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Ahora que se acaba de nombrar una Comisión para preparar un proyecto de reforma política o un paquete de recomendaciones, considero conveniente hacer algunos aportes. Es cierto que hay que tener presente la dicotomía entre realidad y Derecho que trajo a colación Fernando Tuesta cuando afirmó que ‘la mejor reforma es la que se puede cumplir’, pero tenemos una oportunidad inédita y quizá única, por lo que es necesario tener la osadía de pretender más de lo usual, hacer nuestros propios ensayos y no limitarnos a repetir lo que ya se hizo en otras partes. Hay muchos cambios que difícilmente haría la clase política en desmedro de sus propias ‘ventajas’, pero en esta oportunidad la sociedad civil está en pie de guerra mientras los primeros están arrinconados, con pocas posibilidades de resistir propuestas razonables y justas.

1. La bicameralidad tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo que no puede ocurrir es que las dos cámaras tengan funciones parecidas o similares si llegara a reinstaurarse. No tiene sentido que una misma norma sea aprobada por ambas. Tendrían que tener encargos diferentes: las leyes deberían ser aprobadas por los diputados y las leyes orgánicas por los senadores y quizá las reformas constitucionales por ambas. El problema que se genera si una norma con rango de ley necesitara ser aprobada por las dos cámaras es que se convierten en instrumentos del poder económico que puede trabar con facilidad leyes que prefiere que no pasen y de esa manera creamos un sistema que preserva el statu quo, que no es el mejor sobre todo para las clases menos pudientes y que pueden ejercer su poder solo durante las elecciones.
2. El mayor número de congresistas ha sido defendido reiteradamente como la forma de estar mejor representados y puede tener algo de verdad. Empero un Congreso con muchos miembros se convierte en poco operativo y entonces la mayor representación se diluye, porque si éste no cumple a cabalidad con sus labores de legislar y fiscalizar la representación es nominal y no una realidad. Hay que buscar una solución para este dilema, porque además un gran número de representantes se convierten en instrumento de los poderes fácticos que disimulan su intervención detrás del número.
3. La relación entre los congresistas y quienes los eligieron es probablemente una parte importante de la solución. Los elegidos se deben a sus electores y tienen la obligación de cumplir con lo que les ofrecieron. Con la disculpa de que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, en la actualidad pueden hacer los que les dé la gana incluyendo la traición a sus votantes y eso es inaceptable. La liberación del mandato imperativo solo puede darse en casos en que tenga que escogerse entre lo local y lo nacional. Tal como funciona, actualmente, los congresistas son fácil objeto de los corruptores. No será fácil de lograr, pero necesitamos que la relación entre electores y elegidos no se limite a los períodos electorales y que tenga que darse con mayor frecuencia. Me queda claro que se crearán trabas para casos de apuro, pero considero que es preferible eso a cómo funcionan las cosas en la actualidad. El sistema anglosajón de distritos uninominales podría ser una opción.
4. La inclusión en la Constitución de la obligación de los elegidos de cumplir con sus planes de gobierno y ofertas electorales[1] sería la mejor forma de evitar que los gobiernos sigan siendo títeres de los poderes fácticos. Es difícil imaginar que esta reforma no genere consensos amplios en la academia y la sociedad civil, como lo ha requerido Martín Tanaka en un artículo[2], aunque será más difícil lograr que el Ejecutivo y luego los congresistas la hagan propia, pero si existe alguna posibilidad de lograrlo éste sería el momento oportuno. También haría indispensable la transparencia de la información que en la actualidad es más un deseo que una realidad. Si los candidatos a cualquier cargo público tuvieran la obligación de cumplir con sus ofertas tendrían que informarse debidamente para no ofrecer imposibles y consecuencia exigirían que el gobierno de turno haga pública toda la información necesaria. Así dejaríamos atrás a los líderes populistas y la política electoral como ha sido practicada hasta ahora. Además, el país sería más predecible lo que es una excelente forma de atraer inversiones. Si supiéramos qué es lo que va a hacer un gobierno todos estaríamos más tranquilos y no temeríamos exabruptos de cualquier aventurero que llegara al poder. Como he dicho reiteradas veces, esto no quiere decir que los planes de gobierno se conviertan en camisas de fuerza. Habrá situaciones en que no se pueda cumplir o incluso convenga hacer algo diferente, pero en esas situaciones será necesario explicar con detalle a la sociedad civil las razones del cambio y en casos importantes usar mecanismos como el referéndum.
5. La prohibición de reelección de congresistas ha sido en mi opinión un error, pero con los resultados del referéndum no cabe sino esperar al próximo gobierno para pensar en corregirlo. Sin embargo, para efecto de hacer modificaciones puede resultar siendo una ventaja, ya que los congresistas al no poder ser reelectos pueden hacer concesiones que de otra manera no harían, porque las perciben contrarias a sus mezquinos intereses personales. Históricamente los cambios se logran por presión social y actualmente ésta existe de manera significativa. También considero válido que los gobernadores y alcaldes puedan ser reelegidos, pero éstos por una sola vez. Será necesario también esperar para modificarlo.
6. Los partidos políticos son un tema de especial importancia. Tienen que dejar de ser solo vehículos electorales. Habría que exigirles una ideología (ideario) y un programa de mediano y largo plazo. Su funcionamiento interno tiene que ser democrático y sujeto al escrutinio público, así como su financiamiento. Sin duda son un elemento relevante, pero las autoridades que elijamos tienen que deberse más a sus electores que a su partido. Es más no podría haber diferencias importantes entre lo que ofrece un candidato y la línea del partido para evitar que en el futuro un congresista tenga que elegir entre sus votantes y su propio partido. De esa manera los jefes de los partidos dejarían de tener la sartén por el mango y ser centros de poder al que los poderes fácticos tienen que sobornar.
7. La inmunidad de los congresistas tiene que quedar limitada al mínimo. Solo por delitos en el ejercicio de sus funciones. En la actualidad es motivo de uso y abuso. Existe una especie de pacto no escrito ‘te protejo para que me protejas’, algo parecido a ‘hoy por ti mañana por mi’. Los parlamentarios no tienen que tener mayores prebendas como ocurre en países como Suecia y Finlandia. Tendrían que ser personas dedicadas a servir a su país y a los ciudadanos.
8. La renovación por tercios del Congreso parece ser algo necesario. De esa manera la participación de los electores sería mayor y los cambios en las fuerzas presentes en el Congreso serían una forma en que la sociedad civil se manifestara respecto de la forma en que se están manejando las cosas.
9. El financiamiento y la fiscalización públicos a los partidos es indispensable. Teniendo en cuenta su papel en la vida democrática tienen que dejar de ser clubes privados para convertirse en instituciones cuyo proceder tiene que ser completamente transparente, teniendo el Estado derecho a revisar sus cuentas, elecciones, etc. sin ninguna limitación.
10. Los problemas de equilibrio de poderes en la Constitución vigente que nos ha mostrado la realidad en los últimos tiempos. Como lo ha sugerido el Presidente de la Comisión[3] conviene evaluar el balance entre Ejecutivo y Legislativo a la luz de lo vivido y encontrar formas de solución. Alguien ha sugerido que la elección de los miembros del Congreso se realice en la votación de segunda vuelta, pero eso probablemente iría en desmedro de los partidos minoritarios. Habría que encontrar una fórmula, si bien la elección por tercios debería ayudar. 
11. Cae por su propio peso que el voto preferencial tendría que desaparecer, pero junto con las reformas antes expuestas. Hay que limitar el poder de los partidos logrando como ya indiqué que los elegidos respondan a sus electores antes que a sus partidos. De lo contrario trasladaríamos el poder a los líderes de éstos que podrían chantajear a sus propios miembros amenazándolos con eliminarlos de las listas de futuros candidatos, aunque esto ha quedado por ahora eliminado por la prohibición de la reelección.
12. Aunque estoy contra el voto obligatorio, considero que habría que mantenerlo por algún tiempo para lograr una mayor participación política de la población. Creo que de alguna manera colabora en mejorar la educación cívica, pero tiene sus límites.

San Isidro, 23 de diciembre de 2018

* Director Ejecutivo del Observatorio de cumplimiento de planes de gobierno

[1] El artículo 31º de la Constitución vigente a letra dice: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas”. Si nos atuviéramos exclusivamente al texto, podríamos reclamarles a las autoridades que nos ‘rindieran cuentas’, lo que no tendría que ocurrir, necesariamente, al término de su mandato. Sin embargo, una norma que debería ser modificada o derogada, la 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, del 3 de mayo de 1994, (modificada por la ley 26592 de 18/04/96 y la 26670 11/10/96), ha recortado grandemente lo establecido en este artículo. Limitó la remoción y revocatoria de autoridades, a alcaldes y regidores; autoridades regionales, que provengan de elección popular; y, magistrados que provengan de elección popular; e hizo una interpretación restrictiva de la expresión ‘rendición de cuentas’, dejándola limitada ‘a la ejecución presupuestal y al uso recursos propios’. Esto podría haber sido motivo de una acción de inconstitucionalidad, ya que del texto no se puede inferir la interpretación que hizo la ley. La explicación es que fue promulgada en los inicios de la dictadura fujimorista.

[2] Tanaka, Martín. 2018-2019. El Comercio 29 de diciembre de 2018. Pág. 9

[3] Tuesta Soldevilla, Fernando. Un discutible presidencialismo. El Comercio, 3 de enero de 2019.