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La reforma constitucional del modo de seleccionar, nombrar, ratificar y disciplinar la actuación de los magistrados del Perú recibió un contundente respaldo del noventa por ciento de la población en el reciente referéndum.

Hubo una propuesta base del Poder Ejecutivo, presentada al Congreso y del mismo, un dictamen con la fundamentación de un nuevo enfoque para la tarea que estuvo a cargo hasta poco del  secuestrado y luego destituido Consejo Nacional de la Magistratura.

Para evitar la contaminación dañosa de las cifras de la  gestión reciente, conviene  asumir un periodo sereno, digamos del  2010 hasta setiembre del 2014,  en que existe una información resumida en un Vadecum de datos y en  informes contenidos en el Reporte de la Magistratura, de elaboración exquisita, sustentada en una Base de datos digital, sobre el movimiento de jueces, fiscales y agentes de justicia.

De los cuatro sistemas que conformaron el CNM versión abierta, en el Sistema de selección y nombramiento durante el periodo señalado se realizó veintiuna convocatorias para seleccionar y nombrar a jueces y fiscales de todos los niveles y en todo el territorio.

Para  jefe de la RENIEC y de la ONPE hubo dos, sabiendo que el periodo de cada cargo era de cada jefatura era de cinco años.

De esa manera se concursaron 7,106 plazas vacantes de jueces y fiscales de diferentes niveles y ámbitos territoriales, de las cuales 1,505 vacantes correspondieron al Poder Judicial y 5,601 al Ministerio Publico.

Nótese que el número de plazas a proveer por el CNM provenía de decisiones técnicas y presupuestales de cada Pliego, PJ y Ministerio Publico.

La demanda fue notoria. Una suerte de desbordados estadios de Matute, llenos de postulantes, que inscribió en sendos expedientes digitalizados a 29,634 abogados que aplicaron en las plazas vacantes de jueces y fiscales de las cuales 9,012 eran candidatos a plazas correspondieron al Poder Judicial y 20,622 candidatos a plazas del Ministerio Público. Pasaron el primer examen escrito digitalizado y previamente ponderado en locales de grandes universidades como la UNI o UNMSM, habituados a grandes concursos de admisión. Primer gran filtro del banco de preguntas. Después se revisaron uno por uno el currículo vita de los que superaron el escrito. Así calificados, aplicando el reglamento del Sistema, los finalistas fueron a una entrevista personal.

Finalmente el CNM nombró 2,789 jueces y fiscales de todos los niveles, de los cuales 742 pertenecieron a jueces del Poder Judicial y 2,047 a fiscales del ministerio Público.

Un ingresante por cada once postulantes y un promedio anual de 700 magistrados.

De los 2789 magistrados aprobados y nombrados en las convocatorias no todos conseguían la plaza buscada por razones de puntaje, especialidad, localización y otros, por lo que 811 fueron quedando como candidatos en reserva y  a la espera de los nombramientos en las sucesivas convocatorias. Con estas cifras se puede estimar lo que le espera al novísimo JNJ que remplazara al CNM. Nos interrogamos, ¿cuántas salas de los nuevos (juntos/consejeros) serán necesarias para la entrevista personal?

El sistema de Evaluación y ratificación realizó 26 convocatorias individuales de evaluación y ratificación de jueces y fiscales. Convocó a 2,215 jueces y fiscales. De ellos 1,175 fueron jueces y 1,040 fiscales 

Ratificó 1,926 jueces y fiscales de los cuales 958 fueron del Poder Judicial y 968 del Ministerio Publico. En suma, 180 magistrados no fueron ratificados de los cuales 121 eran de Poder Judicial y 59 al Ministerio Publico. Terminados el examen escrito, curricular y entrevista personal, los no ratificados usaron del recurso de reconsideración, de suerte que a la JNJ le espera, primero, los embalsados que ya cumplieron los siete años, los que cumplen los siete años y los que la ley manda revisar en un lapso de diez y ocho meses, y los que buscaran su rehabilitación mediante reconsideración. Cuantas salas serán necesarias?

El sistema de procesos disciplinarios recibió 624 denuncias. Abrió 35 investigaciones preliminares. Y a 193 procesos disciplinarios contra jueces y fiscales. Ahora le espera el embalsado periodo de denuncias  en el tiempo que se implanta la reforma.

Y manejar la base de datos y el big data para la información de la evaluación corta de tres años es un desafío al mejor ingeniero de sistemas.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el PIM dan cuenta del costo de operar estos sistemas en que 45% se ejecutó en personal y obligaciones sociales – 45% en bienes y servicios – 5 % en adquisición de activos financieros – 4% de pensiones y otras prestaciones sociales, y – 2 % en otros gastos, Sin duda compleja tarea será encontrar quienes consigan y apliquen los recursos en un clima enrarecido, pero la norma invoca las artes del SERVIR, cuyo olfato y filtro no está necesariamente demostrado. Y falta todavía pensar el Nuevo RENIEC, la nueva ONPE. Los ascensos y la malla de estudios de la academia de la magistratura-

Por eso, mirar la reforma por el lado de la demanda y atención del servicio es también necesaria para operacionalizar los nobles postulados de la reforma, a cargo de una comisión especial que elegirá a siete distinguidos abogados para la fase inicial de concurso público de los integrantes de la futura JNJ. Y de una comisión de reforma de otras columnas y vigas del sistema judicial en su conjunto.

(REVISTA IDEELE N° 283, DICIEMBRE DEL 2018)