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La situación política en el Perú está que arde y todo parece indicar que sin salida a la vista. Sin embargo, el análisis de la situación y de los entrampamientos existentes, tratando de no quedarnos en las apariencias, creo que puede señalarnos algunos escenarios futuros.

Para empezar hay que caracterizar adecuadamente el momento que vivimos. El criterio más extendido es que estamos en una crisis política producto de la terquedad de la mayoría fujimorista por defender los privilegios de los que goza en el Congreso, los que le sirven para desarrollar una vasta red de corrupción en beneficio particular y de su partido político. A esta defensa fujimorista de privilegios se han venido sumando los apristas y algunos otros congresistas que han gozado del orden político establecido en los últimos treinta años. Esta es una explicación plausible, que recoge el Presidente Vizcarra y su equipo de gobierno y que repiten buena parte de los medios y observadores externos, pero es insuficiente.

Pero más insuficiente todavía es señalar, como lo hace el fujiaprismo y sus aliados, que vivimos una crisis inventada por el Presidente Vizcarra para ganar popularidad frente a un Congreso incomprendido por la población. Para esta posición estamos en una crispación pasajera que podría solucionarse con diálogo y buenas maneras. Sin embargo, aunque parezca mentira, esta segunda versión está ganando adeptos, sobre todo entre los grandes medios de comunicación, temerosos de que la situación pueda voltearse en contra de sus intereses.

De la mano de estas explicaciones, insuficientes e incluso equivocadas, se dan también las posibles soluciones. Están de moda los constitucionalistas. Nos quieren hacer creer que la solución es constitucional. Para el caso, analizan la cuestión de confianza, señalando que esta no es posible para el adelanto de elecciones. Falso. La cuestión de confianza, donde existe, se puede hacer al arbitrio del Poder Ejecutivo, si no, no sería tal. No caben reglamentos al respecto. Pero no se trata de una solución constitucional, sino política a la situación, porque lo que hay es una crisis política de fondo, no solo de interacción entre Ejecutivo y Legislativo porque uno bloquea al otro, sino del régimen político, es decir de la forma como se organizan las instituciones del poder democrático para gobernar. El Poder Ejecutivo, la izquierda y buena parte de la población juzgan que hay una crisis de representación por la cual los representantes ya no expresan a los representados.

Empero, hay varios fondos. El problema de fondo para el Presidente Vizcarra y quienes lo apoyan parece ser exclusivamente institucional. Para él, lo que no funciona es el sistema de justicia, las reglas electorales, las de relación entre Ejecutivo y Legislativo y la propia organización del Congreso. Para ello, encargó un proyecto de reforma política y realizó el referéndum del año pasado, coronado con una importante victoria para su causa. Todo esto lo ha llevado a una reforma judicial, que está entrampada y a una reforma política, hasta ahora también entrampada.

Para otros, entre los que me inscribo, el problema de fondo va más allá, más al fondo todavía. No solo es una crisis institucional que refleja un problema entre poderes y entre los ciudadanos y la sus representantes, sino una crisis del conjunto del régimen político, que organiza la economía, la sociedad y el propio Estado. Una crisis de gran calado que trasciende la coyuntura y el propio período de gobierno.

Me refiero a que lo que está en crisis es el arreglo político que logró el golpe de estado del cinco de abril de 1992 y que parece llegar a su momento final. Se trata del arreglo que inauguraron Fujimori y Montesinos y que tuvo una primera expresión institucional en dictadura y una segunda en democracia (neoliberal), sin que esta última pudiera corregir los defectos de nacimiento de la primera.

Esta crisis de más al fondo tiene una raíz de crisis económica que no tiene que ver, como nos dicen diariamente, con la ineptitud de tal o cual funcionario, más allá de que así sea, o con que Tía María no vaya.  Por el contrario, se trata de la crisis del modelo económico neoliberal, basado en la exportación de materias primas, en nuestro caso minerales, que no se soluciona porque está amarrada a una crisis capitalista mundial que no encuentra salida hasta el momento. Aquí es preciso recordar que con el golpe de abril de 1992 se asienta una relación entre economía y política, para viabilizar el modelo, que podemos denominar “capitalismo de amigotes” en la que para hacer buenos negocios había que tener lazos con el Estado. Esta forma de hacer plata se naturaliza en el Perú, primero de la mano de Fujimori y Montesinos y luego con una galería de presidentes (Toledo, García, Humala y Kuczynsky) posteriores a Valentín Paniagua, que están acusados de múltiples delitos de corrupción.

El éxito inicial del golpe del cinco de abril, por la pacificación del país y la estabilidad macroeconómica,  le permitió desarrollar a este modelo de capitalismo de amigotes una hegemonía ideológica y política sobre la mayoría de la población, que se ha basado en la creencia de que el éxito personal y familiar depende del esfuerzo individual. Pero con el paso de los años y  la crisis de una economía que ya no puede vender las ilusiones de antes, esta hegemonía ha empezado a resquebrajarse. El viraje en este proceso de desprestigio han sido los escándalos de corrupción, que han dejado desnuda a esta clase política en toda su podredumbre y han sido la chispa para dar cuenta de la crisis de representación que vivimos y que hace populares consignas como: ¡Que se vayan todos! y ¡Cierre del Congreso! que en casi cualquier otros contexto aparecerían como extremas.

Todo esto nos coloca, sin embargo, frente a varias salidas, ninguna necesaria pero alguna posible.

Para esto hay que recordar los números de la correlación de fuerzas en el Congreso de la República que por ahora  parece ser el escenario que puede desencadenar el acto final de este período. El fujimorismo podría no contar con los votos para la vacancia, los des tercios de la cámara, que son 87, pero el oficialismo tampoco puede aprobar su propuesta de adelanto de elecciones, que necesita la mayoría legal de miembros, es decir  66 votos, ni tampoco tener los votos necesarios, que son los mismos 66, para aprobar la desconfianza y permitirle cerrar el Congreso.

Sobre esta base analicemos los tres escenarios posibles y quizás un cuarto si aparece un nuevo actor.

Primero, la derrota del fujimorismo y sus aliados. El Presidente Vizcarra con la presión de la calle y la opinión pública, además de alguna negociación, logra el adelanto de elecciones para el 2020.  Creo que es el escenario que más le conviene al desarrollo democrático del Perú pero que a estas alturas parece muy difícil de lograr, porque la calle está flaqueando y porque las encuestas empiezan a mostrar un disminución en las simpatías a Vizcarra y sus propuestas.

Una variante que puede tener este escenario es que ante una eventual vacancia de Vizcarra se produzca una erupción popular que le imponga al Congreso lo que ha negado en el hemiciclo, como fue el caso del año 2000 por el efecto de la marcha de los Cuatros Suyos y los descubrimientos posteriores. Es posible en este país de sorpresas pero poco probable dado el ritmo que ha seguido la movilización popular.

Segundo, una derrota de Vizcarra y el Poder Ejecutivo. El fujimorismo consigue los 87 votos y vaca al Presidente, colocando a Mercedes Araoz en la presidencia, el sueño de la Confiep. Necesitaría harto palo para gobernar y esa sí es probable que no llegue al 2021. El viraje autoritario indispensable de esta opción podría desembocar en un escenario sangriento, a lo Uribe en Colombia, con consecuencias impredecibles para el futuro del Perú.

Una variante de este escenario es que Mercedes Araoz renuncie y le toque a Pedro Olaechea asumir la presidencia y tener, de inmediato, que convocar a elecciones que deben de suceder en los 120 días posteriores. Sería un escenario peor aún, en el que el fujimorismo controlaría la transición.

Tercero, el pacto entre Vizcarra y el Congreso. El escenario menos conflictivo en lo inmediato pero poco deseable para el país. Significaría apostarle al elenco estable de la política peruana, que ya ha mostrado su putrefacción y oposición a cualquier cambio. Lo aceptable para todos los que pacten sería menos de lo que plantea Vizcarra ¿Se imaginan? Empero, se han roto tantos puentes necesarios para un pacto que no parece factible a estas alturas. Sin embargo, apelando nuevamente a las sorpresas, en una país tan poco institucionalizado, no lo deberíamos descartar.

Quizás el cuarto, la posibilidad de un nuevo actor que configure un escenario diferente. Como podemos observar he tomado en cuenta dos actores con poder para producir desenlaces y uno subordinado que aparece y ayuda pero todavía no define. Lo he denominado “la calle” y “la opinión pública”, uno de medición imprecisa y otro apropiado por las encuestas. Este último actor, sobre todo en su primera conformación “la calle”, está fuertemente influido por colectivos de la sociedad civil y partidos de izquierda, en la práctica con una existencia marginal o fuera del régimen político en los últimos años. Sin embargo, son los únicos que plantean una solución que vaya más allá del orden establecido, defendido por el fujimorismo y sus aliados, o por alguna variante reformada del mismo como señala Vizcarra.

Dentro de la calle están los que plantean la necesidad de una salida constituyente a la crisis actual, es decir, la necesidad de una Asamblea Constituyente que represente el poder soberano del pueblo y esté en la capacidad de darnos una Nueva Constitución. Una salida distinta a la del fujimorismo o a la de Vizcarra. Ni lo establecido ni una simple reforma, hay que ir a un nuevo régimen democrático. Creo que es la alternativa que va más al fondo y plantea soluciones  reales aunque no sé si realistas a la crisis actual.

¿Cómo se pasa de real a realista? Una propuesta real es aquella que plantea una solución al problema que nos puede poner, para bien, en un camino distinto en nuestra historia republicana. Una propuesta realista es la que tiene la fuerza política para llevarse  cabo. Me temo que la propuesta constituyente no tiene esa correlación de fuerzas todavía.

Sin embargo, al no existir propuestas atractivas que efectivamente parezcan encaminarnos a algo cualitativamente distinto, hay campo para una propuesta constituyente. Para ello habría que convertir la actual coyuntura que es un lance de a dos en uno de a tres, con cuidado, por supuesto, porque todos los platillos y dardos están envenenados.

El nuevo actor tiene que entrar en escena con una propuesta distinta, pero que no va a lograr posicionarse de la noche  la mañana. Por ello hay necesidad de iniciar un proceso constituyente en esta lucha contra la corrupción y por que se vayan todos. En este sentido, las reformas que plantea y ha logrado aprobar parcialmente Vizcarra son una oportunidad para avanzar en este proceso. Sin embargo, a partir de ellas y sus limitaciones hay que señalar la necesidad de una Asamblea Constituyente. En el momento en que esta Asamblea sea parte de la agenda pública habremos llegado al momento constituyente, y podremos avanzar a crear las condiciones para su convocatoria y realización. De esta forma, tendríamos otro escenario, algo fuera del guión actual, a la vista.

El choque de trenes puede tener salida a la vista, pero siempre y cuando entre en escena, con fuerza, un nuevo actor enarbolando una propuesta constituyente. De lo contrario, gane el fujimorismo o Vizcarra, vamos a tener a la postre más de lo mismo. O fujimorismo autoritario, porque no le va a quedar de otra después de haber aparecido desnudo frente a la población, o un remiendo del modelo neoliberal para que su cara más amble nos haga creer que todavía hay solución en sus parámetros.