Escrito por Angélica Motta Ochoa Revista Ideele N°304. Julio – Agosto 2022

La existencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es un logro, resultado de un arduo camino de lucha desde diferentes sectores de los feminismos y las mujeres organizadas en todo mundo, lo que se conoció en su momento como los mecanismos de adelanto de las mujeres (MAM) tomando diversas formas institucionales según cada realidad. En el Perú, tal logro al nivel ministerial ha permitido colocar en la política pública la violencia y las desigualdades de género como asuntos de importancia nacional.

Que la palabra mujer se encuentre de manera visible en el nombre del ministerio no es un tema contingente o menor. Apunta a visibilizar precisamente la vulnerabilidad que una sociedad -estructuralmente desigual como la nuestra- produce en las vidas de mujeres y niñas en su diversidad. Además, evidencia la necesidad de que el Estado trabaje en ello con políticas y planes claros y con un ente rector reconocido y legitimado.

Lamentablemente, de manera reciente, el congresista Américo Gonza del partido Perú Libre, a través de un Proyecto de Ley, propuso declarar “de interés nacional” el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Si bien el Congreso no está facultado para realizar este cambio de nombre y se trata de un asunto más bien declarativo, lo que este proyecto busca es abrir una discusión a nivel nacional en la dirección de oscurecer la gravedad de la problemática de las mujeres. Se trata de una disputa en el importante terreno de lo simbólico y de los sentidos comunes con ánimo de ganar espacio desde la orilla más conservadora de los antiderechos.

Así, Perú Libre se alinea al coro de negacionistas de las estructuras desiguales de género, al mejor estilo de la campaña fundamentalista “ConMisHijosNoTeMetas”; con una medida que no es aislada, sino que muestra un posicionamiento más general de alianza con los sectores de la ultraderecha en su cruzada en contra de la justicia sexual y de género. Esta medida se suma, por ejemplo, al Proyecto de Ley 904 que hace retroceder la Educación Sexual Integral en un país donde cada hora 8 adolescentes entre 15 y 19 años tiene un parto (UNFPA, 2021)

Proponer la palabra familia en lugar de mujer a primera vista podría sonar adecuado, como sinónimo de una mirada más amplia e inclusiva, pero esto es falaz. Las familias están marcadas por relaciones de poder que colocan a las mujeres e infancias (en particular a las niñas) en situaciones de alta vulnerabilidad a la violencia. Recordemos como el “quédate en casa” de la cuarentena por el Covid 19 significó un aumento amplio de las llamadas a las líneas de emergencia para reportar violencia justamente contra mujeres y niñas. Además, la violencia sexual se da a menudo en el hogar y perpetrada por un familiar cercano (UNICEF, 2019). En suma, son ellas quienes se llevan la peor parte y esto lo tiene que visibilizar y enfrentar la política pública. De ahí la relevancia de un Ministerio de la Mujer más que uno de la familia.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe más bien ser fortalecido, se trata de uno de los ministerios con menos presupuesto, lo que no se condice con la alta gravedad y generalización de los problemas sociales que debe abordar. Si queremos familias fortalecidas con vínculos más sanos, con menos violencia, es imprescindible trabajar en cerrar brechas y reducir violencias de género. El bienestar de las familias y el de las mujeres no son excluyentes, por el contrario, están estrechamente vinculados.

Finalmente, si tuviéramos que discutir el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para hacerlo más inclusivo y abarcador sería más interesante si, por ejemplo, reemplazamos “la mujer” por “las mujeres” para visibilizar una pluralidad de condiciones y problemáticas, o “las mujeres y diversidades” para dar cuenta de un conjunto más amplio de categorías de personas afectadas por un sistema de género desigual y violento.