La bonanza económica permitió importantes avances sociales en nuestra región. Por ejemplo, el Banco Mundial halló que la pobreza se redujo de 40 a 25% entre 2003 y 2013, gracias al fuerte impulso económico y a políticas públicas acertadas. Sin embargo, en los últimos años se observa no sólo una desaceleración de esos logros, sino incluso un retroceso. Según la CEPAL, en 2015 y 2016 la pobreza total aumentó en América Latina, y en 2017 la pobreza extrema se incrementó al 10.2%. Esto significa que hoy más de 62 millones de latinoamericanos ni siquiera pueden asegurar la alimentación diaria.

En un contexto de menor crecimiento, las políticas sociales se vuelven aún más importantes para el desarrollo social. Pero, ¿cuáles políticas sociales? Lo sucedido en los años después de la bonanza ha resaltado, por un lado, la insuficiencia de modelos minimalistas heredados de los períodos post-ajuste, que principalmente focalizan a los más pobres con esquemas de alivio temporal, y que tienden a olvidar los derechos de millones de otras personas excluidas que viven en constante riesgo de caer en la pobreza. Por otro lado, la experiencia reciente también resalta, especialmente en el caso emblemático de Venezuela, el peligro de hacer políticas ambiciosas bajo criterios populistas y sin mayor atención a la sostenibilidad financiera.

Así, hoy se reconoce ampliamente en los espacios de diálogo y cooperación internacional el reto regional de hacer políticas sociales más universalistas y a la vez más eficaces y eficientes. Sin embargo, en la mayoría de países esto todavía no se traduce en algún nuevo modelo operativo de política social. En cierta manera, estamos pendientes de un ejemplo viable que marque el rumbo a seguir.

¿México a la vanguardia?

En el segundo país más poblado de la región, parecería estar iniciándose justamente este tipo de renovación de la política social, a juzgar por las promesas electorales y los antecedentes de su presidente Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO por sus iniciales) cuando fue alcalde de la capital de ese país. Junto con las iniciativas anticorrupción y económicas de lo que llama la Cuarta Transformación mexicana, los cambios sociales parecen ser de lo más relevante en la gestión que empezó en enero de este año. Sus orientaciones de centro-izquierda y nacionalistas contrastan con el aparente giro a la derecha en otros países como Brasil, Chile y Argentina, donde no parece ser prioritario fortalecer la política social.

Con sus ofrecimientos e iniciativas, AMLO ha creado enormes expectativas en un país que, si bien es parte del “club de ricos“ de la OCDE, aún sufre profundas desigualdades y un estancamiento de los niveles de pobreza (43.6% en 2017). Pero también ha generado dudas acerca de la viabilidad de impulsar grandes cambios en los tres años que restan hasta la próxima elección federal, cuando también se ha prometido austeridad y no aprobar nuevos impuestos.

Las propuestas

Como candidato, AMLO anunció un cambio integral al prometer acabar con el modelo neoliberal que, desde su perspectiva, ha empobrecido a la población y se ha distinguido por la corrupción. Asimismo, prometió combatir la pobreza y la marginación “como nunca se ha hecho”. Su Proyecto de Nación 2018-2024 afirmó que “toda la política debe ser social“ y que la política social debe ser la “guía de orientación general y rectora del quehacer gubernamental“. En efecto, AMLO declaró “agotada“ la política social basada en el alivio de la pobreza mediante la focalización y las transferencias condicionadas, y se comprometió a concentrarse en procesos de desarrollo que sean participativos y permitan aumentar la “igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, cohesión comunitaria e integración social“.

En este sentido, AMLO también ha prometido para México un sistema de protección social articulado y consolidado, que el país aún carece. Este sistema ha sido concebido de manera general e inusualmente amplia, abarcando prácticamente todo el espectro de la política social: garantizar el cumplimiento del derecho a educación y a la salud; desarrollar proyectos locales de economía social y de inclusión financiera; programas de rescate a comunidades, ejidos y pequeñas propiedades; mejorar la calidad de la vivienda y dotación de servicios; y universalizar el Programa de Pensión a Adultos Mayores, entre varios otros.

De las promesas electorales a medidas concretas

Ya como presidente electo, y en las semanas desde que inició su mandato, los anuncios de cambio han sido numerosos pero todavía no está claro si realmente perfilan una reforma sistémica como la anunciado. En la práctica, ¿hay señales de un verdadero quiebre en la política social para abordar nuevos retos, o solo se vislumbran ajustes puntuales?

Por ahora, el énfasis no ha sido en cómo lograr el cambio integral sino en cómo modificar o lograr que funcione mejor lo que ya existía, y en crear nuevos programas sociales. Por un lado, se estableció un plazo de seis meses para que “funcionen” los programas sociales y apoyos. Para ello, se anunció la reconstrucción de los padrones de los programas, para evitar manejos políticos y asegurar que beneficien a quienes deben beneficiar; para sustentar este cambio se realizaría un nuevo censo de bienestar a más tardar en marzo. Otro cambio anunciado para los programas de bienestar social es que se prescindirá de intermediarios en la entrega de apoyos, para asegurar el buen uso de los recursos federales a nivel local. Finalmente, se ha anunciado modificaciones a Prospera, el programa social bandera de anteriores gestiones, que ha dejado de tener una condicionalidad relacionada con la salud.

Por otra parte, las principales nuevas intervenciones se orientan a los jóvenes (por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, orientado a jóvenes que no estudian ni trabajan, y que beneficiaría a 2.6 millones de personas), pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, y los Programas Integrales de Desarrollo, que focalizan 91 municipios donde, a través de varias acciones coordinadas, se busca evitar el robo de combustible que generó una situación de crisis política recientemente.

Otras nuevas intervenciones que se han anunciado y que sugieren rumbos distintos en el desarrollo social, incluyen aquellas dirigidas a grupos de agricultores, involucrando en algunos casos los controvertidos “precios de garantía” que permiten subsidiar a los productores más pequeños en cultivos básicos como maíz y arroz. Asimismo, ha comenzado la entrega de recursos en el programa Sembrando Vida, el cual promueve la siembra de árboles frutales y maderables, y que busca generar empleo y crear capacidades, reducir violencia y aumentar la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, parece abordar de manera integral las necesidades productivas, sociales y ambientales.

Más preguntas que respuestas
Para quienes observan de lejos, seguramente habrá lecciones que aprender de las nuevas intervenciones para temas y grupos específicos, y de los cambios significativos a varios programas existentes. Sin embargo, más interesante aún será saber si todo esto podría en los próximos años cohesionarse para lograr el sistema de protección social ofrecido, el cual debería tener alcance universal. En este sentido, aún se requiere información sobre cómo los programas sociales se articularán con las acciones en los grandes sectores sociales como educación y salud, y sobre cómo sería posible financiar la ampliación de varios servicios públicos sin dejar de lado la austeridad, que ha sido recalcada incluso para el sector salud.

(REVISTA IDEELE, FEBRERO DEL 2019)