Escrito por Alonso Núñez del Prado Simons Revista Ideele N°278. Mayo 2018

Considero conveniente e importante comentar el artículo ‘Promesas fugaces’ de Manuel José Ayulo, publicado en El Comercio el 1° de marzo último. El señor Ayulo sostiene que respecto de sus promesas electorales un cambio de opinión en los gobernantes “puede ocurrir cuando… accede a información que ofrece mejores alternativas o cuando se encuentra en escenarios antes no contemplados”. Y creo que tiene razón, que no se puede ser rígido, porque no todo es previsible, pero en esos casos la autoridad elegida tiene la obligación antes de actuar de explicar a los ciudadanos las razones de su cambio de opinión y si fuera un tema de gran importancia incluso hacerles una consulta.

No podemos seguir aceptando –como hasta ahora– que los gobernantes tomen decisiones contrarias a las que los llevaron a ser elegidos salvo que estemos hablando de casos de fuerza mayor (desastres naturales, conflictos bélicos o similares). Es indispensable crear un mecanismo constitucional que en principio los obligue a cumplir con sus ofertas electorales y planes de gobierno. Reconocer que lo que ha venido pasando es irremediable y que así son los políticos significaría admitir que estamos derrotados, no hay nada que hacer, que la democracia es una estafa y que tenemos que soportar a una manga de mentirosos entrenados para engañarnos. Como politólogo, el señor Ayulo evalúa si el cambio, léase incumplimiento, fue para bien o estuvo justificado o si por el contrario fue para mal y por tal era inaceptable, lo que sólo se puede hacer a posteriori y es útil para entender las razones que llevaron a esa decisión. En tiempo presente, si, efectivamente, lo considera conveniente la autoridad elegida está en la obligación de persuadir a sus votantes, pero de ninguna manera tiene el derecho de simplemente tomar la decisión y ¡que me juzgue la historia! Reitero, esto sólo podemos permitirlo en una situación límite.

Estudiar por qué ocurrieron esos cambios y sus motivaciones, como lo hace la citada Susan Stokes[1], es tarea de la ciencia política, pero eso no puede llevarnos a agachar las cabezas, porque no es realista exigir a los gobernantes que cumplan. Se trata de recuperar un derecho olvidado y que habita en el fondo de la democracia: los ciudadanos tenemos el derecho de exigir que las personas que elegimos cumplan con lo que ofrecieron y del otro lado, las autoridades elegidas tienen la obligación de cumplir.

Es evidente que esto no está ocurriendo. Cuando desde el ‘Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno’ empezamos a hacer un seguimiento del segundo gobierno de Alan García (2006-2011) que al final cumplió con menos del 35% de su Plan de gobierno (http://www.observatoriogobiernoperu.org/), como lo publicó El Comercio al final de su mandato, nos percatamos que parte de la explicación estaba en que García no había sido parte del grupo que lo preparó y que no comulgaba con muchas de sus propuestas. Es más aprendimos que la mayoría de las veces los planes de gobierno son preparados por un grupo de expertos, algunas veces externos, que con frecuencia no piensan como los candidatos, porque tener un plan de gobierno es casi una necesidad para postular y no dar la impresión de ser un improvisado y no significa que el candidato o su partido estén pensando en cumplirlos. Los gobiernos posteriores (2011 en adelante) nos han mostrado que en la práctica los planes de gobierno pueden tener muchos tropiezos. En el caso de Humala, abandonó el suyo en la segunda vuelta y todos dijeron que lo había reemplazado por la ‘Hoja de ruta’, mas esta última no podía considerarse como un Plan. Por temor a la censura y a la presión de los medios no integró ambos documentos y prefirió liberarse de compromisos renunciando a tener objetivos claros validados por la elección, por lo que se pasó la mayor parte de su mandato apagando incendios y a merced de las circunstancias y presiones de los grupos de poder. Con el gobierno de Kuczynski (PPK), que parecía ser el ideal para hacerle un seguimiento por su carácter tecnocrático y porque muchos de sus integrantes provenían de la empresa privada donde el cumplimiento de los planes es parte de la cultura imperante, la oposición con mayoría absoluta en el Congreso se lo ha hecho imposible, además de los muchos errores cometidos y el escándalo de Oderbrecht que ha salpicado a todo el ambiente político. El indulto fue la cereza podrida que terminó de malograr la torta y ha terminado con su obligada renuncia que tiene la virtud de ser consecuencia del incumplimiento de su promesa electoral de que no lo otorgaría, aunque pretendiera disfrazarlo de ‘humanitario’.  

Resumiendo, aunque no vaya a ser fácil y tomará tiempo no debemos cejar en exigir que los gobiernos cumplan con lo que ofrecieron. Eso también presionará a la disponibilidad de información que los partidos y candidatos tendrán que requerir para preparar sus planes y a que estos sean más realistas. También será necesaria una matriz de plan de gobierno que exija cierto nivel de detalle y obligue a proporcionar cifras y plazos. Las reformas sólo se logran con la presión popular. Los políticos no las harán motu proprio.

San Isidro, 10 de abril de 2018

* Director Ejecutivo del ‘Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno’.

[1] Citada por Manuel Ayulo en el artículo mencionado