazo e hicieron bajar el arma al policía. Y eso lo hacen de acuerdo con el Estado. A mi compañera le traspasaron la pierna, a mi compañero le volaron la nariz”.

 Lamentablemente no entablaron una demanda colectiva sino que cada vecino afectado iniciaba procesos judiciales por separado contra el Estado por el derrame. “Imagínese un abogado nos cobra quinientos soles mensuales para que lleve nuestro caso”.  Con el paso de los años, iban siendo archivadas.

“La vida en Choropampa era muy linda porque antes de derrame teníamos todo. Han bajado los frutales, verduras. Ha sido un centro muy grande de comerciantes pero cuando ocurrió el derrame de mercurio nos discriminaron a todos porque nos tenían miedo y mucha gente se alejó de nuestros lugares”.

Pesca sí, petróleo no

Un jovencísimo Carlos Fiestas Fernández quiere estudiar administración de empresas pero su economía familiar en este momento depende de la pesca artesanal con veleros en su natal Cabo Blanco, en la costa piurana. A sus veinte años no tiene hijos aunque ya es dirigente de su gremio.

“Cabo Blanco era un mar rico, había perelas, cabrillas, pejes, doncellas. Hay la mayoría pero especies como el suco, la chiarella, ya no se ven. Ya estamos teniendo pérdida de la cabrilla. Todo por culpa de los derrames y los pasivos ambientales”.

La empresa petrolera Savia de capitales estadounidenses, viene instalando plataformas petroleras que en los últimos dieciocho años han tenido incontables derrames que no solamente matan las especies sino también dañan la salud de los pescadores artesanales que surcan con sus botes por encima, respiran los hidrocarburos y resultan intoxicados. Las denuncias ante el Poder Judicial y la Fiscalía siempre caen en saco roto. “las autoridades no nos hacen caso, hacen oídos sordos”.

Carlos y sus compañeros también tienen que lidiar con sindicatos rivales de pesca de anchoveta más industrializada que usan unas redes llamadas cortinas “Es otro tipo de pesca que depreda nuestras zonas. Los arrastreros arrasan con todo, con las crías de los peces, con los huevos y no dejan que se críe la especia. Hacen que el pescado poco a poco se vaya extinguiendo”.

“En Cabo Blanco somos más de quinientos pescadores artesanales” afirma, cada uno con familias que dependen económicamente de la pesca. “Hay varios compañeros que se van a otros puertos, se van a Paita, Sechura”.

“Buscamos una solución para darle un futuro a nuestros hijos, para dejar peces a las futuras generaciones. Estamos tratando de defender nuestros territorios porque nos están despojando. Quieren poner más y más plataformas”.

Amazonía deforestada por los monocultivos

“Comenzaron a despojar a los colindantes, algunos a las buenas, otros a las malas, otros les han pagado lo que han querido” relata Marcelino Vilela Neyra que él y sus compañeros comuneros eran violentados por los guardaespaldas de la empresa Palmas de Shanusi del grupo Romero. Entre 2006 y 2010 se dieron enfrentamientos más fuertes entre los matones contratados por la firma y los agricultores de la comunidad campesina San José Obrero en el distrito Barranquita en la selva amazónica de San Martín.

“Nos han dicho que nos iban a secuestrar, que iban a liquidarnos. Cuando los enfrentábamos, sus guardaespaldas nos amenazaban que cualquier cosa nos podía pasar. Igual al día siguiente regresábamos. Cuando nos enfrentábamos llegaba la Policía para resguardar la empresa pero nosotros no hemos tenido ningún resguardo”.

Perdieron unas tres mil hectáreas de su comunidad que fueron ferozmente deforestadas para que la empresa plante palma aceitera, el nuevo boom de los monocultivos en climas tropicales. Por su parte, el centenar de campesinos que integran la comunidad se dedican a la agricultura familiar de cacao, plátano, yuca, maíz y pequeña ganadería.

“Hemos movilizado personas hasta Tarapoto y Yurimaguas en protesta con la ayuda de la iglesia católica a través del Vicariato Apostólico. En 2008 hemos tenido denuncias penales y gracias a la iglesia que puso abogados, nos han defendido y estamos tranquilo. Querían meternos a la cárcel acusados de que invadíamos sus territorios y los amenazábamos de muerte” cuenta en el colmo del cinismo por parte de la empresa.

El Estado ha reconocido a San José Obrero como comunidad campesina desde 2015 pero el gobierno regional se niega a otorgarles el título de propiedad de sus territorios con la excusa del conflicto con la firma de monocultivos. En los últimos años han vuelto a sufrir nuevos intentos de invasión pero la experiencia le enseñó a Marcelino a organizar a sus vecinos para expulsarlos sin violencia.

Un modelo de turismo comunitario

La tercera parte de la población mundial de pavas aliblancas y la mayoría de osos de anteojos viven en la reserva de Chaparrí, de unas treinta y cuatro mil hectáreas en el límite entre las regiones Lambayeque y Cajamarca. Pero no es un área protegida por el Estado: es propiedad de la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape, descendientes de los indígenas mochicas.

“Es primera vez que un particular se compromete con el Estado a conservar el territorio y no pierde la titularidad del suelo” señala Javier Ruiz Gutiérrez, profesor y ambientalista de Chiclayo que apoya la reserva desde su fundación en 2001. “Este modelo que es exitoso y funciona de manera autogestionada a través del turismo rural comunitario que implementaron los mismos comuneros, que era reconocido y premiado”.

Desde 2012 empezaron a aparecer personas ajenas a la comunidad quienes fraguaron documentos falsos como si fueran comuneros y celebraron una supuesta elección con sus propios dirigentes. Lamentablemente los sistemas de control del Estado le dieron la legalidad como si lo fueran. Empezaron a disponer de las tierras de Chaparrí para darles uso agrícola, así como a hostigar e incluso hacer denuncias falsas contra los verdaderos comuneros. La ONG ambientalista de Javier fue acosada.

El punto más álgido de la violencia fue el asesinato Napoleón Tarrillo, defensor del bosque contra los incendios provocados y las tomas de tierras, en diciembre del 2017 por desconocidos que irrumpieron en su casa en Chaparrí. El mismo presidente del Poder Judicial en ese entonces, Duberlí Rodríguez, arribó a la reserva ecológica para las investigaciones e increíblemente su propia familia recibió amenazas de muerte en su domicilio en Chiclayo.

Las matonerías de estos grupos usurpadores estarían relacionadas con el megaproyecto de la represa La Montería que viene siendo impulsado por sucesivos gobiernos regionales desde 2009, según Javier. “Quieren construir un reservorio para almacenar agua en un espacio de bosque seco y va a cambiar el valor de uso de la tierra que viene a ser tierra para agroexportación. Lo que necesitan para construir esta represa es que Chaparrí pierda su condición de área natural protegida ¿Quiénes pueden hacer eso? Los propios comuneros. Por eso inventaron estos falsos comuneros”.

En 2009 el presupuesto original para la obra era de ochenta y ocho millones de dólares. En 2012 el gobierno regional aprobó un perfil técnico que lo elevaba a ciento treinta y cinco millones. En 2014 llega la empresa brasileña Queiroz Galvão, vinculada a la red de corrupción de Odebrecht, con lo que se incrementó el monto a seiscientos millones. Desde 2020 es una empresa hindú la interesada en ejecutar la megaobra. “Eso te habla todo lo que había detrás para que desaparezca Chaparrí” apunta Javier.

Si bien ya se logró quitarle la titularidad de la propiedad a los falsos comuneros, ahora el principal problema es que la Fiscalía ambiental les tiene entablados unos veinticinco procesos judiciales acusándolos de supuestos delitos ambientales originados en falsas denuncias. Cinco dirigentes de la comunidad Santa Catalina de Chongoyape, entre ellos los mismos fundadores de la reserva Chaparrí, tienen pedidos de cinco años de cárcel pese a haber recibido años atrás reconocimientos como defensores ambientales.

“Cuando no funciona vienen los intentos de asesinato. En lo que va del año en contexto de pandemia van cinco o seis intentos de asesinato contra el presidente de la comunidad. Han ido a buscarlo con moto, en auto, tratando de emboscarlo en el campo” denuncia Javier. “Nos preocupa la seguridad del presidente de la comunidad y es muy probable que nuestros compañeros en agosto terminen presos”.

“Sólo vemos pasar la tubería”

Un par de días antes del último año nuevo, Rosa Gómez Nunura recibió en su casa de la comunidad San Martín de Sechura, una notificación del ministerio de Interior en la cual se le indicaba que no podría participar ni convocar protestas bajo advertencia de ser denunciada por la Fiscalía e ir a la cárcel. A inicios del 2021 junto a los ronderos de su localidad habían paralizado la instalación de tuberías de gas de la empresa colombiana Gasnorp, increpando a los ingenieros que la obra no contaba con estudio de impacto ambiental. El personal de la gasífera la acusó por la supuesta desaparición de una pieza de trabajo.

Rosa es activista del Frente de Defensa de la bahía de Sechura desde 2010, ya antes había protestado contra las plataformas petroleras de la empresa Savia. En su comunidad lucha contra una familia que se ha adueñado de la directiva por generaciones y ha dispuesto de los territorios a favor de empresas como Gasnorp, que llegó en 2020.

“Viene desde Talara hasta Sechura, pasa por Paita, por comunidades, viene perforando ríos, áreas de conservación ambiental como el estuario de Virrilá, áreas arqueológicas, predios agrícolas” dice Rosa refiriéndose a los tubos de la gasífera. “Ha entrado sin un estudio de impacto ambiental que exige la ley. Han ingresado con una declaración de impacto ambiental, un permiso simple que les entrega en concesión el gobierno regional de Piura. Dicen que es una obra del Estado y hacen convenios con la Policía. Van tres meses trabajando como seguridad, hemos sido maltratados, violentados de la peor manera”.

El hidrocarburo que transporta Gasnorp no es para uso doméstico sino industrial. “Nosotros no somos beneficiados, sólo vemos pasar la tubería, el beneficiado es Miski Mayo, esta empresa contaminadora de fosfatos que le venimos pidiendo revisión y renegociación del contrato porque Puerto Rico Bayóvar viene contaminado por años por micropartículas. Para que funcione la planta de fertilizantes, lo usan de pretexto. Ésto lo quieren para reducir la mano de obra y hacer trabajo más industrializado. La empresa Miski Mayo extrae fosfatos en crudo y lo transportan hasta Brasil vía marítima por barco. Incluso tiene uranio pero eso no está considerado en la concesión. La empresa Gasnorp dice vamos a pasar porque tenemos permiso del ministerio del Ambiente”.

En abril último llegaron los técnicos de Gasnorp a la casa de Rosa para instalar las tuberías por su predio, con policías que la golpearon a ella y a sus vecinos ronderos por intentar impedirlo. “He puesto una acción amparo pero cuando se ha admitido ya habían destrozado mi árbol, me habían humillado”.

En los más de dos años que van de pandemia, unos dieciséis defensores ambientales han sido asesinados en el Perú. Durante la semana del encuentro en Lima, los activistas se reunieron con representantes del ministerio de Justicia y del Interior buscando mayor protección y reconocimiento. Esperan que los acuerdos no caigan en papel mojado.