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Según su plan de gobierno, las principales medidas del partido que llegó al poder en 2016 (PPK) -en el plano económico- eran:

“a. Reajuste de sueldo mínimo vital aumentándolo en S/. 100, pasando de S/. 750 a S/. 850 mensual. No tememos este aumento: la productividad aumenta con la remuneración mínima vital y eso ayuda al empresario a financiar ambas.

b. Régimen especial para las empresas pequeñas que se formalicen: 10% del Impuesto a la Renta por 10 años, con un crédito tributario adicional por trabajadores que ponen en planilla, o un Impuesto Simplificado, también por 10 años de 2,5% de las ventas en reemplazo del Impuesto a la Renta.

c. Reducción gradual del IGV en un punto porcentual por año, hasta llegar al 15%, en vez de 18% en la actualidad.

d. Creación de un beneficio simplificado para los que ingresan a la fuerza laboral y aún no tienen CTS a través de un seguro de desempleo a cargo del empleador, con un costo que se estima alrededor de 2,5% de la planilla y con beneficios para el trabajador en caso de desempleo de hasta 5 meses de sueldo”

Por el lado de descentralización, se planeaba la creación de un Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR).

Antes de dejar el poder, Humala hizo suyo el primer planteamiento y subió la remuneración mínima a partir de mayo de 2016. Por su parte, PPK -el mismo día que anunció su renuncia a la Presidencia de la República- hizo conocer la aprobación -a partir de abril de 2018- de S/ 80 adicionales a los S/ 100 de Humala. Se desconoce si ello aumentó la productividad laboral en 24% en menos de 2 años.  

Se aprobó –con las facultades delegadas- un nuevo régimen tributario para las Mypes, las que pagarían menos impuestos a la renta (sólo 10%) si las utilidades quedaban debajo de cierto umbral. Los resultados hasta ahora han sido muy negativos para la recaudación y no existe evidencia de una mejora sustantiva en la formalización tributaria. Por otro lado, el impuesto simplificado al que aludía el plan no era realmente necesario, pues ya existía un régimen superior vigente desde 2009 en el que sólo se paga el 1.5% de las ventas, régimen conocido como RER. Es decir, una propuesta era reducir los tributos a la Mypes y la otra era aumentarlos. Todo en un mismo párrafo.

En el caso del IGV, el decreto legislativo 1347 anunciaba el inicio del cumplimiento de la promesa presidencial para formalizar la economía nacional. Se bajaría un punto el IGV si la recaudación de los últimos 12 meses llegaba a 7.2% del PBI a mayo de 2017. Toda una innovación de política tributaria bayesiana. Aunque en este caso, la probabilidad de que ello ocurriera y bajase el impuesto era 0%. Pasará a un pie de página en los libros de texto de economía tributaria.

En cuanto al seguro de desempleo, la propia comisión de protección social creada por el MEF en enero de 2017 llegó a la siguiente recomendación presentada en noviembre de ese año: “Postergar la implementación del seguro de desempleo hasta que no se haya recuperado al contrato por tiempo indefinido como el principal tipo de contrato laboral, al menos en el sector formal de la economía”.

Desde marzo de 2018 tenemos un nuevo Presidente de la República. Tanto él como su jefe de gabinete ministerial han sido gobernadores regionales. ¿Se animarán a completar el plan de gobierno de PPK creando el MAR?

Era Vizcarra

En sus primeros 3 meses el gobierno de Vizcarra en el plano económico ha recortado los denominados gastos superfluos y ha aumentado impuestos selectivos al consumo (ISC) en 5 industrias: combustibles líquidos, automóviles, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y tabaco.

En cuanto a los ISC, se ha retrocedido en el correcto aumento del diésel. Y en el caso de automóviles y bebidas azucaradas se han calibrado mal los nuevos precios relativos de autos usados a gas y las bebidas con bajo azúcar. De tal modo que los resultados en esas tres industrias no serían los deseados en el diseño mismo de la norma. La exposición de motivos no va en línea con los nuevos precios al público y los resultados no serían los buscados sino mediatizados por su imperfecto diseño. 

Otras políticas sectoriales han dado bandazos en función de pequeños pero organizados grupos de presión, lo que ha precipitado la salida del Ministro de Economia en apenas dos meses de funciones y han debilitado la imagen del gobierno ante la opinión pública y los gremios empresariales. Ahora, el gobierno tiene un segundo debut.

Afortunadamente, el contexto económico externo es favorable. La economía ya ha entrado en la fase expansiva del ciclo económico, que nos llevará a tasas de alrededor del 4% en los próximos trimestres.

Pero, si queremos sostener estas tasas o acelerarlas en el mediano plazo se necesitan más y mejores políticas económicas. Entre las principales tenemos la búsqueda de la consolidación fiscal (que pasa por el control de la evasión y la racionalización de las exoneraciones tributarias); una reforma permanente en la formación de capital humano (condición sine que non del desarrollo económico) y una mejora continua en infraestructura productiva. Por límites de espacio, trataremos algunos aspectos fiscales.

Los gastos tributarios

Según el MEF, los gastos tributarios son “todo tipo de tratamiento preferencial y diferenciado que representa una desviación del sistema tributario base”. Los gastos tributarios son todos aquellos beneficios tributarios que otorga el Estado. Son similares a los programas de gasto público, pero no son reconocidos en el presupuesto público del país. Los gastos tributarios reemplazan a los programas de gasto explícitos.

Para desmontar los gastos tributarios se necesita una evaluación del impacto de cada uno.

¿El gasto tributario cumple con los objetivos propuestos en la ley que lo crea? ¿Los beneficios generados son mayores que la recaudación perdida? ¿Se puede diseñar algún programa de gasto presupuestario que genere los mismos (o mayores) impactos? ¿El beneficio que genera los gastos tributarios se reparte de manera equitativa entre los diferentes segmentos socioeconómicos de la población?

La pregunta clave es si los gastos tributarios son tan eficientes como el gasto público directo. En la mayoría de casos, los gastos tributarios son generalmente inferiores para los lograr los objetivos que buscan, a diferencia de programas de gasto bien focalizado.

Como resulta obvio, el evaluar negativamente algún gasto tributario no significa necesariamente que este pueda eliminarse automáticamente ya que existen interesados que se opondrán firmemente a dicha medida. Por lo tanto, la economía política detrás de cada beneficio tributario será crucial por que puede bloquear el retiro de alguno de ellos.

Los gastos tributarios (exoneraciones) merecen una mejor evaluación. Es mucho más económico y efectivo un gasto directo que una exoneración de amplio espectro. En muchas de las actuales exoneraciones se filtran agentes que “no necesitan” la exoneración y agentes que no reciben los beneficios (sub cobertura) y mucha pérdida de recaudación por diversos mecanismos. El MEF y el Congreso tienen la llave.

Sobre el contrato social en el Perú

El Estado brinda los servicios públicos a sus ciudadanos, debe también proteger la propiedad privada y hacer posible la generación de valor, para poder cobrar los impuestos que financian los servicios públicos.

El ciudadano tiene el derecho a reclamar servicios de mayor calidad y cobertura y el deber de pagar impuestos. La relación entre impuestos y ciudadanía está muy enraizada en la historia de las Repúblicas.

En el Perú somos cerca de 16 millones de trabajadores, de los cuales solo cerca de 5 millones declaran impuestos a la renta de personas naturales. Como la mayoría está dentro del tramo inafecto (7 a 10 UIT), pagamos el impuesto efectivamente sólo 1.5 millones de personas. Es decir, menos del 10% de los ciudadanos peruanos pagamos impuestos directos.

Si consumimos bienes y servicios gravados con el IGV, todos pagamos algo de impuestos. Pero el IGV es un impuesto indirecto, está “escondido” en el precio final que paga el consumidor. El ciudadano no percibe directamente la carga recaudada por el vendedor. Además, gran parte del IGV de alimentos está correctamente “exonerado” por ser un impuesto regresivo, carga más a las familias de menores ingresos

¿Puede mejorar la condición de ciudadanía si otros 1.5 millones de ciudadanos pagasen digamos 20 soles al mes de impuestos directos a la renta? ¿Exigirán al Estado más y mejores servicios porque ahora también se sienten parte de este colectivo que es la nación y no sólo como un derecho por el solo hecho de haber nacido en esta hermosa tierra del Sol? ¿Si un ciudadano paga algo, se siente con derecho a exigir al soberano y si es gratis no tanto? Esa es la cuestión. La economía del comportamiento diría que sí.

(REVISTA IDEELE EDICIÓN N° 281, SETIEMBRE DEL 2018)