Escrito por

Se ha discutido mucho sobre la constitucionalidad de la ‘cuestión de confianza’ tal como ha sido presentada por el Poder Ejecutivo y ciertamente pueden encontrarse grietas en algunos aspectos jurídicos, sin embargo, hay que reconocer que el Congreso no tiene autoridad moral para criticarla. Considero que se la ha buscado y que si insiste en su posición de desoír al clamor popular se verá cerrado con la aclamación de la mayor parte de la población.

El gran problema es que la inmensa mayoría de congresistas, sino todos, están convencidos que luego de que fueron elegidos podían proceder de acuerdo a su parecer (pocos) o a sus intereses personales o partidarios (la inmensa mayoría). El gran error de todos ellos es olvidarse que representan a sus votantes y que la liberación del mandato imperativo sólo puede aplicarse cuando están de por medio intereses locales contra nacionales o existe una clara objeción de conciencia. Creen que por haber sido elegidos por el voto popular tienen derecho a hacer lo que les da la gana y eso es falso. El elegido se debe a sus votantes y a lo que les prometió para que le dieran sus votos y en ciertas circunstancias al clamor popular y los actuales congresistas no están defendiendo lo primero ni lo segundo, lo que los descalifica del todo.

Aunque toda la población no sea consciente de la importancia de la reforma política, sí lo es que los congresistas, en su mayoría, reman para su lado sin importarles el futuro del Perú y que si ellos están en contra es porque afecta sus intereses y creen que pueden oponerse sólo porque fueron elegidos por el pueblo, olvidando que su principal obligación es defender los intereses de la población peruana y la construcción de un país más institucionalizado en que los políticos no busquen lucrar, sino que entiendan su función como un servicio al Perú.

Como herencia virreinal nuestro país y especialmente Lima son cortesanos y cada persona ocupa un lugar en el orden jerárquico social. Así recuerdo que un contralmirante retirado increpaba a un ciudadano que se había atrevido a llamar corrupto a un presidente y decía: “es el Presidente de la República”. Muchos han olvidado que vivimos en una democracia en la que la igualdad ante la ley está establecida en la Constitución y nadie merece un trato mejor o peor que otro. Tendemos a hacerle venias y reverencias a quien es millonario, es ministro o congresista, aunque es obvio que lo último está muy desacreditado, pero lamentablemente los congresistas no se han dado cuenta, como también olvidan que no son reyes sin corona, sino funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos y que están a nuestro servicio.

Hay mucho que discutir sobre si tal o cual proyecto está siendo o va a ser modificado en su esencia y si al Presidente le conviene considerar negada la confianza y cerrar el Congreso conforme a lo establecido en la Constitución, pero la verdad es que quedan pocas dudas del apoyo popular que tendría de hacerlo con todos los problemas que tendría que enfrentar después.

Hay, sin embargo, un cargamontón contra Vizcarra por la poca capacidad de gestión del gobierno y más allá de si hay algo de cierto en tal afirmación, me temo que detrás hay un gran interés en echarse abajo las investigaciones fiscales. Hay mucha gente durmiendo mal y que preferiría que la alfombra no se siga levantando.

Es difícil dar una receta para enfrentar la actual situación, pero si hay algo que no se debe hacer es frenar la lucha contra la corrupción en aras de buscar un ‘acuerdo’ con el Congreso.

Todo parece indicar que una de las dificultades será la propuesta del Poder Ejecutivo (PE) de trasladar el levantamiento de la inmunidad a la Corte Suprema, lo que a los congresistas con rabo de paja les parece aterrador y parece difícil que vayan a aceptar. Los hechos demuestran que en la mayoría de los casos el Congreso ha ‘blindado’ a sus miembros y las excepciones han sido los que se había atrevido a enfrentarse con la mayoría fujimorista que actúa sin importarle las consecuencias. Se han labrado la imagen que tienen y han conseguido reducir el apoyo que tenían al mínimo en que se encuentra. Hay quienes piensan que mejor que trasladar el levantamiento a la Corte Suprema sería reducir al mínimo la inmunidad para evitar politizar al Poder Judicial. La propuesta es debatible, pero por ahora sólo cabe esperar lo que decida el Pleno del Congreso y luego ver si el PE considera la modificación como esencial de darse el caso.

Como Fernando Tuesta, considero que no es conveniente la excepción a los partidos inscritos que ha propuesto la Comisión de Constitución para el 2021. Aparte de todas las atingencias puestas, me pregunto qué pasaría si la lista propuesta por alguno de los partidos inscritos no consigue ser aprobada por los votantes.