Escrito por Jimena Ledgard Revista Ideele N°305.

Dos balazos, uno en la cabeza y el otro en la cadera, terminaron con la vida de Roberto Carlos Pacheco cuando recorría la concesión forestal de su familia en la margen derecha de la carretera Interoceánica. Con una bala en la nuca asesinaron al líder asháninka Ulises Rumiche Quintari, de 39 años, en abril de este año, horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables. Y fue a finales de noviembre del 2021 que miembros de la comunidad asháninka de La Paz de Pucharini encontraron el cuerpo de Lucio Pascual Yumanga con un disparo de bala en el tórax.

Aunque en Perú no existen cifras oficiales en torno a los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales, se calcula que, durante los dos años de pandemia, 19 defensores de los bosques habrían sido asesinados por mafias vinculadas a minería ilegal, madereras o narcotráfico. Según el informe Last Line of Defense de Global Witness, 10 líderes indígenas en Perú fueron asesinados en el 2020 por defender su territorio de actividades ilícitas. 75% de los crímenes de este tipo, registra también el informe, sucede en territorio amazónico. 

A menos de 30 días de una nueva ronda de negociaciones climáticas en la COP27, las poblaciones indígenas y los defensores ambientales parecen estar cada vez más solos. “Las amenazas son cada vez peores”, afirma desde Iquitos el Apu Richard Rubio, ex vicepresidente de AIDESEP. “Aquí nomás a una hora, avanza la minería sobre el río Nanay. Y los madereros en toda la Amazonía también. Y la minería en Madre de Dios también. Como comprenderás, el tema de las reuniones climáticas no importa realmente aquí”.

Ilegalidad, informalidad y complicidad

El incremento de las amenazas contra defensores ambientales se da en un momento en el que Perú alcanza la cifra de deforestación más alta de los últimos 20 años según el Ministerio del Ambiente. De acuerdo con distintos expertos, el avance de la depredación es resultado de una combinación entre actividades ilegales y el ambiente de caos e informalidad que prevalece en el sistema de otorgamiento de derechos sobre los territorios amazónicos. Según Patricia Tipian, de la Defensoría del Pueblo, 80% de las áreas deforestadas para ganadería o forestal no habían sido designadas para ello.

La híper-sectorización de la gestión territorial de los bosques hace que sea prácticamente imposible diseñar un plan integral de aprovechamiento y conservación de la Amazonía. “Acá cada ministerio hace lo que quiere”, afirma Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos de la SPDA. “Y también creo que es evidente que no es lo mismo el Ministerio de Economía o de Energía y Minas que el de Cultura o Ambiente, así que siempre se prioriza lo extractivo”.

La expansión de las operaciones ilegales en la Amazonía es además innegable. Solo entre 2019 y 2022, la deforestación deforestación aumentó hasta en 448% en ciertas zonas de Madre de Dios según el último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina. Aun así, incluso en los casos en que los responsables son claramente sindicados, la impunidad prevalece. “La corrupción y el crimen están enquistados en todos lados: en la fiscalía, en los gobiernos regionales, en la policía. Son como un fantasma que golpeas por un lado pero se recompone por otro”, continúa Baldovino.

Para la abogada ambiental, los defensores ambientales han sido sacrificados en beneficio del populismo que impera en todas las esferas de gobierno. “Por eso tienes un presidente que se reúne con personas vinculadas a la ilegalidad en la Amazonía y que ponen directamente en riesgo a quienes hacen defensa del patrimonio ambiental”, reflexiona, refiriéndose a la reunión del presidente Castillo con mineros artesanales el pasado 16 de agosto.

Julia Urrunaga, directora de programa en Perú de la Environmental Investigation Agency, comparte una apreciación similar: “La excusa de que hacemos lo que podemos hace rato que ya no vale”. Señala que las herramientas y tecnología para controlar la expansión de actividades ilícitas ya existen. Menciona, por ejemplo, el uso de GPS en camiones para monitorear su ingreso a zonas de minería ilegal, una estrategia que ya se aplica en la India.

Para Urrunaga, la falta de voluntad de las autoridades linda con frecuencia en la complicidad abierta. “Es cierto que no se puede detener la tala de cada árbol que se tala individualmente. Pero no tienes que parar cada árbol que cortas”, sostiene. Explica que, a diferencia de otros recursos, la madera es difícil de esconder, por lo que requiere de operaciones de lavado que suelen involucran autoridades portuarias, fiscalizadores y regentes forestales. “Hay gente conocida, con nombre y apellido, que sabemos genera informes falsos, pero que hasta hoy mantiene sus puestos en organismos del Estado”, denuncia.

Negociaciones sin presencia indígena y mercados abiertos a abusos

El rol clave de los bosques en mitigar los peores efectos del cambio climático hizo que, durante las negociaciones de Glasgow en el 2021, se pusiera especial énfasis en el mecanismo de los bonos de carbono como estrategia para reducir la deforestación. Al ofrecer a empresas contaminantes la oportunidad de compensar sus emisiones de carbono adquiriendo bonos, genera un compromiso en el país que emite el bono de mantener el territorio forestal que absorbe la cantidad equivalente de CO2.

Distintos informes de la FAO y otras organizaciones multilaterales han reconocido el rol clave de las comunidades indígenas en prevenir la deforestación y degradación de los bosques amazónicos. En ese sentido, la aplicación exitosa del programa REDD+, que regula el mercado de bonos de carbono a nivel global, debe incluir, según sus propias declaraciones. a las comunidades indígenas en su rol como guardianes de los bosques.

Una investigación de CIFOR del 2017, sin embargo, reconoció el potencial de abusos contra los derechos de las comunidades nativas en la aplicación de REDD+. Urrunaga comparte el escepticismo frente al mecanismo. “Hemos escuchado a las comunidades hablar de contratos entre terceros y comunidades indígenas donde los hacen firmar contratos a eternidad”, afirma. “La pregunta es quién se va a beneficiar con los bonos de carbono. Deberían ser las comunidades que viven en el bosque desde hace cientos de años y no una empresa que vive y le paga una mensualidad al jefe de la comunidad para que le firme contratos”.

El Apu Richard Rubio coincide. “Dentro de Perú no pasa nada con los defensores ambientales, pero a nivel internacional sabemos que se está hablando a nombre de comunidades. Se habla por las comunidades en temas climáticos que nos afectan, pero ¿qué sabemos nosotros? A las comunidades no se nos informa nada”. Cuestiona, además, la falta de representación indígena en las negociaciones climáticas. “Participan uno o dos dirigentes y son los dirigentes que viajan a la capital o ya de frente los dirigentes que viven en la capital, porque no hay ningún esfuerzo de llegar a las comunidades”.

A cerca de 30 días de una nueva ronda de negociaciones climáticas, los defensores ambientales y las comunidades indígenas parecen tan excluidas como siempre. Sin información sobre mecanismos que afectan directamente sus territorios, y que se discutirán en la COP27, el riesgo de ser víctimas de nuevas formas de abuso es particularmente alto. “No se trata de que unos sean buenos y otros malos, sino con qué reglas jugamos y cómo nos relacionamos, y qué disparidades estas generan cuando no están bien diseñadas”, concluye Urrunaga. “Cuando tienes un privado que tiene toda la información y todo el poder y el otro está en desventaja, no maneja el idioma, no maneja las normas, no estamos de igual a igual. Y me temo que eso es lo que estamos comenzando a ver con los bonos de carbono”.