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La violencia de género no solamente es la causante de los 88 feminicidios que, hasta el día que escribo este artículo, acumula el Perú en lo que va del año, sino también de múltiples violencias, desigualdades, brechas que impiden el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres. Y, por tanto, obstaculizan el desarrollo del país.

El enfoque de género es la herramienta que tenemos para que esta realidad cambie. Entendido en su esencia como un instrumento que identifica y transforma un conjunto de roles y estereotipos que hacen desigual e inequitativo las relaciones entre hombres y mujeres y que generan, como una especie de fábrica macabra, esas violencias.

El Estado peruano, como nunca antes, se encuentra en esa tarea. La expresión más contundente de esto es la recientemente aprobada Política Nacional de Igualdad de Género. El Estado y el país están cambiando, de forma lenta pero creo irreversible. Y parte de ese cambio, necesariamente, debe incluir a las Fuerzas Armadas.

El tema no es menor, en el cuerpo castrense se concentra una experiencia de masculinidad hegemónica, es decir, comportamientos, actitudes y roles asignados por la cultura al hombre, especialmente en lo que supuestamente deben hacer con las mujeres, que se refuerza y exacerba aún más por las características de su identidad y funciones guerreras.

La virilidad y su atribución de violencia, tienen un mandato de demostración particularmente enaltecido en los agentes militares que además ven legitimada esta atribución en el prestigioso rol de agentes garantes de la defensa y la seguridad nacional.

Si ya un hombre tiene ciertos privilegios sociales que lo ponen en real ventaja con respecto a la mujer y que lo exoneran del control social, el cual esta direccionado principalmente a regir y castigar los comportamientos de las mujeres; este poder se multiplica en los hombres que visten el uniforme.   

No es casual, más bien todo lo contrario, que, a partir de esta realidad, en los años de conflicto armado, hayan sido los agentes del Estado, en este caso miembros del Ejército, la Marina de Guerra y las Fuerzas Policiales, los principales responsables de violaciones sexuales. Como ha constatado la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe, tienen la responsabilidad de alrededor del 83% de los casos. La impunidad de estos delitos de lesa humanidad, también evidencia con toda nitidez ese privilegio multiplicado que explicábamos líneas arriba.

El cambio, por tanto, en las Fuerzas Armadas requiere un esfuerzo mayor, es necesariamente difícil y no cabe esperar que sea simplemente automático. En esa realidad, en los últimos tiempos se han mostrado evidencias, aunque tímidas todavía, pero con impactos sociales importantes sobre todo en el debate de la opinión pública sobre el tema, de que también son parte de esta tendencia histórica de cambios para transitar a sociedades más justas e igualitarias. 

Hace unas semanas la Ministra de la Mujer aparecía en cámaras con altos mandos del Ejército que lucían un mandil rosado puesto encima del uniforme militar. El mensaje era claro, las Fuerzas Armadas se sumaban a la campaña Hombres por la Igualdad, dirigida a que los mismos varones se cuestionen creencias y comportamientos que reproducen o toleran la violencia de género.

La polémica fue tan esperable como intensa, algunos congresistas vinculados sobre todo a sectores conservadores resistentes a la implementación del enfoque de género tildaron de vergüenza, humillación y ridículo el acto.

Desde una óptica opuesta, también hubo críticas, que lo consideraron poca cosa, en el sentido que se trataría de un gesto superficial, cuyo efecto es lavar la cara de una institución manchada por la indignidad, la violencia y los crímenes.

Desde los sectores progresistas, la mayoría de voces defendieron y felicitaron el hecho que por primera vez representantes de las Fuerzas Armadas rompieran públicamente estereotipos tradicionales de género luciendo un mandil rosado. Entendiendo que no se trata de un techo que pretenda negar todo lo que falta por avanzar, sino de un piso, que representa un avance, mayor o menor, pero ciertamente un avance respecto a lo anterior, precisamente para seguir ascendiendo en lo que se logra y conquista.  

Más allá de la complejidad y la polémica, o tal vez precisamente por ellas, se trata sin dudas de una campaña audaz, con un saldo positivo en la lucha por desmontar la fábrica de violencias en la que estamos envueltos como sociedad. Un avance que ciertamente es menor en comparación a lo deseable. Pero que vale la pena ponderarlo con responsabilidad, en el contexto de un país signado por un insoportable carácter retrógrado en temas de democracia y de género.   

Un poco antes de que los mandiles fueran titulares y tendencias en las redes sociales del país, en marzo del presente año, se daba la noticia que por primera vez en nuestra historia republicana dos mujeres oficiales eran promovidas al grado de coronelas del Ejército del Perú.

Es todo un símbolo que ad portas del Bicentenario de la independencia se dé este avance, porque justamente tras la batalla de Ayacucho en Perú, que garantizó esa independencia del poder colonial español, hubo ya una coronela del Ejército Libertador, Manuela Sáenz, ascendida a ese grado por su valor en batalla y sus servicios en la guerra anticolonial. Hubo entonces, como hay ahora, voces públicas que consideraron una afrenta a las fuerzas armadas el hecho y consiguieron revertirlo y olvidarlo.

Que se haya tenido que esperar doscientos años de república para alcanzar de nuevo ese avance inicial, rápidamente negado y perdido, ¿no es acaso una prueba, una más de innumerables pruebas, de que la desigualdad de género es una realidad y que prácticamente nos ha definido como república?

Doscientos años después seguimos peleando otra batalla, esta vez contra de la oprobiosa desigualdad y violencia de género.

¿Y acaso no es lógico y necesario que los funcionarios públicos a quienes hemos encargado la tarea de la defensa nacional cumplan su parte también en esta batalla cívica por la igualdad y la democracia?