Escrito por

Un fenómeno bastante extendido y de larga data en el país es el tráfico de tierras. Este ha cobrado gran relevancia en la actualidad debido al impacto que viene generando sobre el territorio amazónico, poniendo en peligro diversos espacios de cobertura forestal, así como la seguridad de la población rural. Una de las zonas más afectadas por este proceso es el distrito de Nueva Requena, ubicado en el departamento de Ucayali, el cual viene lidiando con este problema aproximadamente desde el año 2012.

El tráfico de tierras debe ser entendido como un sistema de mercantilización de la tierra, en el que sus agentes -los traficantes- utilizan mecanismos tanto formales como informales para apropiarse de diversas áreas con el fin de transferirlas a terceros. La tierra pasa de ser un recurso de subsistencia a convertirse en una mercancía cuyo valor se construye en función de las condiciones específicas del espacio en el que se sitúa. Son las relaciones sociales en constante transformación junto a los eventos específicos que se van suscitando dentro de este campo, los que dan forma a este mercado, cuyas lógicas serán producidas y reproducidas por los actores involucrados en el proceso de disputa por la tierra.

De esta manera, este fenómeno no puede ser analizado de manera aislada, sino que debe ser entendido como parte de un sistema mayor, el cual se encuentra conformado por múltiples actores con diversos intereses y formas de acceso y control sobre la tierra. En el caso de Nueva Requena, la llegada de la empresa de palma aceitera Plantaciones de Pucallpa[1] y la existencia de un marco político regional que facilita la invasión del territorio, han generado un proceso de capitalización del espacio, el cual ha desencadenado una migración masiva en la zona, ejerciendo una presión nunca antes vista sobre la tierra, e iniciando un proceso de disputa por este recurso. Todo este escenario se ha dado en condiciones de informalidad que ponen en peligro la supervivencia de las comunidades indígenas y los caseríos locales. Asimismo, la falta de mecanismos de control estatal ha facilitado la expansión de este mercado hacia el Bosque de Producción Permanente Biabo Cordillera Azul, convirtiéndose también en una amenaza para la conservación de los bosques amazónicos.

Este artículo busca realizar un breve análisis de la problemática que viene enfrentando la población local asentada en los alrededores de la empresa Ochosur P SAC como consecuencia de los procesos de mercantilización de la tierra. Mis prolongadas visitas a la zona hicieron inevitable mi involucramiento en el tema, pues se trata de un problema que viene afectando en diversos grados a la totalidad de habitantes del distrito. De esta manera, me vi motivado a visitar a algunas de las zonas en disputa, lo cual me ayudó a tener una visión más integral del asunto.

Es importante señalar que el conflicto de la comunidad Santa Clara de Uchunya, aunque se encuentra empapado por muchas de estas dinámicas, constituye un caso específico que no será profundizado en este trabajo. A continuación, procederé a explicar el origen de este fenómeno, así como las diversas formas de apropiación del territorio, y el uso de mecanismos tanto formales como informales de acceso a la tierra.

¿Cómo se origina este mercado de tierras?

El primer precedente de este mercado se dio a través del proceso de tráfico de tierras que implicó la venta de los 222 predios de la asociación Palmeras del Tibecocha a la empresa Plantaciones de Pucallpa en el año 2012. Este fue liderado por un señor proveniente del distrito de Campo Verde que, aproximadamente en el 2006, movilizó a un amplio grupo de invasores hacia la zona con el objetivo de apropiarse de la tierra, formalizarla y posteriormente venderla al mejor postor. Como es señalado por Dammert (2017:119), y como pudo ser corroborado por los mismos habitantes del Centro Poblado de Esperanza, los miembros de esta asociación no realizaron un trabajo de la tierra que permitiera fundamentar la titulación, sino que sus actividades se limitaron a la delimitación/parcelación del terreno, y a la extracción de pequeñas cantidades de madera. A pesar de estos, estas tierras fueron posteriormente vendidas a la empresa Plantaciones Pucallpa, consumando un claro caso de tráfico de tierras.

Un segundo precedente se da justamente con el ingreso de esta empresa a la zona. La instalación de sus plantaciones implicó el despliegue de una serie de caminos y proyectos de infraestructura que facilitaron el acceso a este espacio, creando un nuevo proceso de frontera que, a diferencia de los anteriores, generó un ingreso masivo de individuos con diversos intereses sobre la tierra. Asimismo, los rumores respecto a los planes de expansión de la compañía -avivados por el precedente anterior-, la convirtieron en un potencial comprador de tierras, lo que motivó la invasión de distintas partes del territorio con el fin de transferírselas a este actor agroindustrial[2]. Esto no quiere decir que, en la actualidad, sea este el fin último de este mercado; sin embargo, es necesario dejar en claro que fue su presencia, así como las transformaciones territoriales que acompañaron su ingreso, las que desencadenaron este nuevo fenómeno de disputa por la tierra.

Este suceso logró articularse con un escenario político regional promotor, no sólo de la expansión de la industria privada, sino también de la “conquista del territorio ucayalino” parte de campesinos sin tierra y en busca de medios de subsistencia. Esta postura gira en torno a un discurso de desarrollo en el que el territorio cobra sentido únicamente a través del trabajo agrícola, pues esta actividad permite -según esta lógica- alcanzar los niveles de crecimiento económico propuestos para la región. Esto ha sido acompañado de una política de formalización que busca dar seguridad a los nuevos posesionarios, quienes se ven respaldados para iniciar procesos de invasión y apropiación de las tierras. Sin embargo, estos cambios no se han dado de manera ordenada, pues muchas de las tierras vienen siendo entregadas a través de mecanismos bastante irregulares, uno de los cuales es justamente el tráfico de tierras. Esto ha devenido en una expansión hacia zonas no permitidas como el BPP Biabo Cordillera Azul que, debido a sus fines de producción de madera sostenible, se encuentra inhabilitado para cualquiera de estas actividades.

De esta manera, las nuevas facilidades de ingreso hacia este espacio, junto a la inserción de las lógicas mercantiles por parte de la empresa y las políticas regionales mencionadas, han desencadenado una migración masiva de agricultores -arroceros en su mayoría- que vienen ejerciendo gran presión sobre la tierra. Ante esto, los actores locales, en un intento por asegurar también áreas para su subsistencia, han iniciado sus propios procesos de invasión, dando paso a una serie de disputas por la tierra. Todos estos sucesos conforman el nuevo mercado de tierras, cuyas dinámicas serán analizadas a continuación.

Las dinámicas de invasión de tierras                                           

Un primer punto a tener en cuenta sobre este mercado son los altos niveles de informalidad que presenta, lo que ha devenido en la formación de un sistema de reglas internas que cumple la función de regular las dinámicas de control y disputa por la tierra. En este sistema, la invasión se presenta como la principal estrategia de apropiación de tierras, siendo la posesión el mecanismo legítimo de dominio de una parcela. Estos procesos se realizan, por lo general, a través de comités o grupos organizados que salen con dirección al bosque con el objetivo de asentarse y parcelar los espacios libres. Para consumar este acto es necesaria la presencia de un técnico que se encarga de emitir un mapa en el que se definen las coordenadas del predio, el cual sirve como una prueba legítima ante una posible invasión, así como para solicitar, en un futuro, el certificado de posesión. Se debe tener en cuenta que la elección del caserío al que se adscriba el predio constituye una decisión importante, pues cada uno de estos poblados ofrece ventajas específicas en el proceso de disputa por tierra.

Este clima de informalidad, por otro lado, puede originar ciertos problemas a los actores locales. En muchos casos, estos son estafados por supuestos ingenieros, los cuales llegan intempestivamente solicitando dinero para iniciar la titulación del predio; sin embargo, una vez abonado el monto, estos desaparecen, o dejan únicamente el mapa con las coordenadas de la parcela. Esto, asimismo, puede suscitar una serie de confusiones, pues algunos agricultores asumen que se trata de una constancia de posesión y pierden el interés en continuar con el proceso de formalización. Entonces, como se puede ver, la falta de acompañamiento estatal en el desarrollo de las políticas regionales de promoción agrícola, facilita la vulneración de los derechos de estos actores, quienes se ven enfrentados a este tipo de situaciones.

Un segundo punto importante a resaltar es que la invasión de predios en la zona principal de este mercado no necesariamente produce espacios enclaustrados, sino que las condiciones rústicas de los procesos de parcelación -y ciertas alianzas locales-, mantienen la zona como un espacio de libre desplazamiento. Las dificultades -o falta de interés- para explotar/talar toda la parcela apropiada -la cual podría tener entre 20 y 500 hectáreas- pueden volver imperceptibles ciertos linderos; por lo que, por ejemplo, en una expedición al bosque, es común atravesar más de una parcela ya delimitada sin enfrentar mayores problemas.

Esta situación, por otra parte, puede otorgar también cierto grado de inestabilidad a los posesionarios: el peligro permanente de invasión que generan las condiciones señaladas, los obliga a mantenerse de forma continua sobre sus tierras para evitar perderlas. En el caso de que esto suceda, las condiciones de informalidad evitan que la defensa se realice acudiendo a las fuerzas policiales o al amparo legal, de manera que, como señalan los mismos agricultores, es con “las manos” que se procede a disputar el espacio. Entonces, como se puede ver, los niveles de inseguridad son bastante altos; lo cual, como se verá más adelante, no es atendido por las autoridades regionales, sino que, por el contrario, es agravado con su presencia.

Como se dijo al comienzo, el caso de Santa Clara de Uchunya es bastante particular. Debido a su oposición frontal a todo este proceso -pues se viene realizando dentro de lo que consideran su territorio ancestral- su presencia no está permitida en esta zona. La disputa que viene liderando en contra de la empresa Ochosur P, la ha situado en un estado de aislamiento total, estando sus comuneros impedidos de movilizarse por aquel lugar, en el que, al igual que muchos pobladores locales, realizaban gran parte de sus actividades de subsistencia. Esto se debe, además, a la posición espacial hegemónica de la empresa, la cual le otorga el control de muchas de las vías de acceso a la zona principal del mercado, imponiendo sus propios regímenes de entrada y salida (sólo fines de semana hasta las 6 pm) y complicando el tránsito de casi la totalidad de actores locales hacia sus parcelas. Ante esto, se han creado rutas alternas (tampoco accesibles para la comunidad), incrementando aún más los altos niveles de deforestación, y expandiendo la frontera agrícola.

El mercado de tierras.

Las dinámicas mencionadas constituyen una breve descripción de los procesos de invasión en la zona, de todo lo que implica posesionarse sobre un predio, y las dificultades que los actores locales atraviesan para el logro de estos fines. Esta situación se agrava con la presencia de los traficantes de tierras, cuyas acciones discurren por otro tipo de lógicas, en las que la tierra es vista únicamente como una mercancía que, una vez apropiada, pasa a ser vendida al mejor postor. Sin embargo, como ya se mencionó, esto no puede ser entendido como un fenómeno aislado, pues, al fin y al cabo, los traficantes son un actor más dentro del mercado. 

De esta manera, recopilando lo dicho hasta el momento, lo que se tiene acá es un mercado que responde claramente a las lógicas de un sistema liberal. Muchos de los “clientes” provienen del departamento de San Martin, lugar en el que señalan que la escasez de tierras ha elevado su precio hacia niveles inalcanzables para un agricultor promedio. Esto los ha obligado a migrar en busca de tierras más accesibles, las cuales han sido encontradas en esta nueva frontera que, debido a las condiciones estructurales descritas, otorga una amplia oferta de esta mercancía a precios muy por debajo de lo mencionado en sus lugares de procedencia. Sin embargo, como se ha visto, la obtención de la tierra no es un proceso fácil, por lo que se requiere de agentes intermediarios que adapten las tierras a las condiciones del mercado y las transformen en un bien adquirible. No todos desean asumir la complicada tarea que implica la invasión y parcelación de los predios: lo que se busca es un producto listo para ser ocupado.

Es justamente en respuesta a este escenario que se extiende el fenómeno de los traficantes de tierras, quienes se apropian del espacio, lo transforman y lo ponen a la venta, satisfaciendo una demanda en expansión permanente. Esto se contrapone a los intereses de los actores locales que se ven sometidos por un mercado desigual en el que no todos gozan de las mismas posibilidades de acceso a la tierra. Así, los conflictos surgen a raíz de los mecanismos utilizados por estos traficantes para apropiarse del terreno: la violencia ejercida en los procesos de invasión, el acaparamiento de grandes extensiones de tierra por parte de una o pocas personas, y las alianzas estratégicas que mantienen algunos de ellos con ciertos funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura (DRAU), les otorgan ciertas ventajas en la disputa territorial que han despertado el repudio de la población local.

Es importante, en primer lugar, comprender el rol que cumple esta institución (la DRAU) dentro del proceso de tráfico de tierras. Según sostienen diversos actores locales, su participación se centra en la posibilidad de acceder al catastro de tierras para identificar las áreas libres dentro del territorio, agilizar su formalización, y, a través de los traficantes, proceder a realizar su invasión y transferencia a los distintos compradores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe un contraste importante entre la información manejada en los registros formales y la realidad dentro del campo: en el catastro, ciertas zonas pueden aparecer como libres -pues, formalmente lo están-; no obstante, en la práctica, estas pueden ya encontrarse ocupadas por posesionarios. Por lo tanto, muchos procesos de venta desencadenan grandes disputas por la tierra, las cuales pueden acabar en enfrentamientos a muerte como ya ha sucedido con el asesinato de 6 agricultores en el caserío de Bajo Rayal[3].

Por otro lado, es importante ponernos a pensar también cómo este “mercadillo” -llamado así por la población local– se articula a las necesidades de los agricultores con fines no mercantiles sobre la tierra. Es decir, con aquellos que realmente desean asentarse sobre este espacio y requieren de la formalización para obtener mayor seguridad sobre sus predios y poder acceder a créditos. En el caso de la constancia de posesión, esta se entrega únicamente sobre el área trabajada; sin embargo, los fundos de los parceleros abarcan una extensión mayor, pues las condiciones económicas precarias y la necesidad de conservar cobertura forestal para otras actividades, les impide explotar/talar toda su parcela. Por lo tanto, seguir los lineamientos del sistema de formalización, los condenaría a perder parte de sus tierras, por lo que se ven obligados a aceptar las condiciones extra legales propuestas por la DRAU.

Según cuentan los actores locales, estas consisten en abonar determinado monto a los funcionarios de esta institución con el objetivo de que estos incluyan toda la extensión del fundo en el plano de la constancia de posesión. De esta manera, el mecanismo se basa en la lógica de “a mayor dinero entregado, mayor área formalizada. Esto genera condiciones de acceso a la tierra sumamente desiguales; ya que los empresarios – o aquellas personas con mayor capacidad adquisitiva- pueden acceder a grandes cantidades de tierras que, según cuentan, pueden pasar las 500 hectáreas. Mientras que los campesinos de bajos recursos, que constituyen una mayoría, acceden a áreas bastante reducidas, incluso menores a la extensión de su predio.

Ahora, estos funcionarios también son “comprensibles”, pues, en ciertos casos, “se compadecen” del agricultor, y le cobran montos inferiores al precio real del “mercado”. De esta manera, la situación gira hacia un escenario en el que los agricultores son humillados, teniendo que rogar para recibir la extensión de tierras que consideran justa. Ante este tipo de dinámicas, lo que está sucediendo es que muchos de estos agricultores, cansados de esta situación, están empezando a deforestar con mayor intensidad el bosque, de manera que puedan probar legalmente la explotación de sus predios. Por lo tanto, las prácticas irregulares mencionadas, así como la incapacidad para lidiar con la realidad local, colocan a esta institución -aunque sea de manera indirecta- como una de las principales fuerzas promotoras de la devastación de los bosques.

Los límites de la formalización en el mercado de tierras.

Ahora, teniendo en cuenta este panorama, es importante preguntarnos cuáles son los límites de la formalización dentro de este mercado. ¿Es realmente necesario hacer uso del mecanismo de titulación para efectuar la transacción de las tierras?

 A pesar de ser un proceso que, efectivamente, otorga seguridad legal sobre el predio, las condiciones de este mercado extienden su relevancia hacia otro plano. La formalización, en mi opinión, debido a las condiciones señaladas, funciona más como un mecanismo para incrementar el valor de las tierras que como un requisito para su venta. La categoría legal de la parcela sirve como uno de los criterios principales para establecer los precios del mercado: las parcelas tituladas valen más que aquellas que solo cuentan con constancia de posesión, y estas, de la misma manera, tienen un precio superior a las tierras sin documentos. Sin embargo, la falta de formalidad no genera impedimento alguno a la venta de este recurso, pues, como se dijo anteriormente, la posesión es el acto legítimo de dominio de la parcela, otorgando todas las facultades -dentro de este sistema mercantil- para transferirla a terceros.

Para entender mejor esto, contaré la experiencia recogida de uno de los agricultores de la zona. Este señor compró una parcela de 20 hectáreas por un precio de 300 soles. Esta fue adquirida a través de un comité local dedicado a la invasión y venta de tierras. Como señala este actor, la condición del negocio fue que el pago era sólo por el uso y producción de la tierra, más no era permitida su venta. Es decir, en sus palabras: “tú pagas por usar, para producir, pero no puedes vender la tierra”. Ahondando en la conversación, noté que se refería a que la tierra no podía ser vendida dentro de los mecanismos formales, ya que, al fin y al cabo, esta no le pertenecía legalmente a nadie. Sin embargo, según las lógicas del sistema mercantil descrito, la venta, en el sentido de obtener ganancia por la transacción de la tierra, era posible.

Esto nos lleva a dos posibles escenarios. En el caso de que esta parcela se haya encontrado dentro de un espacio de libre disponibilidad del Estado, el actor tendría que asumir todo el trámite de formalización para emitir su título y establecerse legalmente como dueño. De no ser así, el agricultor tendría la posibilidad de transferir el predio, pero sin recibir una ganancia significativa.

Sin embargo, esta experiencia tiene mucho más sentido si la ubicamos dentro del BPP. Esta unidad territorial se encuentra legalmente inhabilitada para la entrega de predios, o para cualquier tipo de actividad agrícola; pues se trata de un espacio reservado para la producción sostenible de madera. En ese sentido, desde un inicio, cualquier invasor es consciente de los límites que establece el espacio a cualquier propósito de formalización. No obstante, dentro de las lógicas de este mercado -las cuales se reflejan en las condiciones de venta del ejemplo propuesto- esto no genera un inconveniente mayor, pues el invasor puede asentarse, trabajar y, si así lo deseara, vender posteriormente la tierra, como si esta le perteneciera formalmente. Esta situación se ve reflejada en la existencia de pueblos enteros asentados dentro del BPP, así como en la incorporación de estas áreas al mercado de tierras local por parte de los traficantes.

De esta manera, nos encontramos frente a un sistema mercantil que permite disponer de la tierra sin recurrir necesariamente a los mecanismos formales, facilitando la invasión, explotación y tráfico de diversas áreas -entre ellas el BPP- sin restricción alguna. En este mercado se genera ganancias por la “venta” de parcelas, sin que estas pasen a pertenecer legalmente al comprador, pues, lo que realmente se transfiere es el usufructo de la tierra, más no la propiedad en sí misma. Esta estrategia surge como un mecanismo de venta bastante eficiente, pues el acto ilícito (la transacción de áreas forestales) logra ser camuflado, evadiendo los problemas que la transacción pueda generar y los mecanismos de regulación existentes a nivel estatal. Esto, a largo plazo, pone una gran carga sobre el Estado, pues se genera presión social sobre el bosque, lo que, eventualmente -como ya se ha visto- desembocará en pedidos de redimensionamiento del BPP, desvirtuando el propósito de la creación de esta unidad territorial.

Reflexiones finales.

Como se ha podido ver, las condiciones de informalidad que presenta este mercado, nos obligan a abordar el papel de los traficantes de tierra, no sólo a partir de su articulación con los mecanismos formales de titulación, sino también desde su capacidad para camuflarse dentro del sistema de reglas internas, que es donde radica su principal estrategia de subsistencia. Esto les permite, de cierta manera, prescindir de la participación de las instituciones regionales, pudiendo monopolizar el mercado de tráfico de tierras y perpetuar las desigualdades de acceso a este recurso. Viéndolo de desde otra óptica: si el Estado tuviera mayor presencia en la zona y actuara de manera correcta, evitaría estar a merced de estos actores, facilitando el planteamiento de soluciones eficientes a un problema que afecta a la población en conjunto.

A través de este artículo, se ha buscado visibilizar una serie de dinámicas que permitan comprender el tráfico de tierras como parte de un sistema mercantil mayor, el cual posee condiciones específicas que deben ser tomadas en cuenta para establecer soluciones que cobren sentido a nivel local. La introducción de estas nuevas lógicas de mercantilización de la tierra, ha generado una serie de transformaciones en el espacio que han afectado la forma de vida de la totalidad de actores locales. Muchos de ellos, ante la falta de posibilidades alternas de subsistencia, se han visto obligados a adaptarse a este sistema. Esto plantea un reto a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las cuales se ven en la obligación de articular los planes de conservación de bosques con proyectos de salvaguarda social que otorguen alternativas sostenibles a estas poblaciones. Así, se logrará evitar la expansión de prácticas que vulneren los derechos sociales y territoriales de las comunidades indígenas y los caseríos de la región amazónica.

Bibliografía citada.

Dammert, J.L. (2017). Contested Booms: The Politics of Oil Palm Expansion in the Peruvian Amazon. Clark University.

Bibliografía mencionada.

Yvette Sierra (2017) MONGABAY. URL: https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-botin-los-traficantes-)/tierras-peru/

Convoca URL: http://www.convoca.pe/agenda-propia/ordenan-paralizar-actividades-de-emp…

[1] En el año 2016 la empresa Plantaciones de Pucallpa cambio de razón social Ochosur P. Para mayor información revisar: http://www.convoca.pe/agenda-propia/ordenan-paralizar-actividades-de-emp…

[2] Si se llegaron a dar o no las transacciones en esta segunda etapa, no pudo ser corroborado por mi persona. Sin embargo, los actores locales aseguran que muchas de estas invasiones fueron realizadas con aquel fin.

[3] Para mayor información sobre este caso, revisar https://es.mongabay.com/2017/09/bosques-ucayali-botin-los-traficantes-ti…