Escrito por

REPORTAJE ESPECIAL

Esta comunidad wampis nunca sintió la presencia del Estado. Jamás le reclamó nada, ni siquiera el acceso a la salud, la educación, el agua y la luz eléctrica. Hasta que en el 2016 ocurrió un derrame de petróleo cerca al lugar, desde ese entonces, el Estado se ha comprometido en instalar los servicios básicos, que son sus propias responsabilidades. ¿Tiene que ocurrir un desastre ecológico para que comunidad nativa recién forme parte de la agenda de atención del Estado peruano? ¿Tiene razón de ser el paro amazónico teniendo en cuenta situaciones como la de Mayuriaga?

Es casi el mediodía en la localidad de Mayuriaga, el sol se ha ocultado en esta zona de la selva de Loreto para dar paso a la lluvia. Sin embargo, en este día del 20 de junio de 2018, ni el sonido del agua que cae puede acallar la voz de miembros de esta comunidad de la etnia wampis, ubicada en la provincia de Datem del Marañón.

“Este es nuestro sufrimiento. Somos golpeados por la vida por culpa del Estado. Todo esto es demagogia y promesas. Ya estamos cansados, agotados. Somos gente humilde. No se dan cuenta de lo que sufrimos”, enfatiza el comunero Segundo Sumpa, ante los funcionarios que han llegado de Lima.

Las palabras de este poblador solo expresan el sentir de los habitantes de Mayuriaga en la mesa de diálogo que se ha instalado en esta comunidad de la etnia wampis. No hace mucho, un estrepitoso sonido anunciaba una visita oficial. La Plaza de Armas de Mayuriaga hizo -una vez más- de pista de aterrizaje. El helicóptero descendió. Los comuneros rodearon la nave para presenciar el arribo de los funcionarios del Estado. 

En el local comunal, la población de Mayuriaga y sus líderes: el apu Arturo Tunqui y Samuel Sampa Mayán, presidente de la Federación de Nacionalidades Wampis del Perú (FENAWAP) aguardaban a la comitiva encabezada por el ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes.

Los funcionarios han tenido que venir en helicóptero desde Iquitos, porque para llegar a esta comunidad toma casi un día. Si se sale de Lima, se llega por avión a la ciudad más cercana, que es Jáen, en Cajamarca. Se atraviesa parte del territorio de Amazonas, por tierra, y se llega a Saramiriza, pero ya se está en Loreto. Unas largas horas en deslizador, otras más en peque peque, y se llega al destino. 

Esta es la décima reunión entre la comunidad y los representantes del Estado para revisar acuerdos que llegaron en febrero pasado. Desde el 2016, se vienen realizando diálogos con la finalidad de que el Gobierno pueda cumplir con sus promesas- acaso no sus propias responsabilidades- como el acceso a la salud, la educación, el agua, la luz eléctrica, la telefonía celular y a Internet -en localidades tan alejadas del Perú estos servicios no existen- además de fortalecer emprendimientos, imprescindibles para el desarrollo de toda comunidad. 

“Yo también soy peruano. Quiero tomar agua limpia, quiero electrificación para que mis hijos puedan estudiar de noche”, expresa Segundo. 

Por instantes, las mujeres y hombres de Mayuriaga reclaman a los funcionarios en su idioma wampis sobre lo prometido y, hasta el momento, incumplido. No hay necesidad de entender la lengua ancestral; sus ojos, sus rostros, sus manos y la entonación de su voz, expresan enojo y frustración. Sin embargo, hace algunos algunos años ningún poblador se imaginaría reclamando frente un ministro. La vida de los comuneros de Mayuriaga era distinta.

Sin derrame, no hay Estado

Como en muchos pueblos de la Amazonía, los días en Mayuriaga eran apacibles, con muchas carencias, muchas dificultades, pero tranquilos. Los hombres iban a cazar mamíferos de la zona a los montes vírgenes, a pescar a las cochas alejadas para alimentarse, pero también para venderlos y así obtener dinero para otros gastos básicos. Las mujeres recogían agua de los ríos para cocinar los alimentos, para tomar y para que sus familias se puedan asear.

En estos cerca de 50 años, las tuberías de transporte de petróleo han formado parte del paisaje de la Amazonía. Las familias no se habían opuesto a convivir con estas cañerías necesarias para la actividad petrolera. 

Así transcurría la vida en esa comunidad de 600 habitantes, pero dos mil barriles de petróleo vertido cambiarían su destino. En febrero de 2016 ocurrió un derrame de crudo a la altura del km 206 del Oleoducto Norperuano, administrado por la empresa estatal Petroperú. Y así Mayuriaga se dibujó en el mapa del Perú, comenzó a hacerse un sitio en la agenda estatal. 

“El Estado comenzó a atender a la población de Mayuriaga no por su propia voluntad, sino por el derrame de petróleo. Si no, ningún Gobierno se habría presentado aquí”, señala Samuel Sumpa Mayán. 

Tenían lo mínimo vital, pero debido a este suceso, ya no tienen con qué alimentarse, qué agua tomar. Petroperú fue a la comunidad llevando comida -latas de atún, azúcar, arroz o fideos- y agua envasada para la población. Lo mínimo que pudieron hacer por los afectados.

Así pasó un mes, bajo la misma dinámica. Ahora es el 6 de marzo, los nativos ya no aguantan más: reaccionan. Hace unas horas, el sonido estrepitoso anunciaba una visita oficial, eran funcionarios de Petroperú y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para realizar unas labores de inspección. Ya era hora de partir, pero los pobladores rodean la nave. Despegar se hace imposible. 

Es en ese momento en que toman conciencia: no habían sido incluido en el decreto del Ejecutivo, de febrero de 2016, donde se declaró en emergencia a 16 comunidades del distrito de Morona y su manera de protestar era retener ese helicóptero – a esto hay que señalar que la retención realizada por las comunidades nativas se efectúa en ejercicio de la jurisdicción indígena, aplicada en el artículo 149 de la Constitución Política.

No encuentran una mejor manera de que su voz de protesta atraviese la Amazonía, cruce los Andes, se bañe en el mar de Lima y que haga eco en los medios de comunicación de la capital. Que llegue a Palacio de Gobierno para que le den prioridad a este amago de “conflicto”. Así sucedió y puede que este acto haya sido el motor para el Estado les haga caso, para que se instalen las mesas de diálogo en Mayuriaga. 

Sin embargo, las personas que retuvieron el helicóptero fueron denunciadas por Petroperú y, a tres años del suceso, vienen siendo procesadas.

La hipótesis del sabotaje

En noviembre de 2018, ocurrió otro derrame en Mayuriaga, esta vez en el km 193. Sin embargo, Petroperú acusó a los comuneros de haber cortado el tubo del oleoducto. Ese es su argumento de la empresa, pero en varios derrames que han acaecido en distintas partes donde pasa el ducto, no se ha resolvido el problema. En Loreto han sido cerca de 40 desastres ecológicos por crudo, que no logran una solución al cien por ciento.

“Nosotros hemos protegido los bosques, los ríos, el territorio y la Amazonía. No obstante, la actividad petrolera ha degradado y contaminado nuestro territorio, lo cual ha puesto en grave riesgo nuestra vida, integridad y supervivencia”, señala el apu Tunqui.

Para Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, es un error apresurarse a sindicar a los indígenas como los responsables de un sabotaje. 

“Porque eso tensa más las relaciones en la zona. Hay que esperar, pueden ser colonos, e incluso hay una hipótesis de que serían gente de fuera que está interesada en que empresas encargadas de la remediación ingresen. Cualquiera de estas hipótesis debe ser investigada”, indica el funcionario.

El representante de la Defensoría señala que, en relación a la situación del ducto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) históricamente ha registrado que esto tiene como origen problemas de mantenimiento, un tema de orden natural o geográfico, y también atentados, cuando hay cortes intencionales con instrumentos.

“Tú no tienes hermanos acá”

Pero en estos tres años de diálogo, que se inició desde el derrame de 2016, el Gobierno ha cumplido solo con la construcción de dos escuelas: una primaria y otra secundaria. No más. Los reclamos de los habitantes tienen razón de ser:  tiene derechos, como todos los peruanos, a tomar agua limpia, más aún cuando, después de todo este tiempo, no se ha realizado la remediación en la zona del desastre, ni el peritaje del agua de las quebradas.

De retorno a la reunión de junio de 2018, Segundo Sumpa, el comunero continúa expresando palabras que hacen reflexionar al titular de Energía y Minas: “Francisco, tú no tienes a tus hermanos acá. Ellos -señalando a la comunidad- sí lo tienen”. 

Si en Lima sucediera un desastre similar, muchas personas alzarían su voz de protesta. En las comunidades de la selva no hay acceso al agua potable, ellos utilizan directamente el agua de los ríos para tomar, cocinar y asearse. Después de los derrames, los ríos quedaron con remanentes de crudo cerca de las quebradas. Así no se puede vivir.

Acto seguido puso en evidencia la gran desidia del Estado al dejar que Petroperú esté a cargo del peritaje de la calidad del agua, es decir, para saber si está contaminada. Pero, ¿cómo dejar esta labor a la misma empresa que fue la que provocó el desastre, al no adecuar el transporte del petróleo por ductos, según lo establece una norma que tiene más de diez años de antigüedad? 

Segundo, siempre crítico, dice que “nadie puede ser juez y parte en su propia casa”. En febrero pasado, en otra mesa de diálogo con la presencia del expresidente del Consejo de Ministro César Villanueva, se llegó a ese acuerdo. En la misma cita también se estableció que la autoridad designada para hacer este peritaje sería el Ministerio de Agricultura. Pero el territorio no es un área de cultivo, entonces, ¿acaso Agricultura era el sector más idóneo para hacer esta pericia?

Por su parte, el presidente de la Federación de Nacionalidades Wampis del Perú sospecha que el Gobierno no quiere atender los reclamos de su pueblo y lo expresa en frente de comitiva gubernamental. “Se sabía muy bien qué tipo de institución debía hacer el peritaje. Nosotros no somos ingenieros, es por eso que el Estado se aprovecha”, recalca. 

La comunidad wampis ya se hartó de que las obras no hayan sido concluidas. Han pasado tres años y la letargia del Estado ha motivado que el pueblo de Mayuriaga, aquel que retuvo sin miedo al helicóptero, se proponga otra medida de acción. 

Lo hizo el pueblo wampis

Cargando sus provisiones de masato y sus gallinas, para no pasar hambre, el pueblo fue la zona del desastre para hacer lo que el Estado no hizo – y aún no hace-  a tiempo: tomar muestras de agua para analizarlas. “No tenemos pala, pero sí palo”, señala Samuel sobre el peritaje que fue realizado con la colaboración del Vicariato de Yurimaguas.

“Nosotros ya hemos hecho un estudio de peritaje. Hemos tenido tanta paciencia, que lo hemos realizado. (El Estado) nos ha obligado, porque su trabajo no ha sido bien hecho”, recalca. Los comuneros henchidos de orgullo aplaudieron tras el anuncio de Samuel.

El estudio ya está concluído. Los resultados se sabrán en los próximos días cuando se difunda el informe del peritaje de agua, mientras que el Estado se comprometió en realizar uno. “¿Pero para cuándo?”, se pregunta Samuel.

Un wampis en Palacio

Una semana antes de la mesa de diálogo en territorio wampis, Samuel viajó a Lima. Quería reunirse con el presidente Martín Vizcarra, pero no estaba del todo seguro de poder lograrlo. Empacó su terno, por si se daba el encuentro, y viajó por río y tierra para llegar a la capital. 

El sábado 15 de junio, se dio la cita con el mandatario. Llegó a Palacio de Gobierno puntual a las 3 p.m. En realidad, un poco antes. Estaba vestido con su corona, que lo identifica como miembro de la nación wampis, y con terno. Al ingresar tuvo “problemas con la seguridad” porque no le dejaban llevar consigo su celular. Lo decomisaron.

En 20 minutos, le explicó de la situación de su comunidad, de sus demandas incumplidas desde 2016. No se fijó en muchos detalles. Quería la atención que merecen los pueblos indígenas que han sido afectados por los derrames de petróleo, pero en especial por Mayuriaga. 

Entró en un salón y ahí estaba el presidente Vizcarra. Se sentaron. Según Sumpa, Vizcarra manifestó su interés en el tema y se comprometió a hacerle el seguimiento. “Él (presidente) me comentó que está trabajando por fortalecer el sistema anticorrupción y, precisamente por este problema, las comunidades están abandonadas”, cuenta.

Samuel se levantó confiando en las palabras del mandatario. Quería una evidencia de esa cita de sábado, pero su celular estaba decomisado. Vizcarra le prestó el suyo para la foto, que aparece en la nota. Salió con mucho entusiasmo, En unos días se reuniría en la mesa de diálogo. ¿Qué pasaría?

Promesas con plazos

Al final de la reunión de junio pasado, el pueblo aún tiene reparos. Si bien ahora ya hay plazos establecidos para que la comunidad pueda tener luz, agua, una posta de salud, telefonía y un proyecto productivo. En lo que no se ha avanzado todavía es en la remediación de la zona afectada, a pesar de que la OEFA sancionó a Petroperú con S/. 49’ 749 795.00 por el derrame en Mayuriaga y por otro más ocurrido en Imaza (Amazonas).

“Limpieza ha habido,pero el crudo se esconde dentro de la tierra. Ahora tiene que haber remediación. Este tema se está dilatando”, señala el apu Arturo Tunqui. 

Petroperú intentó cumplir este punto, pero tuvo problemas: la empresa que habían seleccionado junto con la comunidad no tenía carta fianza. Por esta razón, se está retrasando el trabajo. ¿Pero tanto para extenderse a tres años? ¿Tiene que haber una medida de fuerza para que el Estado actúe de manera inmediata? 

Sin presión, no hay atención

Desde inicios de julio, la Amazonía está en paro. Las 54 federaciones indígenas de 12 cuencas amazónicas del circuito petrolero en la región Loreto, han alzado una medida de protesta con la toma de la Estación de bombeo número 5 de Petroperú. 

En estos días han decidido levantar la huelga que mantenía paralizado el circuito petrolero “como un gesto político” y en espera de un proceso de diálogo con el Gobierno. Solicitan una reunión para el 24 y 25 de julio con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

Sus reclamos son los mismos que los pobladores de Mayuriaga, que se garantice la vida, integridad y supervivencia de las comunidades afectadas por la actividad petrolera, que se realice las remediaciones correspondientes y sobre todo que se brinde mantenimiento a los ductos corroídos en estos 49 años de actividad. 

Además, dentro de sus pedidos se incluyen -al igual que los comuneros de Mayuriaga- servicios básicos que el Estado debe de asumir, porque es su responsabilidad. ¿Tiene que haber un desastre ecológico como un derrame de petróleo junto a una medida de fuerza para que recién estas comunidades, que han cuidado los bosques y los ríos por milenios, sean parte del Perú? 

La respuesta lógica es no. Sin embargo, en la agenda del Estado primará la atención a estas comunidades que, si bien son afectadas, no son las únicas que carecen de servicios básicos. Todas pertenecen al Perú, aquel que no agradece su valioso aporte como vigilante de la Amazonía y no los toma en cuenta como parte de esta nación… Hasta que ocurra un derrame de petróleo en su territorio.