Escrito por Giselle Huamaní Ober Revista Ideele N°287. Agosto 2019

¿Qué es lo que hace a un país más o menos conflictivo? ¿El no tener conflictos? ¿El ser inestable? ¿O la forma y manera en que se responde a los conflictos?

Con frecuencia se escucha decir que determinada persona o grupo es conflictivo, que los de una región son conflictivos, o que un país es proclive a crear conflictos, y se generan así imágenes que refuerzan ciertas narrativas y discursos para justificar comportamientos hacia las personas o de las personas que no permiten comprender el fondo del problema y buscar así soluciones conjuntas. Por ejemplo, con el conflicto que se generó en Puno en 2011 alrededor del proyecto de Santa Ana, se escucharon varias opiniones en los medios, categorizando a los puneños como “conflictivos”, que su naturaleza era de la confrontación y de no diálogo. Por tanto, el proceso de solución del conflicto que dirigió el gobierno de entonces se caracterizó por el uso de la fuerza y la coerción, lo que llevó a un patrón de relacionamiento conflictivo entre los actores, pero también a un nivel crítico de polarización.

Por ello, tenemos que entender todas las formas en que se expresa la conflictividad, y de esto ningún país se escapa, ni los países más desarrollados ni nuestros países del sur. Por ejemplo, el conflicto que tiene el pueblo indígena Sami en Noruega con el proyecto de cobre de la Empresa Nussir que amenaza el medio ambiente y la forma de vida de los pueblos árticos, nos muestra que no es cierto que los países desarrollados y con cierto bienestar social, no tengan conflictos. En estos países de mayor bienestar también se encuentran amenazas a los derechos y al modo de vida ancestral de una población, pero con la diferencia de tener una institucionalidad más fuerte, y una vigilancia ciudadana más cohesionada, que hace que el conflicto se maneje de otra manera. 

Hay una conflictividad que puede ser recurrente, producto de prácticas que atentan contra derechos y necesidades de las personas, por ejemplo, la invasión de tierras a partir del uso de la fuerza por parte de colonos como ocurre en muchas áreas de las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua. Esta puede ser una práctica institucional que es parte de una política específica o que su aplicación ‘deja pasar’ ciertas violaciones o impactos a los derechos. En ese sentido, la conflictividad nace de una política mal aplicada, insuficiente o pasiva, y esto genera infinidad de situaciones de confrontación entre personas. La situación de constante amenaza de las poblaciones indígenas, afro descendiente y comunidades étnicas es palpable.

Hay una conflictividad profunda que inclusive puede ser generada por sistemas legales, políticos, culturales o económicos que permiten la discriminación, la exclusión, la asimetría en el acceso a los recursos y en la defensa de los derechos. Por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica de grandes poblaciones originarias africanas, o de las poblaciones Nahua Pipiles en El Salvador que históricamente no se les reconoció ni tierras ni territorios. La falta de instituciones fuertes, con voluntad y determinación para la defensa de los derechos, en la resolución de los problemas, permitió y permite situaciones de conflictividad cotidiana y estructural.

Entre todas estas formas de expresión de los conflictos sociales, una creciente tendencia en las últimas décadas a nivel mundial son los conflictos sobre territorios de pueblos indígenas en donde se concentran los recursos o bienes naturales, los cuales despiertan el interés y apetito de los Estados y de la inversión privada, pero también el uso inadecuado por parte de la sociedad en general. Una imagen poderosa de la confrontación del conflicto de nuestros tiempos la representa la amazonia brasileña en llamas, la cual refleja todas las amazonias del mundo que se están talando, quemando, o destruyendo como los bosques del Perú, Bolivia, Centro América, Indonesia, etc. En un peligroso y frágil contexto de cambio climático, aquello muestra la confrontación entre los rancheros -para producir los filetes que se sirve en los restaurantes- y el pueblo indígena –para preservar el hábitat y su modo de vida-, y bajo la mirada pasiva de los Gobiernos. Esta es la confrontación que se hace más compleja de manejar, entre opciones de vida y entre modelos de desarrollo. Este es el conflicto que si no resolvemos sosteniblemente, podemos resolver –destructivamente- el destino de nuestra civilización.

Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de los conflictos en que se amenaza al valle, la tierra, el territorio, el bosque o la identidad de las comunidades? ¿Qué podemos aprender de los conflictos con los Samis, con los Nahua Pipiles, de los Miskitos, de las otras amazonias? Los casos como el del corredor minero del Sur y de Tía María nos muestran desafíos recurrentes  que aún no logramos superar. Hay que esforzarnos más por mejorar nuestra capacidad para resolver los conflictos, estando alertas, aprendiendo, y respondiendo a la altura de los nuevos retos ambientales que caracterizan nuestros tiempos. Un punto de quiebre lo representa la firma del Acuerdo Regional de Escazú (4.3.2018), y ratificación (26.9.2019), sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esto nos permitiría avanzar en garantizar los derechos humanos en (1) el acceso a la información ambiental de forma sistemática, proactiva, periódica, accesible, etc., (2) a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre todo cuando hay riesgo de un impacto significativo sobre el medio ambiente o la salud, y (3) al acceso a la justicia en asuntos ambientales, sobre todo de grupos en situación de vulnerabilidad y defensores ambientales, a través de la creación de organismos estatales competentes con procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales. Con este nuevo enfoque nos podríamos replantear la manera en que transformamos los conflictos, desarrollando capacidades institucionales, pero también poniendo nuevas bases sobre las que se pueden crear e integrar soluciones ambientalmente sostenibles.