Escrito por Nina Humala Revista Ideele N°304. Julio – Agosto 2022

Estando en época de fiestas patrias, y siendo oportuna toda reflexión sobre el país y las distintas crisis que lo aquejan, pienso en el rol del LUM, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Evoco el último día del padre, pues este lugar de memoria tan importante a nivel nacional, expresó un saludo en sus redes sociales a todos los padres “civiles y militares, víctimas y afectados por el período de violencia”; y creo que al final de cuentas, alguien con mi experiencia de infancia podría encajar en esa frase eufemística: “padres afectados por el período de violencia”. Frase que podría ser usada para no mencionar de manera explícita los encarcelamientos injustos, como tantas otras arbitrariedades y violaciones de derechos humanos que se cometieron por el Estado peruano contra el enemigo, haciendo pagar a mucha gente inocente, como está debidamente documentado por la CVR. Tales casos de abuso han sido considerados, sin mayor aspaviento, como “daño colateral” por ciertos sectores sociales, pero lo concreto y real es que el Estado peruano reconoce en la Constitución derechos humanos, y de la misma forma, ha ratificado Tratados Internacionales que lo obligan a no aplicar algo ya superado hace miles de años como es la Ley del Talión.

Me resultó difícil no sentir alusión al leer este saludo oficial del LUM ya que me tocó vivir en asilo político desde muy corta edad, y aunque ya un poco más grande, también me tocó pisar un penal para poder visitar a mi padre, quien posteriormente sería liberado y absuelto de los cargos que le fueron imputados. Las prisiones arbitrarias e injustas en aquella época de conflicto y violencia no eran pocas. Mirando números, tan solo Alberto Fujimori indultó a 469 personas que estaban cumpliendo condena o siendo procesadas por terrorismo[1] (siendo el Presidente que más indultos otorgó a personas prisioneras por dicho delito), precisamente como medida paliativa ante tantas detenciones arbitrarias que se llevaban a cabo en la época.

Este inocente saludo del LUM abrió, al menos en el fuero personal, un margen de discusión, y es que se expresa como si la violencia y abusos hubieran terminado efectivamente en el periodo 1980 – 2000, omitiendo todas las secuelas de la posguerra que al día de hoy se siguen viviendo. Desde investigaciones absurdas que rozan el ridículo como el someter al escrutinio policial una obra de teatro o talleres de estudio universitario, hasta reales y flagrantes violaciones de derechos humanos como la ejecución de dos operativos que hasta la fecha, carecen de soporte real.

Los operativos a los que hago referencia son Perseo y Olimpo. Ambos casos se han constituido en los emblemas de la “lucha antiterrorista” actual, y la lógica es la misma: sindicar a las personas de pertenecer al Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, ello a partir del intento del Movadef por inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para entender lo mencionado, habría que tocar un poco de historia.

Como se sabe, en 1992 fue capturado Abimael Guzmán Reinoso, hecho que derivó en conversaciones entre el gobierno de Alberto Fujimori y la cúpula del PCP – SL para el cese definitivo de la denominada “lucha armada”, una muy cruenta y sangrienta, es necesario resaltar. Lo cierto es que las conversaciones no llegaron a algo concreto más allá de gestos grandilocuentes. No obstante, lo que sí se hizo evidente para ambas partes fue la derrota militar y política de SL, lo que conllevó a su desaparición hace más de veinte años. De estos hechos de 1993 y los intentos por llegar a un acuerdo de paz entre el Estado y el PCP – SL, es que surge lo que se ha denominado la “postura acuerdista” en contraposición de la “postura proseguir”, ambas se muestran dicotómicas, teniendo como punto de referencia el uso de armas. La primera desistiría por completo de cualquier tipo de empleo de la violencia y buscarían un acuerdo de paz con el Estado, mientras que la segunda postura sostiene continuar empleando la violencia (estas descripciones, por supuesto, las hago desde una perspectiva enunciativa y simplista para no desviar el centro de atención).

Teniendo en claro esto, se puede retomar lo que ocurrió dieciocho años después, en el año 2011, cuando el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales – Movadef presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones su solicitud de inscripción como partido político. Este pedido llegó a cumplir con todos los requisitos formales para constituirse como un partido más dentro del campo político, sin embargo, el JNE rechazó la solicitud por el ideario que se enarbolaba en dicho documento: el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. De acuerdo al JNE, el problema estaba en este último, el pensamiento Gonzalo, el cual fue descrito someramente como aquel “cuyo seguimiento implica actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado”, por tanto, se expresaba así un defecto insubsanable. Este intento de inscripción por una participación política por la vía legal y pública tuvo mucho seguimiento de la prensa, pues se generó una especie de pánico moral, en el sentido que S. Cohen tan bien ha desarrollado[2]. Hubo pronunciamientos de todo tipo, incluso el Defensor del Pueblo de ese momento exhortó mediante documento formal a que el JNE deniegue dicha solicitud, lo que en efecto, llegó a ocurrir. Se generó mucho revuelo, y sobre todo, aversión en algunos o muchos sectores sociales,  dado uno de los puntos de agenda que se impulsaba desde el Movadef, que era el pedido de amnistía general. Propuesta que puede producir mucho rechazo por innumerables motivos, sin embargo, no configuraba delito alguno.

Ahora bien, esto no quedó en un hecho más de pánico moral suscitado y promovido desde una narrativa hegemónica que persiste en el estigma, esto conllevó a una investigación por terrorismo a todos quienes participaron de alguna u otra forma en la inscripción del Movadef, siendo las figuras más visibles quienes eran los abogados de Abimael Guzmán, el señor Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, y así tuvimos el 09 de abril de 2014 el primer gran operativo que se denominó Perseo. Cabe resaltar que la Dircote afirmaba que el operativo se realizó basado en investigaciones policiales, sin embargo, estas pesquisas empezaron a partir del intento de inscripción del Movadef ante el JNE, hecho que fue público y que estuvo bajo todos los reflectores de la prensa, por lo que la información recabada fue básicamente la propia data entregada por el Movadef al JNE. De acuerdo al expediente del caso Perseo, no hay investigaciones previas a estos hechos hacia los procesados, lo que incluso hace pensar que si el Movadef hubiera optado por seguir con sus mismas actividades, pero sin intentar inscribirse, tal vez el operativo Perseo nunca se habría realizado. Esto, siendo meramente especulativo, no deja de generar cierta noción de que lo que se persigue trasciende el plano de las ideas, y que se persigue a personas por motivos cuasi ontológicos, por ser y reafirmar su existencia en la esfera pública y política, es que pareciera que es esto lo que se pretende sancionar, la existencia pública.

Como mencioné anteriormente, la teoría fiscal se sostiene en señalar que el Movadef es una especie de fachada de SL, y por tanto, todas las personas que pertenezcan o que hayan tenido alguna participación en el Movadef pertenecerían a la agrupación terrorista PCP Sendero Luminoso, ello, con una deliberada omisión de que SL ya no tiene vigencia hace más de veinte años. Respecto a este punto, el reconocido abogado penalista César Nakazaki declaró en el año 2021 para la revista Ideele que “Sendero Luminoso es una organización terrorista en tanto y en cuanto cometa delitos para lograr sus fines políticos. Realmente si existiera una organización cuyo objeto es matar, cuyo objeto es destruir la propiedad privada para conquistar el poder, hablamos de organización terrorista”, y continúa con la siguiente afirmación: “Las ideas no son delito, para que exista pertenencia a una organización criminal terrorista tiene que ser una organización terrorista no que funcionó hace veinte años, sino que hoy funcione.” Respecto al Movadef señaló: “Una organización terrorista tiene que tener un objeto probado que utiliza la violencia para causar terror en la población, y si es terrorismo político, para la conquista del poder, y la forma como lo hacía Sendero Luminoso todos lo hemos sufrido: atentados. ¿Qué atentados ha hecho Movadef? ¿Ha planificado Movadef? Creo que la prueba de oro es que intentaron inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones”. Estas expresiones echan por tierra la tesis de la Fiscalía, y llama poderosamente la atención que precisamente el punto de partida de la investigación policial por el delito de terrorismo fue el intento de inscripción ante el JNE, hecho que por el contrario, para el Dr. Nakazaki sería la prueba de que se busca la vía pacífica (al menos eso se puede interpretar de todo el contexto de sus declaraciones). Teniendo en cuenta la mediática praxis jurídica del abogado César Nakazaki, es difícil discurrir sobre algún posible sesgo o parcialidad a favor de alguna de las partes involucradas en el proceso.

Sin embargo, y a pesar de las críticas que tuvo en su momento el operativo Perseo por parte de personajes tan diversos como Gustavo Gorriti o el propio Fernando Rospigliosi[3], quien no dudó en llamarlo “farsa”, seis años después, y con exactamente el mismo razonamiento la Dircote realizó el operativo Olimpo, señalando a casi 90 personas por afiliación a una organización terrorista, nuevamente, al PCP – SL. De acuerdo al informe policial N° 019-2020-DIRCOTE PNP/DIVITM-DIVIAC/EE las investigaciones que sustentaron este operativo iniciaron en el año 2015 (tan solo un año después de realizarse Perseo), e incluyó a mucha gente que ya estaba siendo procesada en Perseo, sumando a muchos estudiantes o egresados de universidades públicas que han participado en política, así como también se incluyó a muchos de los abogados defensores de los procesados en Perseo, e incluso a los representantes de AFADEVIG (Asociación de Familiares de Desaparecidos y víctimas de genocidio), todos, por supuesto, bajo el ojo policial, tendrían alguna cercanía con el Movadef.

El caso Perseo tardó siete años para llegar a la etapa intermedia, es decir, juicio oral, el cual al concluir (según la defensa, esto podría darse en enero o febrero del 2023), terminaría por sentenciar sobre la culpabilidad o inocencia de los procesados respecto al delito que se les imputa, mientras que en paralelo, el caso Olimpo aún mantiene a 25 personas en prisión preventiva. Queda claro que siendo exactamente el mismo delito, casi las mismas personas, y los mismos motivos sustentatorios, en caso haya una sentencia condenatoria en Perseo, lo mismo ocurriría en el caso Olimpo. A pesar de ser evidentes las carencias en la tesis fiscal, así como en los medios probatorios, el potente trasfondo político e histórico supera lo jurídico y normativo.

Probablemente es más que impopular, o incluso para muchos “cuestionable” intentar hacer un análisis que aborde este tipo de casos, pero lo cierto es que es más que necesario hacerlo, sobre todo en el contexto actual en el que el terruqueo se ha convertido en moneda de cambio de casi todos los días.

Empecé este texto mencionando el saludo del LUM pues recordé a mi madre llevándome de la mano al penal Castro Castro en el Día del Padre, y siendo esa fecha casi la única en la que se me permitía ver a mi papá en el patio del penal, y no solamente a través de unas mallas de alambre. Él, como tantísima gente en la época de los ochenta y noventa, por su postura política y su arte social y comprometido, sufrió persecución y cárcel (a veces hasta he llegado a pensar: al menos fue solo cárcel… En esa época tan complicada y difícil, al menos fue solo eso), y es por esto que me cuestioné en qué categoría podría encajar el caso de mi papá en el saludo del LUM. Creo que se hace un tanto confuso llegar a una sola conclusión, más aún cuando desde mi perspectiva, la realidad hace palpable que al día de hoy se siguen viviendo las secuelas de toda esa violencia, en especial si dieciséis años después de un fallo absolutorio de la Corte Suprema, la Fiscalía y el Poder Judicial creen pertinente volver a procesar a una misma persona como mi padre, en un fastuoso operativo como Perseo e incluso solicitar veinte años de condena, como si no se tratara de sentenciarlo a morir en prisión, ahora que ya tiene setenta años. Al consultarle al abogado defensor cuál es la prognosis para el caso que le toca a mi familia (porque no es solo mi padre, la situación trastoca y afecta toda la dinámica familiar, y tengo certeza, lo mismo sucede con todas las familias involucradas con los dos operativos mencionado) no le fue posible asegurar un resultado. Vuelvo a pensar en ese saludo realizado por el LUM, y me pregunto si estoy lista para pensar que tal vez este año tuve mi último día del padre con él en libertad.

[1] https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/A8444B530226FED40525677C0064C6A4/?OpenDocument&fbclid=IwAR1RL10PQ_akU32p7OqXY86MJcx-FRLc7Q3aOc-svVLoQo3BiNyuq1Z4n98

[2] No es fácil modificar las percepciones que la gente tiene acerca de la gravedad relativa de tantos problemas sociales distintos ya que la propia cognición está socialmente controlada. Y las cogniciones que importan en este caso son las que transmiten los medios.

Es por ello que los pánicos morales son luchas políticas condensadas cuyo objetivo es controlar los medios de reproducción social. (S. Cohen, 2017, p. 50).

[3] https://revistaideele.com/ideele/content/la-farsa-del-movadef