Motivos ocultos

Foto: Congreso

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Revista Ideele N°288. Octubre 2019

Me temo que detrás de lo que se ha comentado sobre la disolución del Congreso hay motivos ocultos de algunos de los que sostienen la inconstitucionalidad de la decisión de Vizcarra. Es ridículo, pero están tratando de vendernos la idea –y algunos se la han creído haciendo de tontos útiles– de que estamos en peligro de caer en manos de los ‘rojos’ y ad portas de convertirnos en otra Venezuela[1], cuando en realidad lo que temen –políticos y empresarios– es que siga la lucha anti-corrupción y se continúe ‘levantando la alfombra’. Muchos están asustados, porque son conscientes que tarde o temprano sus nombres aparecerán vinculados a Lava Jato o a alguna de las empresas involucradas, mientras otros, ya procesados, preferirían ver extinguirse sus investigaciones y que sus delitos prescriban. Aunque todavía no se han atrevido a decirlo, pretenden que creamos que las indagaciones en curso están afectando el crecimiento económico y que mejor sería dejarlas de lado y concentrarnos en facilitar la inversión de tal manera que –según ellos– retornemos a las cifras de crecimiento anteriores haciendo ‘borrón y cuenta nueva’, como ha ocurrido con reiteración en el pasado (ver ‘Historia de la corrupción en el Perú’ de Alfonso W. Quiroz).

Ha resultado oportuna la publicación de la última novela (‘Tiempos recios’) de Mario Vargas Llosa, ya que en esta se cuenta cómo con ayuda de la CIA y de un profesional de la publicidad y la propaganda se logró convencer al pueblo guatemalteco, e incluso al estadounidense, que estaban a punto de caer en manos del comunismo, como nos quieren hacer creer ahora. A nuestro Nobel, en los reiterados intentos de descalificarlo, se le ha acusado de habernos recomendado a una serie de corruptos (Toledo, García, Humala e incluso Kuczynski), pero nadie recuerda que la alternativa era el fujimorismo. No llegó al poder, pero con su actuación como mayoría en el Congreso podemos imaginarnos lo que hubiera sido.

Las posibilidades de que la izquierda acceda al poder en el Perú en el corto y mediano plazo son remotas. Entre otras razones porque no se ha actualizado y sigue ideológicamente en los setenta (estatista), le falta un líder, lo que motiva que se peleen entre ellos y dividan permanentemente. Además, está ‘el efecto Sendero’ que ha creado repudio a la extrema izquierda en la población y la inmigración venezolana en nuestro país que hace evidente el fracaso del modelo chavista con el que buena parte de nuestros líderes de izquierda no se atreven a deslindar. También influyen la corrupción en el gobierno de Humala y durante la la alcaldía de Susana Villarán y la reciente alianza de Verónica Mendoza con Cerrrón. Se pregunta: ¿a dónde irán los votos fujimoristas? Sugiriendo que se trasladarán a la izquierda, lo que es harto improbable por las razones antes expuestas. La agitación de la extrema izquierda sólo puede tener éxito frente desigualdades excesivas y el descontento del pueblo que es el caldo de cultivo indispensable. Los recientes desmanes en Chile han servido para que se insista en la idea de una conspiración internacional (Foro de Sao Paulo). Con franqueza la veo muy improbable en una Venezuela económicamente quebrada y en una Cuba que ya no tiene adónde volver la cara. Considero más bien que hay que pensar en hacer concesiones a los más pobres y débiles para que no sean objeto de la manipulación de los agitadores, teniendo siempre presente que ‘no hay que regalar pescado, sino enseñar a pescar’. Alguien me preguntó hace poco si la supuesta rendición de Vizcarra en el caso de Tía María no era más bien una muestra de su olfato, ya que podrían haber derivado en algo parecido a lo ocurrido en nuestro vecino país del sur.  

La principal explicación a que las cifras de crecimiento económico se hayan reducido –efecto de la situación internacional– es mencionada por varios analistas sólo de pasada, poniéndole el énfasis a nuestros problemas políticos, cuando es exactamente al revés: la principal razón económica es la primera y la segunda viene después. No es que la política no influya en la economía, pero si mejoraran las condiciones internacionales, nuestro crecimiento –y el de toda la región– mejoraría sustancialmente a pesar de los problemas políticos. Los conflictos de Trump con China y otros países hacen muy improbable que eso ocurra. Algo que haría progresar a nuestra economía sería la reducción de la corrupción al mínimo posible y el desarrollo de instituciones que hicieran a nuestro país más predecible. En consecuencia, vale la pena luchar contra la corrupción a pesar del ruido político.

Se aprovecha también para cargar las tintas contra el gobierno alegando que ha fracasado en sacar adelante el proyecto minero de Tía María, ‘olvidando’ que la mayor responsable de la oposición de la población de la zona es la propia Southern Perú, empresa que quiere desarrollarlo. Revertir esto tomará más tiempo de lo que están dispuestos a esperar, mas deberían haber puesto manos a la obra desde el fracaso del intento anterior. Es cierto que hay agitadores y grupos opuestos al desarrollo minero, pero que están tomando ventaja del descontento de la gente con la empresa. Hay que ser bastante ignorante en política para sostener que Tía María o Conga podrían haberse sacado adelante a sangre y fuego. Es necesaria una larga labor con las poblaciones aledañas –que ciertamente abusan– para convencerlas de las ventajas de que los proyectos se lleven a cabo y eso tomará tiempo. En vez de encapricharse en imponerlos de inmediato debería estarse trabajando en revertir la mala imagen y el descrédito que se han ganado las empresas con los habitantes de las zonas involucradas y el Estado tendría que estar presente en esa labor, además de apoyar en el desarrollo de esas poblaciones abandonadas a su suerte. Es absurdo desconocer la necesidad de la licencia social en los proyectos mineros que la ley no requiere, pero que la realidad impone. Los agitadores y políticos contrarios a la minería caerán en el descrédito por su propio peso. Este camino también pasa porque los estudios de impacto ambiental sean convincentes y resistan sin problema auditorías de organismos internacionales o entidades acreditadas de países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Lamentablemente, nuestros ministerios son corruptibles.

Es verdad que la disolución de un congreso es siempre lamentable, mas considero que aunque cerca del límite fue constitucional la que acabamos de vivir. Si bien es cierto que debe ser el Tribunal Constitucional (TC) quien interprete la Constitución, no tiene funciones consultivas y las circunstancias no permitían esperar, por lo que Vizcarra tomó la decisión habiéndolo advertido el día anterior. Los actos jurídicos son expresos o tácitos y en la práctica haber procedido con la elección de Ortiz de Zevallos era de los últimos, rehusando lo solicitado por el Ejecutivo, aunque no se hubiera votado. Haberlo hecho después y otorgado la confianza (‘no pero sí’) más que una tinterillada fue un acto cómico que no podía funcionar. No creo que corresponda exigir  interpretaciones literales de la Constitución en estas circunstancias. No es razonable sostener que la forma de elección de los miembros del TC no le incumbía al Ejecutivo y estaba reservado al Congreso. En realidad nos incumbía a todos los peruanos, incluido el Presidente y todos sus ministros. Esperemos que el TC resuelva si previamente decide admitir a trámite la demanda competencial que requiere ser presentada por el Presidente del Congreso y Olaechea es ahora sólo de la Comisión Permanente. Considero que convendría que la admita y se pronuncie sobre ésta, aunque tomará algunos meses y estaremos muy cerca de las elecciones. Podría inclusive hacer algunas precisiones que eviten abusos futuros.

Es vergonzosa la actitud equilibrista asumida por un sector de la prensa y un grupo de opinólogos, entre los que se cuentan constitucionalistas que nadie conocía y periodistas que hacen análisis legales sin ser abogados. 

Sin duda uno de los problemas que resulta de aprobar el proceder de Vizcarra es el precedente, que podría ser mal usado en el futuro, pero eso no convierte en inconstitucional esta disolución del Congreso. La solución la tendrá el próximo Parlamento que deberá cambiar y aclarar nuestra actual carta constitucional. Soy de la opinión de delimitar claramente la cuestión de confianza y eliminar la figura de la vacancia presidencial o restringirla a casos límite debidamente detallados y comprobados, además de elevarle el número de votos requerido. Como ya señalé, también podría aclararlo el propio TC cuando resuelva.

Es vergonzosa la actitud equilibrista asumida por un sector de la prensa y un grupo de opinólogos, entre los que se cuentan constitucionalistas que nadie conocía y periodistas que hacen análisis legales sin ser abogados. Le hacen el juego al sector interesado en no continuar con la lucha anti-corrupción, pero mantienen sus columnas o sus empleos que podrían estar en peligro. Aunque traten de disimularlo está claro que en algunos casos han recibido instrucciones de apoyar al indefendible Congreso de todas las formas posibles.

Más allá del tema estrictamente jurídico es necesario hacer notar que el Congreso estaba completamente deslegitimado entre otras cosas porque no estaba cumpliendo con su función de representación. Los ahora ex-congresistas llegaron a la conclusión que una vez elegidos podían olvidarse de sus votantes y hacer lo que les viniera en gana mal usando el no estar sujetos a mandato imperativo (Art. 93 de la Constitución). Tienen una semana al mes de representación, pero es evidente que no les consultaban a sus electores, ni tenían contacto con ellos, salvo honrosas excepciones. Este Congreso se ganó a pulso su disolución o como ha dicho mi hijo Fabio: “se suicidó”[2]. La disculpa para el descrédito suele ser que muchos congresos (no todos) son impopulares y la respuesta es que lo son justo por eso: no hacen eco de lo que quieren sus electores a quienes, además, estafan porque nunca cumplen con lo que ofrecieron en sus campañas electorales. El problema en realidad es más amplio y abarca a toda la clase política, pero ‘mal de muchos consuelo de tontos’.

La democracia está en problemas en muchos países de Occidente, pero pocos se preguntan por qué. La historia nos muestra a los políticos haciendo lo que quieren o peor lo que les conviene y no a los que los eligieron. La verdad entonces es que nuestra democracia al igual que las de muchos países es falsa. Los candidatos presentan planes de gobierno, hacen ofertas electorales y nos pasamos todo el período electoral debatiendo sobre éstos, pero una vez que asumen sus funciones se ‘olvidan’ y hacen cosas diferentes o inclusive contrarias y los poderes fácticos son sus aliados, porque de esa manera pueden conseguir que se aprueben leyes y se gobierne conforme a sus intereses. Cuando los confrontas te responden que es absurdo hacerle caso a la muchedumbre ignorante. Resulta obvio que nuestras democracias son falsas y los poderosos manipulan para seguir engañando a los pueblos, pero me temo que el modelo se está agotando. El problema es que la reacción en muchos países ha sido elegir a populistas, lo que también fracasará. Los períodos de aprendizaje de los estados son largos, pero a veces terminan en revoluciones y derramamiento de sangre de inocentes y no de los verdaderos responsables. Entre los amantes de los gobiernos fuertes y las dictaduras se oyen voces que sostienen el fracaso de la democracia cuando en realidad es la derrota de una pseudo-democracia.   

Vizcarra tiene que mostrar ahora que puede gobernar eficientemente el país, lo que es bastante más difícil de lo que parece. Nuestra falta de institucionalidad y los poderes fácticos (económico y la media) y corruptos tratarán de ponerle todas las piedras en el camino para que fracase. Es lamentable, pero hay grupos de poder que anteponen sus propios intereses a los del Perú.

Aunque va a ser difícil que así sea, el Congreso que se elija podría emprender una verdadera y profunda reforma política que tendría sus bases en la propuesta que preparó la Comisión que presidió Fernando Tuesta, aunque habría que hacerle algunos agregados para lograr que los gobiernos se deban a sus electores y tengan que rendirles cuentas, idea que no termina de convencer a los politólogos por una deformación profesional. La receta no se ha aplicado en otras partes y tendemos a ser imitadores. Además, ellos nunca incluyeron esa alternativa en sus estudios y les cuesta mucho pensar fuera de la caja.

San Isidro, 20 de octubre de 2019

[1] Ver el excelente artículo de Javier Díaz-Albertini ‘El cuco’, publicado en El Comercio del 16-10-2019. https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/el-cuco-por-javier-diaz-albertini-noticia/

[2] Núñez del Prado, Fabio. ‘Crónica de una muerte anunciada’. En: ‘Cosas’ 16 de octubre de 2019. Pág. 20. https://cosas.pe/personalidades/165674/sobre-la-disolucion-del-congreso-cronica-de-una-muerte-anunciada/?fbclid=IwAR1lQzJdHzWMJaAF6uZTds6o0pROTmdPhbONps4J6rJLSTtvQFfi9UHxff8

Sobre el autor o autora

Alonso Núñez del Prado Simons
Magíster en Derecho de la Integración y en Derecho Constitucional. Master of Business Administration (MBA), graduado en Lingüística y Literatura, Filosofía. Fundador y director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio y conferencista. Presidente y director de varias entidades del sistema asegurador.

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