Escrito por

A apenas un día de que se cumpla el primer año del gobierno de Castillo; y en espera de su mensaje del 28 de julio; es difícil escribir sobre la política económica sin una sensación que combina incertidumbre y desesperanza. Incertidumbre, porque la ausencia de visión y de rumbo parece ser la constante gubernamental, con decisiones de política que dan la impresión de que pueden dispararse en cualquier dirección. Desesperanza, porque pareciese que poco o nada puede esperarse en términos de cambios y reformas económicas que sean significativas. Este primer año del gobierno de Castillo por muchas razones se siente ya como el ultimo, con expectativas diluidas, con actores y procesos que se perciben agotados o en vías de agotarse.

El contexto externo no ayuda ciertamente a mejorar el panorama de la economía. No habíamos terminado de superar el brutal impacto de la pandemia del COVID 19; que desde marzo del 2020 nos condicionó y condiciona drásticamente; cuando se nos complicó enormemente el 2022. La desaceleración del crecimiento global se ha combinado con un proceso inflacionario en rubros claves como alimentos y combustibles, lo que ha sido un golpe durísimo para las economías familiares dentro y fuera del Perú. El deterioro de las relaciones internacionales expresa el fin de la época dorada de la globalización y del supuesto “fin de las fronteras”.  Ahora el escenario apunta a una reversión de la integración global: la invasión de Ucrania ha resucitado el espectro de la guerra fría con el choque entre los grandes bloques geopolíticos; de un lado EEE.UU. y la Unión Europea y del otro Rusia y China. Así, se ha quedado sin espacio la esperanza de que este sería el año en que el Perú y el mundo finalmente dejarían la crisis atrás y se estabilizarían en una nueva “normalidad”. La más reciente proyección del FMI indica que la economía mundial apenas crecerá 2,3% este año y 2,9% el próximo.[1]

Frente a este panorama internacional complicado lo que se esperaría es desde el Gobierno existiese una estrategia integral y coherente frente a la desaceleración, y que se liderase la reactivación de la economía con medidas de estímulo fiscal y productivo aplicadas con decisión y prontitud. Lamentablemente eso es justamente lo que ahora, como en episodios anteriores, nos falta. El creciente vacío alrededor de un gobierno que ha perdido rápidamente legitimidad y solvencia, se traduce en respuestas recortadas, mal planificadas y aplicadas, en medio de una creciente sensación de desgobierno y con sectores claves de la administración pública que van gradualmente aletargándose, víctimas de los vaivenes del juego político.

Posiblemente nada refleja mejor la dañina combinación de ineptitud e improvisación con la que se vienen manejando los asuntos públicos, que el carrusel de cambios ministeriales que padecemos desde julio del 2021. En menos de un año por el gobierno de Castillo ya han pasado cinco ministros de agricultura. En plena crisis alimentaria, con el campo sufriendo de costos que se disparan y desabastecimiento de insumos críticos, como los fertilizantes, la inestabilidad en la dirección del sector ha venido a sumarse a los problemas. Pero el Ministerio de Agricultura no es un caso único: en el mismo periodo hemos tenido tres ministros de Educación, tres de Salud y cinco de Energía y Minas.

Este va y viene ministerial no es un fenómeno inocuo. Cada cambio de ministro trae consigo una cascada de cambios en la estructura de funcionarios y un reacomodo de planes y prioridades. Los procesos se detienen. Las decisiones se suspenden. Equipos y programas se paralizan y los funcionarios que sobreviven se retraen e inhiben; más aún sí la salida de un ministro se vincula a denuncias de corrupción. Así, partes claves del aparato del estado se han desacelerado cuando justamente mayor dinamismo se requería. Un ejemplo extremo es el del ministerio del interior; con siete ministros en menos de un año; reflejando los enredos judiciales del Gobierno, lo que no puede menos que debilitar las políticas para la seguridad ciudadana.

Que aún haya expectativas de crecimiento para este 2022; por modestas que sean; es todo un testimonio de la resiliencia y tenacidad de la economía peruana, de su enorme capacidad para empujar el carro por encima de los dislates e irresponsabilidades de los políticos. Podría decirse, de manera perversa, que de alguna manera la economía viene aprendiendo a la mala a aislarse de la inestabilidad de la política. Pero dicho aislamiento tiene sus límites. La implosión de la gobernabilidad afecta de manera cada más visible la marcha de los sectores productivos. La marginalidad y la corrupción; siempre presentes; disputan cada vez con mayor fuerza e impunidad el espacio y los recursos a los sectores formales. En el caos de la política, la precariedad, la informalidad y la ilegalidad avanzan con cancha libre.

Lejanos han quedado los elevados niveles de crecimiento que se dieron durante el auge del 2004 al 2013, cuando el producto interno del Perú creció en promedio 6,4% anual. Del 2014 en adelante ya la economía peruana se había desacelerado sustancialmente, con un promedio de crecimiento de apenas 3,1% anual. El mazazo del 2020, cuando la economía se contrajo 11% por la pandemia, tuvo un rebote importante y esperado en el 2021, cuando lideramos el crecimiento en la región. Se esperaba es que este 2022 fuera el año en que tras haber salido del bache consolidábamos la recuperación; pero ello ahora está en cuestión. Las proyecciones más recientes del Banco Central de Reserva apuntan a que este 2022 apenas superaremos el 3,1% de crecimiento; en el mejor de los casos; aunque probablemente terminaremos en alrededor del 2% acorde a las estimaciones de la banca privada y las expectativas de los agentes económicos. Con eso no alcanza.

Es cierto que parte importante de la actual desaceleración de la economía peruana tiene se explica por factores externos, reflejando nuestra dependencia y vulnerabilidad frente a los procesos globales. Pero también es cierto que hay un componente interno sustancial que explica el magro panorama de la economía para el 2022: la ya mencionada insuficiencia y falta de rumbo de las políticas gubernamentales. En medio de la incertidumbre y la poca confianza sobre la marcha de la economía, se prevé que este año la inversión privada apenas crecerá y probablemente el 2023 no será mucho mejor. En lo que respecta a la inversión pública, hay mucho para preocuparse. La inestabilidad y el desorden que se han impuesto en sectores e instituciones claves configura un escenario complicado donde la locomotora del gasto estatal podría terminar descarrilada. Así, las perspectivas para nuestra plena recuperación económica y social del país no son buenas. El 2021 la economía rebotó sustancialmente; pero quedaban muchos pendientes. Ahora esa recuperación se encuentra en el limbo.

Lo más lamentable es que, pese a la crisis, estamos en un momento de oportunidades para el país, las cuales están en riesgo de pasar y perderse debido al caos político. El país mantiene algunas importantes fortalezas macroeconómicas: las reservas internacionales son considerables, el déficit fiscal está en niveles controlables, y el volumen de la deuda; que creció fuertemente en el 2020; se ha estabilizado. Pero esas fortalezas al nivel macro se ven contrarrestadas por la carencia de una gestión adecuada de las políticas públicas sectoriales deficiencias; responsabilidad directa de un gobierno y una oposición cuyas acciones e inacciones le están costando mucho al país.

Más aún, estamos gozando de una importante bonanza fiscal, gracias al rebote de la economía durante el 2021 y al auge de los precios de nuestras exportaciones de materias primas, especialmente minerales. Pero dichos auges no son permanentes, y ya los precios internacionales han empezado a disminuir. Así, la ventana de oportunidad que había para dejar atrás definitivamente la crisis económica y entra en un proceso virtuoso de crecimiento con desarrollo económico y social empieza a desvanecerse.

¿Qué hacer?

La realidad dura y pura es que este 2022 no va bien en términos de recuperación económica y social, y puede terminar siendo un año perdido de lo que podría convertirse en otra década perdida. Pero esta situación no es algo excepcional. Desde el 2016 el Perú viene acumulando un año tras otro que pasa sin pena ni gloria, donde la política económica se ha movido entre la intrascendencia y la urgencia, sin rumbo definido, entre los maretazos de sucesivos presidentes y gobiernos que van y vienen sin dejar mayor huella.

El gran riesgo es que nuevamente de aquí al 2026 se mantenga este escenario de estancamiento en las políticas públicas, mientras se sigan postergando reformas necesarias o, peor aún, se da marcha atrás y se desvirtúa lo poco que se ha logrado; tal como se ha visto en la ofensiva para traerse abajo a la SUNEDU y a la reforma universitaria.

Con un gobierno que se debate entre las denuncias y las controversias, víctima de sus propias carencias y yerros, no hay mucho margen para el optimismo. Igualmente, tampoco se puede esperar mucho de un Congreso desconectado de las prioridades nacionales, perdido en la disputa menuda y la negociación mezquina. Pero el país no puede seguir esperando mientras los políticos dilapidan recursos y oportunidades. Durante la pandemia perdimos el equivalente a una década de avances en el campo social. Tres millones y medio de nuevos pobres, de los cuales más de un millón son menores de edad. Mayor precarización laboral; con la perdida de medio millón de empleos adecuados tan solo en Lima Metropolitana. Drástico deterioro de las economías familiares, golpeadas por la inflación. Crisis en la agricultura y otros sectores productivos. Estos y otros temas críticos no pueden seguir esperando.

Se requieren respuestas de políticas bien definidas, que alimenten la reactivación y apuntalen sectores productivos claves. Más allá de la precariedad y caos de la política, ojalá el discurso de Castillo por el 28 de julio resulte ser el momento inicial para construir algún grado de consenso mínimo frente a la crisis; poniendo a los temas críticos de la agenda nacional por encima de los dimes y diretes de la política menuda.

¿Qué debería plantearse, entonces?:

Un acuerdo para el manejo estable y adecuado de sectores claves; como agricultura o transportes; con objetivos y metas claras para el quinquenio, con políticas de consenso que sean asumidas por ministros que cuenten con independencia política, capacidad técnica y, por, sobre todo, solvencia moral. Estos sectores y quienes los lideres deberán de contar con la garantía de un respaldo multipartidario que los proteja del filibusterismo rampante que existe entre gobierno y oposición. A partir de ello se debería empujar para sectores claves una agenda concreta de medidas de respuesta inmediata a la crisis, pero también de reformas de mediano y largo plazo. De esta forma, se podría garantizar que las políticas de estado serán efectivas y sostenibles, más allá de las crisis e impases alrededor del gobierno de Castillo.

La historia del Perú es una sucesión de capítulos de espejismos y oportunidades perdidas. Una y otra vez, coyunturas favorables para el desarrollo nacional se han traducido en escenarios frustrantes por la falta de compromiso de la clase política con el país. Basadre ya lo dijo; que en el Perú no había clase dirigente, sino apenas clase dominante. El caos actual que proviene de la política y los políticos; de todo color ideológico; le está pasando una factura enorme al país. Aún hay tiempo y espacio para corregir el rumbo, pero está por verse si quienes deberían ser los responsables de ello están a la altura de dicha tarea. Entretanto, lo que queda es la sensación de que, sí el año pasado tuvimos problemas, este año tendremos más.   

[1] Actualización de las perspectivas de la economía mundial del FMI a julio del 2022.