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La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fue creada el 26 de diciembre del 2018 (Ley N° 30900). Su creación fue largamente esperada debido al desorden, e incluso corrupción,  que generaba la superposición de dos municipalidades provinciales (Lima y Callao) en torno a una única ciudad conurbanizada desde la década de 1970. Su objetivo es lograr un sistema de transporte de calidad en la capital.

La ATU tiene diversas funciones como ser ente supervisor de los contratos de concesión de los diferentes servicios de transporte urbano (Metropolitano, corredores viales y líneas del Metro), garantizar un Sistema de Transporte Integrado en Lima y Callao, encargarse del Sistema de Recaudo Único, elaborar diversos planes (Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao, Plan Maestro de Transporte y el Plan Regulador de Rutas de los servicios de transporte, entre otros.

El Presidente del Consejo Directivo de la ATU ha anunciado algunas modificaciones tales como que los documentos de licitación exijan que exista una flota estándar de vehículos de transporte de mediana o de gran capacidad, que las empresas estén bien constituidas “y no solo sean de papel”, que los trabajadores se encuentren en planilla para evitar el correteo por el pasajero. Con relación a los autos colectivos informales, destacó que ya se están aplicando algunas medidas, como el control que establece la Municipalidad de Lima en zonas de la avenida Arequipa.

Lo retos que la ATU deberá enfrentar son de diversa índole y aquí subrayaremos algunos relacionados con niveles de rentabilidad y de mercado de los agentes.

En primer lugar, conviene indicar lo que no puede resolver la ATU. Un postulado básico de la planificación estratégica sostiene que un problema es aquello que una gestión puede resolver. Aquello que no se puede resolver no constituye un problema en tanto objeto de atención pública.  Este es el caso del propio crecimiento de la ciudad. Ante la clásica pregunta “¿Quién manda en la ciudad?”, pudieran existir complejas respuestas, pero resulta obvio que pocos responderán que quien manda en la ciudad son las autoridades, la regulación o el Estado.

En un país de libre mercado y en que la informalidad campea en diversas áreas de la vida económica y social, Lima crece como ciudad difusa, una mancha de aceite, ocupando periferias dominadas por los extremos crudos de la desigualdad social: condominios de lujo y asentamientos precarios en áreas de riesgo, habilitados estos últimos por mafias delictivas.  En contraste, Lima tiene pocas centralidades, siendo que la mayor parte de la masa laboral se desplaza diariamente al Centro histórico, Gamarra, San Isidro y Miraflores. Estas desigualdades y contradicciones se expresan también en la movilidad, correlato de una ciudad que no fue hecha para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos o habitantes. Lo cual no niega ni invalida los esfuerzos por una mejora de las condiciones de vida de la población y por un Derecho a la Ciudad. El crecimiento segregado, fragmentado y desigual es generado por fuerzas económicas que el Estado (incluyendo a la ATU o las municipalidades) no pueden controlar y, ante las cuales, la ATU tendrá que adecuar su gestión en la medida de sus posibilidades.

Existen retos a la ATU que le plantea el transporte informal. Podría, tal vez, considerarse un milagro que en una ciudad difusa exista un mercado que, de una manera u otra, movilice a la población desde sus lugares de origen a sus destinos. El mercado de transporte público en su variante informal ha encontrado nichos de rentabilidad. Es una historia conocida y forma parte de la narrativa de la informalidad urbana: pequeños propietarios o empresarios de origen andino acometieron el reto de movilizar a la población hacia los extremos de una ciudad que se expande interminablemente. La historia podría ser actualizada con las aventuras de combis, mototaxis, motos y triciclos que llevan y traen a la población pobre desde las arterias metropolitanas hacia los cerros o arenales en que habitan, un recurso multimodal que incluye la caminata.

El punto es, desde la perspectiva de la gestión pública, que estos nichos de rentabilidad se ubican en la informalidad, y representa un enorme reto lograr que la empresa formal encuentre rentabilidad parar atender a la población pobre y a los lugares inhóspitos en que habita. La ATU tendrá que atender ese punto negro que es el traslado de los pobres hacia los sistemas integrados de transporte y arterias principales. 

Las primeras declaraciones de los funcionarios de la ATU expresan la concepción de lo  informal y lo formal como estancos separados y el inevitable tránsito de un punto a otro. Lamentablemente la realidad es diferente y, por lo común, lo formal y lo informal interactúan y se superponen. El mismo poblador que toma el Metropolitano, “bajó” a la estación en un mototaxi.

¿Podrá la ATU prescindir de la informalidad? Observemos el caso de los colectiveros “pirata” que cubren rutas en las avenidas Arequipa, Javier Prado, Wiesse, Túpac Amaru, entre otras. En este caso, la informalidad no sirve a la población pobre, sino a una clase media que encuentra allí la comodidad y rapidez que no encuentra en el transporte formal. Es el caso de la señora que en la avenida Arequipa negocia con el colectivero un traslado de 10 cuadras a 1.50 soles, y el colectivero le dice que con esa tarifa debe tomar el “corredor azul”; y la señora le responde que ese “corredor” no pasa nunca y cuando lo hace “está lleno”; y el colectivero le retruca: “ese es el problema”. Un problema que las autoridades podrían comprender si se animaran a hacer “trabajo de campo” en las calles.

El transporte formal y el informal compiten, y es la demanda la que opta, como dicen los economistas neoclásicos. Si la demanda observa rapidez y comodidad en el colectivero informal, el servicio existirá, a pesar del control. Por lo demás, la respuesta del control por parte de las autoridades podría bien figurar en la novela Un Señor muy Respetable del escritor egipcio Naguib Mahfuz. Es la respuesta fácil. La difícil es hacer que el corredor azul tenga más unidades y circule cada 8 minutos, pero ello podría implicar la afectación de los nichos de rentabilidad de los operadores y gatillar la larga historia conocida de acusaciones mutuas.

La visión dicotómica entre lo formal y lo informal puede ocultar ciertas deficiencias de la formalidad. Hoy se puede hablar del transporte formal porque se ha superado la larga década del fuerte libre mercado (1990), en que la liberalización de rutas y unidades llevó al transporte público a su máxima degradación, algo que la ciudadanía y los medios de comunicación caracterizaron con expresiones como “combi asesina” o “cultura combi”.

El reto de la ATU es que el metro (con subsidio público), los corredores y el Metropolitano no son cómodos (y en algunos casos tampoco rápidos) y, antes bien, son incómodos (largas colas de espera, unidades hacinadas), y esta situación parece responder a los nichos de rentabilidad de los operadores. El reto de la ATU es encontrar el punto medio entre la rentabilidad de la oferta y la comodidad de la demanda, bajo la limitante de un mandato constitucional de Estado facilitador y empresa privada ejecutora.