Escrito por André Laguna Revista Ideele N°304. Junio-Julio 2022

La cocaína, al igual que sucede con mercancías globales legalmente aceptadas como la palma aceitera o la soja, se caracteriza por su tendencia a externalizar los costos sociales y ambientales a lo largo de diversas escalas del planeta. Para ser más preciso e ingresar directamente al tema principal del artículo: a mayor demanda global de cocaína, mayor es la presión sobre diversos territorios agrícolas y forestales en zonas locales como el bosque amazónico. Esta dinámica, que a la vez se ve condicionada por escenarios políticos específicos y se interconecta con procesos particulares de lo que se considera un “libre mercado”, termina (re)definiendo la forma de vida de poblaciones locales y su relación con el ambiente que las rodea. En las siguientes líneas voy a resumir la historia del nacimiento y vida de la frontera de coca en Nueva Requena, Ucayali: un distrito amazónico que tuvo que tuvo que asumir los costos de la demanda global de cocaína en el “primer mundo”.

La rápida y sólida expansión de la frontera de coca en la Amazonía peruana, como señalan Manrique y Paredes (2018), tiene sus orígenes en el fallido proyecto de colonización de la selva alta. Este, que fue protagonizado por migrantes andinos, pero promovido por las elites nacionales en la década de 1960, emergió como una alternativa desesperada a la inminente reforma agraria que se venía gestando en diversos países de Latinoamérica. La premisa era clara: abrir nuevos territorios para el trabajo agrícola permitiría reducir la presión social sobre las tierras dominadas por el régimen de la hacienda. Además, en el contexto de la Guerra Fría, esto contribuiría al afianzamiento de los lazos políticos con el gobierno de Esa wastados Unidos, otorgando beneficios a través de los flujos económicos que ingresarían con los nuevos proyectos desarrollistas con los que se pretendía “resolver los problemas locales de América Latina” (2018:54)[1]. En otras palabras, se planteaba “la expansión fronteriza como una alternativa a la reforma que podría reforzar la estabilidad política sin socavar sus intereses económicos [de la élite]” (2018:54).

Sin embargo, las dificultades de los migrantes para adaptarse a estos nuevos suelos y climas, socavaron los objetivos de capitalización de estas nuevas tierras, produciendo “un enclave de decenas de miles de campesinos pobres que luchaban por adaptarse a un territorio desconocido y producir medios de vida sostenibles” (Manrique y Paredes 2018: 54). En este contexto, uno de los casos más emblemáticos fue el del Valle del Alto Huallaga[2] (VAH), donde el fenómeno señalado devino en la articulación de un gran porcentaje de la población a la cadena de producción de coca, pues se trataba de un cultivo bastante rentable y confiable para un grupo social en condiciones de intensa precariedad e inestabilidad económica (2018). Este escenario junto a la crisis económica nacional que generó la caída de los principales productos agrícolas de la Amazonía, así como el aumento de la demanda internacional de coca debido al incremento del consumo de cocaína en Estados Unidos y la interconexión de los agricultores con nuevas redes de narcotráfico, afianzaría la posición de este valle como la “capital de la cocaína en Perú” (2018:76).

Ante esto, la respuesta del gobierno no se hizo esperar, aplicando una política antidrogas sumamente represiva y ferozmente direccionada hacia los campesinos locales. Esta estrategia respondía directamente a las disposiciones del programa de “Guerra contra las Drogas” (War on Drugs) del Gobierno de Estados Unidos, el cual desplazaba la responsabilidad de los altos niveles de consumo de cocaína dentro de su territorio hacia los países productores de coca en Latinoamérica como Bolivia, Colombia, Perú y México (Cotler, 1999). De esta manera, importantes incentivos económicos fueron ofrecidos a los gobiernos que cumplieran con feroces medidas de erradicación, cuyo principal blanco, al constituir la base de la cadena de producción, fueron los agricultores. En el caso del Perú, a través de importantes redadas y la creación de organizaciones como el CORAH, se dio luz verde a las fuerzas armadas para liderar campañas que produjeron la detención de una gran cantidad de campesinos y la desposesión y confiscación de muchas de sus tierras. (Manrique & Paredes, 2018; Ponce, 2016 ).

Sin embargo, estas medidas, lejos de dar fin a este problema, aceleraron su expansión hacia nuevos territorios. Esto se debió a dos razones particulares: por un lado, la dinámica misma del mercado continuó elevando los precios mundiales de la coca; y, por el otro, la intervención de los grupos subversivos otorgó protección a los cocaleros (Manrique 2015, 42; citado por Manrique y Paredes 2018), equilibrando, en cierto sentido, la batalla por el dominio de la frontera. Es así que, en el caso del VAH, muchos de los cocaleros se desplazaron hacia las cuencas del río Aguaytía (CVR), llegando en 1987 un importante grupo a Nueva Requena, una zona (actualmente distrito) de amplia cobertura forestal compuesta por múltiples comunidades indígenas y mestizas. Y es que además del escenario político, las condiciones geográficas de este territorio lo convertían en un área sumamente atractiva para la expansión de esta frontera. Al tratarse de un espacio poco explorado, de dificil acceso y con baja regulación del Estado, era el lugar ideal para camuflar actividades ilícitas como la producción y comercialización de coca y cocaína (o etapas químicas previas).

De esta manera, en no mucho tiempo, los altos niveles de migración y el posicionamiento de la coca como la mercancía principal del territorio, generaron una transformación socio económica nunca antes vista en la zona. Toda la población se articuló de una u otra manera a esta nueva frontera, beneficiándose de los nuevos flujos económicos y las diversas posibilidades de adquisición de dinero que ofrecía este mercado. Esto incluía no sólo a los agricultores y comercializadores de coca, sino también al ciudadano de a pie y las comunidades, quienes experimentaron una bonanza económica sin precedentes. Esto por un lado, aumentó la capacidad adquisitiva de los sujetos, permitiéndoles invertir en negocios locales y herramientas de trabajo. Sin embargo, la otra cara de la moneda mostraba un escenario de despilfarro permanente y de vidas atrapadas en un circulo lleno de vicios e irresponsabilidad para con sus pares. La siguiente cita de uno de los habitantes del distrito muestra de forma bastante clara lo relatado:

“En el 87, 88 se hizo un pueblito con todo el movimiento, toda la droga salía de allá, Nueva Requena se hizo un pueblito con un movimiento. Toda droga salía de allá. Barcitos pegaditos. Toda clase de música, no sabía ni que escuchar. Era un infierno. Uno ponía balada, el otro ponía huayno, el otro ponía tango, el otro ponía marinera. Ese es el movimiento de la droga. Todo eso había hecho la droga. Era un laberinto. Ahí vivía la gente, vendiendo sus cervezas. Ahí estaban los compradores. Venía gente que pagaba con dólares. (…) Por aquí salian los de la coca, llevando unos aparatazos, su batería, porque no hay corriente. Orquestas, cargaban generadores electricos y hacian fiestas al fondo. (…) Yo le he aprovechado, nosotros teníamos nuestra bodega acá grande, y la gente pasaba por aquí hasta el centro. Vendía pues aguardiente, vendía víveres, vendía kerosene, no estaba prohibido. Era admirable: si ahora vendes 500 soles y es una buena venta, nosotros vendíamos diario eso.

Sin embargo, era bastante claro que este escenario contaba con una clara e inminente fecha de expiración, pues las condiciones mismas de caos e ilegalidad otorgaban altos niveles de inestabilidad a la frontera. Por un lado, según señalan los mismos habitantes de la zona, a raíz de crisis de coyuntura nacional como el quiebre del banco agrario y la hiperinflación del gobierno de Alan García, las condiciones de precariedad de los pobladores de la zona se incrementaron, desencadenando un ingreso cada vez mayor de personas al mercado de coca. Muchas de estas, en busca de nuevas formas de incrementar sus ganacias, incluso empezaron a escalar en la cadena de producción de cocaína, aprendiendo a preparar la droga, e incluso a incoporarse al proceso de comercialización. De forma paralela, la represión cada vez más intensa de los militares y el ingreso de los grupos subversivos a tomar control de la frontera, convirtieron esta zona en el centro de una serie de enfrentamientos y medidas de control y erradicación de alto riesgo. Es así que el 1 de junio de 1989, el Estado declaró a Ucayali como zona de emergencia, instalando un Comando Político-Militar dirigido por la Marina (CVR 2003) y poniendo en constante vigilancia a cada uno de los pobladores de la zona.

Situaciones como esta eran bastante comunes por aquellas épocas:

Yo iba a la ciudad, y el policía me agarraba: -tus manos- me decía, porque te quema la coca. Un día yo cambio el aceite de mi motor, toco aceite quemado pues. Y algunos puntitos me quema el aceite. Me ve y me dice  -tu tienes droga, huevon. Eso de ahí es de droga-. Le explico, y me dice – no, tú tienes droga-. -Ya pues, acusame. ¿Me ha visto?¿ me ha encontrado? -Pero tu mano está indicando- -Pero te estoy explicando de qué está viniendo esto.

Este escenario insostenible, iniciaría su inevitable declive en el año 1997, tomando por sorpresa a más de uno de los habitantes de la zona. Sin embargo, más allá de las condiciones internas de la frontera, serían fenómenos de escala nacional e internacional las que darían fin a esta etapa mercantil. Por un lado, un cambio en el enfoque de las medidas de represión antidrogas, desplazaría el foco de atención colocado sobre los productores de coca hacia los comercializadores también, esto incluía tanto a los grandes narcotraficantes como a los pequeños comercializadores (Ponce 2016). Asimismo, ante las efectivas medidas de interdicción de los vuelos de transporte de esta mercancía, muchos de los cultivos tuvieron que ser desplazados hacia Colombia, reduciendo tremendamente la demanda y la producción de coca en el Perú. (García 2013). Como ya se mencionó, esto no fue previsto por muchos de los pobladores locales, quienes, de la noche a la mañana, tuvieron que presenciar una feroz reducción de la demanda de coca, perdiendo su principal fuente de trabajo e ingresos durante casi una década.

La siguiente cita sintetiza lo traumático que fue este episodio para algunas de las personas articuladas a esta mercancía:

Pero el problema de esta gente pues, es que están mirando sus vidas rutinarias, pero no se infoman. No saben como esta el movimiento del país, el Estado, el Gobierno. Qué acciones nuevas, qué cambios hay. Ellos están felices, pisando coca, con plata y haciendo sus fiestas, pero no saben como puta esta allá arriba. (…) Yo les decía a estos -señores: La coca se está yendo a la mierda. Vendan todo lo que pueden, junta todo, y comprense algo, comprense un aserradero, compren sus casas, compren sus botes, compren sus redes para que se dediquen a la pesca, crien chanchos, busquense un terreno. Se esta yendo a la mierda todito esto- -No, Señor, la droga nunca a desaparecer- -Pero tiene sus ciclos pues, y, maestro, esta es una oportunidad para ti. Vende todo lo que tu quieras, y ponte legal- -Nada…- No paso ni 6 meses, y no tenian ni para cargar sus baterías. Abandonaban ya todo, dejaban su chacra. Quién les iba a comprar. La gente regresaba cabisbaja, ya no tenía. Todos los compradores de Requena estaban en la carcel, habían huido, estaban muertos. Todos son consecuencias: “carcel, muertos, misios”. Fea ha sido esa epoca.

Finalmente, muchos de los sobrevivientes de esta etapa de la frontera se trasladaron hacia nuevas actividades, a la espera de la llegada de una nueva mercancía que les permitiera reintegrarse al proceso de creación de capital. No muchos años después ingresaría la industria de palma aceitera de la mano de la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC, capitalizando una vez más el territorio y desencadenando grandes procesos migratorios y de disputa por la tierra. A pesar de que aún quedan rezagos de producción de coca, el escenario ya no es el mismo: las condiciones de ilegalidad total en la que se desenvolvía este mercado, han sido reemplazadas por una dinámica alrededor de la tierra en la que los límites entre la legalidad y la ilegalidad son bastante difusos. El establecimiento de la tierra como la mercancía principal de la frontera, y como medio para la expansión de distintas actividades económicas (palma, ganadería, etc.), ha generado un escenario de tráfico, especulación, y conflictos físicos enmarcados por una complacencia y participación activa de las autoridades locales y regionales. Se trata de una frontera en desarrollo, en permanente transformación, y en la que poblaciones minoritarias y el bosque en sí mismo se encuentran en un estado de vulnerabilidad total ante la expansión de grandes capitales globales.

Como reflexión final, se ha podido ver cómo fenómenos políticos globales como la Guerra Fría; conflictos nacionales como la desigualdad en el acceso a la tierra y la lucha de las élites por mantener sus privilegios; y la emergencia de un nuevo mercado global de cocaína, dieron forma a una nueva frontera en la Amazonía peruana que terminó por rediseñar los modos de subsistencia de casi la totalidad de habitantes de diversos poblados. Distritos enteros se vieron envueltos en esta cadena de valor, presionados por motivaciones de subsistencia en un contexto de suma precariedad; pero también por el deseo de sacar ventaja de una oportunidad única en la vida para generar “riqueza”, y, de tener suerte, saborear un poco este “desarrollo” que tanto se aclamaba y promovía por aquellos años. Mucha gente efectivamente se benefició, pero muchos otros se perdieron en un laberinto sin salida de caos, ilegalidad y creación masiva de capital. Finalmente, cuando nadie lo esperaba – a pesar de las claras señales que pocos quisieron escuchar-, las luces se apagaron y la fiesta se terminó: familias enteras se quedaron sin un solo centavo, teniendo que retornar a un estado de supervivencia gobernado por un futuro de incertidumbre plena. 

Bibliografía

-Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). La violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portilo. En Informe final de la CVR Tomo V. (pp.343-380).

-Cotler, J. (1999). Drogas y política en el Perú: la conexión norteamericana. Lima.

-García, J. (2013): la situación del narcotráfico en la región Ucayali.

-Manrique, H. & Paredes M. (2018). Ideas of modernization and territorial transformation: the case of the Upper Huallaga Valley of Peru. En Gootenberg, P., & Dávalos, L. M. (Eds.). The Origins of Cocaine: Colonization and Failed Development in the Amazon Andes (pp. 53-83) . Routledge.

-Ponce, A. F. (2016). From freedom to repression and violence: the evolution of drug policy in Peru. En Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas (pp. 123-148). Springer, Cham.

[1] Todas las traducciones han sido realizadas por el autor.

[2] Como se verá en las próximas líneas, el escenario generado alrededor de la producción de coca en el Valle del Alto Huallaga fue fundamental en la formación de la frontera del caso de estudio de esta investigación.