La reforma de la educación superior es una tarea necesaria y relevante en el país. Como resultado de las reformas neoliberales en el Perú de la década de los noventa (s. XX), la educación fue sometida a las reglas del mercado y con el Decreto Ley 882 (1996) se estableció que toda persona natural o jurídica tenía el derecho a fundar, promover y gestionar instituciones educativas con o sin fines de lucro. En consecuencia, los años posteriores a este DL marcaron la explosión de un sinnúmero de universidades en el país con fines de lucro y sin menor cuidado en la calidad del servicio. Así, entre los años 1996 y 2018, se crearon cerca de 100 universidades en el Perú, alcanzando la cifra de 150 para el año 2018[1].

¿Cuáles fueron los impactos directos en la población beneficiaria? En concreto, el servicio educativo de educación superior en el Perú deterioró dramáticamente su calidad al ingresar la educación en las reglas del mercado sin brindar las mínimas condiciones de calidad en el servicio de la oferta. Por ello, miles de jóvenes egresaron de universidades e institutos a través de la obtención de credenciales académicas, mas no de competencias y habilidades que el mercado demandaba. En otras palabras, miles de jóvenes con reales aspiraciones de movilidad social a través de la educación, veían truncadas sus expectativas al formar parte de una gran masa de población que transitó hacia el subempleo. Al respecto, aproximadamente 45% de las personas con educación superior que tienen estudios superiores en el país están trabajando en campos para los cuales no estudiaron.[2]

Frente a ello, se impulsó la reforma de la educación superior a través de la aprobación de la Ley Universitaria (Ley 30220) y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en el año 2014 para  la supervisión y licenciamiento del servicio educativo universitario en el país con el objetivo central de elevar su calidad. De este modo, se reordenó el mercado de educación superior universitario y se inició el proceso de licenciamiento de las universidades peruanas. En este sentido, queda claro que el mercado por sí mismo no puede resolver el problema de la calidad en la educación superior. Así, la SUNEDU está en el proceso de verificar las condiciones básicas de calidad del servicio de las universidades autorizando o no su funcionamiento con una vigencia mínima de seis años. Hasta el momento, de acuerdo a la página web oficial de SUNEU, se han licenciado a 74 universidades alrededor del Perú de un total de 141 centros universitarios que solicitaron el licenciamiento institucional.

Sin embargo, de acuerdo a información oficial de SUNEDU, son 10 las universidades cuya licenciada ha sido denegada. De este grupo, la mayoría de ellas están en Lima y Callao y solo una en la región Lambayeque. Por todo lo expuesto en líneas anteriores, la labor de la SUNEDU va en la dirección de lograr que los jóvenes peruanos accedan a universidades que garanticen un umbral mínimo de calidad, de modo que logren adquirir habilidades y competencias que el mercado laboral requiere, de modo que las tasas de subempleo vayan en descenso.

En este contexto, gran parte de las universidades privadas fundadas a partir del DL 882 han venido operando sin estándares de calidad mínimos y exigiendo un costo no menor con respecto a las pensiones. Debido a que estos costos no equivalen a los definidos por las universidades privadas con calidad del servicio, las altas tasas de matrícula en universidades privadas de baja calidad sí representan una oportunidad para familias de clases medias bajas y clases medias emergentes que ven en estas universidades la posibilidad de movilidad social ascendente. En este sentido, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, la tasa de matrícula en educación superior alcanzó al 11% en el quintil de menos recursos económicos en el país[3].

Pero, ¿qué sucede con los estudiantes que están matriculados en universidades cuyo licenciamiento ha sido denegado? Si bien la calidad del servicio es el factor más importante en el proceso de licenciamiento, así también los jóvenes estudiantes un actor fundamental en este proceso. Por ello, es importante señalar que la SUNEDU ha definido un reglamento que otorga un plazo de dos años a la universidad denegada en su licenciamiento para que culmine sus actividades y otorgue títulos a los estudiantes que se encuentren en la etapa final de sus carreras. Sin embargo, aquellos jóvenes que están en los primeros ciclos de estudios no podrán continuar en esas universidades y deben prever el traslado hacia otro centro de educación superior que sí cuente con una licencia otorgada por SUNEDU.

En este contexto, como se indicó anteriormente, el costo del servicio educativo en universidades privadas de calidad no representaba una oportunidad para familias de menores recursos económicos, por lo que la opción para muchas de estas familias estaba en universidades cuyo licenciamiento ha sido denegado por SUNEDU. No obstante, la brecha de costos económicos entre una universidad licenciada y otra que no lo está, existe y no puede ser asumida por estas familias. Frente a ello, la SUNEDU ha publicado la Resolución N° 082-2019-SUNEDU-CD donde establece que las universidades licenciadas (de acuerdo a la Ley N° 30220) pueden definir mecanismos de responsabilidad social universitaria (RSU) que favorezcan la continuidad de los estudios de estos alumnos que se reconocerían como parte del 2% de su presupuesto destinado a RSU.

Si bien la medida representa una oportunidad para estos estudiantes, ello aún requiere responder a interrogantes como las siguientes: ¿qué porcentaje de los costos asumidos por el estudiante en su universidad de origen cubrirá la nueva universidad receptora? ¿Tendrán algunos beneficios aquellos alumnos de determinadas especialidades o carreras de estudio? ¿Cómo responderá la universidad receptora para la nivelación de los estudiantes nuevos? ¿Se preverán cursos especiales solo para estos estudiantes? ¿Se programarán pruebas de admisión específicas para esta población?

Sobre ello, es claro que muchos estudiantes buscarán las universidades de mayor prestigio y calidad, pero ello requerirá la definición de reglamentos o normas más concretas en tanto la demanda es creciente y no todas las universidades licenciadas cuentan con mecanismos formalizados para atender esta demanda. Si bien el uso del presupuesto de RSU puede ser una alternativa, se requeriría el detalle de criterios e indicadores claros para acoger a estos estudiantes y fundamentar por qué sería parte de una RSU. Por ello, es clave que la SUNEDU en articulación a las universidades licenciadas definan en el corto plazo estos mecanismos detallados para garantizar el derecho a la educación superior de calidad de este grupo de jóvenes peruanos.

[1] Yamada G., y Lavado P. (2018) Educación superior y empleo en el Perú: una brecha persistente. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico

[2] Yamada G., y Lavado P. (2018) Educación superior y empleo en el Perú: una brecha persistente. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico

[3] Yamada G., y Oviedo N. (2016) Financiamiento de Largo Plazo para la educación superior en el Perú: el reciente caso de Crédito 18. Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Serie Estudios Breves Número 9