Escrito por Edison Tito Peralta Revista Ideele N°304. Junio-Julio 2022 . Imagen: Andina.pe

El presidente Pedro Castillo ha cumplido un año de su mandato en un contexto de alta polarización. Hoy las voces que piden su renuncia o nuevas elecciones desde el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía han crecido y conviene analizar el menú disponible de cara a su legalidad y legitimidad.

Un primer “plato” a considerar es la vacancia. La forma en que se podría aplicar es mediante el artículo 117 de la Constitución, que únicamente tiene una opción plausible que es la incapacidad moral. Desde un punto de vista legal es una figura no regulada con precisión por lo que su aplicación ha sido cuestionada por los constitucionalistas. Por otro lado, se necesitarían 87 votos, número que la oposición no llega a cubrir.

Sin embargo, el asunto más controvertido de este camino es la legitimidad. Las encuestas señalan que la aprobación del Congreso es más baja que la del ejecutivo, por lo que la ciudadanía no aceptaría fácilmente una vacancia. Un antecedente reciente lo tenemos en Merino de Lama, que tuvo que dimitir a menos de una semana de acceder al poder luego de que el Congreso vacara a Martín Vizcarra.  Una vacancia traería como consecuencia una mayor oposición al Congreso, de parte de la ciudadanía,  llevando al país a una crisis de inimaginables consecuencias.

Una segunda opción que se viene promoviendo desde el Partido Morado, con Francisco Sagasti a la cabeza, es la del adelanto de elecciones generales. Esta propuesta, que tiene como lema “que se vayan todos”, requiere que el Congreso genere una ley de adelanto de elecciones. Para ello bastarían 66 votos. Sin embargo, el Congreso no parece interesado en aniquilarse a sí mismo con el fin de sacar a Pedro Castillo.

En cuanto al asunto de la legitimidad de esta opción, tomando como indicador las encuestas, se aprecia que un 68% del país según la última encuesta de IEP sí quieren un adelanto de elecciones. Pareciera entonces que esta opción si tiene cierta legitimidad. Sin embargo, si se hace “zoom” al porcentaje de rechazo a esta opción se aprecia que un 25% no quiere llevar adelante esta opción, y ello se eleva al 40% del voto del sur y de las provincias y regiones pobres del Perú quienes no apoyarían este plato frío del menú. Algunos señalan que la mayoría manda, pero obvian analizar las consecuencias de pasar por encima ese voto rural, que es justamente el núcleo duro de apoyo a Pedro Castillo.

Pasar por encima de la voluntad de este voto rural es peligroso, no se puede medir el grado de reacción, de este sector postergado, contra lo que interpretarían como una imposición de una mayoría capitalina.

Esta salida, a su vez, nos llevaría a establecer un pernicioso sistema democrático en el que cada vez que se aprecie una aprobación baja de un gobernante, o cuestionamientos de corrupción, se tenga que recurrir a unas nuevas elecciones, algo que no se hizo, por ejemplo, con Alan García. La democracia implica una seguridad jurídica en el respeto de una decisión colectiva adoptada que, a su vez, dota de legitimidad al mismo sistema. No respetar ello sería interpretado como un abuso de la mayoría parlamentaria contra quienes votaron por Pedro Castillo.  

El tercer plato del menú es que el Poder Judicial, de la mano de la Fiscalía,  suspenda judicialmente el mandato presidencial en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o se expida su detención preliminar. Al respecto, el constitucionalista Omar Cairo ha señalado que esta es una opción imposible, pues “dicho convenio no tiene rango constitucional y el diseño de la Carta Magna establece criterios muy puntuales para sacar al presidente y dentro de ellos no está la opción de la suspensión por una orden judicial”.

Ello no es lo más controversial de este “plato creativo” del menú. En realidad, lo preocupante es la legitimidad que rodea al mismo. En el Perú, la Fiscalía, a cargo de la actual fiscal general, estaría erosionando la eficacia en la lucha contra la corrupción de los casos llamados “Cuellos Blancos”, y otras investigaciones a organizaciones criminales compuestas por jueces como César Hinostroza, hoy prófugo en España, Keiko Fujimori, Lava Jato, entre otros. En el pasado cuando se pretendió desmantelar el equipo liderado por Domingo Pérez,  la ciudadanía salió a protestar. Hoy vemos decisiones muy cuestionables en esta ámbito, de parte de la Fiscalía.

En este escenario, la ciudadanía interpretaría que una posible suspensión judicial o detención preliminar de Pedro Castillo sería dada por pedido de una fiscal que en paralelo estaría, posiblemente, beneficiando a los Cuellos Blancos y otras mafias. Este doble estándar restaría legitimidad a dicha decisión y generaría una grave convulsión social.

Como se puede apreciar, cualquiera de las tres opciones del menú mantienen serias complicaciones legales, y en algunos casos problemas jurídicos.

No existe, pues,  legitimidad en el Congreso para la vacancia, las elecciones generales suponen imponerse al sector rural que no aprueba dicha opción, y la Fiscalía ha erosionado gravemente su propia legitimidad.

En este escenario, la propuesta que desde esta columna ensayamos es la de iniciar un consenso ciudadano amplio entre el empresariado, los sectores populares, rurales e indígenas y la iglesia para que Pedro Castillo -por escrito y con plazos definidos- se comprometa a (1) elevar el nivel de sus cuadros técnicos, (2) impulsar la economía y la minería, (3) promover el agro y el desarrollo rural y (4) fortalecer la lucha anticorrupción.

Estamos a tiempo y desde aquí hacemos un pedido a la Iglesia Católica, al Presidente Pedro Castillo, a los líderes sociales e indígenas, y a los principales gremios empresariales a liderar esta iniciativa. El entrampamiento solo puede destrabarse cuando todas las partes implicadas se sientan a negociar, ello es algo que, hasta ahora, no se ha intentado con seriedad.

Se hace necesario conversar y pactar.