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Territorio indígena y agroindustria en el debate interamericano: el caso de Santa Clara de Uchunya

El pasado 5 de diciembre, líderes shipibo-conibos se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Estados Unidos, en audiencia pública.

Carlos Hoyos Soria, jefe de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, y Jamer López Agustín, miembro de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), expusieron la grave situación de despojo, deforestación y violencia que enfrentan los pueblos indígenas amazónicos en Perú. La causa: su indefensión frente a los grandes proyectos de la agroindustria, como la palma aceitera, el arroz o el cacao.

La delegación fue acompañada por los asesores legales Álvaro Másquez Salvador, del Instituto de Defensa Legal, y Vanessa Jiménez, de Forest Peoples Programme.

La delegación peruana

Los indígenas resumieron el escenario de crisis que enfrentan en Ucayali. El jefe Hoyos Soria se refirió a la manera en que la empresa Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur P.) se hizo con buena parte del territorio tradicional de la comunidad. El Gobierno Regional de Ucayali, en vez de reconocer su propiedad ancestral, la seccionó y entregó a 222 particulares, que vendieron simultáneamente sus predios a la empresa transnacional. Aquel fue el inicio. El jefe advirtió además la manera en que la destrucción de 7 mil hectáreas de bosques les generó enormes daños sociales y ambientales.

La deforestación continúa, indicó con imágenes aéreas de Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, que dan cuenta del avance de la deforestación hacia agosto de 2018.

Igualmente, se contó por medios digitales con la participación de Luisa Mori Gonzáles, presidenta de la Asociación de Madres de la comunidad. La lideresa, a quien el gobierno estadounidense rechazó otorgar una visa, narró con pesar la situación que atraviesan hoy. La pérdida de espacios de importancia cultural y espiritual, los problemas de alimentación y salud que enfrenta la población más joven, así como la preocupación por su futuro.

López Agustín, a su turno, se refirió al contexto de violencia que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos indígenas en la región. Hoyos Soria fue baleado hace seis meses, mientras otros miembros de la comunidad y Feconau –como el comunero Huber Flores y el comunicador Edinson Mahua– han sido objeto de ataques mortales, por suerte sin consecuencias fatales. No obstante, no se han tomado medidas para su protección personal.

La especialista Jiménez, en ese sentido, resaltó que se trata de un caso emblemático de despojo para el cultivo de palma aceitera, donde la expansión agresiva de los cultivos de palma aceitera ha generado un escenario de violencia.

Finalmente, el especialista Másquez Salvador se refirió a los defectos en el marco legal peruano que permiten estos problemas: la no titulación integral de los territorios indígenas y la falta de mecanismos para salvaguardar tales territorios no titulados.

Añadió, por último, que la comunidad ha recurrido a todos los mecanismos que el sistema de justicia ofrece. A la fecha, se interpuso una demanda constitucional (en trámite ante el Tribunal Constitucional) y numerosas denuncias penales. De aquellas, solo una muestra un avance relativo. En ella se determinó la existencia de una organización criminal para cometer delitos ambientales y de corrupción de funcionarios públicos[1]: tráfico ilegal de tierras. Las demás denuncias, sobre agresiones contra defensores, han sido todas archivadas por el Ministerio Público.

Así, el especialista informó además de las acciones internacionales adoptadas mediante las relatorías de las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) e incluso la Mesa Redonda sobre Palma Aceitera Sostenible.

La respuesta del Estado

La delegación de agentes del Estado peruano la encabezó el procurador supranacional Carlos Reaño. Lo acompañaron dos miembros de la Representación Permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos: la embajadora Ana Rosa Valdivieso y la funcionaria Yesica Fonseca. 

Reaño, al empezar, sostuvo que algunos problemas no han sido debidamente atendidos por el Estado. A continuación, se refirió a los procesos judiciales, penales y constitucionales, que inició la comunidad y continúan en trámite. Anunció, por ejemplo, que las investigaciones por crimen organizado tomarán hasta seis años.

Asimismo, añadió que el Gobierno prevé la aprobación del Plan Nacional de Palma Aceitera, con el fin de fomentar un desarrollo sostenible del cultivo en el país durante la próxima década. Dicho plan, dijo, será sometido a la participación ciudadana, aunque no se informó de algún procedimiento de consulta previa, como ha sido exigido por la Feconau.

El procurador supranacional se refirió además al Plan Nacional de Derechos Humanos, que contiene un eje estratégico relativo a los defensores de derechos humanos. Este debiera ser implementado por el Ministerio de Justicia, a través de protocolos elaborados en mesas de trabajo.

Finalmente, Reaño indicó que representantes de la comunidad se reunieron con el Viceministerio de Orden Público, del Sector Interior. Como resultado se acordó el patrullaje de la comunidad y la mayor colaboración entre autoridades indígenas y policiales.

Las inquietudes de la Comisión

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para los Pueblos Indígenas, hizo referencia a la situación de amenaza que enfrentan los pueblos indígenas en la región. Reitero al Estado, en ese sentido, la protección que brinda el Sistema Interamericano a la relación entre los indígenas, sus territorios e identidades. «Cuando se cercena el territorio de manera progresiva, está en juego la supervivencia de un pueblo», remarcó.

Asimismo, expresó su interés en conocer el rol que tendrán los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Palma Aceitera, así como las acciones concretas tomadas por el Estado peruano para la protección individual de aquellos quienes han denunciado agresiones explícitas. Lo señalado por la delegación de la sociedad civil, añadió, será parte del informe temático sobre la situación de derechos humanos en la Panamazonía.

La comisionada Flávia Piovesan expresó su preocupación por la protección a las tierras indígenas en el Perú. Además, pidió información sobre las políticas de mitigación de daños socioambientales, en el marco de la agenda sobre empresas y derechos humanos. Hizo hincapié, además, en los defensores ambientales en el Plan Nacional de Derechos Humanos.

La comisionada Soledad García, relatora para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recordó los impactos en la salud y el ambiente frente al crecimiento de las plantaciones de palma aceitera en la Amazonía. Preguntó, además, por las políticas regulatorias que ha adoptado el Estado peruano para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como para exigir a las empresas palmicultoras el respeto de las normas sociales y ambientales.

Pidió, por último, información sobre las medidas de prevención para evitar afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas de la región de Ucayali.

Marisol Blanchard, jefa del Gabinete de la Comisión, mostró interés en la situación de alimentación, agua y saneamiento de la comunidad, así como por las medidas de autoprotección adoptadas. Recordó, finalmente, el interés de la Comisión por los pueblos indígenas del Perú.

El comisionado Joel Hernández, relator para Perú, expresó su agradecimiento a la delegación estatal, por su predisposición a recibirlos en una futura visita al país y acompañar así este caso. Para concluir, sostuvo que el caso de Santa Clara de Uchunya refleja un problema mayor en la Panamazonía, en el que la Comisión tiene interés de participar.

Conclusiones

Durante la audiencia, el Estado peruano demostró su poco conocimiento de la problemática. También evidenciaron las pocas acciones que han adoptado para dar solución a un problema urgente de derechos humanos. No pudieron dar respuesta frente al avance incontenible de la deforestación en la Amazonía peruana, en particular en Santa Clara de Uchunya, ni a las constantes agresiones contra los defensores indígenas.

Por otro lado, preocupa sobremanera la intención de aprobar el Plan Nacional de Palma Aceitera. ¿Cómo podrían si no son capaces de fiscalizar las plantaciones de palma aceitera ya existentes? La consulta previa, en ese sentido, es importante para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.

Finalmente, es importante el interés que expresó la Comisión por conocer los mecanismos de mitigación de daños socioambientales en este caso, así como por las acciones concretas para quienes han denunciado agresiones. Tales preguntas, indubitablemente, reflejan que el Estado peruano no está preparado para enfrentar la problemática del tráfico ilegal de tierras, tampoco para garantizar la seguridad de los territorios indígenas en la Amazonía.

[1] El caso estuvo, en primer lugar, a cargo de la Primera Fiscalía Ambiental de Ucayali. Luego, por su complejidad, fue derivado a la Primera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada en Lima.