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Cuando el presidente Humala anunció, en octubre del 2014, la construcción de más de 1000 huaros (especie de oroya o teleférico simple) para cruzar quebradas y ríos a lo largo de nuestra accidentada topografía, todos nos alegramos. Especialmente los que conocemos el Perú profundo.

Se encargó su diseño, construcción e instalación al Servicio Industrial de la Marina, por su probada capacidad de manejo metalmecánico. Y porque, para la opinión pública, el encargo garantiza transparencia, ya que no era necesario concursar ni licitar nada. Era un pedido del Ejecutivo al SIMA.

El asunto se organizó, aceleradamente, desde el Programa Nuestras Ciudades (PNC) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). Dicho programa maneja el subprograma Movilidad Urbana, el mismo que se encargó del proyecto del teleférico del Agustino y del de Lurigancho a Comas, ambos postergados por expedientes inconsistentes.

Los hechos

Cuando el líder awajún visitó el MVCS, vino con su indumentaria nativa. Nos sorprendió su nivel cultural y su inevitable perspectiva social. Nos  dijo que el huaro asignado a su comunidad había sido instalado a más de dos kilómetros del lugar que su comunidad había elegido, principalmente, para que los niños evitaran un rodeo de 6 km a campo traviesa para llegar al colegio cada mañana y cada tarde al fin de la jornada.

En el ministerio se convocó a una reunión de urgencia con los encargados. Curiosamente, del equipo técnico ministerial uno a uno había renunciado. Solamente quedaba un ingeniero que nunca había viajado a la zona del proyecto y que solamente se encargaba de tramitar los pagos que se solicitaron al ministerio desde una empresa subcontratista del SIMA. Con una actitud esquiva, explicó que no conocía los detalles, pero que estaba dispuesto a averiguar qué había ocurrido.

Ante las vaguedades y las generalidades del funcionario, el líder awajún se levantó y nos espetó que ese argumento era infantil y ridículo. ¿Cómo les pagaban a los subcontratistas sin siquiera conocer dónde quedaba el lugar de la obra? Él sí sabía que un agricultor de la zona había sobornado al contratista para que cambie el lugar de dicha obra, para tener facilidad de cruzar los productos de su chacra, utilizando una obra pagada con el dinero de todos.

A continuación dijo, con tono muy molesto y apoyado por sus paisanos, que esta era la última vez que venían con buenas maneras: “La próxima incorporaremos nuestras flechas, para ver si ustedes toman una acción que resuelva el problema. No nos interesa el problema, ni las explicaciones de ningún tipo, dijo. Queremos nuestro huaro donde debe estar”.

Costó trabajo prometer soluciones rápidas que lo calmaran. El funcionario de mayor rango que presidía la reunión citó al líder indígena- dentro de los próximos 30 días- para ofrecer una solución concreta, sabiendo que no había solución. Se trataba, como siempre, de ganar tiempo.

La cura es peor que la enfermedad

El diseño de los sistemas estatales es realmente perverso:

1. Era preciso corroborar el pago por una obra, que, al no aparecer en el sitio correcto, se la considera inexistente.
2. Había que denunciar el caso al órgano de control interno y a la oficina anticorrupción para abrir un proceso administrativo contra los responsables.
3. Era preciso organizar una brigada ministerial oficial para viajar a la zona y comprobar lo dicho por el dirigente.
4. El único ingeniero del ministerio, que sabía algo, también renunció al día siguiente, seguramente urgido por la presión de su rabo de paja. 
5. No se puede pagar dos veces por la misma obra. Eso es malversación.
6. Hay que efectuar un proceso de liquidación de ese huaro no construido y crear un proyecto nuevo desde cero. Es decir, contratar una consultoría para los nuevos términos de referencia, otra consultoría para el perfil del proyecto, previa convocatoria y finalmente una licitación para la construcción.
7. El tiempo total para todo eso son  18 meses.

Es de poca o ninguna importancia, que los niños sigan caminando 12 km diarios para ir al colegio:

¿A qué hora llegan y cuánto aprenden?

¿A qué peligros están expuestos?

¿Reciben una alimentación adecuada para el esfuerzo?

¿Cuántos dejan de asistir a clases?

¿Cuántas otras actividades productivas siguen atrasadas en la zona por falta de infraestructura adecuada?

En caso de emergencias o urgencias, la población está librada a su sola capacidad de sobrevivencia 

El caso continúa

Por razones obvias el jefe del PNC detuvo el pago de las valorizaciones que presentaba el SIMA. Era imprescindible conocer a fondo el asunto. De lo contrario, la Contraloría lo involucraría irremediablemente.

Luchando contra la torpe lentitud del monstruo, logró conformar un pequeño equipo técnico que encontró cosas sorprendentes.

• De los mil huaros anunciados en el 2014, el MVCS le solicitó a SIMA la elaboración de 104 expedientes de los cuales se elaboraron solamente 43.
• De los 43 que se construyeron, por S/. 7 millones, TODOS están observados por deficiencias técnicas.
• El 2015, se pidió al SIMA la construcción de 116 Huaros, de los que se concretaron 86. También observados por no cumplir con los requisitos técnicos.
• Es decir, el 100 % de lo construido está, a la fecha, observado.
• Sólo funcionan 3 que tienen menos de 30 metros de largo.
• INDECOPI ha informado que SIMA no puede tener patente para ese fin. El SIMA declaró que la tenía sin ser eso cierto.
• Actualmente, el MVCS está en proceso de resolver el contrato con el SIMA.
• El subcontratista del SIMA es un antiguo funcionario del Ministerio de Turismo. Sería importante saber un poco más de este detalle.

El dirigente awajún  seguramente sigue esperando por su huaro. O tal vez ha buscado otro proveedor.

Atrapados sin salida

¿Y ahora qué? Esta breve entrega demuestra que lo sucedido tiene las características generales siguientes:

1. Los hechos colisionan violentamente contra lo estipulado en la Constitución Política del Perú del año 1993. Específicamente, contra los artículos 1, 2, 4, 17, 39 y 44. 
2. Demuestran que se ha cometido una suma de delitos.
3. No hay garantía alguna que se sancione ejemplarmente a los responsables.
4. La mayoría de la población piensa que esa es nuestra realidad y no vale la pena perder el tiempo analizando eso.
5. Se deja la puerta abierta para que se repitan, una y otra vez estos procedimientos vergonzosos.
6. Todavía no hay una toma de conciencia colectiva masiva frente a estos despropósitos.

Seguimos a la cola del desarrollo y de la competitividad.