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El 19 de octubre de este año, Juan Carlos González, de 23 años, tras ir brevemente a la playa con su hermano, decidió acudir a una manifestación que se había convocado en la Plaza de Armas de la Comuna de Tomé, Octava Región. Eran pasadas las diez de la noche cuando llegó al lugar. Allí, de inmediato se encontró en medio de un masivo enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la policía militarizada. En un cerrar de ojos, el joven estudiante de terapia educacional, recibió diez disparos en su cuerpo, incluyendo uno en la ceja del ojo izquierdo, todos ellos ejecutados por miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Pero eso no fue todo. También recibió un perdigón de metal que quedó alojado en su ojo derecho.

El 22 de octubre, Alejandro Torres, camarógrafo y comunicador audiovisual de 44 años, llegó a la Plaza de Chiguayante, que se encuentra a solo veinte minutos de Concepción. Armado de su cámara profesional de marca Sony, salió corriendo de su auto para cubrir los saqueos que se daban en la zona. De pronto, empezaron a caer piedras y bombas lacrimógenas desde varias direcciones. Tratando de huir de las mismas, Alejandro se acercó con su cámara hacia las “Fuerzas del Orden,” confiado que solo así encontraría mayor seguridad. Se equivocó. Fue herido por un perdigón en el ojo izquierdo, sintiendo de inmediato una oscuridad absoluta.

Ese mismo día, 22 de octubre, Rodrigo Lagarini, de 24 años, se encontraba con su enamorada en el pleno centro de Concepción,intentando disuadir a la gente de seguir saqueando negocios. Los invitó más bien a unirse a marchar con ellos pacíficamente. Minutos después, los Carabineros invadieron las calles para lanzar agua con sus tanquetas llamadas guanacos y tirar escopetazos a diestra y siniestra. Mientras la gente gritaba desesperada pidiendo que dejaran de disparar, Rodrigo vio que, a menos de quince metros de distancia, un Carabinero le apuntaba directamente al rostro. En pocos segundos, recibió un impacto en el ojo derecho y cayó al suelo, dejando en evidencia un charco de sangre.

El 25 de octubre, en Santiago de Chile, Jorge Barros, de 24 años, estaba con su pareja y un grupo de amigos en la Plaza Italia (hoy mejor conocida como la Plaza de la Dignidad) marchando pacíficamente. Mientras caminaban lanzando pelotas al aire, los manifestantes expresaban su descontento ante la carestía de la vida en Chile. Según cuenta Jorge, una de las pelotas cayó dentro de la estación de metro Baquedano y él decidió ir por ella. Mientras bajaba a recogerla, recibió un disparo en el ojo derecho, que sería posteriormente vaciado.

El 6 de noviembre, en Talcahuano, Joaquín Henríquez Jara, de 16 años, recibió por primera vez permiso de su madre para ir con sus profesores y compañeros de la secundaria a participar en una marcha pacífica de estudiantes, junto con otros 500 colegiales. Ninguno portaba armas. Sin embargo, los Carabineros empezaron a disparar y lanzar bombas lacrimógenas desde lo alto de un Puente. Los manifestantes empezaron a correr. Joaquín también. Pero en medio de la desesperación, perdió de vista a sus compañeros y empezó a correr por los alrededores para intentar ubicarlos. Se detuvo solo un instante para recuperar el aliento, cuando de repente sintió un terrible impacto en el ojo izquierdo.

El 12 de noviembre, Dylan Oliveros, un mapuche de 19 años, llegó en la tarde a Concepción a unirse a una marcha pacífica. Fue a manifestarse para exigir una pensión digna para sus abuelos. Mientras la gente llegaba a Tribunales, los Carabineros ya estaban disparando sin control alguno. Dylan se escondió detrás de un quiosco, avanzó unos pasos, y, repentinamente, recibió un perdigón en el ojo izquierdo. Luego, fue arrastrado boca abajo en el suelo por un grupo de Carabineros hacia un retén móvil, en vez de ser llevado a un centro de atención médica. Como si fuera poco, en el camino, los Carabineros no dejaban de burlarse de él, diciéndole: “¡Oye weon! Mira, afírmate el ojo, que se te está cayendo, lo vai a perder. ¡Mira! un ojo menos.” Dylan perdió la vista del ojo izquierdo, y, es muy probable que en un futuro cercano se lo tengan que extraer.

Brutal represión

Estos son solo algunos de los 357 casos de lesiones oculares que se han registrado hasta la fecha, llevando a las fuerzas del orden de Chile a sentar un nuevo récord mundial de lesiones oculares causadas en manifestaciones callejeras por disparos de carabinas lanza-gases y escopetas antidisturbios que utilizan perdigones, balines de plomo y balines de goma.

Esta peculiar forma de represión responde a todas luces a una premeditada estrategia militar, destinada a impedir la divulgación y neutralizar indicios de violaciones de derechos humanos.

Tal como indicara en una entrevista con Revista Ideele el Dr. Enrique Morales, presidente del departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, sobre manifestantes que sufrieron lesiones oculares, “Nos ha llamado mucho la atención a todos nosotros [los médicos] que [muchos de ellos] estaba[n] filmando con su celular o con una cámara. Es una cosa que se repite muchas veces. Al parecer es algo que molesta profundamente a funcionarios del Estado. Porque ha sido la forma más rápida de denunciar algunos casos, incluso [permitir] que algunos casos sean rápidamente judicializados. Cuando hay filmaciones, evidentemente no hay cómo desmentir el proceso o atribuirlo a otros elementos.”

Como consecuencia de estas medidas, cerca de un centenar de personas va a perder el ojo y va a requerir tratamiento de por vida. Como dice el Dr. Morales, “Esta es una catástrofe desde el punto de vista de la salud visual de la población, y una catástrofe desde el punto de vista de los derechos humanos.”

Las protestas sociales, provocadas por el alza del precio del metro, no han cesado a nivel nacional desde su estallido el pasado 18 de octubre. Además de las lesiones oculares, se han producido 26 muertes, 2,500 heridos, más de 10,000 detenciones, y, numerosas denuncias de tortura y abuso sexual.

Sorprendido por las mismas, el presidente chileno Sebastián Piñera ha apelado a la mano dura para poner orden en el asunto.

Como consecuencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deChile ha presentado 499 acciones judiciales representando a 704 víctimas por hechos que involucran a agentes del Estado durante las manifestaciones. De esas 499 querellas, 369 son por torturas o tratos crueles, 79 por violencia sexual, 14 por lesiones, seis por homicidio, siete por homicidio frustrado, además de 15 recursos de amparo, según detalló Pablo Rivera, abogado del organismo defensor de derechos humanos.

Un enemigo imaginario

Desde el momento en que la crisis comenzó a desbordarse, con saqueos e incendios a estaciones de metro, Piñera declaró: “Estamos en guerra, contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta ni a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y delincuencia sin ningún límite.”

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresaron su apoyo a Piñera en sus intentos por “restaurar el orden nacional,” acusando a Venezuela y Cuba de estar detrás de las protestas antigubernamentales en Chile.

Incluso el presidente Donald Trump, que encara un proceso de impeachment en la Cámara de Representantes, se tomó el tiempo de comunicarse por teléfono con Piñera para igualmente expresarle su total apoyo.

Pero el cuento chino del enemigo poderoso no se lo tragan todos.

“Que ya deje de mentir Piñera,” afirma el estudiante Joaquín, reflejando las pintas que aparecen por todo el país. “Aquí no hay ningún enemigo poderoso. Él lo sabe. Si en este país hay una guerra es solo la que él le ha declarado a su propio pueblo, al pueblo que lo eligió. El pueblo chileno reclama equidad social. Pero Chile ya despertó, y, ahora el pueblo ya no lo quiere más.”

En efecto, en la más reciente encuesta, la aprobación del mandatario chileno alcanzó un nuevo mínimo histórico de 4.6%, según informa CNN Chile.

“¡Ya que se vaya nomás!” agrega Joaquín. “Yo fui a la movilización por la pensión de mis abuelos, para exigir mejores sueldos para los trabajadores, por mis padres, por una mejor educación y salud en el país.” Pausa. “¡No vine para esto!” declara, señalando con el dedo su ojo herido.

Decreto Ley

“El Estado de Chile está violando los derechos humanos de los manifestantes de forma generalizada, indiscriminada y permanente,” declara a título personal, Daniel Urrutia Laubreaux, Juez del Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago de Chile.

El magistrado, víctima de hostigamientos a consecuencia de su labor en temas relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, explica a Revista Ideele que esto se debe a un grave tema de fondo legal.

“Ladictadura de Augusto Pinochet estableció una forma de controlar el orden público que está sintetizada en el Decreto Ley 1086 del año 1983. Ese decreto ley ordena a Carabineros de Chile disolver cualquier tipo de manifestación. Y ese mismo decreto aun rige en el país. He allí el problema con el Estado de Chile,” agrega Urrutia Laubreaux, “porque ningún gobierno posterior a la dictadura asumió la revisión democrática de las normas de Carabineros de Chile, y, naturalmente, esas normas no cumplen con los estándares internacionales sobre los derechos humanos.”

“Es debido a ese famoso decreto que hoy se produce esta situación generalizada de que a todos los manifestantes les ocurre lo mismo, antes, durante y posteriormente al estallido social, porque el Carabinero actúa de una manera que no tiene control en sus [procedimientos]. Entonces, todo lo militarizado, jerárquico y violatorio de los derechos humanos aflora en Carabineros de Chile, sobre todo a través de las Fuerzas Especiales.”

Por ende, este decreto facilita, mas no inhibe, las violaciones de derechos humanos.

Según sus colegas, indica Urrutia Laubreaux, las detenciones que tenían que ver con las manifestaciones eran en su mayoría, en un 70 por ciento, ilegales.

Composición química de las municiones

En vista del gran número de afectados por daño ocular severo, incluso con estallidos del globo ocular, la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador en Santiago, le pidió a la Universidad de Chile que realizara un estudio.

Ese estudio comprobó que los perdigones usados por Carabineros de Chile para controlar el orden público están compuestos de 80% de plomo, silicio y sulfato, claramente desmintiendo la versión oficial que sostiene que las municiones son de goma.

Además, un grupo de expertos recientemente denunció ante la comisión de Derechos Humanos del Senado que el agua que utilizan los guanacos de los Carabineros como herramienta de control del orden, contiene agentes químicos que vienen provocando quemaduras masivas.

Peor aún, los expertos también denunciaron la utilización de gases lacrimógenos distintos a los normales durante las manifestaciones. Dichos gases, de color verde y amarillo, utilizan sustancias tóxicas prohibidas que causan severos daños físicos. El gas verde, según los expertos, ocasiona disfunción hepática, mientras que el amarillo, que contiene un 27% de arsénico, puede provocar la muerte.

Miente el Gobierno

El Gobierno rechaza cualquier responsabilidad.

Gonzalo Blumel, ministro del Interior y Seguridad Pública, sostuvo en una conferencia de prensa: “Desde el primer momento, el Gobierno ha actuado con total compromiso. No solo con el estricto cumplimiento de los protocolos que hoy día existen en el actuar de los Carabineros y de las Fuerzas Armadas, sino también en la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales.”

No sorprende pues que Piñera ni siquiera se haya dignado pronunciar sobre las lesiones oculares hasta la fecha.

Pero, al igual que su primo y ex ministro del Interior Andrés Chadwick, no se pudo salvar de tener que encarar una acusación constitucional en la Cámara de Diputados.