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Viviendo lejos del país, actualmente en Francia, recién hace pocos días me enteré con gran estupefacción y asombro que gracias a un reclamo depositado por Eduardo Abusada [estudiante de Maestría de Derecho] en el Libro de reclamaciones de la PUCP, en octubre último, se hizo público el gran escándalo de los cobros indebidos realizados en la PUCP a los estudiantes que se demoraban en cancelar sus boletas, con pleno conocimiento de las autoridades y del personal administrativo encargado de esos cobros. Siendo egresada de la facultad de ciencias sociales, departamento de antropología [Licencia en 1983], e investigadora asociada al IDEHPUCP, quisiera hace algunos comentarios sobre la grave crisis moral y administrativa de nuestra comunidad universitaria.

Como bien ha escrito el Dr. Salomón Lerner (La República del 14 de diciembre), la situación actual “coloca a la PUCP en una inocultable crisis de gobierno y amenaza socavar su credibilidad.” Ello implica “tomar decisiones urgentes para remediar totalmente el daño causado” y también “realizar una amplia reflexión que nos permita restaurar el sentido de nuestra misión centenaria.” En efecto, no se trata solamente de reembolsar el dinero percibido de manera ilegal, acción que ya ha comenzado este año en el más total silencio de las autoridades, sino sobre todo de rehabilitar el honor y el prestigio de excelencia académica y de moral intachable de nuestra comunidad universitaria.

Comentando la entrevista al ex rector Marcial Rubio [Sin pauta, 5 de diciembre], el Dr. Miguel Giusti ha denunciado la crisis con claridad y honestidad intelectual afirmando que los hechos descubiertos:

“No [corresponden a] la ética de nuestra universidad. Será acaso la de sus actuales autoridades, pero no la que defendemos y tratamos de promover la gran mayoría de profesores y estudiantes de la PUCP. El asunto es de suma gravedad, porque afecta la coherencia y el prestigio de nuestra universidad.” [Ver el texto completo en anexo].

He aquí algunos puntos que me parecen importantes en el debate actual:

• Las autoridades deben reconocer su responsabilidad plena y entera en los graves hechos ilegales que han permitido y consentido, aún cuando no exista ninguna justificación, ni legal ni moral, a sus acciones. En efecto, nadie puede permitirse afirmar “no sabía”, “no estaba al tanto”. Simplemente porque ello es imposible, inverosímil y absurdo.

• El reconocimiento genuino y sincero de las responsabilidades personales es el primer paso para restablecer la confianza de la comunidad universitaria en sus autoridades.

• El segundo paso es devolver los montos cobrados “de manera abusiva e ilegal” como escribe el Dr. Lerner. Los resultados de la Asamblea extraordinaria del día viernes 14 de diciembre lo han confirmado. Es igualmente positivo que se inicie una encuesta oficial e independiente sobre el proceso que ha llevado a los cobros ilegales, y la identificación de los responsables.

• Sin embargo, para resolver la grave crisis de nuestra universidad es preciso ir más allá: pedir “disculpas” no es suficiente, el perdón solo puede otorgarse cuando la justicia ha sido cumplida. Ello representa uno de los valores centrales establecidos por la Comisión de la verdad y la reconciliación en el Perú (2003). Personalmente, podría sugerir que los estudiantes y sus familias agraviadas (alrededor de 6,000) se constituyan en parte civil, nombren un representante legal: para exigir reparaciones, y para realizar un proceso judicial que determine las sanciones legales a todas las personas implicadas, tanto autoridades de la universidad como empleados administrativos, en las acciones ilegales realizadas desde 2012 (¿o quizá desde antes?). Esta acción colectiva en justicia penal parece urgente para restablecer la confianza y la credibilidad de la comunidad universitaria. De otro modo, se caería en la impunidad a la cual nuestro país está, por desgracia, demasiado acostumbrado.

• De manera paralela, es también urgente “reasumir los valores que la PUCP ha defendido y practicado durante un siglo de existencia”, como escribe el Dr. Lerner. Es decir, en primer lugar reanudar y profundizar con el sistema de valores morales y cívicos “que garantice la transparencia del manejo financiero”, y renovar nuestras convicciones de una formación académica que imparte conocimientos pero también sensibilidad, honestidad, ética y moral.

Lamentablemente, los hechos recientes están demostrando que, quizá en razón del contexto de crisis global del sistema político del país, las conductas ilegales e inmorales se han banalizado, incluso en la PUCP. En efecto, a raíz del escándalo de los cobros indebidos, muchos estudiantes han denunciado las humillaciones que han debido aguantar de parte de los servicios sociales que, en principio, existen para ayudarlos. Esta situación me parece muy vergonzosa y reprensible. ¿Dónde se han perdido los valores que guiaban a las personas encargadas del Servicio social? De cualquier modo, merecen sanciones drásticas para que las humillaciones no se vuelvan a repetir en la PUCP.

• Otro hecho lamentable y vergonzoso es aquél del acoso sexual y de las violaciones sexuales denunciadas hace unos meses, en agosto de este año, por estudiantes de las facultades de Ciencias sociales y de Derecho. ¿Cómo hemos llegado a esas extremidades en nuestra comunidad académica que es reconocida a nivel nacional e internacional como de primer nivel?

Personalmente, estoy muy asombrada y chocada por esos hechos que demuestran que la crisis actual tiene un aspecto coyuntural y financiero que debe ser sancionado con todo el peso de la ley; pero que tiene, además, un aspecto estructural mucho más profundo y grave pues concierne la base moral, cívica y ética de las personas que dirigen la universidad, y los profesores a los que se les ha confiado la labor de educar a estudiantes de todas las clases sociales de nuestro país.

¿Desde cuando data el acoso sexual que sufren las estudiantes de parte de algunos profesores inmorales, machistas y abusivos? Pienso que se debe realizar una encuesta independiente para determinarlo, y que los Servicios sociales y psicológicos de la universidad deben proponer su apoyo formal y gratuito para que las jovencitas que han sido víctimas de algunos profesores inescrupulosos, que no deben siquiera tener el derecho de seguir enseñando, hagan sus denuncias formalmente.

• Ojalá que el lema “Lux in Tenebris” retorne pronto a la PUCP, que no fue creada con el espíritu de lucro ultra liberal de tantas otras universidades privadas del país, sino con el espíritu de aportar la luz académica y los valores humanos, católicos y cívicos a los jóvenes peruanos. Expreso también toda mi solidaridad a los estudiantes agraviados, tanto por los cobros indebidos como por el acoso sexual; ambos hechos son ilegales e inmorales y meritan una sanción penal urgente. Para que no se repita.

Tarare, 18 de diciembre de 2018