Escrito por Gonzalo Gamio Gehri Revista Ideele N°283. Diciembre 2018

Cuestionables esquemas de convicción y de acción

En nuestros días se viene librando una genuina lucha cívica para consolidar el imperio de la justicia en el país. Personajes públicos como el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Pérez han demostrado que en el Perú ya no hay intocables cuando se trata de políticos sobre los cuales pesa alguna sospecha en materia de corrupción. Los políticos investigados indican que la fiscalía ha iniciado una persecución política contra ellos. Se trata de una hipótesis bizarra en el contexto de una democracia vigente, en la que existe división de poderes.

Efectivamente, el sector más conservador de la política –el fujimorismo, el Apra congresal, e incluso una cierta derecha religiosa que le es afín-, así como algunos líderes de opinión cercanos a esa postura, han señalado que la prisión preventiva de Keiko Fujimori y el impedimento de salida del Perú de Alan García son fruto de un complot urdido por los “caviares” (grupo que reuniría a liberales, socialdemócratas y socialistas, es decir, al sector “progresista” en lo político y lo social) y la izquierda. Para algunos de esos “críticos”, los “caviares” son en realidad comunistas, presuntamente coludidos con el “chavismo”, e incluso con el “terrorismo”. Se trata de una teoría conspirativa más –de elaboración común en aquellos círculos-, carente de cualquier justificación sólida. Resulta extraño que haya gente que pueda tomar en serio tal ejercicio de simplificación intelectual y de rudeza política. Pero estamos en los tiempos de la “posverdad”, así que tampoco debería causar un desconcierto exagerado la proliferación de esta clase de discursos. Es curioso que hoy -en un contexto de debilidad institucional y de franca crisis de credibilidad- estos grupos planteen “incondicionalmente” una discutible “reconciliación”, privada del cuidado de la verdad y de la justicia.

Este tipo de situaciones revela esquemas de convicción y de acción evidentemente funestos. La agenda de este sector de la política peruana plantea (a veces de un modo implícito, aunque en numerosas ocasiones de modo manifiesto) que existen grupos de la sociedad que simplemente no cuentan, por motivos ideológicos. Si se tratara solamente de que para ellos no cuenta políticamente el sector “progresista”, uno podría pensar que la facción más conservadora está aplicando de manera inadvertida – y sumamente discutible – la distinción schmittiana entre “amigos” y “enemigos” como base del ejercicio de la política. Por supuesto, creo que aquí habría un malentendido frente a las ideas de Schmitt y considero que quienes así proceden (más allá de una mala interpretación del autor evocado) asumen una manera imprecisa e incluso dañina de entender la política. Pero el asunto va más allá de un esquema hermenéutico equivocado. Las personas que para este esquema no cuentan no son sólo rivales políticos: son catalogados como “enemigos del país”, del “desarrollo” y de los “valores tradicionales”.

En el Perú, el sector conservador está comprometido expresamente con una agenda contraria a la igualdad de género y a la justicia intercultural. El conservadurismo criollo tiene dificultades para lidiar con la heterogeneidad constitutiva de una sociedad moderna y democrática. Por un lado, se ha organizado para presionar al Ministerio de Educación con el objetivo de erradicar las consideraciones sobre el “género” –pese a que se trata de una categoría central en las reflexiones sobre la identidad en la perspectiva de las ciencias humanas y sociales-; intenta también imponer el silencio sobre las reivindicaciones de derechos de la comunidad LGTBIQ; incluso se abstiene de pronunciarse enfáticamente contra la discriminación en esta materia. Por otro lado, este sector de la “clase política” y la opinión pública –afirmado desde una concepción monolítica del desarrollo como crecimiento económico– rechaza las reclamaciones de las comunidades sobre el respeto de la naturaleza y el sentido de pertenencia a la tierra como bienes frente a las pretensiones de explotación del ecosistema por parte de las empresas extractivas (y eventualmente el propio Estado como aliado). Curiosamente, muchos de estos actores se describen a sí mismos como “liberales”, pero tienen la disposición antiliberal de sacrificar –o negociar– derechos y libertades políticas con tal de garantizar la vigencia absoluta de la economía de mercado[1].

Exclusiones. Cuestiones (ético-políticas) de fondo.

Esta cerrazón frente a las diferencias convierte en precaria y peligrosa la más elemental convivencia humana que requiere una vida razonable y sensata. Judith Butler asevera acertadamente que “cohabitar es algo anterior a cualquier comunidad posible, a cualquier nación o vecindad. Podemos escoger dónde vivir y con quién, pero no podemos escoger con quién cohabitar la tierra”[2]. Soslayar las reivindicaciones de las comunidades originarias, de las organizaciones feministas y del colectivo LGTBIQ implica una forma de exclusión inaceptable en la perspectiva de la democracia y de la cultura de los derechos humanos, en la medida que se busca reducir a silencio sus voces, así como su derecho a llevar una existencia digna y libre.

Sucede en el caso de las comunidades locales que invocan la ley de consulta previa para emitir un juicio en torno a la pertinencia de la extracción minera o petrolífera en lugares que la comunidad considera sagrados –es el caso de los Apus, por poner solamente un ejemplo-, o porque se trata de un santuario natural, o porque la relación con la tierra constituye una fuente de identidad de sus miembros. La tierra es el espacio para el conocimiento de las propiedades de las plantas, así como el trasfondo del contacto significativo con la realidad cósmica entera. Una parte de la “clase política” y del empresariado peruano considera que este tipo de planteamientos ponen en peligro las expectativas de progreso económico que subyace a la explotación de la naturaleza; esta es la famosa perspectiva de El perro del hortelano. Se sindica estas creencias culturales como “primitivas” y “oscurantistas”. Recordemos las declaraciones del ex presidente Alan García en un programa de televisión en la que sindicaba a estas comunidades como defensoras de ideologías “animistas”, “panteístas” y “absurdas” que debían ser combatidas en el terreno de la educación. Los censores de estas concepciones del ser humano y de la tierra se han convertido en los nuevos extirpadores de idolatrías, personajes que actúan en nombre de una comprensión unidimensional del desarrollo (estrictamente económico).

Nuestro país tiene todavía importantes tareas pendientes en materia de la igualdad de género. Algunos grupos conservadores están comprometidos con la idea de retirar el concepto de “género” de los materiales que ha elaborado el Ministerio de Educación. De hecho, están interesados en destacar el factor biológico como el elemento decisivo para establecer la diferencia entre varones y mujeres, e incluso para determinar cuestiones de valor y relaciones de poder en relación a lo masculino y a lo femenino. Se omite toda referencia a la construcción sociocultural de la diferencia entre los sexos que tiene relevancia en la interacción humana. La asignación de “roles sociales” y “espacios de realización” son materia de construcción sociocultural, pero aquí se pretende otorgarle un fundamento ‘natural’ (o acaso religioso).

Nuestros políticos han prestado oídos sordos de un modo sistemático a las exigencias de igualdad civil formuladas por la comunidad LGTBIQ en materia de sucesión patrimonial, por poner un ejemplo importante y conocido. Propuestas como el reconocimiento de uniones de parejas homosexuales como ‘uniones civiles’ han sido desatendidas e incluso archivadas sin ser sometidas a un debate riguroso y detenido en diferentes espacios del Estado. Dejar sin discutir asuntos significativos para la vida de los ciudadanos que afectan su dignidad y libertad constituye un grave error que tiene efectos negativos para el propio sistema político democrático. En estos asuntos y en otros existen matices y diferencias de grado que los ciudadanos formulan en espacios cotidianos y que sería importante destacar para el debate público; resulta claro que no existen solamente dos puntos de vista. No obstante, estas perspectivas no pueden hacerse explícitas en el terreno político ante el silencio imperante acerca de estos temas controvertidos. La ausencia de un genuino debate público hace posible que esta clase de conflictos permanezca lamentablemente en el plano de la agitación y de la propaganda ideológica. Esta situación contribuye con el desconocimiento en la materia, genera confusión, y debilita aún más nuestra ya precaria esfera de opinión pública.

Asimismo, algunos grupos de presión han cuestionado el hecho de que en la escuela se enseñe a los estudiantes a rechazar la discriminación contra las personas homosexuales. Algunos conservadores han señalado absurdamente que este tipo de consideraciones éticas y pedagógicas conducirían a “homosexualizar a los jóvenes”. Es obvio que el respeto de la diversidad cultural y sexual no implica promover ningún modo de vivir en particular; se trata simplemente de caer en la cuenta de que todos los seres humanos somos titulares de derechos fundamentales inalienables y no negociables. Las personas exigen un trato igualitario como corresponde a una sociedad democrática y liberal.

Exclusión y política.

“La política democrática tiene que ocuparse de quiénes deben aparecer como ‘pueblo’, de cómo se establece la demarcación que pone en primer plano quiénes son ‘el pueblo’ y que relega al fondo, a los márgenes o al olvido a quienes no cuentan como ‘pueblo’”, argumenta Judith Butler[3].  A partir de lo señalado, puede sostenerse que – desde la óptica conservadora – las mujeres, las comunidades culturales y los grupos LGTBIQ se han tornado políticamente invisibles. Sus argumentos han quedado fuera del debate político – al menos en un Congreso peruano con una mayoría conservadora -, sus reclamaciones han sido desatendidas una a una.  Si sus argumentos no han sido examinados ni discutidos ni han sido escuchadas sus reclamaciones, en la práctica no son considerados por ellos como parte del “pueblo”.

Este acto de marginación es fruto de una expresa hostilidad contra esos grupos y sus planteamientos. Con frecuencia los conservadores alegan que ellos representan a una mayoría de peruanos que quiere participar de los beneficios de la explotación minera y que no quiere el enfoque de género ni la agenda feminista y LGTBIQ. Más allá de si sus seguidores se cuentan por millones o no, esta convicción está reñida con el espíritu de una democracia liberal. Efectivamente, en una democracia liberal no sólo se toma en cuenta la decisión de la mayoría, sino también la observancia de los derechos de las minorías y la disposición a someter a debate los asuntos de interés público. Las cuestiones de derechos humanos no pueden verse afectadas por el arbitrio de una mayoría.  

Desde el enfoque conservador, las consideraciones sobre los derechos de las culturas suelen rechazarse porque serían “contrarias al progreso”, del mismo modo que las reivindicaciones vinculadas a la justicia de género serían catalogadas como “contrarias a la naturaleza” (hay aquí una doctrina metafísica implícita, sumamente discutible pero nunca expuesta ni examinada); las razones para afirmar esto no suelen salir a la luz. Son tiempos en los que impera la sospecha ideológica en medio de la radical ausencia de la discusión intelectual en y para la vida pública. En una democracia liberal, el Estado no puede promover un único modo de pensar y de vivir: debe dejar que las personas elijan razonablemente cómo han de vivir, en la medida en que no atenten contra los derechos de otros seres humanos. Aquí no está en juego si determinadas personas valoran o no modos de vida concretos, (en la medida en que coincidan o no con sus convicciones morales o sus creencias religiosas), sino si el Estado protege o no los derechos de las personas y de las minorías a las que pertenecen; se trata de asuntos de justicia básica.  Por supuesto, esto no elimina la posibilidad de debatir racionalmente acerca del valor de diferentes formas de vida en los espacios de la sociedad civil (universidades, sindicatos, colegios profesionales, ONGs, comunidades religiosas, etc.), en la medida en que invoquemos evidencias y argumentos. No es el Estado el escenario para esa clase de intercambio deliberativo.

El conservadurismo criollo no es democrático porque de facto sitúa fuera de los márgenes del espacio público a quienes no comparten su percepción del “progreso” o a quienes no están incluidos dentro del espectro de su estrecha noción de “naturaleza”. Ni siquiera están dispuestos a debatir estas categorías, pues suelen moverse en el ámbito de los estigmas y los prejuicios. Nuestro conservadurismo político tiene severas dificultades para observar la igualdad y para respetar al otro ¿Por Qué pienso de esta forma? Porque creo que respetar a alguien implica identificarlo como un individuo titular de derechos, además de considerarlo un interlocutor válido en la discusión sobre los asuntos y decisiones que lo afectarán directamente (o que afectarán a la comunidad política como tal); sus argumentos serán escuchados y contrastados con otros argumentos para esclarecer su validez, o ser refutados si es el caso. Si a ese individuo se le niega determinados derechos fundamentales, o si no se le permite participar en el diálogo sobre aquello que le concierne como ciudadano, entonces no se le está mostrando el respeto que merece.

Una interpretación democrática de la vida pública plantea una concepción realmente inclusiva de “pueblo” – yo prefiero hablar aquí de “ciudadanía” por ser esta una categoría más precisa y comprometida con la pluralidad -, que abarque a todos los agentes sociales y políticos sin distinción. El origen, la cultura, el género, la clase o las creencias no constituyen elementos que impongan restricciones a las libertades y los derechos inherentes a la condición de ciudadano. La idea básica es que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en el diálogo acerca de temas de interés común. En medio de ese diálogo forjamos el juicio que requiere una agencia política razonable e informada.

Alguien podría objetar a todo lo dicho hasta aquí que quizás yo he estado incurriendo en el ejercicio de caricaturización y marginación que condeno en los conservadores. Podrían considerar que estoy condensando en los “fujimoristas” y otros grupos, por ejemplo, todos los males del Perú, o algo así. No creo estar haciéndolo. Creo que he descrito – al menos de manera parcial, pero estricta – el contenido de algunos puntos de una agenda política cuyas determinaciones el ciudadano conoce bien. Por otro lado, estoy bastante lejos de invisibilizar o marginar a quienes suscriben tesis conservadoras. Creo firmemente que una sociedad sana requiere de una izquierda democrática, de una derecha liberal y de un conservadurismo republicano que no sea reacio a la confrontación de ideas. Los conservadores republicanos son interlocutores válidos en la conversación pública en la medida en que participen en el debate público. Si están dispuestos a exponer sus argumentos morales y políticos (y a presentar sus presuposiciones metafísicas), entonces se cumplen las exigencias del ethos democrático sin apelaciones.

A poco tiempo de la celebración del Bicentenario de la independencia, es lamentable que todavía exista un sector del país que considere que una parte de la población no debería intervenir en el debate público o participar en la toma de decisiones de carácter político y económico. Esto no debería sorprendernos si tomamos en cuenta que nuestra República nació y coexistió con desigualdades y exclusiones inaceptables desde una perspectiva liberal. Ese mismo grupo – presente tanto en la “clase política” como en los medios – no prestó la debida atención a las víctimas del conflicto armado interno, en su mayoría campesinos, habitantes de comunidades altoandinas y amazónicas cuya lengua materna no es el español. Y en medio de las víctimas, las mujeres constituyen un grupo evidentemente vulnerable. Esos peruanos que no cuentan para una parte del “Perú oficial” sí son parte de nuestra sociedad. Son ciudadanos y tienen derechos. “Nos trataron como pueblos ajenos al Perú”, asevera con amargura Primitivo Quispe en audiencia pública con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

No es casual que esos partidos y organizaciones de línea conservadora se hayan opuesto sistemáticamente al desarrollo de políticas de memoria y derechos humanos en el Perú. Desde su punto de vista, el “pecado” de la CVR consistió en señalar que, aunque Sendero Luminoso había sido el principal perpetrador de crímenes contra los derechos humanos, en algunos períodos y lugares, las fuerzas del orden habían cometido delitos inadmisibles. Estos grupos se enfrentaron con manifiesta hostilidad a la CVR, y hoy incluso buscan impugnar el ejercicio de recuerdo que se lleva a cabo en el Lugar de la Memoria, pretendiendo urdir una “historia oficial” sin fosas clandestinas ni torturas a inocentes, una historia que no evoque aquellos momentos en los que el Estado peruano no estuvo a la altura de su misión. Esta lucha contra la memoria ha favorecido el surgimiento de grupos extremistas como el MOVADEF y el FUDEP, que abogan por la impunidad de los perpetradores.

Considero que una forma auténtica y eficaz de avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia pasa por someter a examen crítico una serie de presuposiciones ideológicas que hacen daño a cualquier proyecto democrático sensato en el país. La imagen falsa de que existen por un lado “ciudadanos con plenos derechos” y, por otro, “peruanos que sobran” (a veces catalogados como ciudadanos “de segunda clase”), así como la mentalidad autoritaria que todavía está presente en nuestra sociedad, que esgrime la idea de que existen “instituciones tutelares” – las Fuerzas Armadas, la Iglesia, algún partido político presuntamente “visionario”, u otras organizaciones – que han de guiar los destinos del país. El sistema democrático está basado en el autogobierno ciudadano, la cultura de derechos y la deliberación pública. Esta mentalidad autoritaria no es monopolio político de la extrema derecha, también la cultiva con esmero la izquierda radical. Nadie puede invocar privilegios ni pretensiones de tutelaje.  Debemos discutir con honestidad intelectual y sentido de justicia estos cuestionables estigmas y prejuicios. Un primer paso para construir un verdadero ethosdemocrático y liberal exige que veamos a quienes nos rodean como ciudadanos libres e iguales.

(REVISTA IDEELE N° 283, DICIEMBRE DEL 2018)

[1] Soy consciente de que “conservador” y “progresista” son conceptos un tanto generales; los uso aquí de momento y a falta de otros más precisos. No estoy tratando de decir (en absoluto), que toda el Apra o incluso que todo el fujimorismo piense así. Me consta que muchos apristas discrepan con sus líderes en estas y otras materias, y eventualmente podría pasar lo mismo con algunos fujimoristas. Estoy evocando una “familia de puntos de vista” que reiteradamente han aparecido en los ‘debates’ parlamentarios y en movilizaciones en la calle. Se trata de una familia de puntos de vista que ha esbozado el sector conservador de nuestro sistema político y de la sociedad civil. Creo que esta perspectiva ideológica debe discutirse con esmero en el terreno del trabajo intelectual y en el de la acción política.

[2] Butler, Judith ¿El judaísmo es sionismo?” en: Habermas, Jurgen y otros El poder de la religión en la esfera pública Madrid, Trotta 2011p. 81.

[3] Butler, Judith Cuerpos aliados y lucha política Barcelona, Paidós 2017 p. 13.