Escrito por Gianfranco Casuso Revista Ideele N°278. Mayo 2018

Que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski haya decidido declarar al 2018 como el año del diálogo y la reconciliación nacional puede interpretarse de una sola manera: con ello está autoproclamándose como el punto culminante de un largo proceso que se inició con la ruptura del justo orden institucional existente por parte de Sendero Luminoso, que continuó con los esfuerzos –con algunos “excesos y errores”– de Fujimori por reestablecer dicho orden, que pasó por un escarmiento en la forma de algunos años de cárcel para este y que ahora, finalmente, termina con el indulto y el perdón al salvador por los excesos y errores, así como con el tácito reconocimiento de su papel incuestionable en la pacificación nacional. El orden justo, pues, se ha visto reestablecido por el acto magnánimo de PPK. El círculo se cierra y, a partir de aquí, solo nos espera el progreso y el desarrollo. Si esto, como parece, ha sido pensado realmente así, PPK y sus ministros de lujo no solo merecen la vacancia por incapacidad moral, sino por serias limitaciones cognitivas.

Para comenzar, hablar en nuestro contexto de progreso y de “reconciliación” no implica en absoluto la idea de un orden social justo que haya sido interrumpido y que deba, por ello, restablecerse. Casos como los investigados por la CVR muestran, por un lado, que el daño puede producirse en sociedades donde no se han alcanzado las condiciones institucionales para la realización sostenida de la democracia y donde campean las más profundas desigualdades e injusticias. Por otro lado, y en ese mismo sentido, no se trata tampoco únicamente del des-cubrimiento de un contenido normativo preexistente que haya sido transgredido y cuya validez deba darse por supuesta. En efecto, el daño no consiste simplemente en la violación de valores éticos que representen un referente último y verdadero, como algunos conservadores pretenden.

En ese sentido, la verdad que suelen buscar las comisiones de la verdad está menos relacionada con la descripción de un orden específico preexistente que con la edificación progresiva y colectiva de una mejor coherencia entre ideales válidos (aunque de significado indeterminado, esquivo) –como la libertad o la igualdad– y las instituciones y prácticas que deben hacerlos realidad. Dicho de otro modo, toda sociedad se sustenta sobre ciertos ideales compartidos que sus miembros aceptan tácitamente, pero cuya comprensión precisa rara vez dominan al nivel de un saber explícito. Esto quiere decir que los significados de dichos ideales no son completamente unívocos. No existe, en otras palabras, una única verdad acerca de ellos: su univocidad semántica es solo aparente. Más bien ocurre que, en base a su esencial indeterminación, estos van resignificándose a partir de las experiencias de los actores y grupos sociales. Así, por ejemplo, el significado y los medios institucionales de la libertad y la igualdad han ido variando según se han consolidado las demandas históricas de aquellos que padecen a causa de una “incorrecta”, distorsionada o arbitraria lectura de lo que es ser libre o lo que implica ser tratado igual.

A la comprensión de dichos ideales se puede tener acceso, pues, solo de manera parcial, fragmentaria, desde las particulares perspectivas y experiencias sociales de los muy diversos actores y grupos. Esto da como resultado una multiplicidad de posibles interpretaciones que muchas veces pueden resultar en competencia. Es por ello que el modo cómo deben comprenderse y realizarse estos ideales constituye, en sí mismo, un objeto de desacuerdo y conflicto social latente.

Tomando esto en cuenta puedo decir que para alcanzar las metas que exige una sociedad justa no se requiere –como el Gobierno pretende con su artificial declaración de un año de “diálogo y reconciliación” – solo un conjunto aislado de medidas o gestos –como el indulto a Fujimori– o el llamado al olvido y la pasividad ciudadana en favor de actividades supuestamente orientadas al desarrollo sostenido, pero propias de un discurso abierta y –ya se ha visto– ineficazmente tecnocrático.  Para alcanzar la verdadera justicia social –desligada ya de una “reconciliación” de carácter conservador– se requiere un tipo mucho más complejo de actividad epistémica que compromete a toda la sociedad en una labor de crítica permanente, orientada a la mejor comprensión colectiva y a la realización de ideales de orden superior.

De este modo, puede hablarse de regresión –como opuesta al progreso– cuando existe la imposibilidad de percibir y superar pacíficamente inadecuaciones entre valores en apariencia compartidos y sus encarnaciones institucionales. Como he sugerido, precisamente sobre el contenido y los modos de realización institucional de estos valores es que suele haber desacuerdos y potenciales conflictos. La guerra iniciada por Sendero Luminoso en contra del Estado peruano, por ejemplo, es un claro caso en el que no se sigue el esquema unidireccional de victimarios gubernamentales contra víctimas civiles. Se trata, más bien, de distintos grupos de victimarios que operan en el contexto de un enfrentamiento entre facciones. La lucha por el poder que ello involucra es, principalmente, una lucha por la mejor realización de un proyecto inspirado en una concepción particular del mundo con pretensiones de racionalidad. Es decir, por la manera más adecuada y consistente de asociar ciertos valores e ideales –que son comúnmente aceptados, aunque en realidad se hallan semánticamente indeterminados– con sus encarnaciones institucionales. Es por ello que tampoco suele tratarse de un enfrentamiento entre principios opuestos, sino de una pugna por la interpretación correcta del contenido y los medios de realización de ideales históricamente construidos y mayoritariamente aceptados, tales como la libertad, la igualdad, la autonomía y todo aquello que se halla inevitablemente comprendido en la noción moderna de sociedad justa.

En tal sentido, un verdadero diálogo democrático –y no una vergonzosa negociación realizada a espaldas de la ciudadanía, como la que se encuentra implicada en la frase que da nombre al año en curso– debe pasar por institucionalizar los mecanismos que permitan explicitar las contradicciones e inconsistencias entre los ideales sociales y las instituciones que deberían realizarlos. O, en otras palabras, que permitan desbloquear los procesos de acumulación de experiencias de los diferentes grupos y actores sociales concernidos, favoreciendo, así, a un pluralismo democrático. Puede decirse, entonces, que la justicia tiene dos componentes: uno retrospectivo –representado por la indagación o reconstrucción colectiva del contenido de ideales imperfectamente encarnados– y otro prospectivo –representado por el proyecto siempre abierto de interpretación y realización de aquellos ideales con la participación de múltiples experiencias sociales de sufrimiento, menosprecio y exclusión. Sin tales tareas, que conciernen a todos los ciudadanos, es imposible hablar de justicia y, mucho menos, de reconciliación.

(REVISTA IDEELE N° 278, ABRIL DEL 2018)