Escrito por Mariella Villasante Revista Ideele N°304. Junio-Julio 2022

En una coyuntura política fuertemente marcada por el desorden estatal y parlamentario, y los numerosos casos de corrupción en los que está envuelto el presidente Castillo, sus familiares y sus amistades, este año se cumplen 19 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la verdad y la reconciliación al Estado y a la nación. ¿Qué podemos constatar casi veinte años después de este indudable triunfo de la verdad sobre las falsedades del régimen de Fujimori y de sus aliados militares? Lamentablemente, solo podemos confirmar, una vez más, que las recomendaciones destinadas a restructurar el Estado peruano y a mejorar las grandes brechas de desigualdad social han sido arrinconadas y postergadas por las autoridades del país, tanto aquellas que son elegidas en las urnas, como aquellas que no lo son. Es cierto que ha habido avances en materia de reparaciones a las víctimas de la guerra interna, tanto aquellas que sufrieron de la violencia de los subversivos, en particular el Partido Comunista del Perú [PCP-SL], responsable de 46% de muertes, como las víctimas de las Fuerzas Armadas y Policiales que fueron responsables de 30% de pérdidas en vidas humanas durante la guerra interna (Hatun Willakuy 2004). No obstante, a pesar de las casi dos décadas transcurridas, las Fuerzas Armadas mantienen una postura negacionista y de auto victimización ante el Informe Final de la Comisión de la verdad y la reconciliación [If de la CVR]. En una contribución anterior [Villasante, Revista Ideele n° 303], he evocado los asesinatos del Comando Chavín de Huántar en 1997, señalando que son crímenes del Estado y en particular del Ejército que nunca han sido sancionados.

En este texto quisiera analizar desde la antropología política los discursos ideológicos militares expuestos en dos textos que representan una suerte de “manifiesto militar” de la guerra interna y que, por extrañas razones, no han sido lo suficientemente estudiados hasta el momento. En primer lugar, analizaré la carta firmada en agosto de 2003 por el teniente general (FAP) Luis Arias Graziani, quien suscribe al If de la CVR “bajo reserva” y expone la postura inicial de las Fuerzas Armadas ante esa investigación estatal que no es reconocida como válida y legitima por la simple razón que los militares siguen considerándose como una alternativa de gobierno. En otras palabras, al cuestionar a la CVR cuestionan la posición del Estado peruano, aun cuando los militares formen parte de él.

En segundo lugar, presentaré las ideas centrales de la “memoria oficial de los militares” expuesta en el libro En honor a la verdad, publicado en 2010 por la Comisión permanente de historia del Ejército. Se trata de un texto de propaganda ideológica que cuestiona y que se opone al If de la CVR, y a la noción de “derechos humanos” en general. Esta postura militar ha sido exhibida nuevamente en el marco de los homenajes por la Operación Chavín de Huántar por el almirante Luis Giampietri (81 años), que se encontraba entre los rehenes. Giampietri acusó al congresista Bermejo de haber sido subversivo y dijo que en 2006 intentó asesinarlo, a él y al presidente García. Además, Giampietri cuestionó el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando su valor jurídico en el país, y criticó a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación declarando que su “trabajo [fue] mal hecho”, que “debería haber trabajado con justicia y no lo ha hecho”, “son duros para los militares y blandos para los terroristas” (RPP Noticias del 30 de abril). Argumentos negacionistas y absurdos que defienden tantos otros mandos militares y soldados formados en esa ideología ilusoria y que es similar entre los exmilitares que han entrado en la policía nacional. En efecto, más allá de la adhesión partidaria, todos comparten el negacionismo, la aversión a los derechos humanos y el odio a los “enemigos-terroristas” [Techo, comunicación personal].

Debo precisar que esta contribución es parte de un libro en prensa (Villasante 2023, Anexo 3[1]) y de una nueva investigación que espero realizar con el historiador Eduardo Toche, especialista del tema militar en el país. La idea central del análisis es que las tentativas de creación de una “memoria militar” paralela y opuesta a la historia de la guerra interna reconstruida por la CVR y a las memorias de las víctimas se sitúan en el marco de la compleja relación existente entre la Historia y la memoria.

La reconstrucción histórica de los hechos toma en cuenta que la Historia, como precisa Paul Veyne (1971: 14), es un relato de hechos verdaderos que se funda sobre documentos escritos o sobre testimonios. En ese marco, como escribe Salomón Lerner (2008: 221), el trabajo de la CVR se fundó sobre la reconstrucción de la verdad histórica teniendo como eje central “los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición.” Ese proceso tuvo como “columna vertebral” el acopio de casi 17 mil testimonios; lo cual permitió proponer conclusiones fácticas y de orden interpretativo (Lerner 2008: 225).

La historia no debe ser confundida con la memoria, una temática histórica nacida en Francia a partir de los trabajos de Pierre Nora (1984-1997), que propuso el concepto de “lugar de memoria”, en el marco de la historia de las representaciones sociales o de la historia de las mentalidades. De acuerdo con Nora (1997: 24-25), la memoria es una reconstrucción más o menos artificial, inventada o subjetiva de los hechos que sirve para reforzar una identidad colectiva. La reconstrucción del pasado de un grupo social es siempre influenciada por la situación presente. Por ello, la memoria de los actores sociales “recuerda” lo que quiere conservar y no alude aquello que desea desechar, olvidar y callar.

La historia y la memoria pueden ser reivindicadas y/o manipuladas en función de los objetivos y/o de las necesidades del presente. Los detentores del poder pueden manipular la memoria y el olvido, en ese caso podemos hablar de memoria instrumentalizada (Ricoeur 2000: 97). Por su parte, Tzvetan Todorov (2004: 51 y sqq.) denomina estos hechos: “abusos de la memoria” y “culto de la memoria” [ver Villasante 2013a y 2013b]. El recurso al pasado puede servir en efecto a las reivindicaciones iniciales de los grupos discriminados (mujeres, homosexuales y grupos racializados); puede servir también a darse “buena conciencia” pues recordar las desgracias del pasado evita preocuparse por las adversidades del presente. Una última razón para preferir el pasado embelleciéndolo, es obtener beneficios o privilegios en la sociedad actual; es lo que hacen ciertos grupos de antiguos combatientes o antiguos resistentes que quieren que no se olviden sus heroísmos pasados, yendo incluso a aspirar a ser reconocidos como víctimas, o más bien con el estatuto de víctimas: “haber sido víctima proporciona el derecho de quejarse, de protestar y de reclamar privilegios” (Todorov 2004: 56). Por ende, la versión negacionista de la historia de la guerra interna de los militares y policías peruanos manipula la realidad histórica e instrumentaliza la memoria militar de la guerra con el objeto de obtener el reconocimiento de la sociedad que, según sus deseos, debería olvidar sus crímenes y recordar solamente su “heroísmo”, en particular el de ciertos excombatientes que reclaman el estatuto de víctimas y exigen beneficios por sus actos pasados en la escena política actual del país.

El negacionismo militar anunciado por Arias Graziani en 2003

El teniente general Luis Arias Graziani escribió una carta de 15 ítems dirigida al Dr. Salomón Lerner Febres, el 27 de agosto de 2003, explicitando un discurso que circulaba desde hacía varios años en los círculos militares y policiales.

• En primer lugar, Arias reconoce que la CVR ha “cumplido con seriedad y esmero encomiable su cometido (…) con el propósito de buscar la verdad de lo que sucedió en los años de violencia que azotó a nuestro país.” Pero se contradice de inmediato cuando explicita que no acepta la objetividad del If de la CVR afirmando que el hecho de pasar de “testigos a investigadores” ha llevado al “subjetivismo” e “inevitablemente, aportamos a esa “verdad”, consciente o inconscientemente, nuestras percepciones personales, sean estas aprobatorias o desaprobatorias”. Para Arias, los investigadores carecen de objetividad y margina el Informe Final al rango de un texto “subjetivo”. Además, considera que el Informe “deberá ser contrastado con la verdad histórica que la nación oportunamente encontrará”. De ese modo, Arias establece la versión inicial de la Fuerzas Armadas que niega el valor de verdad histórica a un documento del Estado peruano. Esta postura confirma la posición ambivalente de los militares frente al Estado, a los gobiernos que lo representan y a las autoridades designadas para esclarecer la historia de la guerra interna.

• El segundo argumento [ítems 2 a 6] considera que no se puede comparar la violencia del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), que inició la agresión “al Estado y a la nación”, con las acciones de “los contingentes de las Fuerzas Armadas. Estas últimas participaron en la acción contrasubversiva en cumplimiento de su misión Constitucional, por disposición de los Gobiernos de turno en dos décadas.” Para Arias, las fuerzas del orden intervinieron en la guerra para luchar contra las “acciones terroristas” y es en ese “contexto que debe buscarse la Verdad (sic)” En una palabra, el PCP-SL sería el único actor responsable de la guerra interna, en cambio las Fuerzas Armada y Policiales habrían jugado el rol heroico de defensa de la nación en peligro. Una visión totalmente falseada de la realidad. Si es evidente que los senderistas iniciaron la lucha armada en el país, los militares y policías respondieron con una extrema brutalidad, muy bien documentada en el If de la CVR. Además, aunque sea cierto que esas acciones contrasubversivas tuvieron un marco legal estatal, pues los gobiernos abandonaron la lucha contra el PCP-SL y el MRTA a los militares, ello no omite la responsabilidad del cuerpo militar y de sus fuerzas auxiliares, los ronderos campesinos y nativos en las atrocidades perpetradas contra personas y contra poblaciones acusadas de “terrorismo”. Este término es muy importante en el lenguaje militar pues permite reducir el enfrentamiento de la guerra a dos bandos: los “militares-heroicos” y los “terroristas-enemigos”. En modo subyacente, permite justificar la extrema violencia y los crímenes contra la humanidad de los militares pues se enfrentaban a “terroristas” que, según ellos, no tenían ningún derecho a la vida.

• El tercer argumento [ítems 7 a 9] concierne la violación masiva de los derechos humanos de parte de las “huestes terroristas”; y el reconocimiento ambivalente de crímenes de parte de las fuerzas del orden. En efecto, se reconoce que algunos soldados y policías “excediendo su función, han violado los derechos humanos”. Pero los testimonios aportados serían “pruebas indirectas, indicios” y el poder judicial deberá juzgar a los presuntos responsables. La gran preocupación de Arias y del cuerpo militar que representa era la preservación del honor; por ello afirma que se debe distinguir la “responsabilidad individual” de la “responsabilidad institucional”. Es decir, se niega que las Fuerzas Armadas sean responsables de crímenes contra la humanidad, y se acepta solamente que ‘algunos individuos’ se “excedieron” y cometieron crímenes. Como veremos pronto, ese discurso negacionista (que acepta implícitamente que la institución militar fue incapaz de controlar a sus soldados criminales) es central en el libro En honor a la verdad (2010).

• El cuarto argumento [ítems 10 a 11] aborda el número de muertos, y plantea que hubo entre 24,000 y 25,000 “víctimas debidamente documentadas”. La estimación de cerca de 70,000 muertos del If de la CVR “no es una verdad comprobada”. Es un hecho que los militares no son capaces de aceptar la magnitud de la guerra interna y prefieren creer y hacer creer a los peruanos que no fue tan dramática y que ellos solo sirvieron al país.

• Al final, Arias [ítem 12] aborda el tópico de las causas de la “violencia”, afirmando que es un “error” considerar que “la pobreza y el abandono de miles de pobladores, especialmente en la Sierra” “ha sido la causa de la violencia”. Aparentemente, Arias nunca leyó el Informe Final, que recalca, justamente, que la pobreza no explica el conflicto armado interno, aportando un análisis muy complejo de los múltiples factores (inequidades históricas, modernización desordenada, debilidad y ausencia del Estado en amplias zonas rurales, crisis económica, debilidad o inexistencia de partidos) que explican la emergencia de la guerra interna en el país (If Tomos I y VIII, Hatun Willakuy: Capítulo 6).

“De acuerdo con los testimonios recogidos por la CVR, la violencia golpeó principalmente a los habitantes más pobres en las áreas más pobres del país. Sin embargo, como esos mismos testimonios indican, la pobreza no explica por si sola el estallido del conflicto armado. Es más preciso verla como uno de los factores que contribuyó a encenderlo y como el telón de fondo sobre el cual se desarrolló ese drama.” (Hatun Willakuy 2004: 337).

• Asimismo, Arias [ítem 13] plantea que la “reconciliación” es un “proceso de búsqueda de unión de todos los peruanos”; a la exclusión de los terroristas con quienes ello es imposible. En otros términos, ‘un terrorista será siempre terrorista’. De ese modo, se niega la posibilidad de que los subversivos puedan arrepentirse de sus crímenes y reintegrar la sociedad peruana. La afirmación es extraña y contraria a la realidad pues sabemos que muchos senderistas arrepentidos integraron las tropas de los militares y de los resistentes ronderos.

• Finalmente [ítems 14 y 15], Arias explicita el punto central del discurso militarista: conservar “en nuestra memoria el respetuoso recuerdo que nos merecen los miles de miembros de la Fuerzas del orden que murieron, fueron heridos o quedaron incapacitados” en su lucha contra el terrorismo. En efecto, “son víctimas que cayeron en el cumplimiento de su deber”, por lo tanto “debemos preservarlos de los efectos de una acusación global de violación de derechos humanos a la institución a la que pertenecen, que pueda generar en ellos una sensación de incomprensión e ingratitud.”

En nombre de las Fuerzas Armadas y Policiales, Arias pretendía manipular la historia y crear una memoria instrumental que resaltaba el heroísmo militar, yendo hasta la reivindicación del estatuto de víctimas para los militares y policías caídos por defender la patria del “terrorismo”. El objetivo evidente de esta narrativa era negar la responsabilidad de las fuerzas del orden en las violencias contra los civiles acusados de “terrorismo”. Los peruanos debíamos “recordar” solamente que los soldados fueron héroes y “olvidar” sus crímenes. En otras palabras, la muerte de los “terroristas” no se puede ser comparada a la muerte de los soldados. No obstante, se dejan de lado los miles de campesinos muertos en masacres perpetradas por los militares y en menor medida por los policías, hechos bien documentados en el Informe Final de la CVR, como veremos más adelante.

La memoria negacionista de la historia: el libro-panfleto de propaganda En honor a la verdad

El discurso de Arias Graziani de 2003 fue profundizado en el libro En honor a la verdad, elaborado por la Comisión Permanente de Historia del Ejército (Cphe 2010), que es una suerte de manifiesto oficial del Ejército y de las Fuerzas Armadas sobre la guerra interna que amerita un largo análisis desde la antropología política. Pero en este breve texto debo restringirme a citar los objetivos del libro explicitados en la Presentación y los puntos centrales de la argumentación que conciernen: la noción de “guerra contraterrorista”, los derechos humanos, los “errores” de los militares y el sufrimiento de los soldados presentados como “héroes de la pacificación”.

• En primer lugar, el libro se presenta como un panfleto de propaganda política, bastante mal redactado y organizado. Hannah Arendt[2] ha aportado sabias reflexiones sobre la propaganda y plantea que es un discurso simplificador que pretende aportar la verdad. En otras palabras, la realidad es substituida con mentiras, engaños y falsedades; que se consideran como “medios legítimos para el logro de fines políticos” pues “la sinceridad nunca ha figurado entre las virtudes políticas” (Arendt 2015: 12[3]). Se trata de una técnica de comunicación y de persuasión para propagar una idea o una ideología falsa y parcial; se concentra además en la manipulación de las emociones dejando de lado el razonamiento. Por ello se usan conceptos virtuosos, como la “defensa de la patria”, de la “libertad”, del “honor” que han sido muy utilizados en el libro militar que nos ocupa.

Contrariamente a ciertos analistas que han hecho comentarios positivos y/o ambivalentes[4]; considero que la élite militar habría podido escoger a los autores universitarios con más cuidado pues el resultado final es bastante mediocre. Para que una publicación universitaria sea pertinente con las exigencias de la academia no basta con incluir cuadros estadísticos, fotografías o citas de autores conocidos. Es necesario plantear las ideas en forma clara y objetiva, citando fuentes fidedignas. En vez de ello, el libro-panfleto expone la visión deformada y falseada de la realidad histórica que los militares han construido desde los años 1980. Por ello, no es adecuado considerar que “junto al enorme y muy completo informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, este libro del Ep es esencial para la comprensión del conflicto armado interno.” (Zapata 2012). No se puede comparar una obra fundada sobre la verdad histórica con un panfleto de carácter propagandístico.

• Las únicas secciones interesantes son aquellas donde se explicitan los planes de la guerra contra la subversión, que conocemos bastante mal pues las élites militares no las comunicaron a tiempo debido y además nunca publicaron la cifra de soldados desplegados en el país. También son pertinentes las secciones donde se evoca el desorden del Estado y de los gobiernos de turno, así como la corrupción y el autoritarismo del régimen de Fujimori. Sin embargo, no se llega a reconocer el apoyo brindado por el Comando Conjunto, en especial el nefasto general Hermoza Ríos, a Fujimori y a su cómplice Montesinos, ni la corrupción extrema que caracterizó este periodo. En 2016 Hermoza y Montesinos fueron condenados a más de 20 años de prisión.

• La politóloga Cynthia E. Milton (2017, 2018), analiza las “contramemorias militares” señalando que desde la publicación del If de la CVR varios libros de memoria militar o desafían directamente a la CVR o cuestionan parte de sus hallazgos, basados en lo que sus autores consideran sus “verdades”. Otros libros cuestionan también los juicios contra perpetradores militares que fueron llevados ante la justicia peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Oea). Veamos algunos títulos en orden cronológico:

— Noel Moral Clemente (exgeneral EP), 1989, Ayacucho, testimonio de un soldado.

— Moran Pablo (coronel EP), 2006, Complot contra los militares. Falsedades de la CVR.

— Giampietri Luis (exvicealmirante de la Marina), 2007, 41 seconds to Freedom: An Insider’s account of the Lima Hostage Crisis, 1996-1997.

— Donayre Edwin e Hilda Balbín, 2009, El silencio de los héroes.

— Cphe 2010, En honor a la verdad.

— Giampietri Luis y Lorena Ausejo, 2011, Operación Chavín de Huántar.

— Sosa Jesús, 2014, Sueños de justicia: la verdad del llamado Grupo Colina.

— Bonilla Guillermo (oficial de policía), 2015, Golpe mortal. La verdadera historia de la pacificación nacional. Rompiendo mitos.

Como nota Milton (2017: 15), las palabras “verdad” o “verdadera” aparecen a menudo en los títulos o en las páginas introductorias” de las obras escritas por militares para “ayudar a resucitar a las Fuerzas Armadas del [fondo de la desgracia], para devolverles su honor dentro de la nueva democracia y la era de los derechos humanos.” (Milton 2017: 13). Milton observa también con razón que los autores de esos libros quieren ofrecer una “narrativa heroica” tanto para su cohesión interna como para audiencias externas; pretenden igualmente “desacreditar la erudición y la autoridad moral del If de la CVR”; y condenan la “ingratitud del Estado peruano” y “la persecución por el enjuiciamiento de militares”, presentándose como “víctimas-testimoniantes” (Milton 2017: 20-21). Esas observaciones son pertinentes, no obstante, es necesario explicitar dos puntos críticos: por un lado, Milton se contenta con describir las obras publicadas, pero no llega a aportar la conclusión lógica a sus análisis: que las memorias militares son una versión falseada de la realidad fabricada con fines ideológicos. Además, evocando el libro En honor de la verdad, considera que es “un trabajo serio que fue producto de la colaboración entre historiadores civiles y personal del Ejército.” En realidad, es un texto militarista y parcializado con poco valor académico.

Los ejes y objetivos del libro En honor a la verdad

• ¿Cuáles son las ideas centrales expuestas en la Presentación? En primer lugar, se pretende difundir una “verdad” que “es producto de la investigación”. En efecto:

“[El presente libro] Cuenta una realidad que proviene del interior del Ejército, componente de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros hicieron frente al desafío de restablecer el orden y conquistar la paz. Un observador poco acucioso podría argumentar superficialmente que este volumen trata de limpiar la honra institucional o maquillar la historia en beneficio propio. Pero esta sería una tesis lejana, pues quienes no conocen el Ejército del Perú por dentro no comprenden los altos valores que recorren las venas de sus integrantes y de la organización a la que pertenecen. La verdad que contiene es una voz que puede añadirse a las que ya se han oído y que, a diferencia de otras, no es la de víctima ni de victimario, sino de quien asumió el compromiso de salvar a la patria del destino sórdido en el que estaba sucumbiendo.” (Cphe 2010: 9) [Mis itálicas].

La supuesta “verdad” es, justamente, la versión maquillada y falseada de la historia de la guerra interna, y en ningún caso puede ser “añadida” al Informe Final de la CVR. El Ejército y las Fuerzas Armadas enfrentaron la subversión por decisión del Estado y de los gobiernos civiles, pero también perpetraron atrocidades, esta es la realidad que se pretende negar. Por ello, al final del libro se ofrecen “sinceras disculpas por todo el mal que algunos individuos pudieran haber cometido en contra de algún ciudadano y de la sociedad en general”. Unas “disculpas” bien tibias y poco creíbles pues ni siquiera se reconocen los miles de víctimas de los soldados. De ese modo, no se demanda perdón a las víctimas, como hubiera sido digno de un ejército que comete violencias extremas contra los civiles, al contrario:

“[Este libro es] Una voz que no presenta excusas, sino explicaciones a los hechos, tal y como sucedieron. Por ello, este no es un homenaje: es la verdad, pues la construcción de nuestro futuro depende de la honestidad con que los peruanos afrontemos la realidad.” (Cphe 2010: 9) [Mis itálicas].

• En la Introducción se explicitan los dos ejes que guían la publicación: en primer lugar, se asevera que los autores son parte de un equipo formado por “historiadores, sociólogos, periodistas, psicólogos, abogados y oficiales en actividad y en retiro”; de ese modo, se exhibe la ambición de equipararse con el equipo de especialistas que elaboró el Informe Final de la CVR. En segundo lugar, se afirma que el equipo debía “emprender la misión de escribir una parte hasta ahora invisible de esta historia”. Es evidente que el Ejército y los militares y policías en general han podido y pueden aportar sus propias versiones de la guerra interna. No obstante, no pueden pretender que ellas sean objetivas.

• El libro está dividido en 6 partes y 18 capítulos ordenados cronológicamente: el periodo anterior al conflicto, la intervención del Ejército (1983-1985), la expansión de la guerra (1985-1989), los “éxitos en el campo de batalla” (1989-1995), la “derrota de los dos enemigos del Estado” (1995-2000). En este capítulo se exponen “los errores cometidos” en la conducción de la guerra. La última parte está consagrada a las conclusiones, y se reconoce que la “pacificación” del país “se logró gracias a la conjunción de esfuerzos de todos los peruanos que apostamos por la libertad, la democracia y la paz” (2010: 12). Remarquemos que, si en las Conclusiones se reconoce “el valor, la dedicación y el heroísmo de las rondas campesinas y los comités de autodefensa” durante la guerra interna, en la obra no se aborda la colaboración de los resistentes civiles que permitieron el triunfo militar sobre los subversivos. En fin, evocar la libertad, la democracia y la paz resulta absurdo en esta versión militar del conflicto; los militares impusieron sus reglas arbitrarias en las zonas declaradas en estado de emergencia, recortaron la libertad de los pobladores, y los agredieron sistemáticamente acusándolos de “terrorismo”. Estas prácticas militares fueron ordinarias durante la primera década del conflicto y disminuyeron después de 1989, cuando las “estrategias” cambiaron y se empezó un proceso de acercamiento a las poblaciones rurales en la sierra del centro y del sur y en la selva central. en esas zonas que estuvieron en el epicentro de la guerra el apoyo de los ronderos campesinos y nativos fue fundamental para vencer militarmente a los senderistas.

La noción de “guerra contraterrorista”

Como sabemos, las Fuerzas Armadas rechazan las categorías del derecho humanitario internacional adoptadas por la CVR [“conflicto armado interno” y “guerra interna”] y han inventado la noción de “guerra contraterrorista” porque según ellas el PCP-SL y el MRTA “iniciaron una guerra contra el Estado no de carácter político […] y la suplantaron con la práctica indiscriminada del terror.” (Cphe 2010: 19, 389). Esta afirmación no es pertinente pues, aunque sea cierto que los grupos subversivos iniciaron una guerra contra el Estado y la sociedad utilizando la violencia extrema del “terror” (Arendt 2002), los militares adoptaron también el terrorismo de Estado para reprimir las fuerzas insurrectas. Por ello, reducir la guerra interna, en la cual hubo varios contendientes a una “guerra contraterrorista” implica la negación de la represión militar. Recordemos asimismo que el término “terrorismo” fue utilizado con fines políticos en las operaciones de propaganda del Sin dirigido por Vladimiro Montesinos para desacreditar y para denigrar a los miembros de la oposición o a las personalidades que criticaban sus acciones. Esta práctica de la política nacional envilecida y corrupta inaugurada durante el régimen de Fujimori ha continuado hasta la actualidad; los grupos de derecha y de extrema derecha incriminan a sus opositores de “terroristas” o de “terrucos”, y algunos universitarios desorientados evocan a la par “la época del terrorismo[5] ».

La primera fase del conflicto armado fue caracterizada por los militares como una “guerra no convencional” entre las fuerzas del orden y los focos armados “comunistas” que pretendían tomar el poder estatal siguiendo el modelo cubano. Por ello, durante 6 años se siguió utilizando el arcaico Manual NE-41-1 que había servido para enfrentar a la guerrilla en 1965. Recién en 1989, el Ministerio de Defensa publicó un Manual de las Fuerzas Armadas contra la subversión (ME-41-7) que marcó la segunda década de la guerra interna (Cphe 2010: 191 y sqq.). El principal argumento del nuevo manual es que no se puede combatir la subversión bajo el único ángulo militar y que sin la participación de la población la guerra no podría ser resuelta a corto plazo, lo cual es loable. Pero a pesar de este cambio pertinente de la estrategia militar, en el libro no se han incluido ni reconocimientos, ni datos de las operaciones conjuntas llevadas a cabo con los resistentes civiles: los ronderos y los miembros de los Comités de autodefensa, sin cuyo concurso la guerra no hubiera podido ser ganada por la nación y el Estado peruano.

Los derechos humanos: la fobia y el temor de los militares y policías

La temática de los derechos humanos es una fuente constante de fobia y de temor entre los militares y policías, que se sienten agredidos de inmediato cuando se les recuerda las brutalidades constantes que perpetraron contra civiles y/o subversivos desarmados, que ellos niegan o justifican afirmando que defendían la nación. Esta cuestión es abordada en la sección “El Ejército con relación a los derechos humanos” (Cphe 2010: 352-358), donde se exponen las posiciones oficiales y los “errores” individuales perpetrados durante la guerra. Veamos los puntos esenciales.

• En primer lugar, se niega el hecho comprobado por la CVR de la práctica sistematizada de crímenes contra la humanidad (torturas, violaciones, asesinatos, masacres) por parte de las Fuerzas Armadas (en especial el Ejército y la Marina) y en menor medida de la Policía Nacional. Y se afirma que los casos de violaciones de los derechos humanos fueron obra de “individuos”, no de la institución castrense.

“Las violaciones de derechos humanos que lamentablemente sucedieron durante la guerra no fue (sic) una práctica sistematizada, ni ordenada, ni orquestada por los entes rectores del Ejército del Perú, sino que fueron hechos de absoluta participación y decisión individual, tanto en la esfera de los encargados de la supervisión y control, como en la de la ejecución. […] Según la doctrina impuesta a los cuadros que irían conformando las Fuerzas Armadas, el respeto irrestricto a los derechos humanos debería ser “una norma permanente de todas las acciones de las fuerzas del orden, pues así esta señalado en los reglamentos castrenses y en las directivas del Comando Conjunto y de los institutos armados.” (Cphe 2010: 352) [Mis itálicas].

Estas aserciones son contradictorias y absurdas. Refutar la responsabilidad de la institución militar en las “lamentables violaciones de derechos humanos” y responsabilizar solamente a ciertos “individuos” equivale a reconocer que la institución militar ha sido incapaz de controlar y canalizar la violencia de las tropas a través de la subordinación a la jerarquía militar, el entrenamiento, la disciplina y el respeto a las órdenes de los superiores. Por lo tanto, esta posición oficial negacionista demuestra sobre todo el fracaso de la institución militar del Perú durante la guerra interna. En otras palabras: los jefes militares no fueron capaces de hacer respetar las órdenes y las normas de respeto de los derechos humanos.

En ese marco: ¿qué sabemos de los crímenes contra la humanidad y sobre las masacres? La CVR ha diferenciado las muertes durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los subversivos, de las masacres que son actos de aniquilación organizados por dirigentes contra los “enemigos”. Siguiendo la pauta utilizada por la Comisión de esclarecimiento histórico de Guatemala (1999), la CVR define como masacres los asesinatos múltiples de cinco o más personas en estado de indefensión. Teniendo en cuenta ese criterio, se han identificado un total de 337 masacres: 122 masacres fueron perpetradas por los agentes del Estado (If, Tomo VI: 110-111). Y por lo menos 215 masacres fueron ejecutadas por el PCP-SL, en las cuales fallecieron 28% del total de víctimas de esta organización subversiva (If, Tomo VI: 31).

La masacre más importante en número de víctimas tuvo lugar en diciembre de 1984 en Putis (Huanta, Ayacucho), donde los soldados del Ejército que dependían de Los Cabitos (Huamanga) asesinaron a 124 campesinos, entre los cuales 19 eran niños y más de la mitad eran mujeres. Este hecho de extrema violencia ha sido investigado por la CVR en profundidad (If, Tomos VII: 95-102 y VI: 111). La matanza fue realizada en la escuela de Putis, pero también se encontraban presentes campesinos de comunidades vecinas: Cayramayo, Vizcatampata y Orccohuasi.

De acuerdo con los datos del If de la CVR, sobre un total de 122 masacres cometidas por las fuerzas del orden, 16 incluyeron violencias sexuales: 12 fueron perpetradas por los militares (Huamanquiquia, Muyurina, Putis, Accomarca, Cayara, Chumbivilca, Sarii, Cayumba); 2 por policías (Soccos y Vilcabamba), una por ronderos y militares (Chilcahuayco) y una por ronderos (Tisiriari) (If, Tomo VI: 253).

No obstante, el Informe Final de la CVR no propone un inventario detallado de las masacres, razón por la cual he aportado una clasificación de masacres de más de diez personas en el país (distinguiendo los casos bien documentados y poco documentados, los responsables, los muertos y los lugares de los hechos) en mi libro Chronique de la guerre interne au Pérou (2018). De ese modo, he encontrado 218 casos de masacres donde fallecieron 16,311 personas; los principales responsables fueron Sendero Luminoso (62%) y las fuerzas del orden (27%) (Villasante 2018: 79).

Principales masacres perpetradas por militares y policías durante la guerra interna

• En segundo lugar, de acuerdo con los autores del libro, las acciones de guerra de las Fuerzas Armadas defendían el “estado de derecho” y “no pueden equipararse” con las acciones de las “organizaciones terroristas” que estuvieron fuera de la legalidad (Cphe 2010: 374). Esta aserción es paradójica e irracional. Por un lado, se deja entender que los militares se consideran como un actor armado que estaba por encima de los demás (subversivos y resistentes) durante la guerra interna. Peor aún. Se postula que, dado que las Fuerzas Armadas defendían a la nación “legítimamente[6]” no pueden compararse a los grupos subversivos aun cuando ambos perpetraron atrocidades similares: los agentes del Estado lo hicieron “legalmente” y los subversivos “ilegalmente”. Esta enunciación podría formularse en modo inverso: dado que las Fuerzas Armadas defendían objetivos elevados, estaban obligadas a defenderlos de manera ejemplar, no perpetrando crímenes contra la humanidad iguales o peores a los de los insurrectos. En última instancia, se trata de fabricar una jerarquía entre los muertos y las acciones violentas.

Los “errores” [los crímenes contra la humanidad] de los militares fueron solo individuales

• Para aseverar que las violaciones de los derechos humanos fueron solo individuales se recuerda que se “incrementaron cursos de esta materia en los planes curriculares de los cadetes de la Escuela militar” y en otros institutos militares. Además, se afirma que no existe ninguna orden escrita que haya autorizado los crímenes contra la humanidad (Cphe 2010: 352). Estas aseveraciones implican que los cursos no sirvieron de mucho, y que los crímenes nunca se ordenaron por escrito. Veamos algunos detalles.

• Según la versión oficial de los militares, los errores “responden a una conducta individual moldeada por la sociedad, la familia y la profesión y no a un diseño formal institucional.” (Cphe 2010: 353). Esta afirmación no es falsa pues es evidente que los soldados o policías, como todas las personas, adquieren sus valores morales en el seno familiar. No obstante, no es pertinente asociar esa socialización de base con los crímenes individuales pues los soldados reciben formación militar y órdenes para enfrentar a la subversión, por lo tanto, sus “yerros” incumben a sus jefes militares, como en todos los Ejércitos del mundo. Por otro lado, el documento considera que cuando las denuncias partieron de un hecho individual recibieron las sanciones correspondientes, pero reconoce también que en ciertos casos la justicia militar no fue aplicada “por negligencia o porque el hecho comprometía su carrera o su estabilidad”. En fin, otras denuncias no fueron atendidas porque “provenían de individuos o instituciones relacionados con las organizaciones terroristas” (Cphe 2010: 353). La posición de fobia ante las asociaciones de defensa de los derechos humanos es en efecto constante pues consideran que “establecieron un nexo importante con sectores afectados por la violencia armada” (Cphe 2010:40). Algo totalmente falso.

• Los crímenes de los soldados y de sus jefes son asociados a “algunos factores que permiten dilucidad y comprender esas conductas”: estrés psicológico, represalias personales, racismo, desconocimiento del idioma local, falta de control de ciertos comandantes, y deficiencias en la formación de cuadros (Cphe 2010: 353-354). Es evidente que, como en todos los contextos de guerras internas o externas, los combatientes se encuentran en condiciones de dificultad psicológica constante pues sus vidas están en peligro. Los enfrentamientos y las pérdidas de colegas y amigos producen tensiones y nerviosismos; a ello se sumó el racismo ordinario de los soldados y de los comandantes frente a los “indios-terroristas”, incluso aquellos que tenían orígenes andinos pues los militares y policías peruanos, de todo origen étnico, se consideran racialmente superiores a los campesinos y a los civiles “indígenas” pues ellos son “civilizados”, hablan bien castellano y son educados (Toche 2008). El racismo peruano mezcla en efecto los atributos externos con la cultura y la educación formal (Villasante 2016, 2019).

Dicho esto, los autores del libro parecen olvidar que la institución militar debe canalizar la violencia de los soldados en los frentes de guerra a través de la disciplina y el respeto de la jerarquía. Por lo tanto, los factores citados para justificar los “errores” cometidos implica reconocer que las Fuerzas Armadas y Policiales fueron simplemente incapaces de imponer la doctrina castrense y hacer respetar los reglamentos y las estrategias que prohibían los crímenes contra la humanidad.

La versión militar de la guerra interna pretende asimismo que se ha otorgado solamente “voz y rostro” a las “víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado […] pasando a un plano inexistente a miles de víctimas que experimentaron atrocidades e insania” de parte de los grupos subversivos (Cphe 2010: 355). Esta aserción es totalmente falsa y prueba, una vez más, la mediocre capacidad intelectual de los autores del libro que no se han dado el trabajo de leer el Informe Final de la CVR, [Tomos II y VI], donde se distinguen claramente los crímenes contra la humanidad perpetrados por los agentes del Estado y por los grupos insurrectos.

El sufrimiento de los soldados presentados como “héroes de la pacificación y “víctimas” de la violencia

Los soldados sufren en las guerras. Es una evidencia antigua en la historia humana en todas las sociedades que han sufrido enfrentamientos bélicos. Veamos algunos puntos importantes.

• El libro aborda los efectos psicológicos de la guerra en los combatientes en el capítulo XV consagrado a la “Afectación de la institución”, y ello es muy interesante pues explicita un aspecto poco conocido de la historia de la guerra interna que vale la pena estudiar con detenimiento. De acuerdo con una psicóloga entrevistada en 2009, el estrés postraumático es “un estado de conmoción o shock” producido por eventos en los cuales la vida de los soldados estuvo en peligro (Cphe 2010: 343). No obstante, las Fuerzas Armadas tomaron varios años para tomar conciencia de la necesidad de disponer de médicos psiquiatras y psicólogos para atender al personal militar aquejado de problemas de este tipo. Recién en 1990 se estableció el Sistema Integral y Permanente de Evaluación, Seguimiento y Asesoría (Sipesa) en el Ejército. En 1992 el organismo se dedicó a la atención exclusiva de los militares que estaban destacados en las zonas de emergencia y a partir de 1998 la atención se extendió a los familiares directos.

• El discurso militar subraya que los combatientes y sus familiares fueron “muy afectados por la guerra”, pero se queja de la falta de apoyo de parte de la sociedad:

“[…] si bien es cierto [han] recibido las indemnizaciones y/o pensiones asignadas por el Estado por la categoría de defensores calificados de la patria, no recibieron ningún tipo de apoyo moral de la sociedad civil ni de las organizaciones de derechos humanos.” (Cphe 2010: 347) [Mis itálicas].

Una vez más, la narrativa parcializada de la élite militar presenta como “víctimas” a los soldados y oficiales afectados por la guerra. Nada más lejano de la realidad. El proceso de deshumanización concierne a todos los actores de las guerras, a los agresores y a los agredidos. Y es evidente que los efectivos que lucharon contra los subversivos sufrieron de las condiciones difíciles de la sierra y de la selva, y afrontaron la extrema violencia de una contienda armada. Algo que es normal pues son los profesionales de la violencia y reciben entrenamiento para ello. Que ese entrenamiento fuera brutal y sanguinario, como lo ha explicitado el If de la CVR, es otro tema diferente que debe ser analizado pues cuestiona la validez de la formación adoptada por las élites militares.

En efecto, el entrenamiento de los soldados y policías para enfrentar a la subversión fue sanguinario y violento. El adiestramiento seguía los protocolos de la Escuela de las Américas de Panamá. El proceso de iniciación debía forjar la cohesión del grupo de novicios a través de actos bárbaros. Los reclutas eran jóvenes de 17 a 26 años y no pertenecían a las regiones andinas, eran costeños o amazónicos. Su formación debía durar un año, pero en la práctica se reducía a algunos meses. Los lazos entre esos jóvenes fueron reforzados por la situación de peligro constante y por el hecho de compartir un modo de vida difícil durante largos periodos. Esta situación explica, según la CVR, la voluntad de vengarse de los subversivos cuando uno de ellos era asesinado (If, Tomo VI, Capítulo 1, Patrones en la perpetración de crímenes y violaciones de los derechos humanos; Idehpucp 2009d: 65-66).

Los soldados eran entrenados para perder el terror de perpetrar asesinatos a sangre fría, lejos de los campos de batalla; y también se cometieron actos de crueldad inútil. He aquí el testimonio de un exsoldado en Ayacucho:

“Yo era suboficial de tercera, los subalternos nos formábamos atrás. Nos hicieron bautizar. El bautizo consistía en que cada uno mataba un terruco, un terrorista. Cosa que tenías que hacerlo para que la tropa nos acepte… En ese momento, para ser franco, no sentí nada, era parte de la guerra, lo tomé como una cosa normal, acepté el bautizo, lo realicé […] A los terroristas los ponían en fila y a nosotros también nos ponían en fila. Uno iba corriendo y gritábamos y le hundíamos el arma… recuerdo que había un capitán que agarró un clavo en el oído de uno de ellos. Eso delante de todos. Fue previo al bautizo. Le metió un clavazo [sic], convulsionó y murió. Lo arrastraron y se lo llevaron.” (Testimonio reservado Ea2, ex suboficial de las Fuerzas Armadas destacado en Ayacucho en 1984. If, Tomo VI: 117).

Durante el conflicto, hubo muchos testimonios de apoyo y de defensa de las acciones militares, además, cuando se cambió la estrategia de violencia indiscriminada y se adoptó el acercamiento a las poblaciones, miles de campesinos perdieron el miedo a los militares y aceptaron la creación y/o el reforzamiento de las milicias civiles (rondas campesinas y nativas, miembros de los Cad). De esta colaboración que fue decisiva para vencer militarmente a Sendero Luminoso el libro En honor a la verdad dice muy poco o casi nada. Dicho esto, es cierto que las organizaciones de derechos humanos se concentraron en la defensa de las víctimas; no de los soldados y de sus jefes que, en muchos lugares del país, perpetraban masacres, asesinatos, violaciones y robos contra civiles desarmados.

• ¿Por qué el discurso militar insiste en llamar la atención sobre el “sufrimiento” de los soldados, supuestamente desconocido por la sociedad? Pienso que hay por lo menos dos razones para ello. En primer lugar, para neutralizar o relativizar los crímenes contra la humanidad que miles de militares y policías han perpetrado durante la guerra interna, siguiendo órdenes directas de los oficiales, y también siguiendo las “costumbres” de los sub-oficiales (robos, violaciones, asesinatos). ¿Qué mejor manera de negar los propios crímenes si no pidiendo que se reconozcan los propios sufrimientos? Esta postura ideológica conduce a considerar que los soldados también fueron víctimas en el conflicto, como fue explicitado desde 2003 en la carta de Arias Graziani al Dr. Salomón Lerner.

La victimización militar se ha afirmado con la emergencia de asociaciones de exsoldados que reivindican el “reconocimiento” de su sufrimiento durante la guerra interna. No obstante, contrariamente a ciertos analistas, pienso que esas asociaciones no pretenden participar en la política nacional en tanto representantes de la nación, lo que ambicionan es obtener el estatus de víctima para alcanzar ciertos privilegios en nuestra sociedad. En ese marco, Carla Granados (2020, 2021), historiadora y exteniente del Ejército, ha propuesto algunos análisis de la situación de los soldados reclutados para el Servicio Militar Obligatorio — una temática estudiada por Eduardo Toche, especialista del tema militar en el país (2005, 2019, 2020). Según Granados, esos soldados habrían sufrido de las condiciones difíciles del entrenamiento y de la “guerra contraterrorista” y habría “una generación perdida de cerca de un millón de militares excombatientes” que se encontró “en absoluto abandono” sin que ningún gobierno implemente “políticas públicas” que atendieran sus “problemas sociales y económicos “como “sobrevivientes de guerra” (2020). Las fuentes para una cifra tan importante de soldados no son citadas, pero es evidente que la autora sitúa la situación de los combatientes en un marco de victimización, olvidando que su participación en la guerra interna se realizó en un marco institucional militar, y que muchos de ellos perpetraron crímenes contra la humanidad. Granados destaca además la creación de asociaciones de soldados que reclaman el reconocimiento de la sociedad y del Estado. Si la temática es interesante y merita estudios serios, la perspectiva analítica no es pertinente pues, probablemente influenciada por su formación militar, Granados adopta la visión parcial y negacionista de la élite castrense.

Tzvetan Todorov analiza la temática de la victimización oportunista de forma muy lucida y precisa en su libro “Abusos de la memoria” (2004):

“Un antiguo combatiente, un antiguo resistente, un antiguo héroe no quiere que se ignore su heroísmo pasado, y ello es, después de todo, normal. Lo que es más sorprendente, al menos a primera vista, es la necesidad de otras personas o grupos de reconocerse en el rol de víctimas pasadas y querer asumir esa posición en el presente. ¿Qué habría de agradable en el hecho de ser víctima? Seguramente nada. Pero si nadie quiere ser víctima, todos quieren haber sido víctima; ellos aspiran al estatus de víctima. […] Haber sido víctima da el derecho de quejarse, de protestar, de reclamar; salvo si se quiere romper todo lazo con una [víctima], los otros están obligados a responder a sus demandas. Es más ventajoso quedarse en el rol de víctima que recibir una reparación por la ofensa sufrida (suponiendo que la ofensa sea real): en lugar de una satisfacción puntual, se conserva un privilegio permanente, la atención y el reconocimiento de los otros está asegurada.

Lo que es cierto de los individuos lo es más aún de los grupos. Si se llega a convencer de manera convincente que tal grupo ha sido víctima de una injusticia en el pasado, ello le abre en el presente una línea de crédito inacabable. Dado que la sociedad reconoce que los grupos, y no solamente los individuos, tienen derechos, hay que aprovecharlo. Así, cuanto más grande haya sido la ofensa en el pasado, más grandes serán los derechos en el presente. En lugar de luchar para obtener un privilegio, puede ser obtenido de inmediato por la sola pertenencia al grupo que antes fue desfavorecido. Por ello existe una competición para obtener no tanto la cláusula de país más desfavorecido, sino aquella de grupo más desfavorecido.” (Todorov 2004: 55-57) [Traducción libre del francés].

Como escribe Todorov, “haber sido víctima da el derecho de quejarse, de protestar, de reclamar”. En el Perú, las élites militares han incentivado la demanda del estatus de víctimas para sus soldados, “héroes de la pacificación”. En ese marco, los exsoldados peruanos han creado grupos asociativos para ser aceptados, elogiados y reconocidos como “héroes” para poder reivindicar una mejora en sus derechos ciudadanos considerados reducidos o inexistentes. Los ronderos campesinos y nativos han seguido un camino similar y ambos grupos se han hecho más visibles en la escena nacional después de la publicación del Informe Final de la CVR.

Las tentativas por obtener reconocimientos por las acciones de defensa del orden republicano son pertinentes y merecen estudios en profundidad, tomando en cuenta los testimonios recogidos por la CVR que se encuentran conservados en el Centro de Información de la Defensoría del Pueblo, y otros testimonios inéditos. No obstante, ese trabajo analítico debe ser llevado a cabo por investigadores imparciales que adoptan una perspectiva equilibrada y objetiva de la violencia política y de las atrocidades que perpetraron las fuerzas del orden contra civiles desarmados y contra subversivos que, en vez de ser torturados y asesinados, merecían ser llevados delante de la justicia para sancionar sus crímenes.

Reflexiones finales

• Las Fuerzas Armadas han tenido un rol central en la lucha contra los grupos subversivos que se han alzado en armas contra el Estado y contra la sociedad peruana durante casi veinte años. El Informe Final de la CVR ha reconocido la importancia de las acciones militares y de sus acciones cívicas en beneficio de las poblaciones rurales y urbanas golpeadas por el ciclo de violencia política. Sin embargo, estas acciones positivas se acompañaron de crímenes contra la humanidad, que las élites han negado siempre, como hemos podido apreciar en este anexo: desde la carta de Arias Graziani de 2003, hasta la publicación del libro En honor a la verdad en 2010, y los otros libros que se han publicado antes y después. Es evidente que esta postura negacionista de los militares y policías representa un freno para la afirmación de la unidad nacional.

• La negación de las atrocidades del pasado es justificada con un argumento central: fueron errores individuales, los comandantes nunca dieron órdenes (escritas) de perpetrar masacres, asesinatos, violaciones y robos. Los autores del libro no se han apercibido que esta aserción implica un reconocimiento de la incapacidad de los militares para organizar y dirigir correctamente a las tropas. Dicho de otro modo, se declara que los soldados actuaron por su propia cuenta y que los jefes no sabían lo que hacían. En ese marco podemos preguntarnos ¿qué ha sido hecho en el seno de las Fuerzas Armadas y Policiales para evitar que esos crímenes “individuales” se reproduzcan? Hay solo dos posibilidades: si no se ha hecho nada, entonces los “actos individuales” no son considerados realmente como tales; si se ha hecho algo para evitar nuevos crímenes, entonces esos crímenes si tuvieron lugar y no fueron “individuales” pues no se trata de resolver un problema que no existe.

• Sería mucho más honorable: (1) que se reconozcan los errores y los crímenes reales sin maquillarlos con justificaciones parcializadas y poco creíbles; (2) que se deje de acusar a la CVR de haber elaborado un Informe Final que agrede a los militares y que defiende a los subversivos — una acusación que se extiende a los organismos de defensa de derechos humanos; (3) y que se abandone la reivindicación del estatuto de víctimas para los combatientes que lucharon por defender el Estado y la sociedad, como era su deber ciudadano y castrense, ampliamente reconocido cada año en las celebraciones oficiales gubernativas y militares. La aceptación digna de los crímenes del pasado podría servir además a fundar una nueva doctrina militar realmente honorable, destinada a evitar que las atrocidades se reproduzcan en el presente y en futuro.

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[1] Villasante [en preparación] 2023, La violencia política en el Perú, 1980-2000. Sendero Luminoso contra el Estado y la sociedad. Estudio de antropología de la violencia, Prefacio de Salomón Lerner, Lima. se trata de la traducción actualizada de un libro que publiqué en Francia en 2016 (Violence politique au Pérou, Paris: L’Harmattan).

[2] Arendt, Le système totalitaire (2002: 91-126 [1951]).

[3] Arendt, 2015 [1972], Crisis de la República.

[4] Por ejemplo, el historiador Antonio Zapata (2012) publicó una reseña ambivalente y contradictoria del libro afirmando: “Se trata de un texto importante para la historiografía nacional por el profesionalismo de su concepción. Los autores han manejado archivos, recogido testimonios y compulsado otras versiones.” Sin embargo, luego reconoce que: “La crítica principal a la publicación del EP es su carácter unilateral. (…) Por ello, su opinión muchas veces es parcializada y varios pasajes consisten en una defensa cerrada de la acción de sus integrantes. Pierde el bosque analizando los hechos desde un solo lado. Antes que una historia, es un parte de guerra muy razonado.”

[5] Por ejemplo, Alonso Gurmendi, 2019, Conflicto armado en el Perú: la época del terrorismo bajo el derecho internacional.

[6] Para justificar esta aserción se cita a Max Weber y su célebre aserción: la violencia del Estado (y por ende el Ejército) es “legítima” (2010: 364).