Escrito por Luis Tejeda Macedo Revista Ideele N°288. Octubre 2019

Las voces que claman golpe de estado y que afirman que en el Perú vivimos ahora bajo la férula de una dictadura seguramente provienen, en su gran mayoría, de sectores políticamente interesados, pero desgraciadamente confunden a muchas personas y crean una falsa sensación de inestabilidad que no le hace ningún bien a nuestro país. Por ello, es necesaria una reflexión y un análisis que, yendo a la raíz misma del concepto de legitimidad, contribuyan a aclarar el panorama y a sentar las bases del fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Perú, luego de la crisis política vivida hace algunas semanas.

En primer lugar, es preciso reconocer que vivimos en un momento político de total escepticismo respecto a la política.  La mayoría de la población siente que los políticos sólo buscan su propio beneficio y que se sirven del poder para intereses de grupo.  La política, en consecuencia, ha perdido legitimidad, pues genera rechazo y resistencia en gran parte de la población. No obstante, es indudable que la política es una necesidad en toda sociedad organizada, pues de su funcionamiento eficaz depende la delegación de poder por parte de la ciudadanía a una estructura de gobierno.  Lo contrario es simplemente anarquía. Por tanto, es necesario aprender a diferenciar a los actores políticos de acuerdo a su grado de legitimidad. Pero ¿qué es la legitimidad? En palabras simples, es el reconocimiento de la autoridad de una persona para ejercer un cargo político. Esta tiene que ver con el origen de dicho poder (legalidad) y también con el ejercicio del poder a favor del bien común y no de intereses particulares (justicia).  

En la presente crisis política, aplicando este criterio, no cabe duda de que Martín Vizcarra es el presidente legítimo del Perú. Expondremos tres fundamentos básicos: uno ético (legitimidad en el ejercicio del poder), que es el principal en términos del interés común; uno jurídico (legitimidad en el origen), que es el que viene siendo con más insistencia objetado por sus opositores; y el de la política real, que finalmente cobra sentido en términos prácticos para la vida social y económica de nuestro país.

Fundamento ético

 Todos sabemos qué clase de fuerzas estaban en pugna en la crisis política que hace buen tiempo tenía semiparalizado al país.  Por un lado, la mayoría congresal, cuyas principales “hazañas” fueron, por una parte, individuales: falsedad en sus hojas de vida, conflictos de intereses varios, delitos contra la libertad sexual y otros.  Pero también hubo un sinnúmero de actos colectivos que les granjearon el rechazo mayoritario de la población: el blindaje a sus “otorongos”, los varios intentos de bloqueo a la lucha anticorrupción, la oposición a la reforma de la inmunidad parlamentaria y a la reforma política en general; el blindaje a personajes claramente cuestionados, como el fiscal Chávarry; y finalmente, aunque habría muchas más cosas que decir, el intento de utilizar su mayoría en la designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, aprobando un proceso expeditivo que buscaba capturar dicho organismo y anularlo como el máximo recurso de control de la legalidad en nuestro país.  Inexplicablemente, para muchos, esta mayoría congresal creció captando incluso a representantes del oficialismo (bancada PPK) y de partidos de oposición (APP y otros). Quizás mucho tiene que ver la próxima revelación de las identidades de congresistas detrás de los “codinomes” revelando sus pactos corruptos con Odebrecht. En el otro lado, teníamos un Poder Ejecutivo que, aunque inexperto y vacilante por la propia circunstancia fortuita de su llegada al poder, tenía muy clara la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y frenar todos los intentos de copamiento del poder. Muchas de sus iniciativas fueron bloqueadas sistemáticamente por la mayoría congresal, otras no llegaron a plasmarse por vacilaciones y dudas al interior del propio gobierno, pero en líneas generales su intención fue siempre sanear nuestra débil democracia y dejar una herencia de mayor estabilidad.  Consciente del entrampamiento político, propuso resolverlo mediante un adelanto de elecciones, que diera a la ciudadanía la oportunidad de definir quién debía gobernarlos y quiénes debían ser sus representantes en el Congreso, ante el notorio desgaste y pérdida de legitimidad de éste último. Pero esa iniciativa también fue bloqueada por la mayoría congresal, enviando al archivo el proyecto en comisiones sin siquiera discutirlo.

Es obvio que en el primer bloque primaron intereses particulares (personales o de grupo político) en muchos casos defendiendo trayectorias corruptas y la preservación del poder alcanzado a cualquier precio.  Por ello, cualquier intento de diálogo y concertación estaba destinado al fracaso, y así sucedió con todas las propuestas del Ejecutivo en dicho sentido. La pugna debía resolverse, y definitivamente ocurrió la confrontación final que terminó en la disolución del Congreso.  Personalmente, no tengo dudas de que con ello triunfó el esfuerzo institucionalista, que por tanto construye futuro y ve más allá del poder inmediato. Si la mayoría congresal hubiera logrado su propósito, capturado el Tribunal Constitucional y vacado a Vizcarra, se habría asestado un gravísimo golpe a la institucionalidad democrática.

Sustento jurídico

Ante el intento de la mayoría congresal de capturar el Tribunal Constitucional, o en todo caso de utilizar mecanismos nada transparentes para ello, la Cuestión de Confianza fue planteada, de acuerdo con el Art. 133 de la Constitución, proponiendo una manera distinta y más equilibrada de proponer candidatos.  Ésta, por un criterio elemental de lógica, debía discutirse y votarse antes de proceder a la elección de los miembros del Tribunal, y así se planteó desde el Ejecutivo en la comunicación dirigida al Congreso. Lo que hizo la mayoría congresal, a través de su Mesa Directiva, fue negar la confianza en la práctica, impidiendo al Presidente del Consejo de Ministros sustentarla (tuvo que hacerlo a través de una interrupción concedida por el parlamentario Gino Costa) y luego negándose a tratarla en el orden lógico, procediendo primero a votar la designación de miembros del Tribunal Constitucional y eligiendo al primero, “casualmente” primo del Presidente del Congreso, en una votación con visos de irregularidad. 

Con ello ya se había cambiado la correlación política de los componentes del Tribunal, denegando en los hechos la cuestión de confianza.  Por tanto, el ulterior debate, votación y aprobación de la confianza en horas de la tarde (apresuradamente y cuando ya sabían que estaba en proceso el mensaje presidencial) fue una pantomima, después de que ya habían logrado parcialmente su objetivo, haciendo lo que la Cuestión de Confianza pretendía evitar.  Para cualquiera que no tenga intereses en el asunto, es claro que el Congreso denegó la confianza solicitada y que tenía que atenerse a las consecuencias de sus actos.

Por tanto, el decreto supremo Nª 165-PCM-2019, que disuelve el Congreso, en uso de la atribución concedida por el Art. 134 de nuestra Carta Magna, está plenamente sustentado en los hechos y no debería admitir ninguna discusión.  Al haber sido publicado ya en el suplemento de Normas Legales de El Peruano, entró en vigencia y es de obligatorio cumplimiento. Todo lo que ha venido después es simplemente una tenaz resistencia de quienes quizás tienen mucho que perder.  Pero hay algo más: es necesario hacer notar que aún en esta maniobra ejecutada por un Congreso ya disuelto, la mayoría congresal, pese a la adhesión de sus nuevos allegados, no pudo reunir la mayoría calificada necesaria para declarar la vacancia presidencial.  Recurrieron entonces a una figura a todas luces antojadiza, pretendidamente basada en el Art 114 de la Constitución: declararon la “suspensión” del ejercicio de la presidencia de la República por un año, por supuesta “incapacidad temporal” del Presidente Vizcarra.  Pero allí cometieron un segundo grave error, seguramente propio de su desesperación: hicieron juramentar a Mercedes Araoz como Presidenta, cuando en el mismo artículo la Constitución dice simplemente que mientras dura la incapacidad temporal, el Vicepresidente asume las funciones de la Presidencia; no el cargo.  En cambio, la pretendida juramentación tiene un carácter definitivo. Tan clara es la infracción constitucional, que ni la propia Mercedes Araoz ni los promotores de su asunción presidencial han osado insistir en el asunto, poniendo toda su confianza en el recurso contra la disolución del Congreso.

En resumen de este punto: jurídicamente hablando,  la disolución del Congreso es legal, y lo que intentó hacer el Congreso es írrito.  Naturalmente, en nuestro ordenamiento legal e institucional, será el Tribunal Constitucional el que defina en última instancia el punto, y a ello tendremos que allanarnos todos.  Ya lo ha hecho con la pretendida incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea y tendrá que hacerlo en materia de la disolución del Congreso.

Sustento político

Dicho todo lo anterior, es necesario enfrentar con realismo la situación política.  Los días han pasado y ya nadie afirma que “tenemos dos presidentes” o que “vivimos una incertidumbre”, como en los primeros momentos subsiguientes a la crisis.  Sin embargo, todavía existen quienes piensan que una eventual declaratoria de nulidad de la disolución del Congreso puede retroceder la historia ya vivida, que los defenestrados congresistas podrán volver a sus sesiones y maquinaciones, que otra vez las comisiones parlamentarias manipularán a su gusto la institucionalidad y quizás que se anulará la convocatoria a elecciones parlamentarias en enero del próximo año.  Afortunadamente para el país, éstos son cada vez menos numerosos, y quizás el prototipo caricaturesco es Pedro Olaechea, quien todavía firma esperanzado como “Presidente del Congreso” y trata desde la Comisión Permanente de reactivar comisiones parlamentarias, en clara y delirante violación de la normatividad legal.  

Los demás opositores se han batido en retirada; anuncian que participarán en las elecciones de enero y su discurso de momento es que Vizcarra es un “dictador”, que su poder no tiene ningún contrapeso propio de la democracia y que la izquierda se apoderará del país.  Pero, por otro lado, señalan que el Presidente no tiene nada claro, que no sabe qué hacer ahora y por ello demandan que la economía se reactive y que los problemas nacionales se resuelvan, ahora que el Ejecutivo no puede alegar obstruccionismo por parte del Congreso.  En este aspecto Vizcarra tendrá que hilar muy fino, gobernando en base a decretos de urgencia sobre aquellos temas que sean realmente urgentes, pero dejando las reformas sustantivas para que sean tratadas en el nuevo Congreso a ser elegido. De lo contrario, caerá en la trampa que le están tendiendo sus opositores.  No hay duda, pues, de que a esta altura del desarrollo de la coyuntura, Vizcarra ha sido el triunfador, como lo muestran indiscutiblemente los índices de aprobación ciudadana.

Sin embargo, para ser objetivos y completar el cuadro, hay dos terrenos en los cuales se va a continuar jugando esta confrontación, y que consolidarán o debilitarán el resultado actual: uno es el de la formalidad jurídica, que tendrá que ser resuelta por el Tribunal Constitucional en su composición actual, con solidez y solvencia y sin temor a los intentos de descalificación que ya enarbolan los derrotados políticos del momento.  

El otro campo es el de la opinión pública, que puede cambiar a influjo de dos fuerzas innegables: uno es la influencia de la orientación editorial de los grandes medios de comunicación, cuya concentración en pocas manos, unida a la existencia de intereses económicos y de grupo, podría jugar un rol nada despreciable en el curso futuro de los acontecimientos.  La otra fuerza es la movilización ciudadana, la presencia en las calles, los pronunciamientos institucionales y también individuales, como éste, ante cada una de las situaciones o pequeñas batallas que se darán en adelante. Por ello, considero que la pasividad o la indiferencia en este momento del país no son admisibles. Es obligación de todo ciudadano consciente hacer sentir su  voz de diversas maneras, porque el resultado, cualquiera que éste sea, nos afectará a todos.