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Tenemos un nuevo presidente del Congreso y, posiblemente, el próximo presidente de la República transitorio. La presencia del general José Williams en la Mesa Directiva pone en evidencia que la participación de oficiales militares en la política peruana es bastante activa y con mandato claro. Tan así que, incluso, el congresista y también general Roberto Chiabra, voceado en algún momento como candidato a la presidencia del Congreso, ha manifestado abiertamente su deseo de ser candidato en las próximas elecciones generales.

Si seguimos esa línea, no debería sorprender que para el almirante Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, el general Williams Zapata haya sido considerado como el aspirante ideal para reemplazar a Lady Camones, ya que, para Montoya, Williams Zapata sería el que cambiaría definitivamente la forma de conducir el Congreso. Además, resulta relevante que el principal argumento que empezó a circular sobre las idoneidades democráticas de Williams fue, como explicitó el comunicado de apoyo de Fuerza Popular difundido el 11 de setiembre, haber sido parte del Comando Chavín de Huántar.

Lo anterior no es ironía. Podría estar diciéndonos que, invirtiendo la supuesta fórmula de Clausewitz, la política como continuidad de la guerra está proponiéndose como principio de acción para las fuerzas que se autodenominan como “democráticas” en el Congreso de la República.

De otro lado, la candidatura del general Williams podría estar indicando que, entre los oficiales generales y almirantes que forman parte de este Congreso y de los anteriores hay, al menos, algunos puntos de vista compartidos que los conducen a emprender, conjuntamente, objetivos netamente políticos en función a problemas que, al parecer, toman forma desde una visión corporativa de país.

Si es así, los llamados a un golpe de Estado “democrático”, cada vez más altisonantes, que hacen los voceros de una derecha sin recursos ni habilidades políticas para organizar el caótico escenario, sólo evidenciarían su naturaleza esencialmente arcaica, con argumentos y entendimientos propios del siglo pasado.

Para ellos, la política se usa para negar y olvidar. Tal como ya sucedió con las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, la defensa de la democracia y la estabilidad nacional no es el interés de los golpistas sino, solamente, una excusa a la que deben apelar para justificar decisiones eminentemente represivas y violatorias a los derechos humanos, con el falso argumento de “luchar contra el comunismo”.  Lo hicieron hace más de cinco décadas. Lo siguen haciendo hoy.

De otro lado, en esa misma lógica, la manera como buscan entender las cosas no les permite ver los posibles cambios que podrían estar experimentando las relaciones -entre ellos y con los demás peruanos- de los integrantes de los institutos armados en las últimas décadas y, con ello, los roles que han adquirido los oficiales retirados. Como sabemos, los efectivos militares accedieron al derecho al voto en el 2006, como parte de una serie de reformas que buscaban consolidar el proceso democrático que se había iniciado en el 2001[1].

Los antecedentes

Luego de instalado el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua Corazao, el Ministerio de Justicia creó la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional, con la finalidad de plantear los lineamientos para una reforma de la Carta y, en esa medida, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

Respecto a los institutos militares, sumamente dañados por los compromisos políticos adquiridos durante el gobierno fujimorista y las consecuencias del ciclo de violencia interna, se buscó, “… fortalecer las relaciones entre civiles y militares, fomentar la democratización en el país permitiendo que un amplio sector de personas se comprometa con el sistema democrático y garantizar el derecho de participación política de todos los peruanos sin exclusión”.

A su vez, se puntualizó que “… los militares deben tener derecho a voto en las elecciones políticas, pero deben estar prohibidos de realizar actividades de proselitismo o de participar en los partidos políticos”. También se consideró que no podían ser elegidos si no se retiraban previamente del servicio activo, con una anticipación de un año a la fecha de la elección en la cual postulan.

Esto último, posiblemente, otorgó las claves para reconsiderar los vínculos de los oficiales retirados con los demás componentes de la denominada “familia militar” o “familia naval”, esta vez desde la importancia política que adquirían. Así, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú – ADOGEN, propone entre sus fines “… velar por el prestigio de la institución y el de la profesión castrense; así como por el respeto, honores, preeminencias y tratamiento al que tienen derecho sus asociados …”

Esto adquiere un tono más preciso cuando se presenta el objetivo institucional 4 de ADOGEN: “Incrementar las relaciones institucionales con las otras asociaciones de personal militar, unificando criterios para ejercer una mayor y mejor influencia en la opinión pública, mejorando la defensa de las instituciones armadas, PNP y nuestro personal, y constituirnos en un grupo referente en la comunidad nacional”.

A su vez, en la memoria institucional del 2021 se afirma que parte de las acciones llevadas a cabo les “permitió llevar adelante la nueva imagen y especial posición de ADOGEN en una enérgica total y abierta defensa de las Instituciones de las FFAA y PNP, así como en defensa de sus respectivos miembros cuando éstos se vieron amenazados o fueron parte del abuso del poder, ante las situaciones adversas del país, por la crisis económica, social y sobre todo política, en un escenario totalmente adverso por el accionar de las fuerzas políticas de extrema [sic] ante los deseos de tomar el poder y disminuir la moral del personal de las FFAA y PNP. Defensa y posición que seguiremos ejerciendo como el mejor aporte que podamos ofrecerle a nuestras Instituciones, a nuestros miembros asociados y sobre todo y muy especialmente para el bien del país”.

Pero, el derecho al voto no fue el único cambio importante que aconteció respecto a los efectivos militares en las últimas décadas. Tenemos que, entre los años 1997 y 1999, se procesó la incorporación de las mujeres y, en el 2008, se oficializó el servicio militar voluntario. Además, las recomendaciones hechas para consolidar la democracia en el 2001, como las que puntualizó la CVR, señalaban la necesidad de, entre otros aspectos, la reestructuración del Ministerio de Defensa, de manera que las instituciones armadas quedaran debidamente subordinadas al poder político civil.

Los resultados

Transcurridos los años, podríamos aseverar que los avances fueron modestos. Basta ver lo que proponen los partidos políticos en sus planes de gobierno sobre defensa y seguridad y se comprobará lo afirmado. Más aun, los que redactan esa parte son, generalmente, oficiales retirados que, en el mejor de los casos, buscan incluir demandas institucionales y no tanto seguir lineamientos generales de política de Estado.

Así, por ejemplo, ¿alguna vez hemos escuchado una voz política civil que señale alguna alternativa sobre el VRAEM? Parece que no, de la misma manera que no hubo alguna alternativa coherente ante la creación de los comandos políticos militares de los años 80 y 90. De igual manera, ha sido imposible que el MINDEF finalmente conduzca una política de defensa, que alinee y subordine a las instituciones armadas, simplemente porque esa política nunca existió, aun cuando vanamente se crea que apelar a algún oficial militar para que dirija el sector pueda remediar esta situación.

Ante este escenario, la ausencia de una decisiva voluntad política, así como la vaguedad de los objetivos, han conducido el proceso hacia una situación de entrampe en las relaciones de las FFAA con la sociedad y con las otras instancias del Estado peruano que, posiblemente, la participación política activa de los oficiales retirados busca si no superar, al menos amenguar.

Entonces, es imposible abstraer a los militares de la dimensión política, cuando el sistema político se desenvuelve sin muestras de sostenibilidad debido a la extrema fragilidad de sus actores, pues esta situación acrecienta las posibilidades de los poderes fácticos —en nuestro caso, las fuerzas armadas— en el proceso de toma de decisiones, haciéndolas paulatinamente un actor explícito en el escenario político. Por eso, además de proponerse -exitosamente- como alternativa ante la incapacidad para formular consensos en instancias políticas como el Congreso, también parece existir un fuerte sentido corporativo que les permite, prácticamente, monopolizar la Comisión de Defensa y, desde allí, impulsar los proyectos de leyes que tienen relación con la defensa y seguridad del país, iniciativas que no puede plantear ningún político civil[2].

[1] Al respecto, ver Ana María Tamayo y José Robles; Participación electoral de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en los comicios del 9 de abril de 2006. ONPE; Lima, 2006. https://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/L-0038.pdf

[2] Agradezco la información proporcionada por Carla Toche, sobre el desempeño legislativo de los congresistas del actual Parlamento.